Opinión
Por Juan Camilo Restrepo*.- A quien le queden dudas sobre el fracaso colectivo a que conducen los populismos le basta mirar lo que está sucediendo en la Argentina. Es, ciertamente, un ejemplo para no imitar.
La inflación, en primer término, que bordea el 60%, es el gran dolor de cabeza de los argentinos. El gobierno Fernández da muestras de desesperación. Acaba de anunciar con lenguaje guerrero el inicio de lo que ha llamado una “guerra a la inflación” ¿En qué consiste? Tiene sometidos a control administrativo a 1.300 productos de primera y segunda necesidad. Este control lleva ya varias semanas y no parece estar dando buenos resultados. Con una variación en el índice de precios de la magnitud señalada todo esfuerzo por reprimir la especulación y romper las fuerzas del mercado resulta imposible.
No contenta con esta medida, la Casa Rosada ha anunciado, en su desespero, la puesta en marcha de una ley que viene de los años setenta del siglo pasado que permite el decomiso de mercancías, el cierre de negocios, y aún el apresamiento de comerciantes e industriales sobre los cuales caiga la sospecha de que están especulando y abusando con los precios. Una verdadera economía de guerra si se aplica. Es la lucha del inciso contra las fuerzas de un mercado desbordado por la inflación. No hay que ser adivino para pronosticar quien va a resultar ganancioso en esta guerra.
Después de agotadores debates políticos, el senado argentino acaba de autorizar el gobierno Fernández para concluir la negociación de la deuda externa con el FMI. Se busca una renegociación en el pago de esta deuda que empieza a vencerse por US$50.000 millones. Y que la Argentina está en incapacidad de honrar en este momento.
El actual gobierno le echa la culpa de lo que ha sucedido a su predecesor, Mauricio Macri. La señora Kirchner, exmandataria y actual vicepresidenta de la Nación, dice airada que la política económica y fiscal no puede acordarse con el FMI, y que su convivencia política con el presidente Fernández está comprometida. 13 senadores del grupo de la Kirchner votan negativamente los acuerdos con el FMI que deben formalizarse con urgencia. De no cerrar pronto estas negociaciones, la Argentina -una vez más- seguirá de paria en los mercados internacionales de crédito. Como tantas veces lo ha estado a lo largo de su historia.
Curiosa esta actitud de la vicepresidenta: fue la misma que durante su gobierno decretó la nacionalización de las pensiones privadas y la que inició el camino por los despeñaderos del populismo. Ahora pretende que la Argentina celebre un acuerdo con el FMI, pero sin adquirir ningún tipo de compromisos para enrumbar la política económica por la senda de la seriedad fiscal. Es decir, propone que la Argentina negocie sola.
EL FMI por supuesto no accederá a ello: ya divulgó un documento interno hace un par de meses reconociendo que en la pasada negociación con Argentina pecó por no imponerle condicionamientos más severos. Es por tanto muy poco factible que en esta ocasión vaya a cometer el mismo error.
Mientras tanto, la Argentina sigue soportando una presión inmensa sobre las exiguas reservas que maneja el Banco Central que, entre otras cosas, continúa financiando con emisiones inflacionarias buena parte del gasto público. Echándole así, en pleno incendio, más gasolina a la llamarada inflacionaria. Siguen también gravando y arruinando -con lo que allá denominan “retenciones”- estratégicas exportaciones como las de la carne.
Cuando la guerra entre Rusia y Ucrania le hubiera proporciona a un país como Argentina, tan rico en cereales, una oportunidad de oro para hacerse presente en los mercados internacionales que registran por estos días precios elevadísimos, tiene que cerrar las exportaciones de varios granos por temor a un desabastecimiento interno. El ventarrón inflacionario sopla como un huracán por las pampas argentinas. Y entre tanto, el malestar y la pobreza siguen creciendo a un ritmo endiablado.
Ojalá la Argentina salga de este berenjenal al que lo ha conducido una historia de populismos enquistados en el alma política de tan importante país. Y es, por supuesto, un espejo en el que los colombianos debemos mirar para no imitarlo.
Bogotá, D. C, 22 de marzo de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Dos días de la semana anterior están destacados en el calendario de las Naciones Unidas, declarándolos el 21 de marzo como Día mundial forestal y el 22 del mismo mes como Día mundial del agua, como una forma de llamar la atención y despertar el interés de la comunidad internacional sobre la importancia de la protección de los recursos forestales y del agua, como variables fundamentales de la ecuación de la sostenibilidad ambiental, y de paso enfrentar con éxito los desafíos del cambio climático. Podemos afirmar que tal declaratoria está entre los antecedentes más importantes de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) acordados en 2015.
Entre las metas del Objetivo 6 de agua limpia y saneamiento están lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, así como también a los servicios de saneamiento e higiene requeridos. De igual manera, entre las metas del Objetivo 15 referido a la vida de ecosistemas terrestres se cuentan la protección, el restablecimiento y la promoción del uso sostenible de los ecosistemas terrestres, así como un ordenamiento sostenible, delimitación y protección de los bosques, luchas contra el avance de la desertificación, como también detener y revertir la creciente degradación del suelo y la pérdida de la biodiversidad. Huelga decir que los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) están alineados con el Acuerdo de París que propende por la descarbonización de la economía.
En el año 1971 los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) acordaron celebrar el 21 de marzo de cada año el Día mundial forestal. Se trata de destacar y ponderar la importancia de los recursos forestales, los cuales contribuyen a la reproducción y desarrollo sostenible de todas las especies que habitan el globo terráqueo, incluido el ser humano. Tienen la virtud de capturar el CO2 que flota en el medioambiente y libera oxígeno a través de sus estomas, un proceso inverso al de los humanos que inhalan oxígeno y exhalan CO2. El lema para el Día mundial forestal en 2022 es “consumo y producción sostenibles”. En este sentido, el lema de este año quiere poner el foco en el consumo de madera y concientizar sobre un problema global que en muchos países arrasa con miles de hectáreas de masa forestal cada año.
Se estima por parte de la FAO que cada año más de 130.000 km² de bosques se pierden debido a la deforestación. El caso de Colombia es dramático: entre 2015 y 2016, cuando alcanzó las 179.000 hectáreas, se incrementó la deforestación el 44%, en el 2017 se registraron 219.973 hectáreas deforestadas, incrementándose el 23% con respecto al año anterior y en el 2018, según el IDEAM se alcanzó el pico más elevado con 280.000 hectáreas deforestadas, un 27.2% más con respecto al 2017. En el año 2019 le dieron un respiro, especialmente a la Amazonía, la más depredada, al bajar las áreas deforestadas hasta las 158.894 hectáreas, pero sólo para volver a crecer el 8% en el 2020 con 171.685 hectáreas arrasadas.
Ello contribuye y de qué manera a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de tal suerte que la deforestación junto con el cambio de uso del suelo participan con el 33% de las mismas. Por lo tanto, frenar, poner coto a la deforestación en Colombia es la mayor y mejor contribución al cumplimiento de la meta que se ha impuesto Colombia de reducir sus emisiones en un 51% hacia el 2030 y la neutralidad de carbono hacia el 2050.
En 1992, en la Cumbre Río + 20, la Asamblea general de las Naciones Unidas, mediante la Resolución A/Res/47/193 se consagró el 22 de marzo de cada año como el Día mundial del agua. Se busca sensibilizar a las autoridades y a la sociedad civil sobre la importancia de la gestión integral del recurso hídrico y su conservación. Debemos destacar el hecho que la misma Asamblea de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 64/292 del 2010, reconoció el derecho humano al agua. Además el objetivo 6 de los ODS se ocupa del agua limpia y el saneamiento.
Este año el mensaje de las Naciones Unidas está enfocado en la reivindicación de la importancia de las aguas subterráneas y su difícil acceso para un gran conglomerado de la población más vulnerable. En el 2021 su campaña a favor del preciado líquido tuvo como eslogan “valoremos el agua”, tanto más en cuanto que está amenazada su disponibilidad por el cambio climático. Ya en el año 2019 había planteado la necesidad de “no dejar a nadie atrás”, con el cual se envió un mensaje contundente tendiente a asegurar el acceso de agua potable a toda la población, haciendo énfasis en la calidad de la misma. Según las Naciones Unidas 800 mil personas mueren cada año en el mundo por causas asociadas con la carencia del preciado líquido.
Colombia no es ajena a este drama. Al menos 6.2 millones de colombianos consumen agua no apta para el consumo humano. Uno de cada tres municipios en Colombia suministra agua de buena calidad (¡!). Por ello no es extraño que el 71.6% de las muertes por enfermedad diarreica aguda, que afecta sobre todo a la primera infancia y a los adultos mayores, tiene como factor desencadenante la pésima calidad del agua que ingieren.
Bogotá, marzo 26 de 2019
*Economista. Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Gabriel Ortiz*.- Estaba escrito que durante las elecciones del 13 de marzo y las que se vienen, aflorarían dudas, sospechas y desconfianzas. Las actuaciones de la Registraduría, el Registrador, el Consejo Nacional Electoral y el gobierno, dan lugar a ello.
Vega, el titular creó recelos por la contratación de neófitos y parcializados funcionarios para el manejo de los debates; el querer inflar en 5 millones los habitantes de Colombia, para multiplicar sufragantes. La adjudicación a dedo del multimillonario contrato con Indra para suministrar cifras. Y notificar que “quien crea que va a haber fraude, no se presente”. ¿Habrá inexperiencia, novatada o mala fe del funcionario; que no quiere renunciar?
Colombia instituyó el poder electoral en 1860 para que, controlara, escrutara y declarara al ganador. Desde esa época “el que escruta elige”. Se han visto procesos que terminan en “chocorazos”. Hay que recordar las elecciones de 1970, cuyo fraude fue admitido 28 años después por el “Tigrillo” Noriega, quien era ministro de gobierno.
Al presidente Duque se le advirtió que Alexander Vega, no tenía capacidades ni confianza para manejar este debate, y miremos lo que está ocurriendo. Pero el que escruta elige consideró que todo estaba en orden y no actuó.
Adicionalmente el propio presidente, dejó ver veladamente que Fico, el que dijo Uribe, era también su favorito. No hubo Procuraduría, fiscalía, contraloría, ni entidad vigilante alguna, que “jalara el saco” a Duque.
Hemos llegado a un límite que, impide a los votantes creer en los resultados electorales, porque quedó sembrada la duda.
Raro que en millares de mesas no aparecieran votos de quienes eran favoritos en las encuestas. No quiero referirme a Petro, sino a todos los partidos y movimientos, que reclaman.
Ni siquiera los más votados quedaron satisfechos. El propio expresidente Uribe, protestó y dio a entender que hubo fraude, porque su votación bajó, como lo habían pronosticado las encuestas. Y así cada uno fue encontrando fallas que elevaban la incredulidad en la Registraduría.
Las sombras de duda crecen y se multiplicarán durante los 66 días que faltan para la primera vuelta. Urge un remezón que garantice limpieza, claridad, y elimine al “que escruta elige”.
Hay que confiar en el magisterio para escoger los jurados, olvidar los “indras”, asegurar la pluralidad del Consejo Nacional Electoral, cerrar los reconteos de votos violando las normas y demostrar a los colombianos que nuestro Poder Electoral, es fiel y digno de toda nuestra confianza.
Defender la democracia, no puede seguir siendo frase de cajón. Necesitamos elecciones libres, limpias y candidatos con más ideas, y menos dependencias de políticos y poderes que los manejen. Y que el que escruta, no elija.
BLANCO: 135 años cumple El Espectador, desde cuando don Fidel Cano lo fundó y su dinastía con don Gabriel, don Guillermo, don Fidel II y Fidel III, actual director, han derrotado adversidades y persecuciones para fortalecer nuestro periodismo y nuestra democracia.
NEGRO: Jeniffer Arias, debe pedirle perdón al país por traicionar a la Universidad con una tesis plagiada.
Bogotá, D. C, 25 de marzo de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Luis Zuñiga*.- Las relaciones diplomáticas entre países llevan implícitas el reconocimiento de la integridad territorial de su contraparte y el respeto a sus derechos en el contexto internacional. Adicionalmente, las relaciones comerciales le agregan un vínculo de intereses comunes que deben fortalecer las relaciones entre las naciones.
Ucrania mantenía ese nivel de relaciones diplomáticas y comerciales con China y, además, había facilitado múltiples inversiones económicas de ese país, lo que significaba que todo era normal y afectivo entre ambas. Sin embargo, en el momento en que la Rusia de Putin lanzó su invasión armada contra Ucrania, la actitud de China cambió radicalmente para apoyar, implícitamente, al agresor.
Increíblemente, China se ha negado a calificar la agresión rusa a Ucrania como lo que es: una invasión armada y se ha asociado a la definición absurda con que Vladimir Putin pretende disfrazarla: “una operación especial”.
El voto chino en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha estado al lado de Rusia y contra Ucrania. El voto de China en el Consejo de Derechos Humanos también estuvo al lado de Rusia y contra Ucrania. Incluso, el régimen chino se ha negado a rechazar públicamente la ayuda militar y económica que Vladimir Putin le ha solicitado para financiar su guerra de agresión contra Ucrania.
La traición de China a las buenas relaciones con Ucrania y su negativa a respaldar en los organismos internacionales sus derechos como nación independiente y soberana debe servir de lección y experiencia a los que mantienen relaciones diplomáticas o comerciales con China.
De nada le valieron a Ucrania los $18,900 millones de dólares en comercio bilateral con China (más del doble del comercio de China con Rusia), ni las oportunidades de inversión que ha ofrecido al gigante comunista asiático, incluida la venta en el 2013 de tres millones de hectáreas de tierras cultivables en la región de Dnipropetrovsk, para que China produzca cereales y críe cerdos para su consumo interno. Tampoco le valió que Ucrania envía a los chinos el 30% del maíz que consume.
El genocidio que Rusia está ejecutando en Ucrania es espantoso. La ciudad de Mariúpol ha sido reducida a cenizas y escombros. Los objetivos de la artillería y aviación rusa son los edificios de viviendas, los hospitales y las escuelas. Las fotografías y videos de las agencias de prensa internacionales son horribles. Es muy difícil de comprender y menos de aceptar, que el régimen chino esté respaldando esa monstruosidad.
Definitivamente, esta guerra de agresión imperialista rusa ha expuesto inequívocamente los propósitos e intereses chinos en el mundo. A partir de este momento, la visión sobre China cambiará significativamente y sus relaciones internacionales se verán muy seriamente dañadas. Lástima que Ucrania haya tenido que sufrir está tragedia para que el mundo conozca mejor al régimen chino.
Miami, 26 de marzo de 2022.
*Analista político. Exdiplomático.
Por Alonso Ojeda Awad*.- Lo que ocurrió el pasado domingo 13 de marzo durante el proceso de elecciones de Senado, Cámara de Representantes y la Consulta interpartidista, fue un hecho muy grave y de profundas repercusiones para nuestra incipiente democracia colombiana. Y no es para menos. La más profunda de las des- institucionalidades que hemos padecido se presentó, precisamente, cuando el célebre chocorazo o fraude que el candidato presidencial Misael Pastrana dio contra el candidato rival expresidente general Gustavo Rojas Pinilla en las elecciones de 1970, convirtiéndose, Pastrana, en presidente de la república, gracias a tan significativo fraude electoral. Este hecho trajo gravísimas consecuencias para nuestra vida democrática como fue la aparición del M-19 con su inaceptable toma de la Corte Suprema de Justicia, que trastornó para siempre la vida institucional.
Por eso consideramos muy grave el desorden y el desbarajuste que se presentó en todo el proceso sufragante del domingo 13 y que se intentó cerrar con la pérdida de más de 400.000 votos para el Pacto Histórico, que es una sumatoria política de partidos y movimientos que quieren acendradamente cambiar este cúmulo de atropellos y corrupciones a las que se acostumbró la vieja e inoperante casta política, que nos gobierna.
Fueron tantas las formas superficiales, erradas e irresponsables como la Registraduría Nacional asumió un certamen de tanta importancia para los colombianos. Son ingentes los llamados de atención que se hicieron para no caer en esta debacle anunciada, pero la ausencia penal de los responsables fue marcadamente imprudente y notoria. Desde los más importantes medios de comunicación se han anotado la cantidad de fallas: Falta de formación electoral en los jóvenes jurados, insuficientes conocimientos para cumplir cabalmente su compromiso, desconocimiento de la formación y experiencia que siempre ha mostrado los maestros, que fueron deliberadamente, excluidos de las listas de jurados, etc.
Frente a este drama eleccionario y otros que vive y soporta nuestra sociedad, el diario “El Tiempo” en un aparte de su editorial, el día 21 de marzo ha expresado categóricamente: “Son inaplazables los correctivos de fondo frente al desafío que significan para el país la corrupción y el desgobierno que lo carcomen”.
En este desgobierno que plantea “El Tiempo”, creo que si el Registrador Nacional tiene algo de dignidad y decencia debe presentar ante la opinión pública nacional: RENUNCIA DE SU CARGO y permitir que sea un nuevo funcionario o funcionaria la que traiga confianza a la sociedad y pueda brindar la realización de comicios electorales en franca idoneidad e imparcialidad.
Un gesto de esta dimensión hará posible encuadernar la Registraduría para que como corresponde a su tarea constitucional sea la institución que garantice la absoluta claridad y transparencia que hoy pide a gritos nuestra acorralada sociedad, en medio de tanta infamia y corrupción.
Bogotá, D. C, 22 de marzo de 2022
*Vicepresidente del Comité Permanente de defensa de los DD.HH. Fue Embajador de Colombia en Europa. Trabajó en el Programa de Paz de la Universidad Pedagógica de Colombia. Defensor de Derechos Humanos.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Son varias las conclusiones que se pueden obtener del análisis de los resultados preliminares de las elecciones para el Congreso y para definir los candidatos de las tres consultas presidenciales. La primera es precisamente que hasta ahora son resultados preliminares pues en el momento de escribir esta columna no hay certeza de cómo va a quedar la composición del Congreso.
El gran lunar de esta jornada electoral fue la desaparición de casi 400.000 votos del Pacto Histórico (el 16% de su votación) en el preconteo de las mesas de votación, y las variaciones -menores pero también significativas- de los votos de los demás partidos.
¿Error involuntario, falta de preparación de la Registraduría, o mano diestra orquestando un fraude electoral? Eso lo tendrán que determinar los jueces después de la consabida “investigación exhaustiva”, pero en todo caso una alteración tan grande de los resultados debe tener consecuencias políticas, que en cualquier país democrático llevarían a la renuncia del máximo responsable de tamaño fiasco, para recuperar la hoy menoscabada credibilidad de la autoridad electoral.
Se ha dicho que el ganador en el Congreso fue el Pacto Histórico, pues con 19 o 20 curules se constituye en la primera bancada del Senado. Es cierto, pero se trata de una victoria relativa porque solo obtuvo el 16,3% de los votos validos, es decir que es la mayor de las minorías que van a estar en el Senado. En segundo lugar porque el gran ganador de estas elecciones fue el amorfo partido de la abstención.
Si bien es cierto que 15.6 millones de personas votaron por los partidos de sus preferencias, estas solo son el 40% de los posibles votantes. Otras 20.6 millones (el 53% del censo electoral) no apoyaron a ningún partido sino que se abstuvieron, y 2.5 millones votaron en blanco o botaron su voto porque no supieron marcar el confuso tarjetón.
En cuanto a las consultas presidenciales, también fue primera la del Pacto Histórico, donde los votos de sus 5 candidatos (5.6 millones) fueron 142% más de los que obtuvieron para el Senado. Por el contrario los 4 millones de votos del Equipo Colombia son apenas el 51% de los 7.9 millones que movilizaron las maquinarias de los partidos Conservador, la U, Mira y Cambio Radical, más el Centro Democrático que votó por el candidato ganador siguiendo las directrices de su caudillo.
La Coalición de la Esperanza fue la tercera con 2.2 millones de votos, pero en su caso estos fueron casi los mismos que los que obtuvieron las listas de la Alianza Verde y el Nuevo Liberalismo que no tenían las mismas maquinarias de los partidos tradicionales.
Una última conclusión es que estos resultados no son un anticipo de las elecciones presidenciales. Primero, porque es un hecho histórico que las maquinarias parlamentarias no se mueven para las elecciones presidenciales y, segundo, porque hay 8 millones de votantes que no han apoyado todavía a ningún candidato.
Coletilla: El equipo de campaña de Sergio Fajardo y su vicepresidente Luis Gilberto Murillo, quedó integrado por Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Mabel Lara y Jorge Enrique Robledo. Esta es la mejor prueba de que, después de las controversias internas, la Coalición sigue unida y revitalizada para atraer a esos 8 millones de personas que no han decidido su voto. ¡La Esperanza sigue viva!
Bogotá, D. C, 20 de marzo de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Amylkar D. Acosta Medina*.- “Sólo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo”: Warren Buffet
En el año 1990, en mi calidad de Ministro (E) de Energía en mi discurso de instalación de un Congreso latinoamericano de energía que tuvo lugar en Santa Marta plantee dos tesis que se apartaban de los paradigmas del sector eléctrico por aquellas calendas. La primera, aunque controvertida para la época hoy lo es menos: el agua, merced al cambio climático había dejado de ser un bien libre para tornarse en un bien económico y fui más lejos al sostener que el agua había dejado de ser un recurso renovable. Tesis esta que he venido desarrollando y corroborando con el paso del tiempo. La segunda, que los planes de expansión de generación eléctrica privilegiaban el mínimo costo al momento de priorizar los proyectos a ejecutar, pero para mí, sin soslayar dicha variable, era mucho más importante el mínimo riesgo y propuse introducir esta otra variable en la ecuación.
Pero, como dice la canción Pedro Navaja de Rubén Blades y Willie Colón, “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. No estaba en mis planes aspirar y ser electo Senador de la República en 1991 y mucho menos que como miembro de la Comisión V del Senado me correspondería coordinar la subcomisión que investigó las causas del racionamiento del servicio de energía eléctrica, más conocido como el apagón, el cual fue una verdadera calamidad pública, que se prolongó durante casi un año, desde el 2 de marzo de 1992 hasta el 7 de febrero de 1993, amén de establecer sobre quienes recaería la responsabilidad de semejante desaguisado. Tuve, además, la responsabilidad de redactar el Informe final de la investigación sobre la actual crisis eléctrica del país.
Si bien lo que precipitó tan drástica como costosa medida fue el fenómeno de El Niño, pudo más la imprevisión, la improvisación, los errores de cálculo y cómo no, la corrupción, que puso su cuota - parte. En efecto, a consecuencia de la sequía, que se prolongó mucho más allá de los pronósticos, la más intensa en 37 años según Instituto Colombiano de Hidrología (HIMAT), llevó el nivel de los embalses de las hidroeléctricas a sus mínimos, al punto que el de El Peñol, que era y sigue siendo el de mayor capacidad registró un histórico 20.66%, lo cual se tradujo en una virtual parálisis del parque de generación hídrica con que contaba el país. Y, lo que era más grave, no obstante que la capacidad total instalada de potencia, de 8.335 MW, superaba en un 13% la demanda máxima en horas pico, el 78% de la misma dependía de la hidrología. En el mix de la capacidad instalada de generación el parque térmico apenas si llegaba al 22%, lo cual se constituyó en la gran vulnerabilidad del Sistema interconectado nacional (SIN).
Irónicamente, en momentos en los que expertos del sector sostenían que el subsector eléctrico estaba “sobre instalado”, pero con esta falencia, se presentó semejante falla. No sólo en Colombia sino en Latinoamérica había un sesgo en favor de los proyectos hidroeléctricos, por una parte porque se asumía que sus menores costos operativos los hacían más competitivos frente a los térmicos y de contera la banca multilateral, especialmente el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sólo contaban con líneas de financiamiento para proyectos hidroeléctricos. Ello inducía y sesgaba los planes de expansión, dado que el 100% de la inversión de dichos proyectos corrían por cuenta de la Nación, que terminó endeudándose hasta la coronilla para dotar al país de esta infraestructura.
Además de esta falla en la planeación del sector y la subestimación del costo racionamiento de energía al darle al agua valor cero, al estudiar las causas del racionamiento salieron a flote varias irregularidades, entre ellas la falta de mantenimiento y overhaul de varias de las plantas térmicas, de modo que cuando se les requirió varias de ellas no estaban operativas, el descalabro del proyecto de construcción de la hidroeléctrica de El Guavio, el cual, además de los sobrecostos injustificados, no entró en el tiempo previsto. Y de remate, de manera improvisada e improvidente se importaron en volandas al país dos barcazas generadoras que nunca generaron un solo kilovatio, fue un fiasco total, agravando aún más la situación ya de por sí compleja.
Adelanté sendos debates de control político en el Congreso de la República sobre el particular, de los cuales dio cuenta el ex ministro de Minas y Energía Guillermo Perry Rubio en el prólogo a mi libro Del racionamiento eléctrico al racionamiento moral, en los siguientes términos: “el debate sobre El Guavio condujo a que, por primera vez se llevara a cabo un juicio fiscal y la Contraloría del Distrito exigiera el reintegro de $2.097 millones por parte de los ex gerentes de la Empresa de Energía de Bogotá…Las conclusiones del debate sobre las barcazas se trasladaron a la Comisión de ética del Senado, la que encontró méritos para solicitar la pérdida de la investidura de uno de los miembros de la propia corporación”.
Por su parte los organismos de control hicieron su parte, de tal suerte que sus investigaciones en el orden disciplinario y fiscal derivaron en destituciones de los responsables e inhabilidades para ejercer cargos públicos hacia el futuro, debiendo responder por el detrimento patrimonial al que dieron lugar sus actuaciones u omisiones. Por su parte la Fiscalía General de la Nación puso a varios de ellos a buen recaudo.
El Presidente de la República Cesar Gaviria Trujillo a través de una alocución televisiva, en horario triple A, le anunció al país las sanciones a quienes reportamos en nuestro Informe como los más responsables de esta pesadilla en que se convirtió para todo los colombianos el racionamiento de la prestación de un servicio tan esencial como lo es el fluido eléctrico.
Cota, marzo 19 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Juan Camilo Restrepo*.- El Fondo de estabilización de combustibles es una buena idea que ha tenido una vida opaca. La filosofía que lo respalda es impecable: hacer ahorros para estabilizar los precios internos de los combustibles cuando suben desmesuradamente los precios externos.
El Fondo ha tenido una vida opaca por dos razones: primero, porque inicialmente el gobierno se reservó el derecho a reglamentarlo a lo cual dijo la Corte: como están envueltos asuntos fiscales quien debe regularlo es el congreso. Ahí se perdieron varios años.
Y, en segundo lugar, porque le ha acontecido lo que a menudo pasa con los fondos de estabilización: cuando los precios suben, no se ahorra; pero cuando bajan todo se traslada a un menor precio interno. Es decir, no se ahorran nada. O muy poco.
Cuando un litro de gasolina se vende por debajo del precio internacional se otorga un subsidio que alguien debe pagar. En teoría el fondo de estabilización de combustibles funciona comparando el precio interno con el externo (precio de paridad). Cuando el primero es inferior al segundo se contabiliza un subsidio que en una primera instancia asume Ecopetrol vendiendo más barato el combustible en el mercado nacional de lo que podría hacerlo en el mercado externo. El agente pagador es Ecopetrol, pero el deudor final de este subsidio es el gobierno que debe reembolsarle a Ecopetrol las diferencias que se acumulen.
Cuando las diferencias entre los precios externos e internos no son muy protuberantes el tema es manejable: se van acumulando pasivos que no distorsionan en materia grave las cuentas fiscales. Y se amortizan poco a poco. Pero cuando por alguna razón los precios externos se distancian bruscamente de los domésticos, se acumula súbitamente una deuda gigantesca a cargo del gobierno nacional que hace parte del déficit público.
Que es precisamente lo que está sucediendo en este momento con la llamarada de los precios internacionales, cuya mecha se prendió con la invasión de Rusia a Ucrania. Alza que, por supuesto, no se está traduciendo en igual proporción en la estructura de los precios domésticos. Desde que se inició la guerra en Ucrania el precio de referencia del barril de Brent ha estado fluctuando alrededor de los US$ 100. Nivel que no se veía hace muchos años.
Un estudio divulgado por la Corporación Financiera Colombiana concluye que de seguir las cosas como van (es decir, con la prolongación de los altos precios internacionales; con la trayectoria que se viene observando en la tasa de cambio; y con el alza muy discreta que es de presumir se mantendrá en los ajustes de los precios internos de la gasolina y del diésel) es de esperar -concluye esta corporación- que el déficit a cargo del presupuesto nacional alcance un nivel a finales del 2022 de $20 billones. Para que se ponga esta cifra en perspectiva piénsese que para enjugar un déficit de esta magnitud se necesitarían dos reformas tributarias como la que se aprobó en el 2021. El tema no es pues menor.
El gobierno saliente, por la magnitud del déficit, debe decirle al país cual va a ser la suerte de este Fondo de Estabilización que, como van las cosas, será uno de los mayores factores de desequilibrio fiscal que recibirá el próximo gobierno.
¿Cuál será la política interna de combustibles que se piensa ejecutar a la luz de las nuevas condiciones internacionales del mercado energético? ¿Cómo se va a enjugar el déficit que se está acumulando en el fondo de estabilización de los combustibles? ¿De qué manera afectará la proyección de las cuentas fiscales del país? Sobre este espinoso asunto el gobierno saliente debe hacer plena claridad.
Es entendible que el precio interno de los combustibles no se reajuste -y mucho menos en la época electoral- en la misma velocidad y monto en que han crecido las cotizaciones internacionales. Pero ello no significa que semejante déficit simplemente se esconda debajo de la alfombra, y se le deje al gobierno entrante la tarea de entender lo que está sucediendo y definir la manera de solucionarlo.
Deben hacerse economías en otros gastos para ir absorbiendo el déficit del Fondo de Estabilización; debe destinarse una parte importante de las cuantiosas transferencias que recibirá el gobierno de Ecopetrol este año para ir absorbiendo parte al menos de la deuda del fondo; y deben dejarse de regalar cuantiosas sumas de recursos fiscales como lo hizo alegremente el gobierno Duque al señalar tres días sin IVA para el 2022 sin necesidad.
Lo que no puede hacer el gobierno Duque es pasar de puntillas sobre este delicado asunto.
Bogotá, D. C, 20 de marzo de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Gabriel Ortiz*.- Para superar lo que se ha denominado la primera vuelta electoral del 13 de marzo, se acudió a toda suerte de maromas por parte de las tres consultas que querían imponerse: Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Coalición de la Esperanza.
El Histórico era favorito según las encuestas y la creencia de los votantes; el Colombia era del uribismo, y la Esperanza, llegaba maltrecha por desacuerdos internos que pudieron alejar a los electores que odian las peleas.
Todos sabían que Fico era el candidato de Uribe y Duque, lo cual le podría traer “balotas negras”, por la caída de imagen de ambos. Tampoco era conveniente que hiciera carrera “el que diga Uribe”. Entonces urgía purificar a Fico.
La estrategia se inició tempranamente: primero con una encuesta en el CD amañada, en la que no hubo claridad y ocasionó álgidas protestas de la Cabal y demás aspirantes. No se sabía si era pantomima, farsa o mascarada. El ganador, Zuluaga calzó tenis rojos y se fue con Uribe a repartir volantes, en medio de abucheos y rechiflas. Cabal, no se quedó con Fico, sino que se plegó a la jugada maestra, adhiriendo a Char.
Votantes y uribistas engañados, no sabían por quién votar, ya que Zuluaga había sido rechazado del Equipo Colombia, por Fico. Al puro final, el CD dio la orden de votar por Federico, mientras el presidente Duque pregonaba su “imparcialidad”, invitando a votar “con la mano en el corazón” por el uribismo, su partido, que en secreto estaba con el paisa.
Zuluaga, puso mala cara al juego, pero obligadamente participó en él, anexándose con premura -en la madrugada del lunes14- al que dijo Uribe.
Así se abrió la posible prolongación del gobierno de los 20 años con el que, dijo Uribe. El Ex, aparece en todos los medios sumamente sorprendido con el volumen electoral de Federico. Perdió las mayorías parlamentarias, pero logró su cometido.
Entre tanto, el Pacto Histórico busca consolidar su supremacía, que puede aguársele, si Petro no atina, afina y perfecciona sus propuestas. Su cauda parece irrompible, pero hay mucho por venir: registraduría, desatinadas promesas y ley de garantías, por ejemplo.
La Esperanza tiene juego si abandona las peloteras en que Ingrid la metió. No se sabe aún si ella estaba en la jugada uribista, aunque su rápida adhesión a Fico, podría delatarla.
La jugada maestra Uribe-Duque, podría asegurarle la Casa de Nariño al expresidente, a quien tanto lo deslumbran la fama, el poder y la fortuna.
Hay 38 o más millones de colombianos, que buscan afanosamente un camino que les garantice una patria nueva, con equidad, esperanza y felicidad. Un gobierno autónomo, sin más amarras y órdenes que las de su pueblo. Sin el que diga Uribe.
BLANCO: Se justificó el viaje de Duque a Estados Unidos: Biden aumentó la ayuda a Colombia, sin condicionarnos a fumigar el país. ¡Buena esa presidente!
NEGRO: La desaparición del gran amigo Hernán Estrada, gran maestro de la TV. Paz en su tumba.
Bogotá, D. C, 18 de marzo de 2022
*Pertiodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinay y Notisuper.
Por Guillermo García Realpe*.- La reciente declaración del fiscal general en materia de advertencias y alarmas sobre los hechos de corrupción y otra serie de circunstancias que amenazan la democracia en Colombia, en las regiones, en los departamentos, puso sobre el tapete temas relacionados con el departamento de Nariño.
El fiscal general de la nación ha manifestado que el departamento de Nariño está en el top 5 de los departamentos con el más alto riesgo de corrupción electoral y eso no es gratuito.
Esto obedece a una serie de hechos y circunstancias que tiene que ver con la administración departamental, con el actual gobernador, con algunos alcaldes que han llevado a esta región a los peores índices de calificación en materia administrativa, financiera y de gestión y otras mediciones de carácter oficial por parte de entidades nacionales, de calificadoras, por autoridades o entidades de control, en fin, por citar solo algunas.
El país conoce ya sobre la intervención a Emssanar, la empresa de salud, eso causó un grave daño y un impacto negativo, afectando el derecho fundamental a la salud específicamente en los departamentos de Cauca, valle del Cauca, Nariño, y Putumayo.
Pero teniendo medidas anteriores como, acuerdos de pago de deudas de hace cinco o seis años, planes de desempeño, luego medidas de intervención, o medidas cautelares y ahora de intervención, a pesar de eso no logró estabilizar el servicio, ni la prestación, ni el reconocimiento de los derechos fundamentales de la salud y menos los índices financieros. ¿Por qué tiene que ver con Gobernación? Pues porque son los socios políticos del gobernador, no sólo desde la campaña si no desde hace mucho tiempo. Segundo, también está siendo motivo de seguimiento el Instituto Departamental de Salud, la red de hospitales públicos como el departamental, Ipiales, La Unión, y el CEHANI, organismo especializado porque al mes de septiembre tenían un promedio todos, de déficit fiscal del 50%.
Esto es lo último, anteriormente hubo pronunciamientos muy severos del Ministerio de Ambiente que, en sus mediciones y análisis de competencia y de gestión, declaró que CorpoNariño era la tercera peor Corporación Autónoma Regional de Colombia, por otro lado la Contraloría General de la República en sus evaluaciones determinó que el departamento con el mayor número de proyectos liquidados, siniestrados o sin ejecución, los llamados elefantes blancos, proyectos que nunca se terminan a pesar de la inversión en recursos porque han sido mal estructurados, mal diseñados, mal contratados y por ende mal ejecutados es Nariño.
Pero, por si fuera poco, esto tan delicado, hay otros escenarios que estableció en su análisis el DNP sobre los índices de gestión financiera correspondiente al año 2020, según ese informe, Nariño fue el último departamento en gestión financiera declarado formalmente por el DNP Y también existen análisis de otro tipo de mediciones, como los índices de competitividad Nariño ha bajado considerablemente en ese aspecto.
Solamente para citar algunos ejemplos, quiere decir que la situación del departamento es calamitosa, definitivamente las últimas gobernaciones, pero especialmente la de ahora, está llevando por un despeñadero al departamento de Nariño, no sólo en índices de gestión si no en índices de carácter administrativo, financiero, en incumplimiento de metas, sino también de graves señalamientos de carácter moral y ético por que ha sido denunciado el gobernador por partidos como el Pacto Histórico y otros voceros políticos que han denunciado al mandatario por su declarada participación política amenazando a alcaldes, chantajeándolos con ofrecimientos o no si se vota en su línea de favoritos al Senado de la República y Cámara de Representantes.
Quiere decir que hoy Nariño está en una muy grave situación que tiene que preocuparle a los ñariñenses y a los colombianos, pero también a los organismos de control que tienen que asumir su función y su desempeño.
Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2022
*Senador del Partido Liberal