Opinión

Por José G. Hernández*.- Al momento de escribir estas líneas no sabemos si las plenarias de Senado y Cámara han aprobado o desechado dos artículos de iniciativa gubernamental, incluidos en el proyecto de ley de presupuesto para 2022, que fueron aprobados por las comisiones terceras y cuartas (de asuntos económicos) en sesión conjunta. Mediante uno de ellos se suspende parcialmente la Ley Estatutaria de Garantías Electorales (996/05), para permitir -en plena campaña- que entidades del orden nacional y territoriales celebren convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. El otro contempla el traslado de afiliados de fondos de pensiones privados a Colpensiones, siempre que se trate de hombres mayores de 52 años o de mujeres mayores de 47, que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al régimen de prima media.

No entramos a discutir -ya habrá ocasión de hacerlo- si esas propuestas son convenientes o no. Hay argumentos en pro y en contra. Lo que nos preocupa, desde el punto de vista jurídico, es la gravedad del precedente que se sentaría, contra la vigencia y observancia de las reglas propias del Estado de Derecho. En especial, si se hace a sabiendas y por parte de Gobierno y Congreso, que deberían ser los primeros llamados a cumplir las reglas constitucionales sobre aprobación de las leyes de la República.

El artículo 158 de la Carta consagra el principio de unidad de materia, según el cual "todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto". 

Los dos artículos propuestos no son sino “micos”, es decir, normas que nada tienen que ver con el asunto tratado en el proyecto de ley, pero cuyos redactores, aprovechando un articulado frondoso y técnico, añaden, colgándolas subrepticiamente para que pasen desapercibidas y se aprueben. Con ello es vulnerado el principio de unidad de materia, plasmado en los artículos 158 y 169 de la Constitución. Según la primera de esas disposiciones, todo proyecto de ley -con mayor razón si es la de presupuesto- debe circunscribirse a una misma materia (en este caso la presupuestal), siendo “inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”, al paso que la segunda estipula que “el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido”.  

De otro lado, la Carta Política estableció las leyes estatutarias, de la más alta jerarquía, para materias muy especiales. Una de ellas, la Ley de garantías electorales. Su reforma o derogación requiere, por tanto (Art. 153), otra ley estatutaria, primer debate en las comisiones primeras constitucionales de Senado y Cámara (no en las económicas), trámite en una sola legislatura, con mayorías calificadas y revisión previa y oficiosa -formal y material- de la Corte Constitucional. 

Suspender una norma estatutaria permanente por ley ordinaria y temporal -la del presupuesto-, es un adefesio, según nuestro sistema constitucional, con mayor razón si aquélla consagra garantías.

Lo dicho -de ser aprobado- resquebraja los principios democráticos, perjudica gravemente el prestigio de Gobierno y Congreso, y envía un pésimo mensaje al país.

Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La semana pasada decía que el premier chino Xi Jinping estaba empezando a tomar medidas para resucitar el viejo objetivo maoísta de “prosperidad compartida”, controlar el capitalismo salvaje que se ha adueñado del país y disminuir un poco las enormes desigualdades que ha creado. Otros interpretan estos movimientos como una estrategia para rescatar al capitalismo de sus propios excesos, tal como ocurrió en Estados Unidos un siglo antes.

El proceso seguido desde 1980 en la China comunista/capitalista ha sido comparado con lo que Mark Twain llamó la “época dorada” (Gilded age) de Estados Unidos, al final del siglo XIX. Una época de acelerado crecimiento industrial, consolidación de monopolios como el petróleo, los ferrocarriles o el acero, de gran especulación financiera y abuso a los consumidores; época de brutal desigualdad y los primeros multimillonarios, llamados los “barones ladrones” por la forma corrupta en que lograron sus fortunas.

Como reacción vino la llamada “Época Progresista” con fortalecimiento de los sindicatos, estrictas leyes antimonopolios y reformas políticas, sociales y laborales que buscaban mejorar las condiciones de los obreros, pero también profundizar la democracia. Ahí acaba la similitud con China, donde el control a los monopolios capitalistas va de la mano con el fortalecimiento del partido comunista.

Desde 2012 Xi anunció políticas para disminuir la pobreza y combatir las alianzas corruptas de empresarios y funcionarios públicos. En los dos campos ha logrado avances. Más recientemente ha iniciado una ofensiva contra los grandes monopolios tecnológicos y otra para mejorar la equidad en la educación.

A finales de 2020 detuvo la oferta pública de acciones de la empresa fintech del gigante de comercio electrónico Alibaba, controlado por el hombre más rico de China, Jack Ma. Esta operación iba a ser la mayor oferta de acciones mundial y fue suspendida solo dos días antes con el argumento de que las operaciones financieras del grupo eran demasiado riesgosas. De hecho, después fue sometida al control del Banco Central de China.

En abril de este año a Alibaba le fue impuesta una multa de USD 2.800 millones por prácticas monopólicas. A diferencia de otros países, Alibaba no recurrió la multa sino que Jack Ma pidió excusas en público y se comprometió a ser más responsable con la sociedad. Después ofreció donar USD 15.000 millones para proyectos sociales.

En materia de educación el objetivo es lograr una verdadera igualdad de oportunidades fortaleciendo la educación pública y eliminando las ventajas que da la privada para acceder a mejores universidades y empleos. Para ello se controlaron las lucrativas empresas de tutores privados, causando grandes pérdidas a sus accionistas.

Son muchas otras las medidas de control de los monopolios, así como otras de mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, dándoles mayor acceso a salud, educación y vivienda. Está por verse si el resultado final será solo un capitalismo menos salvaje o un cambio más profundo que genere un maoísmo del siglo XXI.

Cali, 27 de septiembre de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como bien lo dijo Joseph A. Schumpeter, “la innovación implica, por virtud de su naturaleza, una gran paso y un gran cambio…y difícilmente se mantiene alguna de las formas de hacer las cosas que fueron óptimas antes”. Y es propio de la innovación y la tecnología su evolución disruptiva, a saltos. Así se explica que la primera revolución industrial (1784) fue posible gracias a la invención de la máquina a vapor, la segunda (1870) se caracterizó por la generación eléctrica a gran escala, concomitantemente con la invención del motor de combustión interna, la tercera (1969) por la electrónica y las tecnologías de la información y la cuarta, la actual, por los sistemas físicos cibernéticos (Big Data, IoT, Smart Cities y la inteligencia artificial).

Nada ni nadie escapa a esta realidad incontrastable, pues, como lo afirma Martín Merino Eiró, “la transformación digital deja de ser un objetivo para crecer y se convierte en una urgencia para sobrevivir”. Y continúa diciendo que con la pandemia sobrevino un salto tecnológico muy brusco, abrupto, en el cual el gran protagonista ha sido la virtualidad. Y esta llegó para quedarse, ahora “hay que hacer las cosas de manera distinta” y en un escenario en el que la gestión de la información y la calidad de la misma se tornan críticas en la toma de decisiones empresariales. La analítica digital es la clave para poder sacar provecho del cúmulo de información del que ahora se dispone en la nube, con una capacidad de almacenamiento infinita y del procesamiento de la misma, ahora al alcance de un clip en el computador o en el Smartphone.

No cabe duda que la Transición energética es tecnológica y la automatización de sus actividades y procesos van de la mano con la Transformación digital. Como lo afirma el Gerente de Desarrollo de Negocio en el área de Utilities en Minsait Colombia Cesar Piñeros, “la digitalización en la transición energética es una realidad que poco a poco va ganando terreno en Colombia y en el mundo. Contar con las herramientas digitales adecuadas será la clave para que las compañías gestionen sus activos y la información que estos generan para integrarse al nuevo modelo en construcción”. Ello dará lugar a una reconfiguración de la cadena de valor que va desde las fuentes de generación, la generación misma, el transporte de la energía, su comercialización y distribución, hasta llegar al último eslabón de la cadena, el consumidor.

Como lo afirma el Presidente de la Asociación Colombiana de distribuidores de energía eléctrica (ASOCODIS) José Camilo Manzur, la innovación, la tecnología y el ecosistema digital cuenta con un amplio campo de aplicación en este sector de cara a la Transición. A guisa de ejemplo cita él que “por ejemplo, la inteligencia artificial en microrredes se ha convertido en una estrategia para el ahorro de la energía, la independencia energética, la eficiencia y la protección durante una contingencia que requiere mejoras en la operación y una adaptación continua”.

La adopción de estos nuevos desarrollos tecnológicos, así como la adaptación  y modernización de los mismos en las actividades y los procesos inherentes a este sector agregan valor y contribuyen al ahorro, a la reducción de costos y a la eficiencia energética. José Camilo Manzur trae a colación la experiencia al respecto en los EEUU. Se pudo determinar, según él, que “el impacto económico, sectorial y laboral de las inversiones realizadas en redes inteligentes y digitalización del sector eléctrico puede resultar en beneficios más allá de las empresas de servicios públicos. Por ejemplo, se encontró que por cada millón de dólares de gasto directo, el PIB se expandió entre 2.5 a 2.6 millones de dólares”.

Así entendida la Transición energética, que pasa por la modernización del sector, abre espacio para la incursión de nuevos agentes en la cadena, destacándose entre ellos el agregador de la demanda, el cual propende por la gestión activa de la demanda, la cual ahora, con el nuevo marco legal y regulatorio, adquiere una gran relievancia y empoderamiento al consumidor, el cual dejará de ser un agente pasivo para adquirir su doble carácter de productor y consumidor (Prosumidor). El agregador de la demanda está llamado a ser el gran articulador de distintos agentes de la cadena, participando en el mercado eléctrico, tanto mayorista como minorista e incluso prestando sus servicios al administrador y operador del Sistema interconectado nacional (SIN).

La convergencia de la digitalización, la electrificación y la descentralización ya mencionada, habrá de facilitar el surgimiento de nuevos y múltiples negocios en torno a esta actividad, tales como las plantas virtuales de potencia (vvp, por sus siglas en inglés). Se trata de un software remoto que sirve para regular el consumo particular de la energía, conectando o desconectando, coordinando y monitoreando a los generadores, a la generación distribuida, a los autogeneradores de energías descentralizados, así como los almacenamientos de energía y los de carga controlada.

A la utilidad y a los beneficios anteriores de esta armazón, se viene a sumar que permite la portabilidad de la energía, la facturación de la energía prepago, corrige la asimetría de la información entre el usuario y el prestador del servicio, utilizando para ello plataformas y aplicaciones tecnológicas. Y de contera, facilita la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) a la matriz energética, cuya intermitencia en la generación de energía dan lugar a incertidumbres en el cumplimiento de la entrega de la energía contratada y comprometida. 

Cota, septiembre 25 de 2021

*Economista, expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Gabriel Ortiz*.- Todo está listo: aceite para maquinaria, mermelada para galletas, ñeñerías y cuanta triquiñuela exista para derrotar mayorías y elegir minorías. No hay otra manera de mostrar lo que se nos viene encima con los procesos electorales que se avecinan, sin ley de garantías.

El bajonazo de un presidente en las encuestas, la turbia división en el partido de gobierno, el desprestigio de Uribe, el pésimo manejo de la pandemia y la supuesta necesidad de una reactivación.

El mal gobierno se siente derrotado, y busca por todos los medios mantenerse en el poder. No importa lo que haya que hacer, para aplicar el chocorazo. 

Ese “chocorazo”, trae a mi memoria una de las exquisitas, ilustradas y sapientes crónicas del Gran Juan Gossain. Anota él, que con un chócoro, palabra con la que se conoce la satén o el cucharón de la cocina, reprendían las abuelas a los nietos impertinentes. Es algo así como el famoso “coscorrón”, con el que algunos dirigentes, hacen cumplir sus órdenes.  

La Ley de garantías, es la que impide la corrupción, el despilfarro, la compra de votos, los contratos amañados –estilo Mintic- nombramientos de futuros votantes y demás vicios electorales. Impide que se repitan “articulitos”, como el que Fabio Echeverry se inventó para reelegir a Uribe.

Cuenta Juan Gossaín que el primer chocorazo -palabra también manejada por Oscar Alarcón en sus incomparables escritos- lo denunció el famoso padre Revollo, en Barranquilla por los años 1885. Desde entonces es un vocablo que significa corrupción, triquiñuela, fraude, mala fe y demás. Para el padre Revollo, era una canasta de votos que se introducían en una urna. Es decir, lo que hoy vemos por todas partes: más votos que habitantes. “Ñeñerías”.

El chocorazo de hoy, quedará listo, si se elimina la ley de garantías, como se pretende, incluyendo el “articulito” en la ley de presupuesto que está en discusión. El viajero Presidente Duque, combatió la eliminación durante el debate que eligió al Nobel Juan Manuel Santos, “porque ella evita que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos”. Ahora sí es válido desaparecerla, para reactivar el país. Raro: porque durante periplo que apenas termina, no se cansó en revelar que el crecimiento de Colombia, este año, será el más alto de la región. “Con cara gano yo, con sello pierde usted”, dicen en Antioquia.

Lo más grave, es que el chocorazo, tiene vía libre. El congreso aún está  enmermelado, ahíto y repleto con las prebendas que recibió durante el debate sobre el peculado en el Mintic. Así el gobierno, sostuvo a la titular de la cartera.  Con un “pequeño” soplo se aprobará la triquiñuela.

“Ojo al 22”, porque las canastas de votos que descubrió el padre Revollo, en el 1885, están listas para ingresar a las urnas y cambiar de nuevo el rumbo legal de esta patria.

BLANCO: La justicia futbolera para James. Ahora en Catar.

NEGRO: ¿A quién beneficia la “torcida”  reforma pensional?  

Bogotá, D. C, 23 de septiembre de 2021

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.- Por paradoja, pese a los avances técnicos y culturales, cuando la colectividad debería ser regida por el respeto y el buen trato entre seres humanos, el retroceso en materia de valores, principios y reglas resulta ostensible. Agresividad, violencia, intolerancia, deshonestidad, trampa, discriminación, aprovechamiento ilícito de recursos públicos, incumplimiento, ilicitud, falta de ética, entre otros dañinos elementos, marcan hoy la pauta en nuestro diario transcurrir.

Aparte de lo que se pueda decir sobre responsabilidad jurídica y política, o acerca de las causas, efectos y repercusiones de cada acontecimiento nocivo de los muchos que a diario registran los medios de comunicación -casi todos consistentes en delitos, violencia, ilicitud, crimen y corrupción-, vale la pena consignar algunas reflexiones de carácter general sobre lo que, en conjunto y como sociedad, significan todos esos hechos. Y, desde luego, en torno a la actitud que hayamos de asumir ante tan deplorable estado de cosas, no solamente antijurídico sino antisocial.

En Colombia -no es un secreto- se han venido perdiendo, y en muchas materias ya se han perdido, valores que ha debido conservar y debería empeñarse en recuperar. Enuncio apenas algunos, aunque, si quisiéramos ser exhaustivos, la lista podría ser bien larga.

Sin generalizar -lo que sería injusto-, vemos que, en distintos ámbitos y por muchas causas, se ha perdido todo respeto a la vida, a la dignidad y a los derechos de las personas, en especial afectando a grupos humanos que lo merecen en grado superlativo, como los niños, los mayores, las mujeres, los discapacitados, los débiles. 

Es menester que se llegue a un generalizado criterio -no formal y aparente, sino genuino y arraigado- de reconocimiento y consideración a las demás personas, y de observancia del Derecho. Y, de parte del Estado, el legítimo ejercicio de autoridad, que -como sabemos- no se confunde con el autoritarismo, la fuerza bruta o la unilateral imposición. Sobre la base de la legalidad, debe prevalecer el diálogo, la concertación, la construcción de políticas en una democracia participativa y pluralista.

Las autoridades deben tener como primeros propósitos el interés general, la solidaridad, el respeto al ciudadano, a sus libertades, a sus derechos -humanos, económicos, sociales, políticos, colectivos, culturales-; a las garantías que les reconoce el ordenamiento jurídico, a su integridad, a su seguridad, a su familia, a sus valores, a su libre expresión, a su conciencia.

Demos contenido a elementales disposiciones jurídicas que también son reglas mínimas de convivencia -sin las cuales ella es imposible-: el respeto a las libertades de conciencia, de cultos, de expresión, de opinión, de información; a las ideas y los conceptos políticos de los demás, sin perjuicio de sostener y defender los propios, con tolerancia y en paz.

Todo comienza por la formación de la personalidad, esencial en el proceso educativo. Desde la infancia, es mucho lo que se puede lograr. Familias, docentes, Estado, iglesias, partidos, medios, podemos construir, a partir de la efectiva vigencia e imperio del Derecho, una cultura de respeto, valores y principios que permita a las nuevas generaciones desenvolverse en el seno de una mejor sociedad.

¿Habrá algún candidato que, más allá de golpes y aguijones, comprenda este problema? 

Bogotá, D. C, 23 de septiembre de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Guillermo García Realpe*.- Creíamos que con el debate en defensa del Páramo de Santurbán quedaba claro la prohibición de realizar minería en los páramos, pero parece que fue una falsa ilusión. Ahora, con asombro y tristeza nos enteramos de la autorización de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- para que haya exploración minera en el páramo de Chiles- Cumbal, ubicado al sur del departamento de Nariño, en zona fronteriza con nuestro vecino Ecuador. 

La ANLA ha dado vía libre a la empresa Minerales Camino Real S.A.S., para que realice no sólo exploración de oro, sino también de otros minerales como cobre, plata, platino, paladio, rutenio, rodio, osmio y sus concentrados, algo sin duda, muy grave. 

Se conoce que son 22 en total, las propuestas de contrato de la concesión ante la Agencia Nacional Minera, para obtener títulos de explotación en esta importante zona. Medios locales, incluso afirman que se estarían afectando 50 mil de las 91 mil hectáreas que componen el área total de reserva natural que hoy existen en el municipio de Cumbal. 

El páramo de Chiles-Cumbal, es muy importante al igual que los demás complejos que tiene el país; según datos oficiales del Instituto Humboldt, cuenta con altitudes que van desde los 3.100 a 4.748 metros y una temperatura promedio de 11 grados centígrados, tiene una extensión aproximada de 11.400 hectáreas, de las cuales el 80% corresponden a ecosistemas de bosque andino y altoandino, páramo y  súper páramo y hace parte del complejo volcánico Chiles-Cerro Negro, Cumbal y Azufral, todos ecosistemas que son fuente de vida, de riqueza hídrica, de hogar de cientos de especies y los cuales garantizan la biodiversidad de la zona. 

El solo hecho de que una multinacional minera entre al territorio, debe prender todas las alertas ya en el Sur de Colombia, en Nariño, Cauca, y por supuesto el gran Macizo Colombiano en general, porque creíamos que en Santurbán se había ya ganado una posición de que no habría gran minería en los páramos de Colombia, parecía que así había sido y que el Estado colombiano estaba empeñado en eso, pero parece que no es así. 

Ahora bien, en el tema de comunidades indígenas, hay un derecho de legislación propia, desde acuerdos internacionales con la OIT que, obligan a que haya consulta previa para otorgar la licencia ambiental y las demás tareas que tienen que ver con la concesión de títulos mineros, además que la zona no es apta para minería, es un territorio de generación de agua y conservación y de vocación agrícola y soberanía alimentaria. 

Por eso desde nuestra posición de Senador y como defensor de la vida y la Paz con la Naturaleza, invito a todo el pueblo del sur de Nariño, a campesinos, comunidades indígenas, jóvenes, líderes ambientales, defensores del territorio y demás ciudadanos, para que emprendamos una gran cruzada en defensa del páramo y de la vida, no es posible que nos quieran cercenar a través de una resolución el derecho a vivir en un entorno sano, en armonía con la naturaleza, por eso desde ya, anunció que vamos a citar un debate de control político en el Congreso de la República, donde concurran los protagonistas que tienen injerencia directa en tomar ese tipo de decisiones que afectan de manera gravosa el ambiente y nuestra riqueza natural. 

Extraña la precipitud de la Agencia Nacional Minera de abrir el respectivo proceso administrativo para facilitarle el espacio a la empresa Minerales Camino Real S.A.S, en detrimento de las comunidades que ancestralmente han estado sobre este territorio de vida. 

Con esto nos damos cuenta de que el gobierno nacional a través del presidente Duque, vocifera en el extranjero y se muestran como los grandes defensores del ambiente, cuando en el país, al igual que con la paz, hacen todo lo contrario, ellos son complacientes con las multinacionales, y otorgan enormes gabelas económicas y tributarias, mientras que con el ciudadano de a pie, no tienen contemplación. 

Ojalá el pueblo se imponga contra esta nueva amenaza que representa la exploración minera en una de las zonas más ricas que tenemos en nuestro sur del país. Ojalá la presión ciudadana sea el detonante que disipe las pretensiones de unos empresarios que buscan llenarse los bolsillos a costillas de arrasar la naturaleza, la riqueza hídrica y el territorio de nuestra región. 

Para recordarle a nuestros lectores que esta es la conclusión de la entrega de cientos de miles de hectáreas que hizo el gobierno del expresidente Uribe en 2002 y 2010 al gran empresariado, a la megaminería, a las multinacionales de la minería en territorios de todo el país, especialmente en el departamento del Cauca, Nariño, en territorios de Paramos, en territorios de vocación agrícola, de soberanía alimentaria y en algunos casos de posesiones y explotaciones mineras artesanales, ancestrales que tienen tradiciones centenarias así que este es el cumplimiento del designio del expresidente  Uribe.

Bogotá, D. C, 21 de septiembre de 2021

*Senador del Partido Liberal

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- En la China Comunista las políticas de Mao Tse Tung fueron abandonadas después de los fracasos del Gran Salto Adelante en los años 50 del siglo pasado y la Revolución Cultural en los 60, que dejaron millones de muertos por hambrunas y represión política.

El objetivo frustrado de Mao, de lograr una “prosperidad común” fue olvidado y Deng Xiaoping embarcó al país en un modelo de capitalismo salvaje, combinado con un régimen comunista de partido único. “No importa de qué color sea el gato con tal que atrape ratones”, fue su slogan para combinar el agua y el aceite y justificar que unos pocos se hicieran muy ricos frente al resto de la población.

Los resultados de la estrategia fueron asombrosos en materia de crecimiento económico, y mejoramiento de la calidad de vida de buena parte de la población sacando a 800 millones de personas de la pobreza. Papel importante jugaron los enormes flujos de inversión extranjera, atraídos por el bajo costo de la mano de obra y la garantía de que no tendrían sindicatos hostiles ni huelgas para reclamar los derechos de los trabajadores.

Pero los resultados fueron desastrosos en materia de equidad. En los 80s la desigualdad en China era similar a los más igualitarios países nórdicos, con Gini de 0.22 y el 25% de la riqueza en manos del 10% más rico de la población. 30 años después estos índices son 0.45 y 40% respectivamente. Según el Hurun Report, China tiene hoy más billonarios (1058) que los Estados Unidos (696).

Como consecuencia, hoy China está en el podio de la desigualdad entre los países desarrollados, solo superado por Estados Unidos. Según datos del Credit Suisse, la tajada de la riqueza del país en manos del 1% más rico en China el 31%, mientras que en EE.UU es el 35% y en Europa menos del 25% El extremo es Hong Kong que es un caso único de una economía capitalista que se ha vuelto más desigual al convertirse a un régimen comunista. La explicación que da Piketty es que bajo el control inglés tenía altos impuestos a las herencias y las sucesiones, que se eliminaron al pasar al control de Pekín, úes en China no existe ese impuesto.

Una situación de tanta inequidad, que conlleva altos niveles de corrupción, es una bomba de tiempo que puede explotar aún bajo el rígido control del Partido Comunista. Además porque quedan más de 600 millones de personas viviendo en situación de pobreza y sin un sistema de protección social universal que garantice salud, educación y vivienda de buena calidad para todos.

La protesta social es reprimida totalmente en China, pero eso no significa que no exista, y los líderes chinos saben que la legitimidad de su modelo está en juego. Por eso el presidente Xi Jinping ha empezado a tomar medidas que quieren poner en cintura el capitalismo salvaje y redistribuir la riqueza.

Con zanahoria para estimular a los super ricos a que le devuelvan más a la sociedad, y garrote para controlar monopolios y excesivas tasas de ganancia, Xi ha lanzado una campaña que ya muestra resultados, como por ejemplo que dos de las mayores empresas chinas, Alibabá y Tencent, se han comprometido a donar cada una USD 15.000 millones para proyectos sociales. Xi ha resucitado el viejo objetivo maoísta de “prosperidad compartida”.

Cali 21 de septiembre de 2021

*Filósofo, Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 693 del 19 de septiembre de 2001, de mi autoría, mediante la cual se decretó la obligación de mezclar un porcentaje de etanol con la gasolina – motor en todo el territorio nacional, ocasión propicia para volver sobre la motivación y los beneficios que le ha venido reportando al país su puesta en marcha a partir del año 2005. Desde entonces no hemos hecho más que ejercer la paternidad responsable de la Ley. 

Tres años después fue expedida la Ley 939 de 2004, complementaria de la anterior, que obliga la mezcla de un porcentaje de aceite al diésel – motor. Mientras la mezcla de etanol se puso en marcha a partir del año 2005, el biodiesel en 2008. El propósito de estas dos leyes es múltiple: con la mezcla de los biocombustibles se ha contribuido a la seguridad energética del país, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y se ha venido ampliando la frontera agrícola.

En efecto, gracias a la mezcla del 10% de etanol y 12% de biodiesel, respectivamente, se reduce el consumo de 54.667 barriles/día de gasolina y ACPM. De no contarse con los biocombustibles habría sido mucho mayor el volumen de combustibles importados, afectando de paso la Balanza comercial del país.

En el entendido que, como lo sostiene el Director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía Fatih Birol, “la demanda de petróleo se aplanará después del año 2030”, contribuyendo como el que más a las concentraciones en la atmósfera de los GEI, es urgente mejorar la calidad de los combustibles derivados del mismo y es lo que se logra con la mezcla.

Ello es tanto más apremiante, habida cuenta que, según el reciente Informe anual de Políticas energéticas de la Universidad de Chicago, Colombia se cuenta entre los países en donde “las concentraciones de partículas contaminantes son de 2 a 3 veces mayores que las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. Según el mismo Informe, Bogotá y Medellín, particularmente, ven reducida en dos años la expectativa de vida de su población a consecuencia de los altos niveles de contaminación, atribuibles “principalmente a las emisiones de los vehículos y a la gran congestión de tráfico”.

Como es bien sabido Colombia adquirió el compromiso de reducir sus emisiones de GEI en un 51% hacia el 2030, pasando de 258 MMT de CO2 equivalente a 169 MMT. El aporte de los biocombustibles para alcanzar esta meta es muy significativo, pues se estima en 2.5 millones de toneladas de CO2 y 13 toneladas de material particulado anualmente la reducción de tales emisiones.

Tanto el etanol como el biodiesel tienen origen en la biomasa y tienen en Colombia como materia prima la caña de azúcar y la palma de aceite. Su cultivo para proporcionar la materia prima a las plantas que lo producen ha impulsado la ampliación de la frontera agrícola. En efecto, el área sembrada de caña de azúcar y de palma se incremento en 46.000 hectáreas y 162.000 hectáreas, respectivamente y de contera ha generado 150.072 empleos en toda la cadena.

Colombia, tiene una ventaja comparativa con relación a otros países productores de etanol y biodiesel, en la medida que el primero se produce a partir de la caña de azúcar y el segundo de la palma. De acuerdo con los estudios comparativos realizados se ha podido concluir que estas materias primas tienen un mejor desempeño energético: el etanol producido con caña de azúcar tienen un rendimiento de 37.74 barriles anuales por hectárea contra el 18.87 del maíz, materia prima utilizada en los EEUU. Entre tanto, el biodiesel producido a partir de la palma tiene un rendimiento de 28.3 barriles anuales por hectárea versus 7.55 de la colza, materia prima utilizada en Europa.

Lo propio podemos decir del balance energético: mientras con la caña de azúcar  y la palma registran 8.33 y 9.66, respectivamente, con el maíz  y la cosa se obtienen 1.8 y 3.71, en su orden. Y, lo que es más importante aún, mientras con el etanol producido con caña de azúcar y el biodiesel a partir de la palma reducen las emisiones de GEI el 74% y el 83%, respectivamente, cuando se producen a partir del maíz y la colza sólo reducen tales emisiones el 45% y el 25%, en su orden. Estos resultados están sustentados en el análisis de ciclo de vida contratado por el BID y el Ministerio de Minas y Energía con la Universidad Pontificia Bolivariana y el instituto suizo EMPA.   

Complementariamente, al integrar los biocombustibles a la matriz energética, además de su aporte a partir de las mezclas con la gasolina – motor y el diésel – motor, también hace parte de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), generando electricidad a partir de la biomasa. En este momento la capacidad instalada de potencia de energía sobrepasa los 800 MW. Ello explica que la participación de los biocombustibles al PIB del país sea del orden de 4.2%, muy cerca del 5% que representa el sector de los hidrocarburos. Hay, entonces, motivos para celebrar estos primeros 20 años de este caso de éxito en Colombia, que lo han sido los biocombustibles.

Bogotá, septiembre 18 de 2021

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

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Por Robinson Castillo*.-Es tan contundente el poder de las palabras, que crean realidad. Tienen la potestad de mover el mundo. Así ha sido siempre, desde la historia de la humanidad, ésta no existiría sin las palabras.

La palabra construye y también destruye. Muchas de ellas han producido desacuerdos, malos entendidos y hasta guerras. Su eficacia es para cualquier escenario o situación.

A continuación, les presento las palabras que más influencia, impacto y poder generan en ámbitos de la política, las ventas y en general, la vida cotidiana.

Compromiso Es una de las más usadas en campañas electorales, activan la relación más cercana con el ciudadano. Dependiendo de su buen uso y complemento, se ganan o pierden elecciones.

Rebajas Esta única palabra se ha convertido en la estrategia de ventas más contundente de una cadena de ropa, en sus tiendas la exponen en grandes letras rojas dos veces al año y triplican sus ingresos.

Imaginar Contiene un infinito potencial de interpretaciones, aplicable a la política, el comercio, pues tiene una estrecha relación con los deseos y sueños de las personas.

Porqué Es incuestionable su poder de interrogación o justificación para cualquier tema. Anteponerla para una petición, damos a entender que siempre hay un motivo.

Gratis Es otra de las que más activa a la gente a acudir en masa, especialmente en asuntos comerciales. Es de gran impacto sin duda alguna.

Prosperidad Ojalá sea en la que más se concentren las personas que ostenten poder, para darle certeza a la gente con su futuro, luego de los estragos de la pandemia. Encierra el concepto de mejorar la economía, más empleo y oportunidades.

Tú Aquí me refiero al nombre de cada uno de nosotros, por ejemplo, un político que memorice los nombres de las personas con las que se relaciona, tendrán más posibilidades de conexión, igual aplica al campo comercial. Ver nuestro nombre, activa una mayor empatía.

Nuevo Inmediatamente su efecto es la curiosidad, llama la atención, además guarda relación cercana con la innovación. Incorporar novedades o elementos inéditos en tus mensajes, es la ruta adecuada.

Rápido En épocas con pocas posibilidades de captar la atención, esta palabra atrapa, para permitirle a la gente hacer las cosas más sencillas y de inmediato. Por algo Google te ahorra tanto tiempo, Amazon y muchas aplicaciones para todo tipo de servicios.

Sí Es monosílabo es tan poderoso, es motivo de aceptación, apertura, posibilidades.

Fe Es la que mueve montañas, ligada siempre a las posibilidades de lograr hasta lo imposible.

Amor tiene un poder único, potente y emocional, que vincula a las personas de manera muchas veces irresistible.

Las 12 palabras recopiladas en este artículo, hacen parte del trabajo de expertos como Frank Luntz y Robert Cialdini. Mi invitación es a seguir buscando las palabras con más influencia y poder.

Bogotá, D. C, 18 de septiembre de 2021

*Comunicador Social Periodista.

Por Paloma Valencia*.- Nunca se termina de entender y de valorar la importancia de la seguridad. Tiene la peculiaridad de que cuando estamos seguros parece lo adecuado, se siente sin sentirse. Solo en la medida que nos hace falta es cuando volvemos a evidenciar que es fundamental. Sin seguridad los demás derechos quedan suspendidos en un limbo de incertidumbre. La inseguridad amenaza la vida y nos llena de miedo, y este sentimiento se convierte en una limitante para todo.

Lo que estamos viviendo es alarmante. Los colombianos vivimos varias décadas encadenados por el temor. A veces pareciera que esa inseguridad retorna y sobre todo irrumpe en nuestras ciudades. Los métodos de atraco se han vuelto en exceso violentos y mortales. Asesinan a un ciudadano para quitarle un celular. Y esa zozobra de tener constantemente la vida en peligro está transformando la manera como nos relacionamos con nuestros vecinos y nuestro entorno.

Debemos agregar la falta de respeto que vemos por nuestra fuerza pública. Empezó primero como un discurso de estigmatización que dañó la imagen de nuestros hombres. Pasó después a agresiones físicas, insultos y maltrato durante el paro. Los discursos incendiarios -como los de Petro- contra los soldados y policías son responsables de esa pérdida de respeto y debilitamiento de la autoridad en el país.

A todo ello hay que sumarle el plan pistola que se viene desarrollando en varios lugares de Colombia. Las redes reproducen asesinatos a sangre fría de nuestros policías sin ninguna razón aparente excepto estar uniformados. Las estadísticas hablan del asesinato de dos hombres de nuestras fuerzas armadas cada día en promedio.

Puedo imaginarme el desaliento de muchos de nuestros policías y soldados al verse enfrentados a una sociedad donde muchos solo los critican y los señalan; mientras su trabajo les exige vivir con la amenaza de muerte que suponen los violentos, y los abusos de algunos ciudadanos que se consideran con derecho a golpearlos y maltratarlos. ¿Y cómo puede haber seguridad sin fuerza pública?

Si Colombia no empieza a valorar la seguridad y a entender la importancia de las fuerzas armadas para procurarla, será difícil recuperarla. Las fuerzas sólo son capaces de operar de manera adecuada cuando gozan de la confianza de la comunidad a la que protegen. Es la unión de la autoridad y la sociedad la que logra derrotar a los violentos. Necesitamos que nuestras fuerzas recuperen facultades y programas como aquellos que tuvimos, que encargaban al Ejército de la consolidación territorial con los programas sociales. Hoy se requieren programas similares para los policías.

Así mismo, requerimos aumentar el pie de fuerza en las ciudades, para lo cual nos hace falta una carrera adicional para los suboficiales que hoy se retiran teniendo aún muchos años en los que podrían desarrollarse y aportar a la seguridad. Hay que reformar el escalafón de la policía. Urge la creación de una policía rural que nos ayude a consolidar el campo y que también tenga ascendencia en la comunidad que protegen. Encargada de su cuidado, pero también de llevar bienestar social.

La seguridad es el resultado de una armonía entre la fuerza pública y la ciudadanía. Esa dupla es invencible. Hoy cuando muchos alcaldes parecen respaldar más a los vándalos que a los policías, cuando algunos políticos irrespetan el buen nombre de nuestras instituciones, es cuando los violentos más crecen y toman ventaja.

Bogotá, D. C, 17 de septiembre de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático