Opinión

Por Paloma Valencia*.- No comprenden el problema de legitimidad en la aplicación de la ley que nos dejó el acuerdo. La justicia tiene que ver con que casos iguales sean tratados iguales y que entre los diferentes haya proporcionalidad. ¿Por qué delitos de lesa humanidad pueden quedar impunes y en cambio debemos sancionar delitos menores? ¿Por qué el primer criminal puede conservar derechos políticos y el segundo no?

Sugieren el discurso del delito político: Farc puede tener un tratamiento diferenciado en razón al “conflicto armado”. Tesis con varias falacias. La idea de que las FARC representaba a alguien desapareció estruendosamente aquella vez que solo sacaron 50 mil votos. No representan a nadie. Su poder se asentaba en recursos del narcotráfico, la minería criminal, el secuestro y la extorsión.

El delito político es una forma de justificar y legalizar los crímenes de la izquierda.

Si había conflicto armado, ¿por qué los hombres de la fuerza pública no tuvieron también representación política, y porque no incluyeron a los paramilitares y a las otras guerrillas en una sola ley? ¿El conflicto era sólo con las FARC?

Sinuosamente sugieren que el Presidente Uribe asuma responsabilidades. Deberían iniciar ellos mismos aplicando su consejo.

No reflexionan sobre la responsabilidad de los acuerdos ante la proliferación de coca en Colombia. ¿Acaso no saben del crecimiento desbordado de otros grupos ilegales financiados por esa coca? ¿No saben que la mayoría de violencia la financia ese negocio?

No reconocen el error de haber dejado a Colombia sin herramientas para combatir el narcotráfico.

Callan sobre el rearme de Márquez. ¿Acaso no nos prometieron la paz con las Farc, completa? ¿Qué mecanismos acordaron para frenar los incumplimientos de las FARC?

Nada dicen sobre la fuga de Santrich, que aun después del acuerdo seguía traficando. Ninguna reflexión sobre no haber previsto medidas para ese escenario. Ninguna vergüenza en haber proscrito la extradición.

No proponen soluciones sobre que Farc no reconozca sus crímenes de manera individual ante la JEP. No les preocupa que esperen ser imputados para limitar sus versiones.

No muestran reparos sobre la politización de la JEP, la comisión de la verdad. Sigue pareciéndoles bien concederle a las FARC la posibilidad de reescribir la historia.

Siguen sin entender la gravedad de haber desconocido el plebiscito. Continúan con su postura impositiva. Jamás quisieron crear instituciones que nos representaran a todos.

Son sectarios. Se sienten satisfechos de haber otorgado impunidad a terroristas, pero insisten en estigmatizar a quienes tenemos reparos sobre el acuerdo.

Siguen sin escuchar a las víctimas. ¿No saben las dificultades que enfrentan a la hora de que les asignen abogados cercanos a las farc, de no contar con recursos para los informes, de no ser escuchadas, de ser asesinadas por las disidencias para callarlas?

Nada dicen de la exclusión de facto de las víctimas de las Farc en las tales curules de paz.

No se pronuncian sobre el injusto juzgamiento de los hombres de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dicen frente a la asimetría de que los hombres de las farc hayan sido amnistiados y los de las Fuerzas Armadas sigan presos?

Hablan de que es inédito negociar para que criminales se sometan a la justicia. Tal vez no conocieron la ley de justicia y paz que llevó a paramilitares y guerrilleros ante la justicia. Se desmovilizaron más de 53 mil hombres en armas. Más de 2 mil pagaron cárcel, se confesaron más de 70 mil crímenes y se entregaron 3 billones para las víctimas. Todos los máximos responsables y algunos más pagaron cárcel. Esa negociación antecedía la de ustedes, ¿en que la mejoraron?

Los creadores de la polarización siguen dividiendo. Atacan a Uribe y a Petro con una clara consigna política: fingirse en el centro para presentarse como viables mientras estigmatizan al resto. Hablan de la necesidad de acabar con la polarización lanzando piedras.

Colombia requiere superar diferencias y concertar acuerdos nacionales. Para eso es necesario que no insistan en imponernos lo que algunos consideran aceptable. Pueden negociar con terroristas, pero como les cuesta escuchar y aceptar ciudadanos discrepantes.

Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático.

Por Gabriel Ortiz*.- Cuando el ojo visor duerme, se producen todas las fallas que terminan aprovechando los corruptos, “vándalos y delincuentes”. Eso ocurrió con el caso del Mintic, y los negociados que pueden alcanzar a los 4 billones de pesos.

Sobre la Mintic, Karen Abudinen han caído los más fuertes aguaceros que tienen abismada la opinión pública, más, cuando se ha visto que apresuradamente el Jefe del Estado, no vaciló en absolverla, porque estaba seguro, que los entes de control la respaldarían cuando firmó jugosos contratos para que los niños de la Colombia profunda, tuvieran acceso digital.

Cosas como estas, suelen suceder cuando los gobernantes designan a sus vigilantes. Se discute el viaje del Fiscal a Estados Unidos, las reuniones de la Procuradora con la ministra y una Contraloría, que no vio lo que venía.

Es increíble que contratos de la magnitud de esos, 1.2 billones de pesos, con los que se premió a los amigos del gobierno, a través del Consorcio Centros Poblados, no fueran espulgados, escudriñados y fisgados. Si podían cumplir con lo ofrecido y si los documentos que los amparaban eran legales.   

Lo más grave es que la ministra, demostró que no controla a sus funcionarios, que no analiza las cosas antes de proceder a estampar su firma. Increíble que nadie se percatara de que las garantías eran falsas, como lo afirmó el Banco Itaú. ¿Cómo es posible que se acuda a la “buena fe de los mala fe”, para admitir una documentación licitatoria? Lo más grave es que al Consorcio Centros Poblados le han adjudicado innumerables licitaciones, que quedarán en el aire, si se cumple con lo que dice la Ministra: declarar la caducidad de los mismos. Pero para reír: el enjambre de abogados y amigos de los licitantes, consideran que esa figura no puede aplicarse, que solo es válida una cesión del contrato, lo que va en contra de toda la normatividad. La ley es clara: si se le aplica una caducidad, esta se aplica a todos los contratos que tenga con el Estado.

Esta figura se incluyó en la ley, para evitar la irresponsabilidad, el vandalismo, la felonía y el pillaje. La ministra Abudinen, está entre la espada y la pared. El presidente que recorre Corea, nuevamente la defendió y quiere evitar una moción de censura por parte del Congreso. Conociendo este legislativo, saldrá avante, porque la mermelada y demás ofrecimientos deben haber colmado las alforjas de  parlamentarios, como ha venido ocurriendo.

El gobierno debe hacer un alto en el camino, bajarse del flamante avión y enfrentar lo que está sucediendo. Permitir a los entes de control actuar, liberar al congreso y decirle al país que le ha puesto un freno a la corrupción. Un banco de La Florida tiene ese dinero guardado en la cuenta de uno de los miembros del consorcio Centros Poblados.

BLANCO: La tercera dosis parece ser coreana.

NEGRO: A Rueda se le fueron las luces, dejando a James por fuera de la selección.

Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2021

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional,Telematinal y Notisuper.

Por Eduardo Verano*.- La educación tiene claros desafíos hacia el futuro y debe superar debilidades evidenciadas en la pandemia. Profesores, padres, y alumnos hicieron esfuerzos heroicos para manejar  su impacto en la educación.

Hay que revisar las inquietudes, pero, ni es un análisis fácil, ni se puede limitar a que hubo pandemia. El asunto es de fondo y requiere definir tareas, y una estrategia inteligente para construir la educación del futuro impactada por nuevas herramientas digitales.

Quienes concibieron el proceso de educación definieron que se debía dedicar la primera etapa de  la vida. La educación básica era igual para todos, pero después evolucionó hacia procesos especializados para cada estudiante.

Muchos padres no pueden pagar el valor de educar. La mayoría depende de la educación pública y requieren préstamos, que solo se deberían pagar al tener capacidad económica, 10 años después del grado. Biden, decidió apoyar a los estudiantes para cancelar sus préstamos.

El sueño dorado de los educadores es garantizar colegio y universidad para todos. No es tan simple. La educación es un derecho y no un privilegio que debe ser garantizado a todos los habitantes, aun sin recursos. Debe ocupar la mayor asignación presupuestal. En California hubo crisis porque había mayores gastos para prisiones que para educación.

La sociedad digital requiere capacitación y garantizar conectividad. Existen desafíos por la desinformación con las herramientas digitales que podrían convertir la educación en un proceso tóxico.

En el pasado los padres compraban cuadernos, lápices y libros. Ahora se adquieren tabletas, teléfonos, computadores a pesar del  problema de adicción y su círculo vicioso de dependencia.

Lo más importante es que nada reemplaza el beneficio de la lectura directa de libros, desarrollan la imaginación, inducen a la reflexión, generan pensamiento crítico y forman vocabulario. No se consigue con la utilización de televisores o videojuegos, son actividades pasivas que no estimulan el cerebro, no los enseña a pensar, y no distinguen la realidad de la fantasía.

La educación presencial de calidad se ha fortalecido. Durante la pandemia se llegó a pensar que había aparecido una nueva manera virtual de estudiar. Pero, se generaron dificultades en el proceso de comprensión y aprendizaje, por la concentración y control familiar adecuado. También el aburrimiento con la virtualidad, que no sustituye  la alegría y la socialización del salón de clase. Los beneficios de la educación virtual no se pueden desconocer, pero se ratifica la importancia del aula. Hay que desarrollar habilidades digitales, inteligencia emocional y entender que el caos y las dificultades son parte de la educación.

El sistema educativo fue diseñado para enseñar a los trabajadores agrarios e industriales antiguos. Se deben hacer audaces cambios imaginativos, con innovación, nuevos currículos, nuevas metodologías, que transformarán cada vez más a la sociedad. Un objetivo superior.

Bogotá, D. C, 26 de agosto de 2021

*Exconstituyente, exministro de Estado, exgobernador del Atlántico.

Por José G Hernández*.- UNA de las principales garantías de imparcialidad, objetividad y transparencia en el ejercicio de la función pública -tanto la legislativa como la administrativa, la judicial y la de los órganos y funcionarios de control- está constituida por el régimen de impedimentos, recusaciones y conflictos de intereses. Por razones éticas, pero también jurídicas, quien tiene interés, así sea lejano, en un asunto objeto de su competencia, debe separarse por completo de su conocimiento.

Así debería ocurrir siempre, por respeto a las funciones, a la comunidad, a las partes, y también por dignidad. A lo cual se añade que la Corte Constitucional, acertadamente, ha sostenido, sobre la imparcialidad, que también “se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial” (Sentencia C-496/16).

Se declina la competencia en el caso concreto, para que el mismo pueda ser objeto de examen con la tranquilidad de todos acerca del criterio imparcial y puramente jurídico con el cual se habrá de decidir. Eso habla bien del funcionario, quien se aparta con prudencia de una cuestión que podría afectarlo individual, directa o indirectamente, o en su familia, por intereses o por antecedentes suyos en relación con el caso del que se trata.

Infortunadamente -como también pasa con la renuncia al cargo por responsabilidad política, y también por dignidad-, la frase “me declaro impedido en este asunto” es una frase que nunca -o casi nunca- se pronuncia en Colombia, con enorme daño al servicio público y con excelente servicio a la corrupción y a los manejos turbios de las decisiones.

El impedimento lo debe proponer ante la autoridad competente -que debería ser muy estricta- el servidor público en quien podría recaer, y la recusación es el mecanismo del que pueden valerse los afectados o la ciudadanía en caso de no haber sido manifestado el impedimento. Una elemental forma de reivindicar el interés de la justicia, la prevalencia del interés público y la vigencia de la ley sobre intereses específicos.

Aunque se piensa normalmente, dada la trascendencia de todo fallo, que el sistema de impedimentos debe ser más exigente respecto a los jueces y magistrados, no perdamos de vista a la Fiscalía, ni a los órganos de control y vigilancia.

Las normas sancionatorias -aunque las hay, no han sido efectivas- por la falta de no haberse declarado impedido a pesar de estar en una causal expresamente prevista, tanto de impedimento como de conflicto de intereses, deberían ser muy fuertes, e inclusive llegar a la destitución, además de la responsabilidad penal, en su caso. Algo hay en la normatividad relativa a la pérdida de investidura de congresistas, aunque no ha sido suficiente.

Se debe pensar en normas estrictas y claras, para evitar frenar las formas de corrupción.

Bogotá, D. C, 26 de agosto de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por: Guillermo García Realpe*.- Cuando pensamos que las cosas en Colombia no podían ser peores por cuenta del recrudecimiento de la violencia en los territorios, la mala imagen a nivel internacional tras el magnicidio del presidente de Haití, el mal manejo de la pandemia, la corrupción rampante, para la muestra un botón: el escandaloso y multimillonario contrato de MinTic con la Unión Temporal Centros Poblados,  la persecución por parte del partido de gobierno a los Acuerdos de Paz de la Habana, la inseguridad reinante en todas las ciudades, nos enteramos ahora que, Colombia es el país más peligroso para los líderes ambientales, quienes ejercen la defensa del agua, el territorio, la naturaleza y la vida misma.

Un reciente informe de la ONG Británica Global Witness, da cuenta que nuestro país en cabeza la penosa cifra de ser la nación con los más altos índices de muertes de defensores del medio ambiente en el mundo. ¡Es una vergüenza!

No es posible que de 212 asesinatos a lideres ambientales sucedidos en todo el mundo durante el 2019, 64 de ellos, hayan sucedido en Colombia, eso es impresionante y causa enorme tristeza para quienes también defendemos la vida y la naturaleza. Ese vergonzoso ranking también lo lideran en su orden, después de Colombia, Filipinas con 43 víctimas, Brasil con 24, México con 18 y Honduras con 14. En conclusión, Colombia, según lo documentado por Global Witness, es el país más peligroso para ser ambientalista, una cruda radiografía, pero esa es la realidad.

Es decir, según el informe, uno de cada tres asesinatos a líderes ambientales sucede en Colombia ¡Por Dios! Y el gobierno nacional sigue literal, como la canción de Shakira “Ciego, sordo y mudo”, ante este desolador panorama.

Y es que en Colombia se volvió costumbre y hace carrera ya desde hace varios años que, defender la vida, los territorios, nuestra riqueza hídrica, nuestra biodiversidad, sea sinónimo de muerte y más triste aún, que muchos de esos asesinatos se quedan en la impunidad, como si a nadie le importara la vida de nuestra gente.

Fundamentalmente esta demostrado que, quienes asesinan son los grupos armados ilegales, pero también los que promueven minería ilegal, cultivos ilícitos, pero, sobre todo, los grandes deforestadores de la Amazonía, la Orinoquía y de otras regiones del país como Antioquia, que son ganaderos ilegales, acumuladores de tierras en un gran porcentaje, como lo indican los estudios y en otros casos los cultivadores de palma.

Entonces están actuando a sus anchas. El Estado, ni el gobierno, ni la Fiscalía, ni la Fuerza Pública, han logrado contener este grave fenómeno que cade vez va en aumento. Instrumentos importantes en esto es la aprobación del Tratado de Escazú, donde hay elementos fundamentales de protección de los líderes sociales, ambientalistas, esto no es un chiste, ni un capricho, pretender la aprobación de este Tratado. 

Por eso nosotros hacemos este llamado para que nos concienticemos y promovamos cuanto antes la aprobación del Tratado de Escazú que tiene este tipo de contenidos.

Yo pienso que sería el mejor mensaje para contestar esto absolutamente negativo, pero también que en Colombia sea grave y que sea un delito absolutamente prioritario de perseguir por parte de las autoridades judiciales, entre todos tenemos que trabajar estos graves fenómenos que impactan directamente a Colombia de una forma negativa ante el mundo.

Escazú es un acuerdo firmado por 24 países y Colombia no pude seguir haciéndose el de la vista gorda con un asunto de tanta relevancia a nivel internacional, el Tratado de Escazú es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y que da apoyo a los derechos humanos en general y los ambientales en particular y sobre todo de acceso oportuno a la justicia en asuntos ambientales, además, que es el único tratado derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 y es el único en adoptar disposiciones puntuales para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, además de garantizar los derechos de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Ojalá en esta cuarta y última legislatura el Congreso no le siga dando la espalda a esta importante iniciativa y por el contrario ratifique este Tratado, para reivindicar la vida y los derechos de los líderes ambientales en Colombia, el país con la medalla de oro en muertes de los defensores de la vida, el territorio y el ambiente.

Bogotá, D. C, 24 de agosto de 2021

*Senador del Partido Liberal

Por Adriana Matiz*.- En un momento donde las gentes de las zonas rurales clamaban por soluciones verdaderas de conectividad, el país se encuentra con la desesperanzadora noticia que la corrupción sigue entre nosotros, sin límites ni escrúpulos, regresando esta vez en forma descarada dentro de un contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y la Unión Temporal Centros Poblados (UT), por 1,07 billones de pesos.

7.000 mil colegios de las zonas rurales iban a ser los beneficiarios directos de esta implementación de conectividad que pretendía llevar internet gratis por 11 años y que hoy se encuentran en el limbo, pues los recursos que inicialmente se habían destinado a manera de anticipo se encuentran casi perdidos.

El incumplimiento parcial en la entrega de puntos de conectividad contratados hizo que se llamara al garante bancario, como es normal, encontrándose que las documentos soportes eran falsos y que el banco Itaú no amparaba el negocio, ni mucho menos los recursos girados a título de anticipo. De ahí se destaparon además en rama, otra serie de contratos y de irregularidades, que prendieron las alarmas en el Ministerio, pues ya aparecían este tipo de garantías sin que hasta ahora conozcamos si también eran apócrifas.

El valor de la garantía que amparaba el anticipo de 70 mil millones, tampoco es de baja denominación, afirma la unión temporal que fueron cerca de 2.500 millones de pesos que se pagó por ella y que al parecer se perdieron en el camino, pues como dije antes, ese documento era falso.

Lo que más preocupación causa ahora es que las personas y hasta empresas que participaron en esta vergonzosa contratación habían, en el año 2019, realizado un contrato con el Fondo de Tecnologías de la Información de Colombia (Fontic) por un valor de 25.536 millones de pesos y el presente año con el Instituto Nacional de Vías, tendrían pendiente la ejecución de uno en obras por de infraestructura vial por 45.000 mil millones de pesos, donde ya hay un anticipo girado y sin ejecutar en su totalidad por casi 20 mil millones de pesos, lo que denota que pareciera estar estructurado todo un andamiaje lo suficientemente soportado, no solo para quedarse con este tipo de licitaciones, sino para hacer presumir la legalidad de los documentos y procedimientos obrantes en estos procesos, dando incluso formas de legalidad a la inversión del anticipo, no importando que se giraran a empresas o sociedades de los mismos integrantes de la unión temporal.

Se insinúa, incluso, la injerencia de exfuncionarios en la adjudicación de estos procesos, donde se habla de cifras de 6.000 millones de pesos pagados en comisiones, por lo que estamos frente a un escándalo de proporciones mayores.

Es muy pronto para determinar responsables directos, lo cierto es que ya los damnificados están claros: son los miles de niños que debían beneficiarse con un contrato de éstos, y que ahora ven nuevamente frustradas cualquier posibilidad de lograr esa competitividad. Seguimos fracasando como Estado por una corrupción que nos tiene hastiados, pero que nos persigue.

Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2021

*Representante a la Cámara del Tolima por el Partido Conservador

Por Juan Camilo Restrepo*.- Debe reconocerse que el director del DANE, doctor Oviedo, ha sido quizás el mejor funcionario de este gobierno. Frente a la manía casi compulsiva de todos los funcionarios de la administración Duque para “superlativizar” cuanta noticia divulgan, que los lleva a hablar siempre de que todo es “lo mejor del mundo, de la región o de la historia colombiana”, y a callar o asordinar lo que perciben como malas noticias, el director del Dane ha sabido anunciar con equilibrio tanto las estadísticas promisorias como las desalentadoras. La publicación periódica que se inició bajo su mandato llamada “pulso social” ha sido fuente de información invaluable para ponerle cifras inapelables al aterrador retroceso que la pandemia ha causado en materia social.

Se anuncia la presentación de un proyecto de ley que busca rodear de mayor independencia al Dane. Aunque no existen indicios de que este gobierno haya sido irrespetuoso con la “la magistratura estadística” (para apelar a una terminología análoga a la que Alfonso Palacio Rudas utilizaba para referirse a la junta directiva del Banco de la República que llamaba “magistratura monetaria”), no sobra fortalecer su independencia.

La oportunidad y seriedad técnica de las estadísticas y la credibilidad ciudadana en ellas son un bien público. Si esta condición faltara, el debate democrático sobre mil temas tales como inflación, crecimiento del PIB y empleo para no citar sino algunos, se volvería imposible.

Ahora bien: si este gobierno -como se ha anotado- parece haber sido respetuoso de la independencia de la autoridad estadística, no siempre ha sido así. Recuerdo, por ejemplo, cómo el director del DANE durante la primera administración Uribe debió renunciar al haber sido víctima de incomodas presiones provenientes del palacio de Nariño.

El proyecto de ley que se ha presentado prevé como piedra angular de esa mayor independencia que su nombramiento sea fruto de un concurso público en el que todos aquellos que cumplan con los exigentes requisitos que se estipulan puedan postular su nombre, para que entre ellos escoja finalmente el presidente de la República. La experiencia con estos concursos públicos para proveer altas dignidades es agridulce. Se puede prestar a simulacros de gran apertura democrática, pero en los que a la postre es el propio denominador el que escoge a su gusto uno de los postulados. Mucha mayor protección a la independencia del director del Dane sería que durante el término de su mandato, digamos cuatro años, no pueda ser removido por el presidente de su cargo. Algo similar a lo que acontece con los directores del Banco de la República. Puede abrirse el concurso para designar si se quiere, pero una vez escogido quedaría sustraído de la espada de Damocles de una remoción jupiteriana proveniente del jefe de Estado. Lo que constituye la merma principal de autonomía para el jefe de las estadísticas nacionales.

Según se ha informado, el proyecto de ley también señala qué tipo de censos debe adelantar el Dane y con qué periodicidad. Esta disposición sería de la mayor importancia. Recuerdo el censo rural último que se levantó durante el pasado gobierno. Hacia cuarenta años no se hacía. Tuvimos que sacarle la financiación de tan importante instrumento casi con tirabuzón al insensible Ministerio de Hacienda de entonces, al que fue muy difícil hacerle entender que un censo de lo rural hay que actualizarlo -como sucede en la mayoría de los países- cada cierto tiempo. Nosotros llevábamos cuarenta años sin hacerlo. Refiriéndome al censo rural anterior que por fin logramos poner al día dije, como ministro de agricultura de la época, que más se parecía a un daguerrotipo que a una fotografía.

Las estadísticas son un bien público indispensable para el buen funcionamiento democrático. El Dane y su director conforman una verdadera “magistratura estadística”. Todo lo que pueda hacerse para fortalecer su independencia hay que saludarlo con entusiasmo.

PD: la Comisión de la Verdad es una de las instituciones nacidas de los acuerdos de paz. Tiene rango constitucional. Desde el momento mismo en que el expresidente Uribe comenzó diciendo que desconocía la legitimidad a la comisión se le debió poner término a esa promocionada conversación. Quien representa una institucionalidad no puede prestarse a dialogar con quien comienza por negarle legitimidad.

Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2021

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Sorpresa positiva nos dio el PIB, que en el trimestre creció 17,6% con respecto al año anterior, y volvió a niveles similares a los de 2019, de manera que si sigue con esa tendencia solo tendremos dos años perdidos, sin crecimiento de la economía. Sin embargo, al examinar en detalle las cifras del Dane, surgen otras sorpresas e interrogantes.

La primera es la causa del crecimiento, que fue jalonado por la demanda interna, en particular por el consumo de los hogares que tuvo un incremento del 25%. La base de comparación era muy baja, pero inclusive si se compara con el 2019 hay una variación positiva de 6,2% y el incremento semestral equivale a 3,4% del PIB.

¿Cómo es posible que las compras de los hogares hayan crecido tanto cuando la economía estaba medio cerrada (en abril y mayo todavía estaban restringidas varias actividades) y cuando hubo más de un mes de paro nacional? ¿De dónde salió la plata para ese mayor consumo, si hay 3 millones de personas que dejaron de trabajar y tener ingresos (los desocupados más lo que dejaron de buscar trabajo)?

Varios datos ayudan a responder estas preguntas. Uno es el aumento de las remesas de trabajadores en el exterior, casi USD 4 millones (29% más que el año anterior), lo que puso en los bolsillos de los consumidores unos $4.2 billones adicionales. Se confirma que nuestro segundo producto de exportación es la mano de obra de los que no tienen oportunidades en Colombia.

Otro, es el aumento de los precios internacionales de productos como el café o el azúcar. En el caso del café son 500.000 familias que duplicaron sus ingresos y su capacidad de consumo. Finalmente, tuvo que haber un “desatraso” de consumos represados durante la pandemia, que se evidencia con los crecimientos semestrales de la producción en sectores como los textiles y calzado (52%), muebles y colchones (34%) o entretenimiento y recreación (47%).

La segunda sorpresa es la escasa contribución del gasto público a la reactivación. En efecto su aumento fue de solo $4.6 billones en el semestre (0,45% del PIB), y en el caso de la inversión en carreteras, disminuyó 0,7% en el semestre y 30% respecto del primer semestre de 2019.

El último hecho relevante, que no es sorpresa, es el aumento del déficit externo. En el trimestre las importaciones crecieron 46% y ya están por encima de las de 2019, mientras que las exportaciones solo aumentaron 15%, de manera que la balanza comercial registró un saldo en rojo equivalente a 11% del PIB, que es el más alto registrado en la historia reciente.

Los expertos en internacionalización que repiten contra toda evidencia que en Colombia no ha habido apertura hacia adentro deberían explicar qué significa que en 1990 las importaciones fueran el 6,5% del PIB y hoy sean el 24%, es decir, casi cuatro veces más.

Cali 23 de agosto de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- En plata blanca, los únicos recursos ciertos que se obtendrían de aprobarse el proyecto de reforma tributaria 2.0 como ha sido radicado por el Ministro de Hacienda son los $10.6 provenientes de “otros impuestos”, que no son otros distintos al aumento de la tasa impositiva a la renta de las personas jurídicas, esto es, a las empresas ($6.7 billones), el 50% del descuento del ICA ($3.9 billones) y pare de contar. Y, como si fuera la cereza del postre, se espera recaudar $392.000 millones imponiéndole una sobretasa temporal (hasta el 2025) de tres puntos porcentuales al sector financiero, el cual, aunque con reservas por considerarla “antitécnica”, la aceptaron con resignación como su aporte al ajuste fiscal que busca el gobierno.

Nos parece que en el proyecto se está sobrestimando el recaudo por gestión de la DIAN ($2.7 billones) y la reducción del gasto por cuenta de la “austeridad” que plantea. Ello sólo sirve para cuadrar las cuentas, pero no para cuadrar caja, pues resulta contraintuitivo pensar en reducir el gasto en momentos en los que, a consecuencia de los estragos de la pandemia se requiere más Estado y no menos Estado, lo cual conlleva un mayor gasto, desde luego más eficiente y mejor focalizado al momento de ejecutarlo.

En algo ayudará a equilibrar las cargas el comportamiento en los últimos 5 meses de los precios internacionales del carbón y el petróleo. Los del carbón, después de haber alcanzado los US $35 la tonelada el año anterior, en los últimos meses ha alcanzado el tope de los US $132. Por su parte los precios del crudo oscilan en torno a los US $74 el barril de la referencia Brent, aproximándose a un promedio en lo corrido del año de US $69 el barril, superando en US $6 por barril el precio base del MFMP, lo cual le puede significar ingresos adicionales inesperados a la Nación entre los 3 y los 4 billones y también los $14 billones, aproximadamente que se esperan recibir de la venta del 51.41% de participación en ISA.

De acuerdo con el MFMP, el ajuste fiscal se difiere para el 2023, ni siquiera para el 2022. Esta tarea le quedaría al próximo gobierno, ya que se prevé que los ingresos tributarios pasen del 13.6% en 2021 a 14.2% en 2022 hasta alcanzar el 15.8% en 2023, manteniéndose el déficit estructural, habida cuenta que el gasto (inflexible, además, en un porcentaje que supera el 85%) está alrededor del 19% del PIB. Una prueba al canto de dicha inflexibilidad es el Proyecto de Presupuesto para la vigencia del año entrante que acaba de radicar el Ministro de Hacienda en el Congreso de la República, aforado en algo más de $350.4 billones, superior en 5.3% al de la actual vigencia. Merece destacarse el hecho de que el mayor rubro en el mismo corresponde al servicio de la deuda, con $78 billones (¡!), superior al de inversión ($62.2 billones) y casi el doble del presupuesto asignado a la educación ($62.2 billones)!

Hay que reconocer la franqueza del Ministro Restrepo, cuando afirmó sin rodeos: “hemos sido transparentes. Incluso en el Marco Fiscal de Mediano Plazo dijimos que el esfuerzo es de dos terceras partes de la necesidad estructural de largo plazo de las finanzas públicas. Los esfuerzos adicionales serían responsabilidad del siguiente Gobierno”. No está muy claro que el esfuerzo fiscal de este Gobierno alcance las “dos terceras partes de la necesidad estructural de largo plazo de las finanzas públicas”, pues como ya quedó dicho se están sobreestimando los recaudos esperados con este proyecto de reforma. En síntesis, este es un proyecto de reforma tributaria de limitado alcance y aplaza, una vez más, la reforma tributaria estructural que la economía y las finanzas públicas reclaman a gritos!

Como lo señala Jaime Tenjo: “es claro ahora que la primera tarea del nuevo Presidente será la de presentar una propuesta integral de reforma tributaria que contribuya a solucionar los problemas de pobreza, crecimiento e inequidad que la pandemia sacó a flote, que constituya la base de un nuevo contrato social y que sea consistente con un aceptable equilibrio macroeconómico”. Ello va en línea con el planteamiento de la CEPAL, en el sentido que los nuevos pactos sociales a los que se llegue, que ya no será en este gobierno, exigen pactos fiscales “que promuevan una fiscalidad progresiva y sostenible para el bienestar”. ¡Así de claro!

Miami, agosto 21 de 2021

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Juan Manuel Galán*.-  Si alguna lección nos ha dejado la Pandemia, es que la humanidad y nuestro planeta están íntimamente ligados e interrelacionados en la salud, la enfermedad, la seguridad, el medio ambiente, los temas sociales, la cultura, la economía y por supuesto, la política. Por ello, uno de los peores errores que puede cometer un gobierno es permitir el debilitamiento de su sistema de salud.

En nuestro país, si bien son innegables los avances en materia de cobertura, acceso, oportunidad, calidad de los servicios, gestión del riesgo y administración de los recursos en el sistema de salud, aún persisten fuertes fallas en su financiamiento y trabas administrativas que limitan el acceso a los servicios por parte de los colombianos, además de graves casos de corrupción. Esto nos obliga a mirar cómo el Estado ha hecho su parte y cuáles son los puntos críticos donde ha generado el debilitamiento del sistema. Al respecto, uno de esos puntos es el de las intervenciones administrativas.

Las cifras señalan que con estas intervenciones se perdieron más de 5 billones de pesos que no fueron pagados a las clínicas y hospitales, pese a que prestaron la atención, por lo que es necesario que el Estado asuma su responsabilidad y desarrolle una estrategia para recuperar estos recursos y cumplirle a las IPS por esas obligaciones, las cuales son, también, el resultado de la pésima vigilancia que ha ejecutado la Supersalud.

Misma que parecía ciega ante el fraude al que fue sometida Caprecom cuando la volvieron un botín de dirigentes políticos que hoy siguen sin responder ante la justicia y hasta en campaña, así le hayan sacado más de un billón de pesos a los recursos de la salud.

Para subsanar este hueco creado por malas intervenciones del Estado y sus fallas en la vigilancia, es necesario que la salud sea vista como un asunto de seguridad nacional y abordada desde una política de Estado que no esté sometida a un gobierno o ideología, pero tampoco a decisiones politizadas que entregan los recursos de la salud a quienes no deben manejarlos.

Además, más allá de propuestas populistas que amenazan la sostenibilidad a futuro del sistema, Colombia necesita son ajustes concretos para que cada agente actúe según lo que la Constitución y la Ley les ordena, para que se incentive la calidad, para que las IPS y las EPS estén más articuladas, y para que se garanticen los pagos a quienes prestan los servicios. Para esto urge reconformar el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de manera que por vía del diálogo sensato entre los agentes del sistema, se determinen los pasos que debemos dar para tener el sistema de salud que necesita el pueblo colombiano.

Bogotá, D. C, 22 de agosto de 2021

*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.