Opinión
Por Gabriel Ortiz*.-Se ha puesto a prueba la paz que inventó el presidente Duque y que ha llevado a Colombia a generar más muertos que la guerra de Ucrania.
El acuerdo de La Habana, se resquebraja y fractura, al tiempo que la esperanza, ilusión y optimismo que empezaban a usufructuar los 50 millones, se ha ido a pique.
Así se sintió durante los 5 días que once departamentos estuvieron en poder del clan del Golfo a raíz de la extradición de Otoniel. Paro armado, pueblos sin luz, gas ni alimentos; incineración de 187 vehículos, 257 violaciones de los DDHH y más de 300 acciones violentas, una cada 20 minutos, pusieron a los colombianos a preguntarse como en la famosa película: ¿dónde está el piloto?
Recorría Centroamérica en misiones oficiales, mientras el país estaba comandado por dos bisoños que no sabían que hacer, y un general -Zapateiro- que no logró desplazarse a Medellín, por seguridad.
Millones de compatriotas, estuvieron más encerrados que durante la pandemia. Ni Zapateiro, ni Molano, ni Palacios sabían para donde pegar. La confusión fue total.
Por fin el presidente Duque se apiadó de este país y regresó, no para decirle a Colombia que, conquistaría la verdadera paz, la de Juan Manuel Santos, para tranquilizar a los 50 millones de compatriotas. No fue así. Solo los anuncios de siempre: consejos de seguridad, drásticas campañas militares y de policía, capturas de “Chiquito Malo” y Siopas, para extraditarlos y las famosas pero dudosas recompensas.
No se le ocurrió hablar de dialogo, como lo imploran la Iglesia y demás entidades, partidos y personas, para acabar de una vez por todas con los grupos subversivos y narcos que se le han multiplicado en estos años. El expresidente Betancur siempre hablaba de dialogar, como única manera de alcanzar la paz y los acuerdos.
El presidente Duque, no dialoga, a duras penas conversa y menos ahora que trata de desconocer las amenazas de muerte que se lanzan contra los candidatos, a los cuales, como lo dice el columnista Ricardo Silva, “se niega en un arrebato de infantilismo” a pronunciar su apellido, como en el caso de Petro. “El que usted dice… el que usted nombra… al que usted se refiere…”.
Igualmente encontró, ¿o tenía planeadas? las suspensiones de funcionarios que osaran, o fueran simplemente acusados de intervenir en política, como él lo viene haciendo. La Procuradora sin sonrojo alguno, aprovechó la falta de independencia de poderes, en este gobierno, para aplicar las “ordoñadas”, del embajador en la OEA.
Así están las cosas en Colombia, con “el gobierno de los 20 años”, que aspira a conservar el poder cueste lo cueste, mientras este pueblo piensa, medita y trata de encontrar al hombre que reemplazará a Duque y su combo, comandados por quien sabemos.
BLANCO: El fallo de la corte sobre la Ley de Garantías. ¿Lo respetarán los culpables?
NEGRO: Se nos fue el colega Jorge Téllez, fundador de nuestro grupo de periodistas económicos. Solidaridad con sus hijos y su familia.
Bogotá, D. C, 13 de mayo de 2022
*Periodista, Exdirector de Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El intercambio de trinos entre Petro y el general Zapateiro, que ya motivó una investigación de la procuraduría contra el general por violar la prohibición de intervenir en política, tiene un trasfondo relevante que es la defensa del honor militar frente a lo que perciben algunos como ofensas de parte de Petro.
El honor es un valor esencial para los militares, y lo definen como la obligación de obrar siempre en forma recta e irreprochable. Por eso la mayoría de quienes han salido a respaldar las declaraciones del general dicen que es su derecho defenderlo, pero creo que al atacar al candidato se está cometiendo el error de culpar al mensajero y no a las malas noticias.
En la misma semana del debate, tuvo lugar la audiencia ante la JEP en la que diez oficiales del ejército reconocieron su participación en los llamados “falsos positivos”, es decir en los asesinatos de civiles inocentes que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate. Además, todos ellos señalaron que estos crímenes fueron impulsados por las presiones del alto mando militar, y en particular mencionaron al general Mario Montoya como el instigador.
La audiencia de la JEP no reveló datos nuevos porque ya la misma JEP había confirmado 6.402 casos de civiles no combatientes asesinados a mansalva por militares activos. Esta cifra es tan impresionante, que basta recordar que es más del doble de los civiles muertos en la brutal invasión rusa a Ucrania.
Lo nuevo y conmovedor en la audiencia fueron los testimonios de los oficiales involucrados y su reconocimiento frente a los familiares de las víctimas:
“Yo ejecuté, yo asesiné a familiares de los que están acá llevándolos con mentiras, con engaños. Les disparamos cruelmente, cobardemente, y manchamos su nombre y el de su familia. Dejamos a unos hijos sin padre, a una madre sin hijos. Pido perdón a Dios. Hicimos un teatro para mostrar supuestos combates”.
“Yo no pensaba en el daño que estaba causando, no solo a la víctima, a ese ser humano inocente, sino a la familia. No medía las consecuencias, tenía mi corazón encerrado. O sí sabía, pero no quería darme cuenta del daño que estaba haciendo”.
“Hoy ese hijo tiene unos 14 años. Yo le quité la oportunidad a ese niño de tener un padre, de tener un futuro. Les arrebatamos sueños a hijos, a madres, a familias. Ese dolor que están sintiendo hoy ustedes las víctimas acá, solo lo sienten ustedes. Por una presión de un gobierno no es justo haberle causado tanto daño a campesinos, gente inocente”.
6.402 crímenes son la verdadera afrenta contra el honor militar. El que lo mancha no es el que lo cuenta sino quienes lo cometieron, que no pueden disculparse como manzanas podridas porque se ha confirmado de una política general de incentivarlos.
Hacen más por restablecer el honor militar quienes reconocen los abusos y piden perdón a las víctimas que quienes se empeñan en negarlos.
Cali, 1 de mayo de 2022
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Juan Camilo Restrepo*.- El comité autónomo de la regla fiscal has hecho sonar las alarmas sobre lo que está sucediendo con el fondo de estabilización de los combustibles. Las cifras son realmente escalofriantes:
El déficit del fondo está aumentando a una velocidad pasmosa: entre dos y tres billones de pesos por mes.
A la fecha, el déficit del fondo asciende a $ 14,1 billones, pero de seguir las cosas como van llegaría a $ 33, 7 billones a finales del 2022.
Para que se visualice el significado de esta cifra: ella es equivalente a 30 veces lo que fue la reforma tributaria del 2021. Es decir, se necesitarían 30 reformas tributarias como la última que tuvo el país para enjugar el déficit que se pronostica acumulará este fondo a finales de este año.
Por último: estos cálculos están hecho sobre la base de un precio internacional del barril de Brent de cerca de 100 dólares el barril. Pero si la Unión Europea decreta la prohibición para importar al área comunitaria crudo y gas natural de Rusia cosa que aún no ha hecho- naturalmente el precio internacional de los combustibles se iría por las nubes. E igualmente sucedería con el déficit del fondo de estabilización si se mantiene, como es predecible que suceda, el precio de la gasolina en las bombas de gasolina aislado de lo que acontezca en los mercados internacionales.
Por último: el comité autónomo de la regla fiscal recomienda que el déficit que acumule este fondo debe registrarse como un componente del déficit agregado total de las cuentas fiscales. Lo que por lo demás está muy bien para evitar opacidades en la contabilidad pública.
Este es, por lo tanto, el mayor problema de las finanzas públicas que recibirá el próximo gobierno si en los escasos tres meses que le quedan al actual no se toman medidas concretas y claras para ir enjugando tan gigantesco déficit como el que se está formando.
Colombia ha hecho bien, y, además, probablemente no había otra fórmula factible, que aislar como se ha hecho los precios domésticos de los internacionales. Haber hecho lo contrario habría prendido la mecha del malestar social como ya está sucediendo en países como el Perú, y en la mayoría de los europeos que acostumbran trasladar instantáneamente a los consumidores las variaciones que se presentan en las cotizaciones internacionales. Si hubiéramos hecho lo mismo en Colombia, el precio del galón de gasolina al consumidor estaría bordeando los $20,000.
Pero, naturalmente, esta política de contención de los precios internos que se está siguiendo tiene un costo, que no es otro que la acumulación de un déficit gigantesco en las cuentas del fondo de estabilización. Que, como se recordará, es un pasivo del gobierno nacional a favor de Ecopetrol, al que se le obliga a vender en el mercado doméstico los combustibles a un precio inferior al que podría hacerlo en los internacionales.
El gobierno ha bosquejado que hará algo antes de dejar funciones el próximo 7 de agosto. Ojalá que así sea. ¿Qué puede ser ese algo? Disponer, por ejemplo, en el presupuesto del año entrante, que gran parte de las utilidades que el gobierno recibirá de Ecopetrol irán prioritariamente a enjugar el déficit que se avizora; o anticipar recortes de otros gastos públicos que se destinarán al mismo propósito. Lo que no puede hacer el gobierno es dejar acumular un déficit en el fondo de estabilización de combustibles hasta los niveles explosivos que se están vislumbrando. Pues ello haría inviable las finanzas públicas venideras.
La suerte de este fondo será, pues, una de las piezas mayores que ocupará la redefinición de la política fiscal del nuevo gobierno.
Bogotá, D. C, 1 de mayo de 2022
Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Me propongo llamar la atención de los candidatos sobre la importancia de tomar en consideración en sus programas de gobierno la Agenda de las regiones y sus asignaturas pendientes. Como es bien sabido, Colombia es un país de regiones, caracterizada por la centralización política y la concentración de los recursos por parte de la Nación.
Es tal la distancia entre el centro del país y la periferia, en donde está la Colombia profunda, que ésta, al decir del líder indígena Nasa Feliciano Valencia, está muy distante de Bogotá, que es donde está el centro del poder. Y a menudo sus funcionarios están más cerca de los escritorios que de los territorios. Es tal el centralismo en este país, que mientras no llueva en Bogotá se asume por parte de quienes nos gobiernan que no hay invierno en el país.
Me permito poner sobre el tapete varias iniciativas, las que a nuestro juicio deben estar en la agenda de los aspirantes a ser inquilinos de la Casa de Nariño, por considerarlas relevantes y de interés estratégico para las regiones:
Hacer extensiva a las regiones productoras de recursos naturales no renovables (RNNR) y/o generadoras de energías renovables (FNCER), la aplicación de la Ley 1819 de 2017 y la Ley 1147 de 2020, que les permite a las empresas financiar y ejecutar obras en donde operan con cargo al impuesto de renta que deban pagar a la Nación, bajo la figura de Obras por impuestos. Hoy ello solo es posible en las Zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC) y en los municipios en donde se implementan los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Esta sería una manera de compensar mejor a dichas regiones, que vieron afectados sus ingresos con el recorte de las regalías directas que venían percibiendo.
Este y los anteriores gobiernos han incumplido su compromiso de fortalecer el Sistema General de Participaciones (SGP), con el objetivo de aumentar las transferencias de recursos de la Nación hacia las entidades territoriales (ET), las cuales se vieron menguadas por los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. El Congreso facultó al Gobierno mediante la Ley 1962 de 2018, de fortalecimiento de las RAP, para crear una Misión de descentralización (integrada mediante el Decreto 1665 de 2021) para que la misma le recomendara una propuesta de proyecto de acto legislativo para reformar el SGP. Dicha Misión está en mora de presentar sus conclusiones y recomendaciones, para que el Congreso de la República a su vez las tramite. Hay que ir mas allá de las promesas.
Es urgente impulsar una reforma tributaria territorial, con el fin de fortalecer las fuentes de recursos propios de los departamentos y municipios del país. Entre los años 1990 y 2019 se han tramitado y aprobado por parte del Congreso de la República 17 reformas tributarias, en promedio una cada año y medio, todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna en beneficio de las entidades territoriales. El Congreso de la República, a través de la Ley 1943 de 2018, autorizó al ejecutivo para que integrara una Comisión de expertos para que recomendara los términos de una propuesta de reforma tributaria territorial, la cual le fue presentada al Gobierno hace más de 8 meses, sin que se haya avanzado un ápice.
Es urgente establecer una fecha límite para que la Nación le reintegre a las regiones los $14.8 billones, provenientes del Sistema general de regalías (SGR), de los cuales dispuso el Gobierno Nacional arbitrariamente para financiar el Fondo de mitigación de emergencias (FOME) para enfrentar la pandemia del COVID 19, mediante el Decreto 444 de 2020.
Profundizar y acelerar la Transición energética, que debe ser justa y equitativa. La Transición energética debe ir de la mano de la Transformación productiva para diversificar la economía y reducir su dependencia de la actividad extractiva. Tanto la Transición energética como la Transformación productiva, así como los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) deben ser territorializados, aterrizándolos en las regiones. A estos se debe sumar el cierre de la brecha digital (objetivo 18), ampliando la cobertura de la conectividad de internet, pues, la misma ha ampliado y profundizado la desigualdad social, su cierre contribuye a reducirla. Ello es inaplazable.
Es menester el fortalecimiento y puesta en marcha de una política de fronteras, la cual brilla por su ausencia, se ha quedado escrita, como letra muerta. Definitivamente el papel puede con todo. Por ello la gestión de la política de fronteras amerita contar con una Consejería al más alto nivel que se ponga al frente de la implementación de la Ley de fronteras, le haga un seguimiento e involucre a las regiones en su implementación, concertando e involucrando a las regiones en ella.
De la misma manera, se deben revivir y fortalecer las comisiones regionales de competitividad (CRC) y los planes regionales de competitividad (PRC) que sustentan la Agenda Interna para la Competitividad (AIC), qué hay que rescatarla de los anaqueles oficiales y actualizarla. Este es nuestro principal reto como país, que acusa un enorme rezago en productividad y competitividad y ningún país puede llegar a ser competitivo si sus regiones no lo son.
Cota, abril 30 de 2022
Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Gabriel Ortiz*.- Muy seductores, pero avasalladores, déspotas y dictatoriales los calificativos que el presidente y el exsenador Uribe, aplican a sus mandatos.
Colombia elige cada 4 años un Jefe de Estado, para que nos gobierne, no para que dirija, beneficie a un grupillo, un partido o una hegemonía omnipotente y privilegiada.
Por ello se posesionan con un mensaje dirigido a los “Colombianos y las colombianas”, no a la facción o bando que por él votó. Son los “Presidentes de Colombia”.
A ningún mandatario se le ha ocurrido llegar a foros, naciones o visitas de Estado en representación del Centro democrático, del partido conservador o de tal o cual agrupación.
En nuestro medio Uribe y Duque, solo han ejercido “nuestro gobierno”, no el de todos los colombianos.
Tal vez por ello, el actual gobernante, desconoce la Constitución y justifica el irrespeto que de ella ha hecho un alto militar (Zapateiro), escudándose en la autorización que les impartirá la procuradora de “nuestro gobierno”, designada para estos menesteres.
“Nuestro gobierno”, el de Duque, tiene candidato propio: “el que dijo Uribe”. Lo defiende y promociona interviniendo en política. Inunda los medios con avisos pagados por “nuestro gobierno”, mostrando obras inconclusas, autopistas interrumpidas, maravillas imaginarias y justificando a Zapatero.
Alberto Lleras, el mayor demócrata de América habló así de los militares deliberantes: “Cuando las Fuerzas Armadas entran en política, lo primero que se quebranta es su unidad interna, porque se abre la controversia entre sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación política, no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de sus funciones. Si entran a deliberar, entran armadas… y todo acabará con una batalla… les hemos dado todo, hasta juzgarse ellas mismas… el país les ha dado las armas y todo ello con una simple condición: que no entren con todo su peso y su fuerza a caer sobre unos ciudadanos inocentes por cuenta de otros ciudadanos”.
“Nuestro gobierno”, tampoco puede caer con todo su peso y su fuerza sobre una población que busca elegir al hombre capaz lograr el cambio que anhela Colombia para forjar una democracia con independencia de poderes, seguridad, vida amable, digna, justa, empleo y equidad; sin polarización, ni corrupción, con ética y paz. Solo así eliminaremos la pobreza, el hambre y la guerra que vivimos.
No se puede seguir “cayendo sobre unos ciudadanos inocentes, por cuenta de otros ciudadanos”.
Vamos por un derrotero que nos impide tomar el acertado camino que, aún nos queda para recuperar con plenitud la democracia que nos legaron nuestros mayores, con Alberto Lleras Camargo en primerísimo plano.
Si “nuestro gobierno” nos lo permite, podremos asegurar unas elecciones que garanticen las libertades, el desarrollo y la felicidad que persiguen los habitantes de esta gran nación ¡que es de todos!
BLANCO: Felicitaciones al irrepetible Juan Gossain, por su designación como número “R” de la Academia Colombiana de la Lengua.
NEGRO: Nuestro mar de los 7 colores según la Haya, está entre Nicaragua y un Rincón de la Cancillería.
Bogotá, D. C, 30 de mayo de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper.
Por Gabriel Ortiz*.-La incógnita sobre si habrá una o dos vueltas durante las elecciones presidenciales, aumenta cada día. La sombra la genera la Registraduría, entidad encargada de realizarlas y garantizarlas.
El actual registrador demostró una total ineptitud durante las elecciones de cuerpos colegiados. Movimientos políticos, afectos, apáticos, abúlicos e indiferentes con el gobierno Duque, reclaman rectitud, confianza y limpieza durante los próximos comicios.
Todos consideran una garrafal equivocación la escogencia de Vega, por parte de las Cortes y del Congreso. Lo miran como un elemento sostenido por interesados en que las cosas continúen sin cambio en este país que soporta los más graves problemas, desde cualquier punto del que se mire. Pobreza, hambre, desempleo, inseguridad económica y política, etc.
El próximo debate está amenazado por una serie de aspectos que ponen en serio peligro la honestidad, la confianza, la tranquilidad, la paz y tantos aspectos más que, casi siempre habían acompañado los debates electorales presidenciales.
Hay investigaciones sobre el registrador Alexander Vega, casi desde el mismo día de su elección. Inexplicablemente han marchado a paso de tortuga, tardanza que le ha permitido, acomodar funcionarios “expertos” en manipular formularios, mesas de votación y jurados. A eso hay que sumar los multimillonarios contratos para llevar las cuentas de votos, votantes y suministro de “cifras oficiales”. Son maniobras que, según el senador García Realpe, “permitieron comprar votos, como nunca se habían comprado en Colombia”.
El Senado citó al omnipotente, altísimo y soberano registrador a un debate de control político, que altaneramente desatendió y se limitó a enviar a un segundón. Muchos senadores consideraron a Vega “absolutamente irrespetuoso con el Senado”.
Otros parlamentarios pidieron a las Cortes propiciar la elección de nuevo Registrador, o en su defecto, pedirle al gobierno Duque designar uno Ad hoc, que permita legalidad electoral para presidente, con una votación honesta, segura y confiable.
Hay que hacer algo para que el país tenga la certeza de que, al elegido, lo respaldará la legalidad. Que no se “apliquen las 3P”, sobre la “revancha del poder”, de las que habla Moisés Naim: populismo, polarización y posverdad, que puedan socavar la democracia.
Ya aparecen las “fast-encuestas” que determinaron en menos de tres días un ganador, con esas manipuladoras posverdades para alcanzar el poder.
Uribe, Pastrana, centenares de dirigentes, millones de votantes y, en este último debate, el propio presidente del Senado, Juan Diego Gómez, han accionado las alarmas, para impedir un “chocorazo” que traería funestas consecuencias para esta nación tan necesitada de cambios, que nos lleven al rescate de nuestra democracia. Vega debe renunciar para despejar las dudas que con estupor se pregonan y proclaman. ¡Juego limpio señores!
BLANCO: ¿Qué hiciéramos sin Lucho Díaz? Por fin alguien saca la cara por Colombia, con juego limpio.
NEGRO: El fallecimiento del gran amigo Jorge Mario Eastman. El hombre que “veía lo que venía”, gran contertulio de la mesa de los viernes en el Pajares, donde ilustraba con su amplia sabiduría. Paz en su tumba.
Bogotá, D. C, 7 de abril de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández*.- Son muchas las normas de la Constitución de 1991 que, pese a sus perentorios y bien redactados términos, permanecen en la teoría. Lo cual significa que el constitucionalismo tiene ante sí enormes retos, y que, en la medida en que crezcan las disposiciones incumplidas o inaplicadas, nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia irán debilitándose y haciéndose inoficiosas. Imperarán las vías de hecho y la ley del más fuerte.
Veamos -como ejemplos- algunas de esas reglas constitucionales, y que cada uno de nuestros lectores se responda: ¿se cumplen, se incumplen, se tergiversan, están mal interpretadas? ¿O han sido desvirtuadas, y en la práctica sustituida por reformas constitucionales?
-Al tenor del artículo 1 de la Constitución, Colombia es un Estado Social de Derecho. El Acto Legislativo 3 de 2011 consagró el “marco de sostenibilidad fiscal, que “deberá orientar a las ramas y órganos del poder público” y “fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho”. No rige todavía. Regirá, si acaso, “de manera progresiva”, si algún día el Ministerio de Hacienda o Planeación Nacional lo consideran fiscalmente sostenible.
-El artículo 2 de la Carta Política manifiesta que las autoridades de la República están instituidas “para proteger a todas las personas residentes en Colombia”, entre otros derechos esenciales, “en su vida”. Según INDEPAZ, en lo que va corrido de 2022, hasta el 31 de marzo se han cometido 28 masacres, con 94 víctimas. En 2021, hubo 96 masacres, con 338 víctimas; en 2020, 91 masacres.
-El artículo 114 de la Constitución señala que el Congreso, además de legislar y ejercer el poder de reforma, ha de “ejercer control político sobre el gobierno y la administración”. Uno de las principales instituciones de control político -aunque no es propia de un sistema presidencial sino del parlamentario-, plasmada en 1991, es la moción de censura, que puede aprobar cualquiera de las dos cámaras contra un ministro, un director de departamento administrativo o un superintendente, “por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República”. Aunque ha habido motivos de sobra en varios casos, lo cierto es que, a lo largo de treinta años y medio, no ha podido prosperar ninguna. Al parecer, la “mermelada” es más eficaz.
De cumplirse el artículo 93 de la Constitución, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación deberían prevalecer en el orden interno. Las fuerzas estatales deberían observar siempre los principios y reglas constitucionales y los previstos en tratados y convenios sobre derechos humanos, y los contemplados en el Derecho Internacional Humanitario (D.I.H.), tales como el de inmunidad de la población civil: en el conflicto armado, están totalmente prohibidos los ataques que tengan como objetivos o blancos a personas civiles que no participan en la confrontación. Varios casos en contra, el más reciente, el de Puerto Leguízamo (Putumayo): la Defensoría del Pueblo confirmó que durante operativo militar allí efectuado, murieron varios civiles, entre ellos un adolescente de 16 años y un gobernador del pueblo indígena.
Bogotá, D. C, 7 de abril de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Simón Gaviria*.- Los ingleses dicen que, en la política, el amor se muestra con el presupuesto. La Constitución de 1991 fue generosa descentralizando recursos, participando las regiones con un porcentaje fijo de ingresos de la nación a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Modificaciones posteriores aumentaron la certeza de recursos, pero recortaron el incremento de los giros. Hoy la brecha es tan grande que volver a la fórmula original quebraría a Colombia. Esto no significa que las reformas deban parar, los recursos se pueden distribuir de manera más equitativa para que rindan más.
Colombia es el país unitario más descentralizado de América Latina y está en el quintil más alto de países OCDE. En 2015, el 65% de la inversión total fue administrada y ejecutada por las regiones (10% del PIB) y los gastos de los gobiernos regionales representaron el 39% de los gastos totales del gobierno general. Eso sí, la falta de desarrollo de sus facultades tributarias y capacidad de recaudo, lleva a que tan solo el 23% del total de ingresos tributarios del país (excluyendo las contribuciones a la seguridad social) sean recursos de las mismas regiones. En otras palabras, somos descentralizados para el gasto, pero centralizados para el recaudo.
Cuando se dispersa la plata regional, las estrictas reglas de gasto hacen que los recursos no se ejecuten en su totalidad. Es el absurdo de financiar el déficit nacional con la no ejecución de recursos territoriales. DNP estima que incrementar la participación del SGP en Propósito General de 11,6% a 23,2%, aumentaría en más del 20% los ingresos de los más pobres. Eso si hay que confiar en las regiones, pero verificar.
El sesgo urbano del SGP discrimina la población rural y rural dispersa. Solo en temas como alimentación escolar, cobertura educativa y salud pública se incorporan criterios de ruralidad, con variables como la dispersión poblacional y la oferta del servicio. Se requiere, además de incentivar la inversión de los mandatarios en la zona rural, incluir en la fórmula más indicadores que reflejen las necesidades de esta parte del territorio, para reducir las brechas interregionales e inclusive al interior de los mismos municipios. El sistema de asignación de recursos del SGP, a pesar de tener demasiados criterios de distribución, no refleja la realidad de territorio.
Indígenas Pendientes
No se pueden seguir asignando competencias subnacionales sin fuente cierta de financiación. La asignación de recursos del SGP no toma en cuenta los criterios de asignación de las otras fuentes que financian las regiones, por esta razón hay poca complementariedad y alta duplicidad en los gastos del SGP con los de regalías, el presupuesto general y los recursos propios de las entidades territoriales.
Se requiere fortalecer la focalización del SGP de gastos de funcionamiento y libre inversión para complementar estrictamente los incrementos en inversión de las otras fuentes y asegurar su sostenibilidad. Esto debe ir de la mano con el aumento de la base del SGP, pero las mayores transferencias se deberán atar a mejores resultados. Un tema olvidado en debates de corrupción es el de la pertinencia. Mucho haríamos si las reglas generales de oficinas Bogotá encajaran mejor con cada departamento y municipio.
Bogotá, D. C, 6 de abril de 2022
*Actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y presidente de la cámara. También padre de Sofía, Filipa, y Victoria.
Por Amylkar D. Acosta M.- “El mundo avanza con los ojos cerrados hacia la catástrofe climática”: Antonio Guterres, Secretario General de la ONU
A la declaratoria de las Naciones Unidas del Día mundial forestal el 21 de marzo y del Día mundial del agua el 22 del mismo mes, se vino a sumar La hora del Planeta, iniciativa esta liderada por la organización ambientalista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), nacida en Suiza y una de las más importantes organizaciones no gubernamentales de conservación ambiental, con presencia en más de 100 países.
Pues bien, la jornada periódica de La hora del Planeta surgió en 2007 y desde entonces ha venido in crescendo. Se trata de un gesto sencillo, pero de gran simbolismo, consistente en apagar las luces de las casas, las oficinas, los edificios, monumentos y sobre todo de sitios tan emblemáticos como la Ópera de Sidney, la Torre de Eiffel en París, el Coliseo de Roma y la Torre Colpatria en Bogotá por una hora, entre las 20:30 y las 21:30 el último sábado del mes de marzo, esta vez el 26 de marzo.
Esta iniciativa es considerada como la de mayor convocatoria e impacto en la opinión ciudadana en todo el mundo contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, en procura de despertar la conciencia sobre la inminencia de una catástrofe global sino paramos esta alocada carrera destructiva de la que llama el Papa Francisco nuestra “casa común”. De lo que se trata es de sensibilizar y concientizar a la opinión pública sobre el reto que encaramos, el que no se podrá eludir.
Como lo planteó recientemente la profesora de economía y Directora del Instituto de Innovación en University College London Mariana Mazzucato, “esta es la oportunidad. Si no arreglamos el Sistema, no tendremos ningún chance frente a la tercera gran crisis (la del 2008, la del 2020 y la creciente inhabitabilidad del planeta) y todas las otras más pequeñas que traerán aparejadas en los años y décadas que vendrán”. Como bien lo dijo el periodista español Luis Bassets, “la crisis por el coronavirus puede ser el ensayo general para la próxima y más grave provocada por el cambio climático”. De modo que las lecciones aprendidas de esta pesadilla nos deben servir para estar mejor preparados y entrenados para enfrentar la crisis provocada por el cambio climático.
El camino no es otro que el de la prevención, la adaptación y la mitigación frente a los embates de la variabilidad climática y sus devastadores efectos. Es la sostenibilidad ambiental y pervivencia del planeta tierra, el único habitable, por lo menos por ahora. De tal manera que los millones que dilapidan los ricos y famosos en sus caprichosos viajes turísticos al espacio, así como los que se invierten en la carrera espacial en la afanosa búsqueda de vida en otros planetas a donde se pueda trastear la humanidad, le van a hacer falta a los recursos que se requieren para evitar la sexta extinción masiva de la biodiversidad a causa de fenómenos naturales extremos. La diferencia de esta con respecto a las cinco anteriores es que estamos migrando del holoceno hacia el antropoceno, en la que se pone el foco en cómo la actividad humana viene impactando y de qué manera en nuestro Planeta azul.
En La hora del Planeta de este año se está enfatizando en la importancia de visibilizar el Convenio sobre Diversidad biológica que propende y promueve un ambicioso plan de acción global tendiente a detener y a revertir la pérdida de naturaleza y biodiversidad, que están en alto riesgo, hacia el año 2030. Año este en el que, según el Acuerdo de París (2015), las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) deberán disminuir en un 45% con respecto a los niveles de 2010 y de esta manera intentar alcanzar el “cero neto”, la neutralidad de carbono, alrededor de 2050. Mantener a raya el aumento de la temperatura por debajo del umbral de los 1.5 grados centígrados con respecto a la temperatura media de la era preindustrial se logrará si y sólo si se alcanza esta meta volante.
Este año La hora del Planeta se da en medio de la invasión y la guerra asimétrica que le impuso Putin a Ucrania, la peor conflagración y la más destructiva y amenazante desde la guerra fría y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en diciembre de 1991. Un mes después de la invasión sus consecuencias a nivel global son catastróficas y a la tragedia humanitaria, cifrada en vidas humanas que se pierden y se desplazan, se le está haciendo un enorme daño al Planeta, pues como lo afirmó el Director general del WWF Internacional Marco Lambertini, “sabemos que para construir un futuro en armonía con la naturaleza necesitamos paz entre las personas” y, añadiría yo, entre los países.
Cota, abril 5 de 2022
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Ante la ola de inseguridad y el aumento de los homicidios que se experimenta en el país, la propuesta inmediata que se hace es aumentar la policía para controlarla. Pero Colombia lleva años aumentando la fuerza pública y la inseguridad sigue creciendo. Encontrar una solución efectiva a este problema requiere tener un diagnóstico correcto de sus causas.
En Estados Unidos, donde hay un debate similar, expertos en el tema han señalado que lo que produce el aumento de la criminalidad no es tanto la falta de policía como la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones y, en particular, en la Policía; al sentir que las instituciones no les resuelven sus problemas y que la Policía no los protege, la gente tiende a tomarse la justicia por sus manos.
Señalan como otra causa la pérdida del sentido de pertenencia a la sociedad y del sentimiento de solidaridad con sus conciudadanos, fenómenos que se han agudizado con la polarización que alimentan las redes sociales y la pérdida de legitimidad del gobierno.
Estas son algunas de las causas estructurales del problema, lo que requiere estrategias de largo plazo, la más importante ellas es la que planteó Sergio Fajardo en un reciente debate: la educación, que es la verdadera alternativa a las políticas de mano fuerte y represión, pues es un instrumento esencial para recuperar la cohesión social y la solidaridad ciudadana, lo cual disminuye la inseguridad y el crimen.
Existen evidencias empíricas de que la mejora en la calidad de la educación (por ejemplo, acabando la doble jornada y aumentando el tiempo que pasan los alumnos en el colegio) disminuye la probabilidad de que los alumnos se conviertan en delincuentes, no solo porque los capacita mejor y en el futuro pueden tener mejores oportunidades laborales, sino porque en el presente disminuye el ausentismo y la deserción escolar, lo cual reduce la exposición a ambientes criminales.
Como no es posible esperar al largo plazo para reducir la inseguridad, también hay que enfrentar las causas próximas de su incremento. Son varias, pero acá quisiera resaltar lo que en el lenguaje de los violentólogos se podrían llamar las “causas objetivas de la inseguridad”, es decir, aquellos factores que inducen a más personas a robar e inclusive a asesinar para lograrlo.
Las más apremiantes son el desempleo y su consecuencia, el hambre. No conozco estudios sobre el tema, pero me atrevo a aventurar la hipótesis de que la delincuencia crece cuando la gente pierde sus ingresos y no tiene ni siquiera para hacer las tres comidas al día como le sucede hoy a la tercera parte de los colombianos. Es cierto que hay muchos delincuentes que son sociópatas, que roban y matan casi por costumbre, con total desprecio de la vida del prójimo, pero muchos otros lo hacen forzados por la necesidad.
Una muy católica octogenaria me dijo en una ocasión que a su edad ella no sabía si era honrada porque nunca le había tocado ver a sus hijos llorando de hambre, y que no sabía que hubiera hecho en esas circunstancias.
Cali. 27 de marzo de 2022
*Filòsofo y Economista. Consultor.
