Opinión
Por Juan Camilo Restrepo*.- ¿Qué fue lo que dijo exactamente la FAO que tanta molestia le causó al gobierno? Lo mejor en estos casos es citar textualmente la fuente: “Según el panorama de las necesidades humanitarias, hay 3,5 millones de personas con inseguridad alimentaria aguda en Colombia, y el 73 por ciento de los 1,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia padecían también inseguridad alimentaria grave en 2020”, dijo la FAO en el último informe que divulga trimestralmente con la PMA (Programa mundial de alimentos).
Aparentemente el gobierno se irritó porque la FAO no consignó el inventario de las acciones que ha venido tomando para fortalecer la oferta de alimentos porque el informe nos mete en el mismo canasto de países como Haití, Honduras y Nicaragua; y porque no hizo alusión expresa a algunos documentos Conpes que se han ocupado del tema. Los representantes de FAO dieron alguna respuesta diplomática para apaciguar las iras gubernamentales. Y allí quedó la cosa.
Pero ¿qué hay de fondo detrás de todo esto?
Es bueno comenzar por recordar que existen dos tipos de inseguridad alimentaria: aquella que surge cuando la oferta es insuficiente para atender la demanda de comida. Cuando esta diferencia es muy protuberante la situación puede inclusive desembocar en hambruna. Es evidente que Colombia no está dentro de esta primera categoría. La oferta de alimentos es satisfactoria a pesar de los trastornos que generaron los bloqueos en carreteras y puertos durante la última ola de protestas. Es claro, entonces, que la inseguridad alimentaria de nuestro país no se inscribe dentro de esta primera modalidad.
Pero hay un segundo concepto de inseguridad alimentaria: aquel que se explica no por la oferta insuficiente de alimentos sino por carencia de ingresos para adquirirlos. Colombia cae dentro de esta segunda categoría: la exacerbación de la pobreza que ha causado la pandemia, la inflación y el alto desempleo, han llevado a que una franja importante de la población que la FAO calcula en 3,5 millones de personas que no pueda adquirir el mínimo de calorías requeridas.
Esto es exactamente lo que venía reiterando el Dane aún antes de que lo mencionara la FAO. Según el informe de nuestra autoridad estadística denominado “pulso social”: de los 7,9 millones de hogares que existen en Colombia, antes de la pandemia el 85,5% tenía acceso a tres comidas diarias al paso que a la fecha (diciembre del 2021) solo el 69,1% tiene posibilidades de adquirir las tres comidas diarias. Es decir, 30,1% del universo de hogares (porcentaje que representa 2,4 millones de familias) está en condición de “inseguridad alimentaria” por insuficiencia de ingresos.
Si estimamos que cada hogar está compuesto por cuatro miembros, ello significa que 2,4 millones de hogares (que se traducen en 9,6 millones de personas) sufre actualmente de precariedad alimentaria. Cifra inclusive muy superior a los 3,5 millones que mencionó la FAO que se circunscribió al concepto más estricto de “inseguridad alimentaria aguda”.
Dicho en otras palabras: actualmente hay cerca de 10 millones de personas en condición de inseguridad alimentaria, un tercio de los cuales está en “inseguridad aguda”.
El ritmo que trae la inflación este año, jalonado por fuertes alzas en los alimentos, puede terminar por ahondar el problema. La plataforma “Bogotá cómo vamos” divulgada hace poco reafirma un escenario análogo de pobreza y de inseguridad alimentaria para la capital.
Lo que queda en claro de todas estas cifras es que la cara más amarga de la pobreza es la inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil que acarrea. De allí que el gobierno, en vez de rasgarse las vestiduras e irse estrepitosamente contra la FAO, debería más bien reconocer con menos arrogancia la dura realidad de que en este momento hay 10 millones de compatriotas con hambre.
Bogotá, D. C, 114 de febrero de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Adriana Matiz*.- A medida que la campaña política avanza, nos encontramos con propuestas que no dejan de ser más de lo mismo, con refritos en todo lo propuesto antes. Lo peor, no existe diferencia en este sentido entre las campañas de Congreso de la República y la Presidencia.
¿La razón? Son propuestas personales, los temas de partido se dejaron a un lado y el cambio surge ahora políticamente de una persona, no de una institución democrática.
Podríamos preguntarnos muchas veces, que sería lo ideal: seguir al hombre o, por el contrario, lo que debemos es seguir unas ideas. Cada posición tiene sus ventajas y sus fallas y de eso nos vamos a adherir para defender lo que creamos. Sin embargo, las consecuencias no son tan sencillas, pues de eso depende la gobernabilidad de un país.
Todo este proceso de individualización de la política, podríamos decir que se materializó con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder. Desde ese momento los partidos empezaron a ser una notaría de avales, pues su posición ideológica y de formas de gobierno fueron decayendo, lo importante era estar aferrados a un poder, ese que encarnaba un solo hombre. Y es que ese dominio fue total, órganos de control, Congreso de la República, partidos políticos y hasta gremios sucumbieron ante la majestad de la figura presidencial. Como país entramos en la confusión de rodear y respaldar ante la crisis a un presidente, a entregarle a su decisión y arbitrio las decisiones importantes, donde como ciudadanos debíamos estar presentes todos, pero pasamos de opinar a acatar a una sola figura.
Las consecuencias hoy se evidencian: es la dependencia necesaria de unas generaciones de colombianos que convirtieron el proceso electoral en la búsqueda del hombre que salve todo, el ungido que no se equivoca para corregir y cambiar todo, pues su sabiduría máxima solo produce propuestas exitosas que nos llevarán al primer mundo. No se necesita a nadie más.
Todo podría folclóricamente aceptarse, sin embargo, el endiosamiento de las personas está llevando a los electores a justificar, perdonar y hasta olvidar todo, desde lo más superfluo hasta lo más profundo en las actitudes de su candidato.
Escándalos de corrupción, personales, de comportamiento y hasta de posturas políticas y pactos con personas que se posicionan en las antípodas de la línea ideológica, son el pan de cada día en esta campaña.
Sería bueno que en algún momento la campaña tomara su rumbo, el que se requiere para lograr posiciones definidas sobre la inminente crisis económica hacia la que avanza el país, no solo producto de situaciones internas, sino de tensiones y la reacomodación mundial después de pandemia; posiciones sobre la violencia e inseguridad en la zona urbana y en las últimas semanas en la zona rural, porque de seguir así este país que solo está viendo show y tick tock de sus candidatos, tendrá a quien, sin dirección, gestione solo la solución de sus problemas. Yeso sabemos por lo acontecido en el pasado, siempre sale mal.
Ibagué, 14 de febrero de 2022
*Representante a la Cámara por el Tolima del Partido Conservador.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Continuando con el análisis del texto Centralismo, descentralización y federalismo en la historia de Colombia escrito por el ex ministro José Antonio Ocampo, nos vamos adentrar ahora en la génesis del centralismo y la centralización del Estado colombiano. Luego del pulso entre Bolívar, el libertador y Santander, el hombre de la leyes, en el Congreso de Cúcuta, en torno al centralismo y al federalismo que ganó este último al asumir la Presidencia de la Gran Colombia (1832 – 1837), prolongando su vigencia durante tres décadas (1853 – 1886).
1886 se convertiría en el punto de quiebre, merced a la voltereta de uno de los más caracterizados exponentes del radicalismo liberal, Rafael Núñez. El converso regeneracionista, enantes fervoroso federalista y uno de los gestores de la Constitución de 1863, dio un viraje político de 180 grados. Para Núñez, el radical (1855) “la Federación es nuestra tierra prometida (…) la historia administrativa de la Nueva Granada, casi desde su fundación, es la historia del desarrollo de los fueros seccionales, a despecho de la más obstinada resistencia del poder nivelador, o sea del centralismo”.
Pero, años más tarde renegó del radicalismo liberal, con el que había hecho causa común y había sido participe de la entronización del federalismo. En su diatriba contra esta, después de declararse liberal independiente (1875), afirmó que “el gobierno general (léase Gobierno central) no es, por tanto, sino simple delegatario revestido de especiales atribuciones administrativas por la voluntad de los Estados… Las funciones de la autoridad nacional son limitadas; mientras que las funciones del Gobierno de los Estados abrazan generalmente todo lo que puede ser materia principal de administración pública”.
Al alimón con Miguel Antonio Caro, de acendrado espíritu conservador, proclamó la Constitución de 1886 y a través de esta se revirtió el federalismo, que fue borrado como institución y en su lugar se consagró una estructura del Estado colombiano regida por el principio de una República unitaria con una fórmula dicotómica de “centralización política y descentralización administrativa”, pero que siempre tuvo más centralización política que descentralización administrativa. Se adujo como pretexto por parte de Núñez para dar este giro en U la necesidad de unir “lo que es necesariamente indivisible”. Desde entonces ha primado en Colombia un régimen presidencialista, en donde el Presidente de la República además de ser el Jefe de Estado, es el jefe de Gobierno y Suprema autoridad administrativa. Podríamos decir que este fue el origen primigenio del agobiante centralismo que aún pervive en Colombia.
Como lo sostiene Ocampo, el desmonte del régimen federal y la entronización en su lugar del centralismo a “ultranza” fue traumático, tortuoso y violento, alcanzando su clímax en la guerra civil más cruel y cruenta de todas cuantas asolaron a Colombia en el siglo XIX. Nos referimos a la guerra de los Mil días, la más duradera (17 de octubre de 1899 – 21 de noviembre de 1902) y sangrienta, la que aprovechó EEUU para aupar y estimular el secesionismo que terminó con la separación del departamento de Panamá de Colombia.
Muestra Ocampo cómo “la concentración de los ingresos tributarios en el nivel nacional era ya alta en 1929, pero se acentuó después de la segunda guerra mundial y muy especialmente desde 1967”. No obstante, fue justamente en la administración del Presidente Carlos Lleras Restrepo cuando el centralismo, la centralización y la concentración de poder empezó a ceder, gracias a la reforma constitucional de 1968 a través de la cual se creó el Situado fiscal, una bolsa de recursos del Presupuesto General de la Nación que se le transfieren a los departamentos y municipios. Adicionalmente, se crearon una serie de institutos descentralizados.
Hago la salvedad que si bien se desconcentraron estos recursos, estos iban aparejados con nuevas funciones y competencias que la Nación delegó en cabeza de las entidades territoriales. Por ello, coincido con Ocampo cuando afirma que este paso “aunque de espíritu descentralizador, condujo a la nacionalización de facto de la educación primaria y de la salud a través del control central sobre los fondos educativos regionales (FER) y los servicios seccionales de salud (SSS), dejando a los departamentos sin funciones económicas y convirtiéndolos en meras agencias políticas del Gobierno nacional”. Lo propio ocurrió con los municipios, los cuales “pasaron a depender casi completamente de las transferencias y de las agencias nacionales”.
Según Ocampo los avances obtenidos en materia de descentralización tuvieron un duro revés posteriormente y en su concepto sólo se retomaría su hilo conductor en los años 80 del siglo XX, con medidas tales como la Ley 14 de 1983 y el Decreto – legislativo 232 de 1983, mediante los cuales se incrementó el porcentaje de cesión del IVA a favor de los municipios. Posteriormente, la Ley 12 de 1986 incrementó la cesión del IVA a favor de los municipios del 30% al 50% (¡!).
Cota, febrero 12 de 2022
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- En Colombia hay una crisis alimentaria. El Hambre acecha a pesar de las optimistas declaraciones oficiales. Al gobierno no le gustó que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la pusiera en el mapa de los 20 países con mayor riesgo de sufrir hambre este año.
Ante la queja oficial, la FAO sacó a Colombia del vecindario de países como Afganistán, Sudán o Haití, pero eso no quiere decir que el problema no exista; más aún, no es solo un riesgo sino que una buena parte de la población está sufriendo hambre o desnutrición.
La encuesta Pulso Social del DANE hace una cruda radiografía de esta realidad: solo el 69% de los hogares en las 23 principales ciudades del país hacen tres comidas al día. Como es muy factible que en las ciudades más pequeñas y en el campo la situación sea aún peor, no es arriesgado decir que por lo menos una tercera parte de los colombianos -más de 17 millones de hombres, mujeres y niños- se acuestan todos los días con hambre.
La situación de las ciudades es muy desigual. En unas como Manizales, Bucaramanga, Cali, Santa Marta o Riohacha, más del 80% de los hogares tienen los tres ¨golpes” diarios; otras como Ibagué, Popayán, Neiva o Bogotá, están muy cerca del promedio nacional. En cambio, en Cartagena y Barranquilla la situación es aterradora: solo el 30% de lo hogares tienen las tres comidas diarias, y el 70% padece física hambre.
Con las cifras del DANE se constata la insuficiencia de los programas de ayudas del gobierno para mitigar los efectos de la pandemia. Fue grande el esfuerzo del DNP de montar el programa de Ingreso Solidario para dar ingresos a 3 millones de pobres, pero el monto de $160.000 mensuales por hogar fue muy bajo como lo comenté en su momento. Por eso el número de familias que hacen hoy las tres comidas diarias son las mismas que había antes de iniciar el programa.
En el extremo, el hambre es morir de inanición, pero la inseguridad alimentaria no solo es comer poco sino también comer mal; es la malnutrición con todas las enfermedades que genera y sus efectos negativos sobre el desarrollo mental y emocional de los niños. Por eso la conclusión de una encuesta del ICBF del 2015 era que el 54,2% de la población colombiana estaban en situación de inseguridad alimentaria, es decir que no se alimentaba bien. Con la pandemia, es seguro que este porcentaje aumentó.
Frente a la discusión entre el gobierno y la FAO, se pronunció una voz muy autorizada, la de la Asociación de Bancos de Alimentos (ABACO) y dijo sin ambages que la situación de hambre en Colombia sí es crítica (https://bit.ly/3rHzQX2). No solo por las terribles cifras del DANE, sino por algo mucho más doloroso: la desnutrición crónica que sufren hoy más del 10% de los niños en Colombia, y los más de 5 millones de adultos o adolescentes que la sufrieron en su infancia y hoy padecen sus consecuencias, pues es una enfermedad irreversible que les impide su adecuado crecimiento y desarrollo.
Hoy existe la capacidad de producir alimentos para toda la población, pero no existe el modelo económico ni la voluntad política para distribuirlos. El hambre debería ser uno de los temas principales de la campaña presidencial.
Cali, 13 de febrero 2022
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Paloma Valencia*.- Para enero del 2022, los precios de los alimentos aumentaron en un 21%. Once puntos por encima del aumento del salario mínimo. El paro del 2021, la crisis mundial de los contenedores y la devaluación del peso han afectado el precio de los insumos agropecuarios. Insumos que pesan hasta el 35% del costo de producción de los alimentos. Colombia necesita producir sus propios fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas para tener precios de la canasta familiar más bajos.
El aumento de los precios de los alimentos empezó por el paro dictador del 2021. Los bloqueos generaron que la comida pasara de una inflación del 4% en abril al 9,4% en mayo. A diciembre del 2021, el aumento era del 17%. Alianza y Valores estima que la inflación de diciembre estaría alrededor del 9% sin el paro. Así las cosas, la inflación de los alimentos cercana al 10% es una preocupación muy grande para un país de ingreso medio.
Para diciembre de 2021, de los insumos agropecuarios estudiados por el DANE, el 63% de los herbicidas aumentaron de precio, el 49% de los insecticidas, y el 44% de los coadyuvantes. La devaluación del peso (subida del precio del dólar) es una de sus causas. El año pasado el peso se depreció respecto al dólar en más del 10%. Esto sumado al alto valor del flete marítimo, los costos de puerto a bodega, y el flete al interior del país. Todo esto cuesta 169 dólares por tonelada. Mientras en Brasil lo mismo cuesta 79 dólares por tonelada.
En el caso de la papa, por ejemplo, el precio está determinado en su tercera parte por el valor de los insumos agropecuarios. El 22% del costo de producción se usa en el pago de fertilizantes y un 10% en plaguicidas. Los fertilizantes son importados de Estados Unidos y China, los cuales tienen un arancel entre el 5% y el 10%. En el caso de los plaguicidas, algunos son producidos en Colombia, sin embargo, importamos el 98% de los ingredientes para fabricarlos. Para el 2020, importamos 2,2 millones de fertilizantes, y aumentamos en un 32% las importaciones de plaguicidas llegando a las 74.300 toneladas.
Los intermediarios son otro cuello de botella. La ANDI afirma que el sector minorista de comercialización de los insumos agropecuarios presenta especulación de precios. Frutas, papa y hortalizas adquieren en un 70% los insumos agropecuarios de los minoristas. Un sector ordenado es el del banano, el cual adquiere el 100% de sus insumos de las compañías importadoras.
El presidente Iván Duque sancionó una ley el pasado enero para solventar algunas problemáticas. Baja el arancel del 0% para la importación de insumos agropecuarios- pero no resuelve el problema de tarifas arancelarias a ingredientes para la producción de insumos-. Crea un observatorio de este mercado, y un fondo con presupuesto de 70 mil millones de pesos para garantizar el acceso a insumos por parte de productores. Aun así, esta ley resuelve un problema coyuntural pero no estructural.
El país necesita producir sus propios insumos agropecuarios, y en los casos donde sea más barato importarlos, los productores deben tener acceso directo a la empresa importadora, y no a los intermediarios. Así mismo, necesita disminuir los precios de transporte y logística (flete externo, interno, y transporte de puerto a bodega) para ser más competitivo. Necesitamos una política de inversión privada que promueva la producción autónoma de los insumos agropecuarios, y servicios de extensión que revisen la proporción necesaria de productos.
Bogotá, D. E, 10 de febrero de 2022
*Senadora del Partido Centro Democrático
Por Cecilia López Montaño.- Empiezan a conocerse reacciones de quienes sí saben del tema y confirman los altísimos riesgos que se enfrentan en Colombia y que tienen a muchas personas en riesgo de padecer hambre, realidad que en medio de la pandemia se confirmó con los trapos rojos que según la encuesta Pulso Social no se han resuelto del todo. Hoy dos tercios de los jefes de hogar afirman que su situación económica que ellos enfrentan ha empeorado durante el último año.
Definitivamente la ignorancia es atrevida pero que esto le pase a un columnista muy reconocido demuestra que el apoyo al gobierno se ha vuelto ciego. A raíz de todo el escándalo que la vicepresidenta armó sobre el Informe de la FAO, lo que se demuestra es que el tema de la inseguridad alimentaria en Colombia tanto en el gobierno como en muchos sectores que se creen muy ilustrados es totalmente desconocido. Quien lea el mencionado informe, a lo que se refiere es a la Seguridad Alimentaria aguda y no crónica en la cual Colombia no está bien pero no está en estado crítico.
Como lo dice el informe este mapa en que aparece nuestro país se refiere es a un tema coyuntural, la seguridad alimentaria aguda, relacionado con todos los factores que nadie puede negar que pueden generar en el país una severa crisis alimentaria en los próximos meses: las pocas oportunidades de empleo que nadie se atreve a negar, aumento de los precios de los alimentos cuyo precios crecen al 17.3% según el DANE, el conflicto armado recrudecido en varios territorios, y además de otros, la inmigración venezolana que según el mismo DANE tiene actualmente una tasa de desempleo del 24% y sigue elevándose.
Empiezan a conocerse reacciones de quienes sí saben del tema y confirman los altísimos riesgos que se enfrentan en Colombia y que tienen a muchas personas en riesgo de padecer hambre, realidad que en medio de la pandemia se confirmó con los trapos rojos que según la encuesta Pulso Social no se han resuelto del todo. Hoy dos tercios de los jefes de hogar afirman que su situación económica que ellos enfrentan ha empeorado durante el último año.
Y como para completar este panorama, lo que acaba de denunciar la Contraloría General y que recoge EL HERALDO, "el Programa de Alimentación Escolar (PAE), una estrategia del Gobierno que busca atender las necesidades integrales de los beneficiarios… en 2021, según la Contraloría, dejó mucho que desear en varios departamentos". La historia se repite ante los ojos despistados o cómplices de los responsables del Estado: En Valledupar, la cobertura del programa no alcanzó ni al 50 % durante el año pasado. Y los demás, como afirma este medio, "pasaron hambre". Lo mismo o peor sucedió en Sincelejo, y en los departamentos de Magdalena y Guajira, donde los niños muertos por desnutrición se toman como algo inevitable. Además, cuando entregan esas raciones con mucha frecuencia son de una precariedad dolorosa, me costa, o con alimentos en mal estado. Y eso que no tenemos información de Arauca, en plena guerra, de Norte de Santander con graves problemas sociales y de muchos territorios con graves crisis de seguridad.
A ver señores del gobierno: ¿se equivocó la FAO? Pregúntenle a los Bancos de Alimentos que afirman lo siguiente: "Situación de hambre en Colombia sí es crítica." ¿No le parece al gobierno que tener 42% de pobreza se puede asociar claramente con una crisis alimentaria? Definitivamente ocultar las falencias del gobierno sumado a la ignorancia termina en análisis atrevidos, por decir lo menos. Por todo lo anterior y mucho más es inaceptable definir el informe de la FAO como "chimbo".
Bogotá, D. C, 9 de febrero de 2022
*Economista, investigadora, conferencista y política colombiana, se ha desempeñado como Directora del Seguro Social, directora de PREALC, OIT, embajadora de Colombia en los Paises Bajos, Ministra de Agricultura, Ministra de Medio Ambiente, Directora del Departamento Nacional de Planeación y Senadora de la República.
Por Simón Gaviria*.- La decisión del Banco de la República fue criticada y sorpresiva, un alza de 100 puntos básicos no tiene antecedentes recientes en el país. Es una decisión audaz que no solo ratifica la independencia del Banco y su el compromiso con la inflación, sino que prevé protección frente una posible burbuja financiera en mercados internacionales. A pesar de su impopularidad, es la decisión correcta para evitar que los más pobres sean las principales víctimas de incrementos desmedido de precios. Rectificar más adelante saldría más costoso. Ahora que los candidatos recorren el país quejándose que el salario no alcanza para hacer mercado, no deberían perder de vista este mensaje.
A pesar del incremento de 5,62% en la inflación en 2021, la tesis de la “temporalidad” pos-pandemia dilató la decisión de aumentar las tasas de interés. Se argumentó que las restricciones operacionales por el Covid-19 y la falta de inversión durante la pandemia estaban causando un fenómeno inflacionario “temporal” que se resolvería rápidamente en la nueva normalidad. En ese contexto, se consideró que incrementar la tasa de interés frenaría una insípida recuperación, obstaculizando la recuperación de empresas y el empleo, una medicina peor que la enfermedad.
Con el tiempo, la economía se revitalizó rozando el 10% en crecimiento. Record en ventas de motos, televisores y carros fueron evidentes con las ventas minoristas creciendo a más del 20% por varios meses. Pero con ello también se fue acentuando y deteriorando la inflación de alimentos hasta un 17,23%, sin evidencia de mejorar. Los estímulos internacionales fortalecieron la llegada de remesas que sobrepasaron los US$10,000 millones en noviembre, un record histórico. La temporalidad de la inflación que atajaba la decisión de intervención del Banco de la República, se convertía en permanente.
Especialmente grave socialmente es que los hogares pobres y vulnerables experimentaron una inflación de 6,85% mientras que la clase media sufrió un 5,78% y la clase alta 4,39%. A pesar de frenar la economía, bajar la inflación beneficia a los más los necesitados, consolidando avances sociales. Considerando una inflación de 7,0% en EEUU y la certeza de alza de las tasas de interés en mercados internacionales, esta alza es oportuna y hará que en el agregado el incremento sea menor dada su anticipación.
Nueva Riqueza
Como con toda enfermedad sabrá amargo el remedio, los críticos hablan de oportunidades perdidas y consecuencias. No hacer nada para que se desborde la inflación, sin duda es peor. Como siempre, debe haber un amigo que se quede con las llaves del carro sin tomar y esté en contra del aguardiente de las 2am. Aunque esté muy divertida la fiesta, se debe pensar en el día siguiente.
Jeremy Grantham, famoso inversionista, asustó a los mercados recientemente al advertir una burbuja financiera y una inflación de “commodities” permanente, por diez años. Otros anticipan una crisis financiera a partir del colapso de alguna de las cryptomonedas que han acumulado más de US$2.2 billones en activos. El Banco de la República es independiente y para poder ser responsable está demostrando la importancia de ejercer su autonomía. Mientras nadie quiere que se acabe la fiesta, ellos ya están pensando en madrugar para salir a trotar.
Bogotá, D. C, 9 de febrero de 2022
*Actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y presidente de la cámara. También padre de Sofía, Filipa, y Victoria.
Por José G. Hernández*- Este 17 de febrero se cumplen treinta años de la instalación de la primera Corte Constitucional. Un alto tribunal transitorio, con período de un año, integrado por siete magistrados elegidos como lo estableció el artículo transitorio 22 de la Constitución:
“ARTICULO TRANSITORIO 22. Mientras la ley no fije otro número, la primera Corte Constitucional estará integrada por siete magistrados que serán designados para un período de un año así:
Dos por el Presidente de la República; uno por la Corte Suprema de Justicia; uno por el Consejo de Estado, y no por el Procurador General de la Nación. Los magistrados así elegidos designarán los dos restantes, de ternas que presentará el Presidente de la República.
La elección de los Magistrados que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, al Presidente de la República y al Procurador General de la Nación, deberá hacerse dentro de los cinco días siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución. El incumplimiento de este deber será causal de mala conducta y si no se efectuare la elección por alguno de los órganos mencionados en dicho término, la misma se hará por los magistrados restantes debidamente elegidos”.
Esa primera Corte Constitucional estuvo conformada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Simón Rodríguez Rodríguez -su primer presidente- y Jaime Sanín Greiffenstein. De ellos, cinco han fallecido. Quedamos vivos Eduardo Cifuentes Muñoz -hoy Presidente de la JEP- y quien firma esta columna.
La Corte eligió a su secretaria general, la jurista Martha Victoria Sáchica Méndez, quien ha desempeñado ese cargo a lo largo de tres décadas. Una excelente funcionaria, varias veces magistrada encargada, y quien es, sin duda, la memoria viviente de la Corte Constitucional. Sonia Vivas, otra importante jurista, fue elegida relatora, y su trabajo ha permitido el seguimiento completo de lo actuado por la Corporación desde su primera sentencia, la T-001 del 3 de abril de 1992, de la cual tuve el honor de ser magistrado ponente. Sea la ocasión para rendirles merecido reconocimiento.
La Corte fue instalada por el Presidente de la República, César Gaviria Trujillo, uno de los más activos impulsores del proceso político-jurídico que llevó a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.
La Corte se enfrentaba al duro desafío de instalar y poner en funcionamiento el sistema de control judicial que preservara los valores, principios y reglas de la nueva Carta Política, que introducía formidables cambios en el Derecho Público colombiano. Su tarea no sería fácil, y ciertamente no lo fue, pero figuras de gran experiencia y prestancia intelectual nos señalaron el camino a los más jóvenes, y fueron sentadas las bases de lo que debía ser -y ha sido, con muy contadas excepciones- una Corte Constitucional respetable, independiente, imparcial, insobornable, recta, clara, directa, honesta, innovadora, capaz de entender el Derecho Constitucional de los tiempos modernos, y el papel de aquéllos a quienes la democracia ha confiado la trascendental labor de guardar -nada menos- la intangibilidad, la integridad y la supremacía del Estatuto Fundamental.
Una Corte inolvidable para quienes la integramos y para el país.
Bogotá, D. C, 9 de febrero de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional.
Por Robinson Castillo*.-El diagnóstico es casi científico. El voto se encuentra a años luz de la racionalidad. Las emociones dominan a plenitud, los impulsos para votar. Se equivocan aquellos candidatos que insisten en lo contrario. Aquí algunos tips rápidos para seducir al elector.
Primera regla, incluso respaldada por el propio Aristóteles: La percepción realidad. La gente saca sus conclusiones de lo que ve y siente de un candidato.
La mirada. Siempre ser consistente en sostenerla con las personas en las diferentes reuniones, desviarla puede generar desconfianza.
La memoria. Recordar los nombres de las personas crea vínculos indestructibles, estimula la cercanía.
La sonrisa. Es sinónimo de alegría, permite la amabilidad, los aburridos casi nunca son votados.
El rostro. Los tristes no ganan elecciones. Una cara en plena armonía trasmite más que mil propuestas de campaña.
El cabello. La estrategia capilar no puede dejarse de lado, un pelo mal tratado, da sensación de descuido. Actualmente vemos a varios mechudos, para acercarse más a los jóvenes.
Vestuario. La indumentaria es clave, el blazer negro por ejemplo, es de los más usados en debates, pero el jean constante, es de las prendas indispensables en los recorridos por las regiones.
Los abrazos. Es lo más cercano a la hermandad, los que abrazan tienen más posibilidades de seducir a sus eventuales votantes. Un candidato lejano, marca distancia insalvable.
Escuchar. Ahora más que nunca se hace necesario escuchar a la gente, tras dos años de una crisis inesperada. Más que discursos, escucha.
Por último y algo elemental, es la estrategia de los niños, ellos jamás se cansan de pedir lo que quieren hasta que lo consiguen: Pide el voto.
Bogotá, D. C, 9 de febrero de 2022
*Comunicador Social – Periodista.
Por Guillermo García Realpe*.- Colombia, sin lugar a dudas, es un país de muchos contrastes. La brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande, los problemas globales como la pandemia agudizaron las condiciones económicas de las familias y hoy lo que tenemos es una profunda crisis casi en todos los frentes que apenas estamos empezando a subsanar a paso lento.
Sin embargo, hace algunos días sorprendió la propuesta del alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo. Anunció que su ciudad está haciendo gestiones para lograr que en la Puerta de Oro se realice un circuito de la Fórmula 1, un deporte sobre el cual, desde las épocas doradas de Juan Pablo Montoya, no se escuchaba hablar Colombia, pero que hoy quieren revivir por todos los medios, aun cuando estamos en medio de una exorbitante pobreza.
De ninguna manera cuestionamos esas gestiones que el mandatario de los barranquilleros está adelantando. Lo que sí criticamos es el no darle prioridad a problemas locales serios, como la hambruna que padecen muchos barranquilleros debido a las precarias condiciones sociales en que viven. No es posible que mientras se está pensando en traer bólidos para el disfrute de unos pocos encopetados, por el otro lado, el 70% de los habitantes de esa ciudad no puede acceder a las tres comidas diarias. En ese punto, Pumarejo tiene doble bandera amarilla.
Al piloto de los barranquilleros se le fueron las luces, por más que él mismo quiera justificar un evento cuyo privilegio tienen hoy 22 ciudades en el mundo con muchas más capacidades económicas, logísticas y de seguridad. En fin, la capital del Atlántico difícilmente podría albergar en tres días a más de 320 mil espectadores, quienes, según las cuentas de Pumarejo, gastarían 600 dólares diarios por persona que sí se traducirían en riqueza para la ciudad, pero tal vez para los poderosos y no para los que hoy están sumidos en la más penosa hambruna en sus barrios y periferia.
Traer a la “gran carpa” del automovilismo mundial a Curramba saldría un ojo de la cara. Lo primero que habría que hacer, según portales especializados en el tema, es firmar un contrato a diez años de 40 millones de dólares por cada carrera, una locura y más aún cuando en esa región hay muchas necesidades de inversión por resolver.
Todo eso en cambio contrasta con el reciente informe de la FAO que señaló que algunos grupos poblacionales en Colombia están en riesgo de hambre aguda para 2022, incluyendo ahí a los migrantes venezolanos que deambulan por el país sin un rumbo definido.
Adicional a esto, son deplorables las condiciones de muchos niños indígenas en regiones como La Guajira o el Chocó, muchos de los cuales mueren por desnutrición, es decir, mueren de hambre. A este tipo de problemas que son inaplazables es que debieran concentrar sus esfuerzos los mandatarios y el Gobierno nacional, en vez de estar apoyando propuestas sacadas de la manga para el beneficio de unos pocos poderosos, mientras la mayoría del pueblo está pasando las duras y las maduras como consecuencia de la pandemia, la alta cifra de desempleo, la inseguridad y la carestía en los productos de la canasta básica familiar.
De eso poco entienden nuestros dirigentes, por fortuna, pronto llegará a Colombia un piloto que le pondrá freno al derroche, a la corrupción, a la miseria, a la pobreza y le meterá el acelerador a impulsar una nación más justa, más equitativa, con mejores posibilidades para nuestra gente, un piloto que no dejará estrellar a Colombia en el continuismo. Esa carrera está fijada para el 29 de mayo en un circuito que se llama Colombia, cuyos espectadores serán los electores. Quien gane estará llamado a llevar las banderas del cambio y de un verdadero salto social que permita un mejor país con nuevas oportunidades para todos.
Bogotá, D. C, 8 de febrero de 2022
*Senador Partido Liberal.
@GGarciaRealpe
