Opinión
Por Gabriel Ortiz*.- Lo que no habían logrado con el Acuerdo de Paz, lo implantaron el miércoles en la madrugada. Era un polémico “gorila”, disfrazado de “articulito” para salvar un mal gobierno e impedir la derrota del Centro Democrático, que aspira a mantenerse en el poder, a como dé lugar. Lo habían planteado cuando empezó la pandemia, cuando propusieron prolongar el mandato de Duque, cosa que no cuajó.
46 senadores enmermelados votaron en la madrugada del miércoles suspender la ley de garantías, para manipular las próximas elecciones y asegurar la reelección de los parlamentarios. A abrieron la puerta a la politiquería y a la compra de votos.
Esa maniobra duramente criticada por Duque, cuando era opositor, cambió diametralmente. Ahora, para él, es un “articulito”, para la recuperación económica, que según él ya está superada. Día a día nos sorprende con las incalculables sumas de dinero que traerán inversionistas extranjeros, con los que habla durante sus giras internacionales.
Así que para las elecciones lo hay es plata, pero plata, plata, mucha más que la apareció con la ñeñepolitica y Cayita. Adicionalmente, alcaldes, gobernadores y demás funcionarios, le aplicaron freno al gasto público, esperando la proximidad de los comicios. Las arcas están listas para utilizar la eliminación de la Ley de Garantías.
Los 46 senadores y los representantes dormirán tranquilos, a no ser que la gente recuerde sus nombres cuando estén frente a las urnas. Claro que son expertos en tamales, aguardiente, cerveza, mercados, tejas, y desde luego los billetes que mueven a nuestra pobreza.
Los otros 22, los que actúan con honestidad, deberán salir a las plazas públicas, con sus tesis, propuestas y programas para beneficiar a sus electores y en general a los compatriotas que se debate entre la miseria, las enfermedades, los desplazamientos y las penurias.
Parece que ya no hay nada que pueda cambiar las cosas. Que la Ley de Garantías nunca revivirá y que los gobiernos de turno, no admitirán justicia social, ni libertad, ni pulcritud electoral.
Quienes asaltan los dineros públicos, aprovechando la desaparición de la ley de garantías, tendrán los votos, el gobierno y el congreso.
Se esperaba que por lo menos, durante el debate del más grande presupuesto que haya tenido Colombia -de 350.4 billones- se introdujera un control al gasto, pero nada de eso ocurrió. El gobierno, el presidente Duque y su Centro Democrático, quedaron con manos libres, aviesas y lisas para actuar. Se ha violado la Constitución eliminando la ley de garantías, a lo que se suman Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Registraduría y Congreso dóciles, sumisos y ahítos de prebendas y mermeladas.
La politiquería se impuso y la compra de elecciones recibieron patente de corso. Ya no hay nada que hacer. Triunfó la corrupción.
BLANCO: Felicitaciones a Caracol y a Juan Roberto Vargas por el Premio Ondas por su excelente trabajo en Haití.
NEGRO: La intempestiva salida del país de la exministra Abudinen. ¿Pasaje sin retorno?
Bogotá, D. E, 22 de octubre de 2021
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Robinson Castillo*.-Es la institución en el mundo, que la gente ama odiar. La actividad parlamentaria es de lejos, la más vigilada por los medios, la ciudadanía y distintos observadores sociales.
De allí la importancia de enfatizar en algunas prácticas, que en muchos casos se viene realizando, pero ante la máxima exigencia ciudadana, es siempre necesario redoblar esfuerzos. Estas son algunas de ellas:
Con la sola agenda legislativa no basta. En este instrumento de consulta al público se consignan todas las actividades de comisiones, plenarias, audiencias o foros, no obstante, es clave que cada congresista informe cuál será su propia agenda dentro del trabajo legislativo, mucho lo hacen a través de sus redes, cuando son ponentes o autores de algún proyecto.
La rendición de cuentas debe ser constante. Los esfuerzos para realizarlas cada 6 meses son sin duda acertados, pero entregar de forma semanal un resumen de lo adelantando, es tal vez, el escenario más aconsejable.
Toda la información que surge en las distintas sesiones, debe entregarse al público en la mayor cantidad de formatos posibles. El clásico comunicado de prensa, aunque necesario, ya no debe ser la herramienta más inmediata. El esfuerzo por comunicar más y mejor, no da espera.
Descentralizar el Congreso es otro reto. Los Foros Territoriales que lidera el actual presidente del Senado Juan Diego Gómez, apuntan a esa dirección. Aunque se puede complementar con otras estrategias, para que las regiones sientan un Legislativo cercano.
Un Parlamento Abierto es la tendencia mundial. En el caso colombiano son diversas las herramientas que le permiten al ciudadano vincularse en los trámites de proyectos o debates. Aunque es necesario darle aún más protagonismo a la sociedad. Estamos en la dirección apropiada.
Las leyes para quién. Este es otro elemento crucial, toda vez que muchas personas desconocen los beneficios, efectos e impacto real su cotidianidad de lo que aprueba el Congreso.
Son muchos y variados los desafíos, que serán objeto de otra columna. Como reflexión final, a la democracia se debe fortalecer y los Congresos y Parlamentos, son su soporte institucional. Nadie sabe que es realmente una democracia, hasta que la pierde.
Bogotá, D. E, 22 de octubre de 2021
*Comunicador Social - Periodista
Por Juan Camilo Restrepo*.- El barón Louis fue un famoso ministro de hacienda de Francia en el siglo XIX. Una especie de Esteban Jaramillo de su época. Un buen día presentó el presupuesto anual ante la asamblea nacional, y un diputado le dijo: ministro es el presupuesto más abultado que nunca habíamos estudiado. A lo cual Louis le respondió: tiene razón, pero mire bien este presupuesto. Usted está muy joven y seguramente estará muchos años en estos bancos parlamentarios. Nunca volverá a ver un presupuesto tan pequeño como este.
La anécdota me viene a la memoria ahora que las comisiones económicas del congreso han aprobado el presupuesto para la vigencia del 2022 por un monto de $ 350 billones. El ministro de hacienda ha dicho que es el más grande “de la historia”. Y es cierto; pero nunca volveremos a ver uno tan pequeño en los años venideros. Los presupuestos siempre crecen en cifras absolutos de un año a otro.
Lo que es importante analizar en las leyes de presupuesto no es tanto sus valores absolutos sino: ¿cómo están financiados? ¿qué tanto con deuda y cuanto con ingresos tributarios? ¿Cuáles de las partidas aprobadas van a gastos de funcionamiento y cuales a inversión? ¿De qué magnitud es el déficit que entraña cada presupuesto? Esas son las preguntas fundamentales para juzgar la bondad de la ley anual de gastos y apropiaciones.
Ahora bien: el comité directivo de la “regla fiscal”- que tuvo su primera reunión ya reconstituido la semana pasada- informó que para completar el ajuste fiscal que se necesita para disminuir los índices de endeudamiento que se han disparado con la pandemia, el país necesita un ajuste adicional al que acaba de hacerse con la ley 2155 de 2021, por lo menos de $ 6 billones. Es decir, como el mismo gobierno ya lo había anticipado con la última reforma tributaria logramos apenas 2/3 del ajuste que se necesita, pero queda pendiente 1/3. Tarea que queda para el próximo gobierno que se tendrá que inaugurar con una nueva reforma tributaria.
¿Qué opinan los muchos candidatos que están en la palestra sobre el contenido de la reforma tributaria que ineludiblemente le corresponderá proponer e implementar al vencedor en próximas elecciones? Hasta el momento reina un silencio sepulcral: ¿Subirán las tarifas de las altas rentas y de las pensiones? ¿Proponen algo sobre el impuesto al patrimonio o sobre los dividendos? ¿Cuáles de las recomendaciones de la comisión de expertos en privilegios tributarios que este gobierno convocó, pero cuyas recomendaciones ignoró olímpicamente, van a acoger? ¿Cuál es la propuesta para los descaecidos fiscos de departamentos y municipios?
El parteaguas entre las propuestas populistas y los programas serios entre los cuales deberá escoger Colombia en menos de un año se va a marcar con las propuestas fiscales y tributarias. Los populistas propondrán más gasto, menos ajuste fiscal, probablemente menos impuestos y más endeudamiento; las propuestas de los candidatos responsables en recuperar la viabilidad fiscal del país ofrecerán más impuestos progresivos y más gasto público que privilegie lo social con equidad.
La pandemia nos deja un desbarajuste social inmenso: más pobreza, alto desempleo, y una creciente marginalidad. Para recuperarnos Colombia requerirá del próximo gobierno una política fiscal que termine el ajuste aún incompleto dentro de un marco de gasto público con énfasis en lo social. Para que el voto ciudadano sea inteligente tendrá que analizar con lupa qué proponen los candidatos sobre el tema fiscal. Asunto que no por ser delicado puede ser eludido por los candidatos.
Bogotá, D. C, 34 de octubre de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por Guillermo García Realpe*. – Tras extenuantes jornadas, el Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que modifica el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, tras 35 años de vigencia. Pero no fue del todo positivo los cambios efectuados, porque las aseguradoras o compañías de seguros seguirán manipulando a su antojo las tarifas, en detrimento de los usuarios y a favor del sector privado para que se sigan llenando los bolsillos de millonarios recursos.
Yo no vote, no controvierto a los autores del proyecto y sus ponentes, sino al sistema que ha operado en Colombia en los costos de los seguros , de las multas, de las foto multas, de las arandelas que hoy tienen que cubrir usuarios particulares y sobre todo usuarios de vehículos públicos como taxistas y motociclistas, que hoy tienen que trabajar no para el sustento de sus familias, sino para pagar los costos de los seguros, los costos de las multas, los costos de las grúas, los parqueaderos en las secretarías de tránsito, y además el exagerado precio que valen las licencias de conducción en Colombia.
Es que no solamente la DIAN, la UGPP y otras estructuras tributarias del Estado han dictado estatutos, sino que alrededor de estos temas del tránsito y el transporte y lo que tienen que pagar los taxistas y motociclistas en Colombia, es exagerado. El proyecto tiene como objeto evitar la evasión, es decir, indirectamente proteger las compañías de seguros, ¿los bolsillos de ellos y quién es el dueño de las compañías de seguros en Colombia? por supuesto Luis Carlos Sarmiento Ángulo, quien está detrás de que ojalá le paguen cumplidamente los motociclistas y los taxistas de Colombia o los usuarios de los carros particulares.
Yo creo y lo plantee durante el debate que es mejor luchar contra la evasión, no con estatutos o conculcaciones, sino con tarifas justas de esos seguros. Estoy de acuerdo que debe haber seguros, para amparar los riesgos, los accidentes, los daños, y por supuesto los gastos de salud y hospitalarios, pero las tarifas que hoy tienen los SOAT en Colombia en muchos casos son bastantes onerosas.
Para la muestra un botón, en mis recorridos por el país acostumbro a dialogar con la gente y les pregunto acerca de todo lo que les afecta el bolsillo y un caso fue hace algunos meses en Bruselas, el corregimiento más grande de Colombia, ubicado en Pitalito, sur del Huila; le pregunté a un campesino de la región el costo de su SOAT y me respondió que paga $700 mil pesos al año, cuando su motocicleta escasamente supera el millón de pesos en su valor comercial, obviamente es su caballito motorizado que los transporta. Entonces estos colombianos están trabajando es para las aseguradoras.
Es mejor que, reglamentemos el tema de costos de esas tarifas del seguro del SOAT y otras y así la gente paga el seguro, yo creo que la evasión, el no pago de estos seguros está en el costo de las tarifas, si bajan las tarifas la gente paga, si las tarifas son altas, entregan las motocicletas y van a los parqueaderos de las secretarías de tránsito donde son verdaderos cementerios de miles y miles de motos y carros abandonados a su suerte, porque les sale más caro pagar las multas de esos seguros que el costo de sus vehículos.
Pero aquí el Gobierno y las aseguradoras, nos dicen que en juego están más de dos billones de pesos que cada año aporta el SOAT a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), más lo que se destina para atender a los lesionados en siniestros de tránsito, unos 700.000 al año. Ese tema es muy complejo porque no van a querer ceder.
Sino es la DIAN, es la UGPP, todo el mundo quiere sacarles los ojos a los usuarios de los diferentes servicios y la gente ya no aguanta más. Ahora bien, con lo aprobado por el Congreso, se da algún contentillo a millones de usuarios, eso más bien suena a un populismo legislativo para aclimatar el descontento ciudadano.
Y es que de los más de once millones de colombianos que tienen habilitadas licencias de conducción, 4.7 millones no tendrán que renovar su “pase” a partir de enero, porque habrá una extensión de dos años para adelantar ese proceso, es decir que, se suspende el vencimiento de la licencia a partir del próximo 31 de diciembre por dos años más. En otras palabras, sí usted tenía que renovar o refrendar su licencia el próximo año, ese trámite lo tendrá que adelantar a partir de enero de 2024.
También se aprobó que habrá descuento del 10% sobre el valor del SOAT, siempre y cuando los propietarios de motocicletas y vehículos, no hayan tenido accidentes durante los años 2020 y 2021 y que haya desde luego, renovado oportunamente la póliza. Si pagaban 700 mil pesos, por ejemplo, pagarían 630 mil pesos en ese trámite y en el caso de las motos entre 150 y 200 centímetros cúbicos que son las más usadas en Colombia que actualmente pagan 495 mil pesos pasarán a pagar 445.500 pesos con la nueva ley. Si nos damos cuenta, es una reducción insignificante, pero ya hay quienes empiezan a “sacar pecho”.
Aquí lo desafortunado fue que se desaprovechó una buena oportunidad para reglamentar de manera seria las tarifas tan altas que hoy pagan los colombianos por concepto del SOAT, rebajar sustancialmente esas tarifas que hoy son un atraco al bolsillo de los usuarios, y también poner en cintura a los miles de intermediarios que venden el seguro bajo altos porcentajes de comisión. Se calcula que en el país hay más de 22.000 intermediarios que venden el SOAT y muchas de estas empresas captan hasta 25% del valor que pagan los usuarios para asegurar su vehículo, eso sí hubiera sido una verdadera Ley, lo demás es populismo legislativo.
Bogotá, D. C, 4 de octubre de 2021
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Juan Manuel Galán*.- En Colombia, la igualdad de género sigue siendo más una promesa que una realidad. Día a día, millones de mujeres en nuestro país deben enfrentar barreras de discriminación laboral, política y social que atentan contra sus posibilidades de desarrollarse plenamente y que las ponen en condiciones de inferioridad frente a los hombres. Además de eso, los feminicidios -320 entre enero y junio de 2021 según el Observatorio de Feminicidios Colombia- y la violencia sexual, entre otros tipos de violencia de género, siguen creciendo y las instituciones que deberían protegerlas no les ofrecen garantías a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas, por lo que denunciar o hacer público un abuso termina produciendo más bien que ellas sean re-victimizadas y no que se les proteja y garantice justicia.
Es preciso acordar un punto de partida: jamás podremos tener una sociedad justa y democrática, si las mujeres, niñas y adolescentes siguen siendo victimizadas y desprotegidas por nuestras instituciones, y si las agendas de igualdad de género se mantienen marginalizadas en los espacios de toma de decisiones políticas, económicas y sociales. No podemos seguir creyendo que las violencias contra las mujeres no son relevantes para toda la sociedad y tolerando patrones morales machistas que le asignan la culpa de una violación sexual a la víctima. Por eso, o avanzamos decididamente en una agenda estructural de igualdad de género o no tendremos viabilidad democrática.
La forma en que nuestras instituciones públicas legislan, gobiernan o hacen justicia no puede seguir ajustándose a la medida de los hombres. La paridad y las agendas de igualdad de género deben ser centrales en nuestras leyes, presupuestos públicos y planes de desarrollo, y los feminismos no pueden seguir siendo estigmatizados y excluidos. Necesitamos más mujeres eligiendo y siendo elegidas: más mujeres en el sector público para lograr la paridad, y más mujeres expertas en temas de género en cargos de poder para construir política pública para todas y todos.
Las mujeres no pueden ni deben recibir menos pago que los hombres ni contar con menos oportunidades de promoción en su trabajo; deben recibir educación sexual apropiada y libre de estereotipos que les permita tomar decisiones informadas; dado que el 40% de las mujeres ya han tenido su primer hijo a los 19 años, deben contar con guarderías para sus hijos financiadas por el Estado y por el sector privado para facilitarles su acceso a la fuerza productiva; deben tener un mejor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. En suma, debemos asumir con seriedad el compromiso democrático de construir una sociedad igualitaria.
Bogotá, D. C, 3 de octubre de 2021
*Precandidato presidencial. Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Tamaña sorpresa la que me llevé recién posesionado como Ministro de Minas y Energía. Como se recordará, mediante el Decreto 4131 de 2011 se le cambio de naturaleza y denominación al INGEOMINAS, para darle vida al Servicio geológico colombiano (SGC). Entre sus funciones y competencias le atribuyeron “la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo”, entre ellos el agua, además de “administrar la información del subsuelo”.
Pues bien, cuando me citaron para presidir la primera Junta del SGC no dudé en confirmar mi asistencia y concurrir a la misma, a contrario sensu de lo que solía darse, ya que, según fui informado, la mayoría de los ministros que me antecedieron delegaban su representación en cabeza de algún subalterno. Me atraía y me interesaba, por razones obvias, la problemática del agua.
Al hacerme la presentación de la misión, la visión y los valores de la entidad por parte de su Director general Oscar Paredes, me llamó poderosamente la atención que una de las tareas claves que adelanta la misma es el estudio del recurso hídrico mediante perforaciones de pozos exploratorios, con miras a determinar la existencia de acuíferos y las zonas de recarga hídrica en el subsuelo, amén del análisis fisicoquímico e isotópico del agua alojada en tales reservorios y a partir de tales registros establecer el Modelo y el ciclo hidrogeológico y geofísico. A partir de esta valiosa información el SGC ha hecho un levantamiento georreferenciado que le ha permitido contar con un mapeo de sus hallazgos y la identificación de las fuentes de las cuales se surten.
Después de su exposición, le pregunté al Ingeniero Paredes, cuánto costaba la perforación de cada pozo exploratorio y qué hacían con el mismo después de recabar la información que se buscaba y tener a mano los registros obtenidos a partir de las pruebas a las cuales era sometido. Me contó que, en promedio, la perforación de un pozo hasta los 500 metros de profundidad podía costar $1.200 millones y una vez logrado su cometido el mismo era sellado y abandonado.
Mi reacción, de neófito en el tema, fue manifestarle a la Junta que mi conclusión era que el SGC iba dejando a su paso por todo el territorio nacional unas “guacas” enterradas de $1.200 millones. Y se me ocurrió preguntarle al Director del SGC, haciendo un símil con la industria petrolera, con respecto a la cual mi conocimiento no era tan precario como en materia hidrológica, por qué, así como cuando se perfora un pozo exploratorio buscando petróleo y este se encontraba en cantidades y calidades que justificaba su desarrollo el mismo se convertía en productor, no se hacía lo propio con los pozos exploratorios de agua.
La respuesta afirmativa que recibí me satisfizo mucho y me llevó a plantearle una propuesta al Ingeniero Paredes, para que en adelante los pozos exploratorios perforados, una vez obtenida la información pertinente en lugar de sellarlos se le entregara en administración a la entidad responsable del manejo del recurso hídrico en los territorios y por este medio ponerlos a disposición de los operadores de los acueductos. En efecto, el primer convenio interadministrativo se firmó con la Corporación Autónoma de La guajira (CORPOGUAJIRA), a la cual le entregamos dos pozos en el Municipio de Maicao, tres en Riohacha, uno en Manaure y otro en Uribia, con una capacidad entre 50 y 60 litros por segundo cada uno de ellos, justo en momentos en los que La guajira era azotada por una sequía extrema que puso en riesgo el abastecimiento de agua potable a la población.
Mi optimismo se acrecentó cuando supe que, según Teresita Betancur, profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que “La guajira también es agua…Estos embalses de agua subterránea guardan las reservas que pueden garantizar el futuro abastecimiento para la población del Departamento”. Es más, de acuerdo con ella, se viene aprovechando para todos los usos sólo el 4% de su potencial anualmente, mientras que la recarga hídrica es del 30%.
Así nació una nueva política pública y con base en ella, se implemento un plan de contingencia, disponiendo de una batería de pozos profundos, para paliar la calamidad pública que afrontó el Distrito de Santa Marta en el año 2014 debido al desabastecimiento de agua potable a causa de la disminución del caudal de los ríos Piedras, Manzanares y Gaira, de los cuales se sirve el acueducto del Distrito. La misma se hizo extensiva posteriormente al Eje cafetero y hasta Boyacá.
Con base en la experiencia anterior, me propuse como Ministro promover un documento CONPES que contuviera los lineamientos de una Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Se trataba y se trata de articular las acciones de las distintas dependencias del Estado y de esta manera aprovechar las sinergias producto de su coordinación y concurrencia, en procura de hacer un uso más eficiente del preciado líquido. Esta propuesta se propone además enfrentar el cambio climático y sus estragos, que ponen en riesgo el abastecimiento de agua potable a la población, a través de estrategias de prevención, mitigación y adaptación. Desafortunadamente no me alcanzo el tiempo de permanencia en el Ministerio para haberlo cristalizado. Esta sigue siendo una asignatura pendiente.
Cota, octubre 2 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Gabriel Ortiz*.- Después del descomunal y exagerado despliegue que nuestra prensa dio al rumboso viaje del Presidente Duque por Europa y Estados Unidos, nos encontramos con otra realidad. No somos ese maravilloso país de Alicia, que quiso vender como grandioso, rico, prometedor, generoso y desbocado por lo social.
En la Feria del Libro, dedicada a Colombia, no pudo presentar su libro sobre la Economía Naranja, porque casi todas sus apariciones en Madrid, fueron interrumpidas por manifestaciones que repudiaban su presencia. Protestaban sus trabas al proceso de paz, por los asesinatos de excombatientes, por la creciente pobreza, por la corrupción, por violaciones a los DDHH y en general por su mal gobierno.
En Estados Unidos se rodeó de los magnates, que según él traerán sus capitales a nuestro país, al tiempo que el Congreso norteamericano le recortaba presupuesto para glifosato y Esmad.
Quiso ponernos como país ejemplar ante las Naciones Unidas, utilizando su gran gestión para la paz, mientras la consideraba como precaria.
Cansado de prolongar un viaje tiquismiquis, decidió regresar henchido de orgullo por tantas alabanzas de ciertos medios manejados desde la Casa de Nari.
Quería descansar de tanta zalamería, y de pronto encontrar a alguien que le jalara el saco, para salir del país de Alicia, de ese que no se plasma desde el grandioso Boeing a 9 mil metros de altura repleto de aduladores.
Entre tanto Sebastián Piñera, el chileno, lo esperaba para asistir a un apretado y casi secreto acto, con el que Duque celebraría los 5 años de la precaria paz, como la calificó ante la Onu. El ex guerrillero “El cantante de las Farc”, los esperaba en Turbaco, municipio del que es alcalde.
Piñera estuvo feliz lejos de Bogotá y sin manifestaciones como las que soportó recientemente en su país.
“El cantante” de las Farc, le dio cátedra a Duque: “la paz tiene que ver con los problemas sociales”, le dijo, mientras condenaba la matanza de líderes sociales durante este gobierno. Van más de 280.
El domingo, ya en Bogotá, Duque se enteró, a través la columna de María Isabel Rueda que, Uribe su mentor padecía de “fatiga de metal” que lo ha llevado a una esquina anti-duquista, como consecuencia del “crepúsculo”, decadencia u ocaso, en que se encuentra. Que patina en una especie de barrizal, para tratar de explicar, “a la loca”, las amnistías e indultos que propone.
El Presidente creyó que podría descansar, cuando se esclarecieran las abudinaciones en Mintic. Pero su superdefendida, ya exministra, no logra aclarar nada. Está enredada y ahora dice, sin pruebas, que todo el mundo, la llamó por el billón de pesos que hoy viajan por el mundo.
Muchos esperan que Duque supere el cansancio de un mal e improductivo viaje, de la fatiga del metal y de las llamadas de su exministra. ¿Podrá ahora descansar?
BLANCO: Cambio, llegará con un nuevo aire de independencia para los colombianos. Buen viento Daniel.
NEGRO: Duque no pidió a Piñera clemencia para los colombianos refugiados en Chile.
Bogotá, D. C, 2 de octubre de 2021
Por Robinson Castillo*.- Alemania se quedará pronto sin Ángela Merkel, pero el resto del mundo la extrañará más. Es que se va la mujer más poderosa de la política internacional, una influencia que traspasó todas las fronteras. Sobria, reservada y eficiente.
Es una mujer de carácter. No asumía compromisos sino hasta último momento, hasta analizar todas las posibilidades, según relatan asesores de su inmediato entorno. No promete en vano.
Uno de sus símbolos más importantes, es el de juntar sus dedos en forma de diamante. Este gesto que siempre lo usó, no es menor, refleja lo que ha demostrado: seguridad, tranquilidad y muchos resultados.
Concluyen 16 años como Canciller de Alemania, con un respaldo que ronda el 70 por ciento. Algo impensado con cuatro mandatos consecutivos, lo que la eleva a la categoría de la líder más importante del siglo XXI en Europa. Para algunos, es todo un misterio tanta popularidad sostenida.
Merkel nunca se dejó manipular por el poder. El ego jamás la atrapó y logró mantener a metros y blindada su vida personal. Su excesiva capacidad de análisis, pero por encima de todo, de escucha, la convirtieron en leyenda.
Angela Merkel entra de lleno a la política dos años después de la caída del muro de Berlín y una década posterior, era elegida presidenta de la Unión Demócrata Cristiana. Ascenso meteórico.
Este crecimiento, liderazgo y ahora legado, se concentra en un método muy pragmático pero eficiente: Su enorme capacidad para adaptarse al momento presente, como ocurrió con su gestión de la pandemia, al considerarla el mayor reto después de la Segunda Guerra Mundial. Se aleja de las metas de largo plazo. La gestión cotidiana y los pasos pequeños, dan grandes resultados, dicen sus personas de confianza.
Su capacidad física también es otra fortaleza. Nunca abandonó una negociación hasta no concluirla, así se transcurría la noche entera. No ahorra esfuerzo alguno y parece nunca importarle el horario. Casi nunca mostró en público signos de cansancio.
¿Qué hemos aprendido hoy? Así se refería en cada encuentro de algún tipo de reunión de alto nivel. Sin duda, el mundo extrañará a este tipo de líderes. Recientemente para sorpresa de muchos, se declaró feminista. Otro aporte para su enorme prestigio.
Se va esta Doctora en química cuántica, la que nunca le importó repetir vestuario, su favorito sin duda, la chaqueta de diversos colores y de botones grandes. Con una forma de comunicar sencilla, básica, aunque contundente. Angela Merkel es en esencia, una verdadera marca de liderazgo. Mantuvo un método inalterable: “Para mí, la política se basa en resultados” Y la otra: “No ganes discusiones”. Mucho por aprenderle.
Bogotá, D. C, 2 de octubre de 2021
*Comunicador Social-Periodista
Por Simón Gaviria*.- La vivienda en Colombia va disparada. Las políticas del gobierno nos condujeron a 2.311 unidades vendidas por millón de habitantes, casi cuatro veces el nivel de Brasil, aunque hay una tendencia a que disminuya la densificación. Las viviendas se construyen donde hay empleo, en 2021 el 50 % se ubicaron en las cinco principales aglomeraciones. Pero en esa nueva dinámica, los ciudadanos se están alejando de los municipios núcleo, 73 % de las nuevas viviendas ocurren en municipios aledaños. En otras palabras, en vez de Bogotá, se prefiere Chía. Los POT que se discuten pospandemia deben tener en cuenta el cambio climático, un colapso en densidad sería calamitoso.
Para muchos no es evidente, pero una de las principales funciones de la ciudad es la sostenibilidad ambiental. A pesar de nuestra visión idílica de la ruralidad, la densidad de la ciudad permite una prestación de servicios más eficiente. Facilitar energía, transporte o agua es más fácil cuando los costos de suministro se diluyen entre más. Según el Instituto Brookings en EE. UU, los residentes urbanos tienen una huella de carbono 14 % más baja que los demás.
No obstante, la claustrofobia de la cuarentena hizo que muchos buscaran refugio en la ruralidad y ciudades intermedias. En Medellín, por ejemplo, a agosto de 2021 se vendieron 700 mil viviendas menos que el año anterior, al tiempo que, en el área metropolitana, aumentaron 2,4 millones. Más pronunciada fue la experiencia de Cali donde la venta de viviendas en municipios aledaños aumentó 108 %, durante el mismo periodo. Siguiendo la misma tendencia, la venta de vivienda en municipios aledaños de las cinco principales ciudades aumentó 47,1 %. Debido a lo anterior, cuando volvamos a medir va a caer la densidad.
En paralelo, solo 37 % del país tiene el POT actualizado y entre las ciudades de más de 100 mil habitantes apenas 58 % está al día. Así las cosas, aún hay oportunidad de hacer un ordenamiento de calidad, teniendo en cuenta las nuevas realidades de la pandemia. Útil tener en trámite a Bogotá y Cartagena que son referentes de urbanismo a nivel nacional. Hay que habilitar más suelo para construir a mayor altura y zonificación mixta, pero garantizando más espacio público.
Shlomo Angel en su ensayo sobre la Anatomía de la densidad, ilustra la realidad de las ciudades. En esencia, la densidad viene de cuatro variables: altura, ocupación, espacio público y uso residencial del suelo. Hay ciudades que son densas por su altura como Hong Kong y otras por hacinamiento como Kinshasa. Bogotá, por su parte, es líder en cuanto a densidad sin espacio público. Como Bogotá, híper-densas, son la mayoría de ciudades en Colombia, casi el doble del promedio de América Latina. La falta de espacio público es una constante.
Debido a esta realidad, los nuevos POT deben permitir mayores densidades, pero ser agresivos en el espacio público. En el último estudio de Minvivienda sobre los POT: 32 % no definieron su suelo de expansión y 14 % ni siquiera el suelo de protección. Habilitar la densidad inteligente no solo permite disminuir la huella de carbono sino también la inclusión social. Es una coyuntura para hacer todo mejor, las decisiones de hoy definirán el futuro de las ciudades por siglos.
Bogotá, D. C, 28 de septiembre de 2021
*Actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y presidente de la cámara. También padre de Sofía, Filipa, y Victoria.
Por Guillermo García Realpe* – Una nueva jugadita a los colombianos y especialmente a la democracia hizo recientemente el gobierno nacional al impulsar un artículo dentro del proyecto del Presupuesto General de la Nación para derogar el artículo 38 de la Ley 996 del 2005 o Ley de Garantías que entra en vigencia en algunas semanas.
Y es que, con lo aprobado por las comisiones económicas de Cámara y Senado, borran de un plumazo esta herramienta legal que evita que la contratación estatal sea utilizada de manera indebida en prácticas políticas o electoreras. Es que los recursos públicos deben estar protegidos y alejados de los tiempos electorales.
Yo me imagino a muchos contratistas inescrupulosos a lo largo y ancho de Colombia frotándose las manos ante alcaldes y gobernadores solicitando contratación directa para ejecutar obras en plena campaña electoral.
Esto de por sí ya es muy grave, se convierte en un peligro para la democracia porque en ese sentido no habría ninguna garantía para los partidos de oposición, minoritarios o independientes, porque todos los dineros públicos estarían dirigidos a ejecutar recursos en proyectos para beneficiar a los amigos del gobierno y aprovechar esa coyuntura para redireccionar el caudal electoral en las regiones para los candidatos afines a su ideología, que en este caso sería más por conveniencia que por un sesgo ideológico.
Pero a todas luces es un trámite inconstitucional, la modificación en el debate legislativo va en detrimento del artículo 152 de nuestra Constitución Nacional, el cual ordena darle trámite de ley estatutaria a los temas relacionados a la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República y a las diferentes corporaciones públicas.
Pero lo que resulta mas curioso aún, es que, cuando Iván Duque fue senador, se opuso con contundencia a una iniciativa similar en el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, durante una sesión plenaria se despachó y textualmente manifestó; “se quiere aprovechar una figurita para que ahí se pueda colar una mermelada. Aquí lo que están haciendo es que la contratación estatal se adecue conforme a los intereses del partido de gobierno y eso lacera la democracia colombiana. Hay que buscar que la Ley de Garantías se mantenga, porque da ejemplos en la contratación estatal y evita que el partido de gobierno perpetue sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos. Si esto queda así, estaríamos dándole cristiana sepultura a la existencia de partidos minoritarios con vocación de oposición” es decir que Duque pasó en menos de cuatro años de defensor de la Ley de Garantías a ser el propio sepulturero de los partidos minoritarios, sin duda, un precedente bastante nocivo para la democracia en Colombia.
Esto que han hecho en los primeros debates las Comisiones económicas se convierte en un verdadero atentado a la democracia, porque no habría garantías para ningún partido, salvo para el de gobierno y sus aliados, incrementará la corrupción en las regiones porque mandatarios locales y regionales estarían dando contratos a dedo a sus amigos y por ahí derecho direccionando por qué candidato se debe votar, eso es muy gravoso y no lo podemos permitir.
Nos han venido con el cuento que es necesario acabar con la Ley de Garantías para lograr la reactivación económica del país, todos sabemos que Colombia y el mundo viven un mal momento, pero tampoco no todo vale en esa recuperación de la economía.
Es que, a este gobierno, nada le sirve y lo que no esta a favor de sus intereses buscan por todos los medios acabarlo o hacerlo trizas. A ellos, no les gusta la oposición, no les gusta la paz, no les gusta las Cortes, no les gusta la protesta social, no les gusta la defensa del medio ambiente, no les gusta la ética, en fin, a ellos solo les gusta la burocracia, el derroche, la guerra, la feria de los mega contratos y todo aquello que fortalezca sus intereses, porque sólo buscan el lucro para los de arriba y las élites, mientras el pueblo y el ciudadano del común pasan las duras y las maduras como se dice en el argot popular.
Ojalá que las plenarias nieguen ese artículo, pero con las mayorías del gobierno su aprobación está casi que asegurada, solo nos queda confiar en la Corte Constitucional para que niegue ese esperpento.
Bogotá, D. E, 29 de septiembre de 2021
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe