Opinión

Gabriel Ortiz*.- Este 1 de septiembre faltó un reportero que le dijera a Colombia que parte de sus mares estaba en serio peligro y que los expresidentes vivos no tuvieron el valor de abandonar viejas rencillas para recomendar al gobierno, la manera de defender una parte de esta patria. Uno que con su pluma, veracidad y destreza, dejara al descubierto la escasez de vacunas contra el covid, ese que le arrebató la alegría con que celebraba el amplio y prodigioso futuro que le depararon su manera de ser, de actuar y de comportarse en esta sociedad.

Siempre fue un gran periodista, un gran amigo y un extraordinario maestro de una profesión que tanto añora las enseñanzas de maestros de la talla de Javier Ayala.

Pregonó siempre el enjuiciamiento “crítico que permita a los pueblos conquistar y hacer respetar su libertad de información, en forma oportuna, veraz y leal, así como a expresarse sin presiones privadas o estatales en los medios de comunicación”.

Empezó su brillante carrera periodística en el diario EL SIGLO, en donde al lado de maestros como Arturo Abella, Gabriel Cabrera, Darío Montoya, Juan Darío Lara y tantos más manejaban el arte de informar con la más alta calidad.

Cartago, su tierra natal, lo recordará siempre, cada 9 de agosto, fecha en que ambos celebraban el cumpleaños.

Javier fue multifacético en el campo del periodismo: radio, prensa, televisión, cine, en agremiaciones como el CPB, del que fue presidente, Alacode, donde se desempeñó como director continental.

Siempre escuché palabras elogiosas y amistosas de quienes lo conocieron personalmente o a través de los medios. Su erudición, sabiduría e ilustración, lo llevaron al estrellato en el campo de la información económica en varios medios: El Tiempo, El Espectador, Caracol, Todelar, su agencia de noticias Alaprensa, Contrapunto y demás organizaciones periodísticas.

Con él fundamos y dirigimos el Noticiero Nacional, en el cual presentó, como primicia, el atentado contra Luis Carlos Galán. Fue el informativo con mayor sintonía que haya tenido Colombia.

Javier fue un gran lector y escritor, muy amigo de Gabriel García Márquez y muchos intelectuales, pensadores y artistas. Junto con los periodistas del Noticiero Nacional, tuvo que soportar la persecución del narcotráfico, con Pablo Escobar a la cabeza, quien no perdonó que se publicara su imagen tras las rejas.

Javier fue extraordinario miembro de familia. Educó a sus hijos, Adrianita, Javier, Ricardo y Juan Manuel, como unos profesionales servidores de la sociedad. Su esposa Carmen, fue su gran compañera.

El gran maestro e incomparable jefe del periodismo se nos fue, pero deja una huella imborrable de profesionalismo, que los colegas deben mantener en su mente, para que esta Colombia se beneficie de un periodismo claro, limpio y de beneficio social.

Adiós querido Javier: goza en la gloria del Creador.

BLANCO: Gaviria busca firmas, porque no dependerá de los partidos. 

NEGRO: Se completó la hegemonía: fiscal, procuradora, contralor, defensor del pueblo y ahora un Banco de la República, dependientes de Duque.  

Bogotá, D. C, 3 de septiembre de 2021

*Economista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Eduardo Verano*.- La ciberseguridad federal y la gestión de riesgos del manejo de datos cada vez adquieren mayor importancia. El sistema federal de seguridad cibernética reconoce qué Estados Unidos todavía mantiene un alto nivel de riesgo según un informe que entregó al Senado. En los últimos dos años los violadores de los espacios cibernéticos, los hackers, han perpetrado daños más severos al sistema de redes, computadoras y dispositivos móviles que todo lo ocurrido en la historia anterior.

En 2020 hubo más de 31.000 incidentes contra la seguridad informática que fueron atendidos por el Gobierno Federal. El nivel de atención requerida de las autoridades se ha redoblado y han debido reconocer que no estaban preparados para la magnitud del daño que han ocasionado estos alteradores, o hackers, que invaden ilegalmente las redes, y las desfalcan sin control. Un atentado a la soberanía.

El sistema de protección de las redes es muy débil, y muchos no utilizan adecuadamente las aplicaciones de seguridad sugeridas por los fabricantes y mucho menos las han actualizado. Estas han ido mejorando y perfeccionando, pero, no lo suficiente ni los dueños de computadores las actualizan, a pesar de las recomendaciones claras que hacen los vendedores.

Muchos ni siquiera han puesto los sistemas de control recomendados. Las agencias que estudian la invulnerabilidad de los equipos de computación del gobierno y de sus sistemas de transporte, agricultura, energía, o sea, todo el aparato del estado, reconocen que se han hecho muy pocos esfuerzos por implementar un mejoramiento de su integridad.

Por eso, las agencias de seguridad del estado han prendido alarmas y necesitan dar un vuelco y anuncian la unión de todas sus organizaciones para construir un gran sistema unificado de defensa, fruto de la colaboración de todos. Es lo que se está impulsando. Tienen que diseñar e implementar un sistema de defensa mucho más robusto, organizado, ordenado técnicamente y jurídicamente,  que facilite una acción coordinada.

La defensa del sistema de redes de computadores de la banca y de los organismos de investigación están perdiendo la guerra. También se han unido a estos esfuerzos la red de servicios de Amazon, AT & T, Cross Strive, Google, Microsoft, el Palo Alto Networks, el sistema de defensa de Estados Unidos y el Departamento de Justicia. Todos trabajan unidos para evitar mayor daño. Mientras el Senado recibe todas estas inquietudes de los sistemas de seguridad que deben perfeccionar las agencias de gobierno, los riesgos han aumentado ostensiblemente y han impactado tanto a las organizaciones como a individuos del sector público y privado.

Los ataques cibernéticos son cada vez más complejos con un profundo conocimiento de las debilidades de los sistemas de computación y de la inteligencia artificial. Los procesos de computación han sido definidos como muy débiles, vulnerables que requieren de un mejoramiento de los Software de seguridad que impidan que los procesos de actualización de los equipos se vuelvan críticos y es indispensable que puedan mitigar los riesgos.

Mientras más se desarrollan nuevos equipos más se nota la deficiencia de los servicios de seguridad, por su gran fragilidad y la falta de un sistema que verifique detalles y resultados en las operaciones financieras, por ejemplo, autenticación de firmas. Todavía no se ha llegado al nivel de tecnologías necesarias para la protección. En cambio, van con mayor rapidez  y exactitud los hackers que vulneran todos los sistemas de seguridad. El desafío es construir unas técnicas de defensa a la altura de una gestión de riesgo que brinde total tranquilidad.

Barranquilla 3 de septiembre de 2021

*Exconstituyente, exministro de Estado, exgobernador del Atlántico.

José G. Hernández*.-El Acuerdo Regional de Escazú (Costa Rica), sobre acceso a la Información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, busca garantizar la eficacia de tales derechos en nuestros países, y pretende la creación y el fortalecimiento de capacidades y cooperación, con miras a proteger el derecho de todas las personas, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano, con desarrollo sostenible.

Se propuso durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y se funda en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente de 1992. Está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. El período de firma tuvo lugar entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Este importante Acuerdo internacional tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos vulnerables, en el entendido de que los derechos fundamentales a la igualdad y acceso a la justicia, y la efectiva protección estatal a la vida e integridad de los impulsores de derechos humanos en materia ambiental son elementos esenciales para asegurar que ecología y desarrollo sostenible no sean ilusiones frustradas.

Se trata de un instrumento de cooperación internacional para prevenir conflictos, hacer que las decisiones se adopten previa información, participación y consulta popular, y mejorar la rendición de cuentas, así como la transparencia y responsabilidad en las actividades que puedan afectar el ambiente. Se contrae, entonces, el compromiso internacional de garantizar, en los países firmantes, la eficacia de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, principios todos estos que, en nuestro caso, están plasmados en la Constitución Política de 1991.

Es muy oportuno -dado lo que viene ocurriendo en Colombia- subrayar que, según el Acuerdo, las Partes se comprometen a garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. Por eso, adoptarán “las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente”.  Y se obligan a “prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir” en el ejercicio de tales derechos”.

El Gobierno colombiano -que siempre proclama a nivel internacional su compromiso con el ambiente- suscribió el Acuerdo desde 2018. No se entiende la razón para que, a estas alturas -finales de 2021-, no haya sido aprobado por el Congreso, ni ratificado. Debe pasar también por el previo examen de constitucionalidad. 

Bogotá, D. E, septiembre 2 de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Cristina Plazas*.- Esta semana la Corte Suprema de Justicia determinó que los menores de edad, entre los 14 y 18 años, pueden acordar su unión libre con otra persona mayor de edad, sin contar con la autorización de sus padres.

¿Cómo es posible que esta decisión haya pasado desapercibida y que la sociedad en pleno no se haya manifestado?

¿Dónde está el ICBF, los defensores de los niños, la iglesia, UNICEF, los congresistas, los organismos de control, la consejería para la mujer, la sociedad civil? En fin ¿dónde estamos todos?

El matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una de las peores formas de violencia de género en el mundo y una grave violación a los derechos de los niños y los adolescentes. Esto atenta contra su desarrollo, los expone a ser víctimas de explotación sexual, a embarazos a temprana edad que significan riesgos para la salud y la vida, a deserción escolar; además de reafirmar el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Dichas evidencias hicieron que fuera declarado por Naciones Unidas y por la Convención sobre los Derechos del Niño, como una práctica nociva que afecta el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esta sentencia por tanto viola los tratados internacionales firmados por Colombia en esta materia.

¿En qué estaba pensando el magistrado Luis Armando Tolosa? ¿Cuál es la base científica para determinar que un niño tiene la capacidad para decidir sobre su vida y conformar una familia?

La Corte desconoce por completo el desarrollo humano de las personas, pues ser adulto no es lo mismo que ser adolescente, situación que motivó la construcción de la Convención de los Derechos del Niño. La mayoría de edad responde no a un capricho legal, sino a estudios médicos, biológicos y antropológicos que demuestran que solo después de los 18 años el ser humano tiene la capacidad corporal y mental para asumir ciertos proyectos de vida, como la convivencia, pues hasta antes de esta edad, las personas somos más vulnerables por nuestra capacidad física y mental.

Adicionalmente el togado no tuvo en cuenta las preocupantes cifras del país. El 17,4 por ciento de las mujeres entre los 15 y los 19 años ya son madres o han estado embarazadas. También evidencia que el 13,3 por ciento de adolescentes entre las mismas edades ya están casadas o unidas conyugalmente. Esto significa que más o menos una de cada 10 jóvenes en zonas urbanas ya está casada; y que una de cada 5 niñas en el ámbito rural ya está en una unión conyugal.

El magistrado Tolosa y sus colegas parecieran enemigos de los niños, no solo por lo expuesto sino porque abren una puerta a los depredadores sexuales y a la explotación sexual comercial.

Esta no es la primera sentencia que falla en contra de los niños. Alarma que el poder judicial no esté de su lado.

Bogotá, D. C, 31 de agosto de 2021

*Abogada de la Universidad Javeriana con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Por Guillermo García Realpe*.-Mucho hemos escuchado los colombianos en los últimos días sobre la grave crisis que afronta hoy Bucaramanga, especialmente Floridablanca y otros 16 municipios de Santander, por cuenta del cierre de El Carrasco, el relleno sanitario que hasta el 13 de agosto pasado venía operando como sitio final de disposición de las basuras de estos municipios, pero que debido a una orden judicial fue cerrado. 

Esto ha causado una enorme crisis sanitaria que al día de hoy está afectando al 65% de los municipios más poblados de Santander, salvo Barrancabermeja. Incluso se habla ya de un problema que se puede convertir en amenaza a la salud pública de la región. 

El caso más crítico es lo que sucede con Floridablanca que hace parte del área metropolitana. Según lo denunció su alcalde, hoy en las calles de ese municipio hay más de mil toneladas de basuras esperando para ser evacuadas a departamentos cercanos. 

Toda esta situación ha generado una dura controversia, pues trasladar toneladas de basuras de 16 municipios de Santander a una región diferente como Aguachica en el Cesar o incluso hasta Medellín, ha derivado el rechazo, especialmente de las gentes del sur del Cesar, pues a nadie le gustaría que le lleven las basuras del vecino a su propia casa. 

Además del malestar ciudadano, esto también implica enormes dificultades, no solo por los múltiples gastos que esto representa para un ente territorial, sino también que se podría ocasionar un aumento en las tarifas, perjudicando al usuario final que nada tiene que ver en este problema. 

Disponer las basuras de Floridablanca en El Carrasco, por ejemplo, cuesta $107.000 por tonelada, en Aguachica costaría $258.000 por tonelada y llevarlas a Medellín valdría $568.000 por tonelada. Según el alcalde de Floridablanca, Miguel Moreno, subsidiando el excedente de los $107.000 se gastaría 2 mil 700 millones de pesos en un mes, una cifra sin duda exorbitante. Y algo similar con el resto de municipios. 

Este tema de El Carrasco, al igual que Santurbán, no sólo se ha convertido en un problema local o regional, sino que esto tiene una trascendencia nacional. En buena hora la ANLA  ha asumido el control, pero hace falta llegar al punto final para superar esta difícil situación que afecta a miles y miles de santandereanos. 

No nos digamos mentiras, aquí fallo el Estado colombiano en temas de planificación, regulación, los documentos CONPES que no han funcionado ni en Bucaramanga, ni en ninguna parte de Colombia por la bendita gana de las privatizaciones, donde los privados quieren máximo lucro al menor costo; importándole poco el servicio público y el servicio de los usuarios en Colombia y un ejemplo claro de eso son la crisis de los acueductos. Es decir, no hay una política pública que garantice subsanar en el tiempo este tipo de fallas de forma definitiva. 

El Estado ha fallado en regulaciones, además de las propias responsabilidades regionales. Entonces, aquí tienen que emplearse muy a fondo las entidades del gobierno nacional, hay un fallo judicial de por medio y  sobre ello no hay discusión, porque las decisiones judiciales se respetan. 

Pero creemos, que al más alto  nivel del Estado colombiano, promovido por el gobierno, con el poder judicial, se deben buscar unas modulaciones de estas circunstancias muy graves por cierto que vive  Santander y el país, porque no es solo Bucaramanga, es Medellín, es Aguachica, incluso se habla también de Cúcuta y Norte de Santander. Son temas estructurales y debemos ayudar a solucionarlos. 

Aquí lo que se debe hacer es aplicarse la Ley 2056 del nuevo Sistema General de Regalías, donde se estructuran los programas regionales de inversión de regalías en Colombia y ninguna región lo ha utilizado, pues tomémoslo aquí, hoy el 60 o 70% de Santander de las áreas más pobladas está inmerso en una grave crisis sanitaria y hay que resolver de forma casi que inmediata, antes de que el problema crezca. 

Pero esto tiene que ser un trabajo articulado de todos, desde el gobernador con el OCAD del Centro Oriente tiene que proponerle a Planeación Nacional, al Ministerio de Ambiente, que pongamos como ejemplo de aplicación de esas regalías, de los proyectos de inversión en este tema. Hoy no se han utilizado esos recursos. 

El Carrasco lleva 40 años de crisis, diez años de fallos judiciales, y hoy vemos muchos alcaldes en camino a la cárcel por defender la salud pública de la gente, entonces empecemos a buscar prontamente la solución al problema, más allá de El Carrasco y ahí están los recursos del Sistema General de Regalías, donde tiene tres soportes, el DNP, Ministerio de Ambiente, gobernadores y alcaldes. 

Propongan esto en una mesa técnica, ahí están los recursos, apliquémoslos, ¡PERO YA!, sin más demoras, ni trabas legales, porque aquí lo que está en riesgo es la salud pública de la gente de toda una región. La crisis sanitaria no da espera. 

Bogotá, D. C, 30 de agosto de 2021

*Senador del Partido Liberal.

@GGarciarealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La semana pasada comenté algunas de las sorpresas e interrogantes que nos ha dejado este año la rápida recuperación del PIB después de la enorme caída que tuvo en 2020. Quedó pendiente de comentar la más incomprensible, a saber, que este ha sido un crecimiento sin empleo, que en la jerga económica se denomina jobless growth.

Entre junio del año pasado y este año se volvieron a emplear 2.2 millones de personas, pero todavía la población ocupada está 2 millones por debajo del nivel pre-pandemia, mientras que el PIB semestral de este año si alcanzó un valor similar al de 2019.

Es un crecimiento sin empleo porque hoy 20.6 millones de trabajadores producen la misma cantidad de bienes y servicios que hace dos años se producía con 22.6 millones. Cuando se miran algunos sectores la situación es peor, pues han aumentado su producción con menos trabajadores. Es un crecimiento con pérdida de empleo (joblost growth).

La agricultura aumentó su producción en 6.9% a la vez que disminuyó el número de trabajadores en 7.5%. La producción industrial aumentó un poco menos (3.1%), pero lo hizo con 16% menos trabajadores. El sector de la administración pública y los servicios sociales de educación y salud crecieron 6.1%, pero disminuyeron 11.5% el número de empleados.

El caso más extremo e inexplicable es el de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, que con la apertura de la economía tuvieron el mayor crecimiento (19%), pero también la mayor caída en el número de trabajadores (-20%).

¿Qué significan estos hechos y, sobre todo, cuáles son las implicaciones para las políticas de generación de empleo? Un economista ortodoxo aplaudiría porque implican un aumento de la productividad del factor trabajo: menos mano de obra para producir lo mismo. Claro que el mismo economista rechazaría la consecuencia de la mayor productividad, que debería ser el aumento de los salarios, aunque en sus modelos el salario debe ser igual a la productividad del trabajo.

Lo cierto es que las empresas aprendieron a producir con menos trabajadores, bien sea porque tuvieron que hacer un esfuerzo para reducir costos ante la disminución de las ventas, o bien porque las restricciones de movilidad las obligaron a introducir nuevas tecnologías que permiten un uso más eficiente del tiempo y otros recursos. En la medida en que se recuperen las ventas, ningún gerente va a renunciar a estas mejoras, sino que las usará aumentar las utilidades.

El problema desde el punto de vista social y económico, es que estos aprendizajes llegaron para quedarse, de manera que las empresas no van contratar más trabajadores para producir y vender lo mismo, e inclusive para aumentar un poco la producción. De poco o nada servirán incentivos como los incluidos en la reforma tributaria, de regalar un 25% de un salario mínimo de un nuevo empleado. Se requiere una revisión profunda de las políticas para generar empleo.

Cali, 30 de agosto de 2021

Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Manuel Galán*Las presuntas irregularidades del contrato adjudicado por el MinTIC a la empresa Centros Poblados para llevar centros digitales a las zonas rurales del país y que busca garantizar conectividad a miles de niños, son una muestra más de que en Colombia es necesaria una transformación del manejo de los recursos públicos. La corrupción nos carcome como un cáncer que victimiza en particular a los más débiles y vulnerables en nuestra sociedad. Sentar unas bases sólidas para una cultura de transparencia y legalidad, debe ser un propósito de nación, en el que todos asumamos nuestra responsabilidad individual y colectiva.

En el caso particular de este contrato, es ineludible la responsabilidad política de la ministra Karen Abudinen, quien debe responder ante los colombianos por las fallas del proceso de contratación. Aún más, cuando desde las primeras etapas de la licitación, se habrían presentado señales de falta de capacidad técnica y experiencia de Centros Poblados; y otras que mostraban que la ejecución del contrato pudo presentar signos de negligencia. Seis meses después de la firma del contrato, esta empresa no había instalado un solo punto digital, mientras que el anticipo de 70.000 millones de pesos ya había sido entregado.

La responsabilidad de quien es la cabeza del Ministerio de las TIC en la ejecución de este contrato va más allá de una mera cuestión administrativa. Se trata también de una cuestión moral pues es inaudito que no se hicieran los esfuerzos necesarios para garantizar que miles de niños de las zonas rurales de Colombia tuvieran la conectividad que les permitiría estudiar, sobre todo en tiempos en los que la pandemia ha creado dificultades para acceder a la educación.

La renuncia de la ministra Abudinen es un acto de responsabilidad frente a una gestión que no fue buena, que omitió las señales de posibles irregularidades y que fue incapaz de garantizar la ejecución de un proyecto que representa una gran inversión de recursos públicos que le pertenecen a todos los colombianos. Sin embargo, lo más importante: un proyecto que le garantizaría a miles de niños una herramienta para forjar un futuro con más oportunidades.

Esto no puede pasar más en Colombia, los recursos públicos nos pertenecen a todos, como ciudadanos, deben ser asumidos como sagrados por toda la sociedad y, sobre todo, por quienes los administran. En nuestro país no podemos seguir bloqueados por la negligencia, la mediocridad y la corrupción; es hora de un cambio y de restaurar la moral en la política. Las cadenas del clientelismo tienen esclavizado a nuestro país. Es hora de romperlas para liberar a Colombia de uno de los principales lastres que nos impide avanzar hacia la modernidad.

Bogotá, D. C, 30 de septiembre de 2021

*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Por Juan Camilo Restrepo*.- Como buen y dócil aliado de los Estados Unidos, Colombia contestó inmediatamente la solicitud de recibir 4.000 mil refugiados afganos en nuestro territorio. Si bien los costos de esta operación correrán por cuenta de los americanos, como se ha informado, no deja de ser una carga grande que se echa al hombro un país pobre como Colombia, sumido en mil problemas.

Queda flotando en el ambiente cuál será la reciprocidad que en materia de refugiados solicitará Colombia, luego de la pronta respuesta que dimos a la solicitud de los Estados Unidos.

La recepción de refugiados afganos así sea transitoria, es un gesto importante que hace nuestro país para colaborar ante la desordenada y caótica retirada que ordenó primero Trump y luego Biden de las tropas estacionadas en Afganistán desde hace veinte años.

Pues resulta que además de los 1.800.000 venezolanos que hemos recibido generosamente durante los últimos años, ahora enfrentamos la llegada y trasiego por nuestro territorio de un inmenso número de refugiados cubanos y haitianos principalmente. Que están llegando a Colombia en cantidades que se calculan entre 1.000 y 1.500 por día, y cuyas cifras seguramente se van a incrementar con el reciente terremoto que tuvo lugar hace poco en Haití. Estos refugiados están apeñuscados en condiciones infrahumanas en los terminales terrestres de Ipiales, Pasto, Cali y Medellín hasta llegar a Necoclí; donde el número de refugiados crece permanentemente antes de iniciar el doloroso paso hacia Panamá (ya sea por vía marítima o atravesando la ruta de la muerte del tapón del Darién) en busca de la meta dorada de llegar algún día a los Estados Unidos a solicitar refugio humanitario.

Ahora bien: ¿Colombia va a plantear una reciprocidad a los Estados Unidos en virtud de la cual se le reciben los 4.000 afganos, pero a cambio de que los norteamericanos ayuden a tramitar las solicitudes de refugio de los haitianos y cubanos que en cantidades alarmantes siguen llegándonos, desbordando nuestras precarias condiciones para albergar ese rio humano que por el momento desemboca y se represa en Necoclí?

Deberíamos hacerlo. Las responsabilidades de ser un buen aliado no son unilaterales. Esa condición también implica deberes para Estados Unidos que, en este caso, significa ayudarnos a resolver el grave problema de los refugiados que están atravesando nuestro territorio.

No puede ser que la condición de “aliado” se invoque solo en provecho de los Estados Unidos para ayudarle a solucionar -así sea parcialmente- el monumental problema que ellos mismos crearon con su retirada atolondrada de Afganistán. Y que esa misma condición de “aliado” no sirva para invocar reciprocidades en política migratoria en favor de Colombia. Toda vez que nosotros estamos viviendo también un abrumador problema de refugiados, que a diferencia del de Afganistán no se ha creado por improvisación colombiana.

El manejo de los problemas internacionales de refugiados requiere reciprocidades entre los países concernidos. Ahora que va a terminar su exitoso mandato como canciller de Alemania, bien vale la pena recordar el manejo que le dio la señora Merkel al tema de los refugiados sirios y de otras regiones del medio oriente que como una ola gigantesca tocó a las puertas de la Unión Europea. La señora Merkel abrió generosamente las puertas de Alemania, pero exigió que otros países de la Unión y Turquía hicieran un esfuerzo correlativo para absorber aquella oleada de refugiados. La reciprocidad fue la regla. En la política contemporánea el concepto de “aliado” no es unilateral ni responde a la ley del embudo: tiene que acarrear bilateralidad.

La reciprocidad con dignidad es entonces lo que deberíamos solicitarle en esta ocasión a los Estados Unidos. La pronta ayuda que hemos ofrecido en la crisis de refugiados afganos que están saliendo despavoridos de su país, debería estar correspondida por compromisos norteamericanos para facilitar la entrada a Estados Unidos a los refugiados haitianos y cubanos que nos están llegando. La reciprocidad tiene que ser la regla.

Bogotá, D. C, 30 de agosto de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- ELECTRICARIBE le jugó sucio a sus 2.7 millones de sufridos usuarios y al Estado colombiano. Esta empresa, controlada por la española Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy, durante 22 largos años fue el operador de red y prestador del servicio de energía eléctrica a 7 de los departamentos del Caribe colombiano durante. Como es bien sabido, durante este tiempo se dedicó a explotar inmisericordemente este mercado y se abstuvo de hacer las inversiones a las que estaba obligada, lo que derivó en un progresivo deterioro de la calidad del servicio que prestaba.

Nunca cumplió con la Ley eléctrica 143 de 1994, que cataloga la energía como servicio público esencial en su artículo 5º y establece los principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad en su artículo 6º. Pero, lo que precipitó la intervención de ELECTRICARIBE por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en noviembre de 2016 fue la insolvencia de la empresa, al punto que, además de la abultada deuda en mora con sus proveedores, ya no tenía ni con qué comprar la energía, lo cual ponía en riesgo no sólo la prestación del servicio a sus usuarios, los cuales se verían abocados a un virtual apagón, sino que su efecto dominó podía desencadenar una crisis sistémica.

Con la intervención se destapó la caja de pandora que guardaba celosamente ELECTRICARIBE y su controlante GNF. Al levantarse el velo que la cubría, la Contraloría General de la República dispuso adelantar una auditoría especial la facturación a través de la cual se pudo establecer que entre julio de 2011 hasta octubre de 2016, la empresa se había apropiado ilegalmente de $211.755 millones que se le habían girado por parte del Fondo de Energía Social (FOES) que administra el Ministerio de Minas y Energía para aplicarlos como subsidio al consumo básico o de subsistencia a los estratos 1 y 2 en las zonas caracterizadas como “especiales”. Echó manos de ellos y se los embolsilló para cuadrar caja, utilizando como truco su asignación al “consumo distribuido comunitario” en lugar de hacerlo al “consumo individual  del usuario que contaba con medidor individualizado”, que debía ser el destinatario de dichos recursos y de esta forma aminorar sus pérdidas.

El hallazgo de esta tropelía por parte de la Contraloría le valió a ELECTRICARIBE, ahora en liquidación y a la multinacional Price Waterhouse que, como revisora fiscal fue permisiva y negligente, la apertura de un juicio de responsabilidad que concluyó compeliéndolos al reintegro de esta suma, la cual se le debe reconocer y resarcir a los usuarios que se vieron birlados y afectados al escamoteársele este alivio que debían haber recibido en sus facturas por ministerio de la Ley. Por fortuna, la agente liquidadora Ángela Patricia Rojas tuvo la previsión de constituir una garantía bancaria con BBVA a favor de la Contraloría General por valor de $187.227 millones, lo cual asegura el pronto reembolso del monto de la defraudación, defendiendo así el patrimonio público. Esta es la buena noticia.

La mala noticia es que ELECTRICARIBE ya no está bajo el control de GNF, está en proceso de liquidación y según quedó claramente establecido en la Ley 1955 de 2019 que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público”, que asumieron la operación a partir del 1º de octubre del año pasado (Air-e y Afinia), “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”.

De modo que este reintegro deberá hacerse con cargo a la Nación, la cual deberá asumir esta deuda, así como ha asumido los demás pasivos, entre ellos el pasivo pensional, por valor de $1.6 billones y los recursos transferidos a través del Fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios para su inversión y para garantizar la prestación del servicio, que superan los $4 billones, los cuales se van a fondo perdido. La verdad monda y lironda es que los platos rotos de ELECTRICARIBE lo terminaremos pagando todos los contribuyentes colombianos. La pesadilla de ELECTRICARIBE no termina.

Un comentario final: a propósito de los subsidios al consumo de susbsistencia de energía a los estratos 1, 2 y 3, es de advertir que, de manera recurrente, el monto asignado en el Presupuesto General de la Nación es insuficiente para cubrirlos, lo cual lleva a retrasos y moras en su cancelación a las empresas generadoras, poniéndolas en calzas prietas para operar. A agosto de este año el FOES acusaba un déficit para cubrir los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 de $739.000 millones para el servicio de electricidad y de $262.000 millones para el servicio de gas natural domiciliario.

Y en el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2022 sólo se propone apropiar $2.6 billones, incluyendo la suma correspondiente a las zonas no interconectadas, quedando desfinanciados los subsidios el año entrante, según los gremios de las empresas prestadoras de estos servicios, en $2 billones, aproximadamente. Esta, a mi juicio, es una manera de presionar el desmonte de los subsidios, como ya se intentó cuando se tramitó el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, pero que ante el rechazo ciudadano el propio Presidente Duque se vio precisado a dar instrucciones al Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para que retirara del texto del proyecto tan absurda como inconveniente propuesta.

Miami, agosto 28 de 2021

*Economista. Expresidente del Congreso.

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie Rivera*.-La “corrección política” en temas de paz riñe con la sensatez, porque responde a la narrativa de amigos y enemigos de la paz, sembrada por la izquierda y el “centrosantismo”, un contexto en que lo políticamente correcto se asimila al discurso de “los amigos” de esa paz todavía esquiva.

Por eso el expresidente Uribe calificó de políticamente incorrecta su propuesta de amnistía. Cómo podría ser “correcta”, proviniendo del líder del triunfante NO al Acuerdo, dizque “de paz”; pero incorrecta o no, es tremendamente sensata.

Si los culpables de delitos atroces: asesinos, violadores de menores reclutados, extorsionistas, secuestradores y narcotraficantes, pagarán “sembrando remolachas”, y ni eso, porque en cuatro años no hay una sola sentencia, pues entonces…, para qué la JEP.

Si la JEP exige “la verdad” para que la justicia brille y sean condenados a “sembrar remolachas”, entonces, para qué la Comisión de la Verdad. Para escuchar la de todos los actores del conflicto, responderán en coro De Roux, la izquierda y el santismo, pero mientras la de Santos fue recibida con alborozo, la de Uribe lo fue con recelo y franco rechazo de los de marras, como anticipo de “la historia” que se pretende contar.

Si la JEP, para condenarlos a “sembrar remolachas” les exige también la reparación a las víctimas, “simbólica”, me imagino, pues se declararon pobres de solemnidad y coronaron el mayor lavado de activos de la historia delincuencial del país; es decir, si no van a reparar, entonces…, para qué la JEP.

Y si tan justa condena –sembrar remolachas– exige “garantía de no repetición”, que sabe Dios cómo podrán garantizar si, de hecho, sus “disidencias” se quedaron “repitiendo” con violencia mafiosa, entonces…, para qué la JEP. No será mejor que digan la verdad que quieran, como están haciendo, para amnistiarlos… y listo.

La rasgada de vestiduras no se hizo esperar. Los alfiles del Nobel, siempre oculto tras bambalinas, alegan indignados que sería consagrar la impunidad y que la CIDH, la CPI y nuestras cortes ordenan investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad, como si de algo sirvieran tan exhaustivas investigaciones, para que, al final, la sanción sea… “sembrar remolachas”, una vergonzosa parodia de castigo.

Advirtieron también que la amnistía afectaría a los militares, siguiendo su lógica perversa de que, de producirse, sería solo para sus amigos de las Farc. ¡Qué más quisieran! No creo en la amnistía general, a pesar de la injusticia con el castigado por “robarse una bicicleta”, pero, si de remediar la farsa de la JEP se trata, pues que se convierta en Tribunal Transicional de Amnistías para los mal llamados actores del mal llamado conflicto.

Para Lozada, es una estrategia de Uribe porque “siente los pasos de la justicia que comienzan a alcanzarlo”. Lo dice un criminal culpable de delitos atroces, “honorable senador” sin pagar un día de cárcel ni sembrar una remolacha, protegido por una justicia que se inventaron “coja” para que nunca lo alcanzara.

Timochenko recordó que “Desde La Habana nos opusimos a un intercambio de impunidades”, reconociendo que sienten la impunidad como prebenda exclusiva de las Farc. ¡Ah! Me faltaba…, a Samper le pareció “inmoral” ¡Qué tal!

¿En qué estamos? En el costoso juego –medio billón al año– de juzgar sin castigar a los mayores criminales de nuestra historia, y de contar a su amaño esa historia; mientras en Arauca asesinan a 16 personas, el delito se toma las ciudades, los vándalos hoy destruyen y mañana los sueltan, el Paro convoca sus pacíficas marchas… de la muerte, y los narcotraficantes bolivarianos y su candidato, simplemente… sonríen.

Bogotá, D. C, 29 de agosto de 2021

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie