Opinión
Por Paloma Valencia*.- No puedo creer que el 60% de los estudiantes de colegios públicos sigan sin presencialidad. Es un hecho que nos va a costar como Nación, pero que sobre todo le va a costar a esos niños. The Economist mostró una gráfica desalentadora donde los días sin presencialidad se movían simétricamente con los malos resultados en las pruebas PISA. A menos días de clase, peores resultados. Obviamente Colombia estuvo entre los peores.
Es inadmisible que, a través de tutelas y artilugios, FECODE haya logrado que los niños no vuelvan a clases. Algunos comparan las clases con otras actividades laborales, incluso con el Congreso. La virtualidad es excelente cuando no afecta derechos y cuando no tiene efectos nocivos. Pero ante la evidencia de sendas investigaciones sobre el retraso en el conocimiento, en los impactos emocionales, los índices de depresión, violencia intrafamiliar… entre muchos otros efectos, es claro que los niños deben estar en el colegio.
Otro grupo de argumentos sostiene que es un riesgo para los profesores y los niños. Los profesores fueron priorizados en las vacunas. Es probable que contraigan el COVID, pero con la vacuna es muy poco probable que tengan efectos graves. Profesores con comorbilidades podrían estar exentos. Es inadmisible que tengamos que esperar a la reconstrucción de todos los colegios para que pueda volver a haber clases. El gobierno creó un fondo para atender las necesidades y que difícil ha sido que las entidades territoriales lo utilicen.
Los niños, sin vacunar aún, tienen también muy poco riesgo. Podrán enfermarse, pero los efectos adversos son menores.
He insistido en la necesidad de dotar de autonomía a los padres. Los padres del sistema público deberían poder optar por colegios privados. El bono escolar es necesario hoy más que nunca.
Si no podemos ni siquiera lograr que los niños vayan a clase, que esperar frente a las reformas estructurales que hagan más pertinente la educación, que supere la inequidad imperante y que nos brinde calidad que haga posible el sueño de la movilidad social. Estas circunstancias solo muestran lo poco que como sociedad nos importa la educación.
La idea de la educación como mecanismo de creación de identidad regional y como herramienta para el desarrollo regional, que sugiere el doctor Eduardo Aldana tiene que avanzar. Es necesario el rescate de los valores y costumbres, y que se encadenen los procesos productivos para que la educación permita empleabilidad y desarrollo.
Al mismo tiempo, Colombia tiene que lograr alinear la formación del capital humano con su aparato productivo, las líneas de investigación y la política pública para crear sectores de talla mundial que compitan en el mundo.
La cuestión sobre la pertinencia de la educación, hay que preguntarnos también sobre lo que significará la revolución de la automatización y la inteligencia artificial. Millones de trabajos serán reemplazados muy pronto por máquinas que simularán muy bien un ser humano. La potencia de la creatividad, la programación de computadores y la robótica son asuntos que deberían estar en todas las aulas de manera inmediata.
La educación es fundamental para cambiar a Colombia, y para hacerlo hay que transformarla. El diagnóstico está hecho de tiempo atrás, sin embargo, no hemos tenido decisión de hacerlo. El tiempo pasa sin que la promesa de la inclusión social y la igualdad de oportunidades se realice. Ojalá en este debate presidencial la educación sea un tema central; no de discurso, sino de acciones concretas.
Bogotá, D. C, 21 de agosto de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático.
Por Parmenio Cuellar Bastidas*.- Conocí a Luis Carlos Galán cuando vino a Pasto, antes de su primera candidatura presidencial. Recorría el país dictando conferencias sobre El Cerrejón. Me encantó su posición nacionalista, la defensa de nuestros recursos naturales y la crítica de un contrato leonino que perjudicaba gravemente los intereses del país, además del grave daño ecológico que estaba generando a la Guajira y a la región de la costa norte en general. Al terminar la conferencia, en una conversación privada, me invitó a que lo acompañara en su empresa política.
Yo que acababa de perder mi elección a la Cámara de Representantes en el año de 1978 a nombre de Izquierda Liberal, después de haber sido diputado en representación de esa naciente fuerza política, consideré que era conveniente incorporarme a un movimiento nacional, y acepté. Fui elegido Coordinador Departamental del Nuevo Liberalismo, y desempeñé esas funciones hasta después del asesinato de Galán.
Cuando la Corte Constitucional ha reconocido la vigencia de la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, creo mi deber hacer algunas reflexiones que me parecen importantes ahora que los promotores de esta nueva etapa se aprestan a darle una interpretación a la actual realidad social y política que vive Colombia.
Quisiera empezar contando una anécdota que, para mi, y desde esa fecha, dejó claramente establecido cuál era su ubicación en el contexto de la política colombiana: siendo yo diputado suplente de Galán a la Asamblea de Nariño, vino a tomar posesión y a ejercer sus funciones por un día. Recuerdo que un colega de la Duma, que a la vez ejercía las funciones de senador de la Republica había dejado con su suplente una carta dirigida a él, en la cual le preguntaba si un profesor de la Universidad de Nariño que dictaba clases de marxismo podía ser coordinador del Nuevo Liberalismo. Tanto a él, como a mí, nos tomó por sorpresa, y, como la carta se leyó justo en el momento en que se disponía a hablar, no tuve tiempo de darle ninguna información. Cuál mi sorpresa, cuando acudiendo a Darío Echandía, a Jorge Eliecer Gaitán, a Gerardo Molina y a Indalecio Liévano Aguirre contestó tajantemente que no había incompatibilidad absolutamente para nadie que teniendo un pensamiento tan radical pudiera acompañarlo en la lucha política. Para él, ser liberal era, cabalmente, ser tolerante. El liberalismo, es el partido del libre examen, concluyó.
Con posterioridad, en muchas intervenciones de plaza pública, y en entrevistas en televisión y radio, siempre se definió como un hombre de centro-izquierda. En el Senado de la Republica promovió un debate para defender a la Unión Patriótica, cuando esa fuerza política fuera exterminada con el asesinato de sus parlamentarios, a raíz del primer proceso de paz que impulsara el presidente Belisario Betancur. Y no solamente eso. En reiteradas oportunidades le escuché en sus disertaciones en plaza pública, invitar a la guerrilla a regresar a la democracia, como él lo decía, para que defendiera desde la legalidad sus posiciones ideológicas y sus programas. Nunca supe de un ataque suyo contra los actores armados, y tuve la certeza de que los consideraba actores políticos y, por tanto, sujetos de un acuerdo político con el Estado.
Siempre defendía el patrimonio o el legado del liberalismo en la época de la Revolución en Marcha, lo mismo que la reforma agraria promovida en la época del doctor Carlos Lleras Restrepo.
Su crítica de la corrupción y el clientelismo no era prédica moralista sino una condena tajante de esas practicas antidemocráticas que se habían enquistado en los partidos tradicionales.
En alguna oportunidad promovió un acercamiento con los sectores de la izquierda, con el objeto de conformar una especie de frente, mucho más allá del estrecho marco del partido liberal. Recuerdo que el doctor Gerardo Molina le envió una carta aceptando esa convocatoria. Desgraciadamente, un editorial en Nueva Frontera, del doctor Lleras Restrepo, que públicamente expresaba su desacuerdo con esa iniciativa, hizo que Galán no volviera a hablar más de ese tema.
Finalmente, quisiera decir que en el año 2006, después de terminar mis funciones como Gobernador de Nariño y cuando me aprestaba para volver al Senado de la Republica, donde ya había estado a nombre del movimiento Nueva Colombia, que habíamos fundado con el senador Ivan Marulanda, fui invitado por el doctor César Gaviria, en ese tiempo ya investido como presidente de la Dirección Liberal Nacional, a hacer parte de la lista de ese partido al Senado. Al agradecerle su generosidad, le manifesté que me disponía a concurrir a la creación del Polo Democrático Alternativo, como integrante de un sector independiente que Lucho Garzón denominara la Tercera Pata, pues las otras dos eran los partidos que ya tenían presencia en el Congreso: el Polo Democrático Independiente (PDI) y la Alternativa Democrática (AD). Rafael Ballén, y una fervorosa galanista, nos acompañó: María Emma Mejía. No podía ingresar a un partido que había borrado de sus estatutos esa bella definición que Gaitán había incorporado en ellos: “el liberalismo, es una coalición de matices de izquierda”.
Estas breves reflexiones, ahora que los promotores de esta nueva etapa se aprestan a señalar los criterios y el derrotero de esta importante fuerza política, que seguirá gravitando con mucho énfasis en la memoria de los colombianos.
Ojalá el Nuevo Liberalismo, que ahora renace, pueda mantener y proyectar el pensamiento del líder sacrificado.
Bogotá, D. C, 19 de agosto de 2021
*Ex senador de la República y ex ministro de Justicia.
Por Eduardo Verano*.- El ordenamiento territorial no ha recibido el impulso que se pactó en la Constituyente, y presenta poco avance. Se ha estancado la organización del Estado Regional que debe buscar un manejo económico justo, respeto al medio ambiente y la construcción del país soñado.
Hay que destrabar la regionalización y asegurar su éxito. En contraste, el manejo del país se ha recentralizado. Los departamentos ubicados en las costas se desarrollan cada vez menos.
La concentración exagerada del poder del estado y administración de los recursos en la Nación impide un desarrollo equitativo y equilibrado.
El país está lleno de inequidades, hay zonas económicamente más fuertes y prósperas, otras mejor ubicadas y con recursos naturales. Pero, hay zonas pobres y sin recursos. Lo importante es subsanar el desequilibrio normal en cualquier país.
No es suficiente la organización Institucional del país. Es clave garantizar todos los recursos para mantenerse y desarrollarse. Si no los generan, deben recibir compensaciones para sus competencias.
Su base productiva es la base gravable para generar ingresos. Si su actividad económica es pobre debe ser compensada con fondos especiales que garanticen ingresos a todo el país.
En Colombia hemos construido un modelo de desarrollo contrario. Nos apartamos de las costas, desde la época de la sustitución de importaciones de los años 60. Se construyó un importante aparato productivo en el centro del país a 1000 km de los puertos, y hoy esa ubicación no sirve para competir en la economía internacional. Se desbordó el crecimiento de Bogotá, con 10 millones de habitantes y lejos del mercado internacional.
Sin embargo, hasta las carencias están concentradas en las costas y el mapa de pobreza coincide con los de violencia, narcotráfico y actividades ilícitas.
El desarrollo económico y político sin recursos, decía Núñez, es una ficción. No se generará ni equilibrio ni desarrollo. Por eso la Constituyente diseñó el Sistema General de participaciones basado en las Necesidades Básicas Insatisfechas para que las zonas más pobres reciban mayor volumen de recursos y lograr equidad. No se utilizó el término de transferencias porque no son un regalo del gobierno central, que solo recauda ingresos que le pertenecen a todo el país. Los impuestos robustos como renta, venta, y aduana, los recauda la nación, pero no son de su propiedad, son del país.
En Alemania, las Landers reciben directamente una porción del impuesto a la venta, logrando un desarrollo fantástico de las regiones alemanas. Contrasta con Colombia y su diseño perverso, porque el Estado Central se queda con el lomo fino y reparte solo el hueso hacia la periferia. Los departamentos viven de antiguos impuestos coloniales al vicio como el licor y los cigarrillos.
La Unión Europea son países dispares, unos ricos y otros pobres. Utilizaron como mecanismo de igualación un fondo de compensación. Los países ricos como Francia, Alemania, Italia construyeron una red de carreteras y trenes de alta velocidad a los países pobres de Europa. Así impulsaron un crecimiento económico del continente basado en el turismo.
Nuestro país ha fortalecido su desarrollo institucional en Bogotá. El máximo símbolo del centralismo es que hasta los institutos que manejan los puertos y la pesca están en Bogotá.
Barranquilla 19 de agosto de 2021
*Exconstituyente, exministro de Estado, exgobernador del Atlántico.
Por Gabriel Ortiz*.- El festivo pudo haber sido mucho más agradable y apacible, pero los relinchos, graznidos, ladridos, rebuznos, roznas, aleteos e interrupciones de espontáneos, pudieron llevar al fracaso la reunión de la Comisión de la Verdad.
Parecía imposible hacer comparecer a un tozudo personaje al estrado que busca terminar con la guerra en Colombia, pero el rumbo que han tomado las investigaciones, descubre actuaciones de quienes desempeñaron posiciones muy importantes durante el conflicto.
Casi todos los expresidentes y muchos de los actuantes de un lado y del otro, han acudido a la Comisión de la Verdad, que con magistral equilibrio, ha conducido el Padre de Roux.
Solo faltaba el expresidente Alvaro Uribe. El, desde un principio ha desconocido el proceso de paz, la Comisión de la Verdad y todo lo que tenga que ver con este proceso. Hechos que han aflorado, como los falsos positivos, los falsos testigos, los paramilitares y tantas cosas más, lo obligaron a acudir, muy a “regañadientes”. Inicialmente impuso más condiciones que un contrato leonino, pero al final aceptó, no sin antes enviar una especie de “memorial de agravios”.
La apacible reunión empezó en santa paz, aunque en ciertos momentos hubo tropiezos, ante la asistencia de algunos comisionados, presencia que sorteó con sabiduría el Padre de Roux.
El exjefe de Estado, se refirió a su “seguridad democrática”, que casi califica como la salvadora de la patria y de los colombianos. Más adelante reconoció los “falsos positivos”, que casi desconoció, pero que al final atribuyó a engaños por parte de algunos soldados y otros miembros del ejército.
Muchos de los presentes, y los ausentes que seguían el desarrollo de la reunión por internet, se preguntaban –en profundo silencio- ¿“quién podría haber osado mentir, engañar, ilusionar, equivocar, o hacer creer que algo falso era verdadero, al hombre que todo lo sabía”?
Cuando se pasó al escabroso, áspero y duro tema de la paz, hubo momentos difíciles. Salió a relucir aquello del sí y el no, de la forma dictatorial como se aplicó el Acuerdo de Paz de la Habana, mas no de la salida a votar “verracos”.
Tampoco se dijo mucho sobre la falta de implementación del acuerdo. Muchas cosas se escaparon, mientras otras afloraron, como la necesidad de drásticas sanciones para las Farc, y benévolas a los paras y demás delincuentes de la guerra, para concluir en la propuesta del siglo: amnistía general. Es decir para generales, políticos, delincuentes, etc. Es decir: “borron y cuenta nueva”.
Cesaron luego los murmullos, ruidos y toces. En medio de sepulcral silencio, solo el espíritu irritado de Tomás, “colado en la reunión”, manifestó su descontento.
Otros, solo pensaron: ¿dónde quedará, entonces la tal paz “con legalidad”, de Duque?
Los días están por venir y la propuesta de Uribe por debatir, porque hay mucho que limpiar.
BLANCO: Bueno el crecimiento del segundo trimestre. ¿Activación?
NEGRO: ¡Decime Oscar… Oscar a secas! Orden del candidato Uribista a sus seguidores.
Bogotá, D. C, 19 de agosto de 2021
Por José G. Hernández*.- La impunidad es terriblemente dañina en toda sociedad. El Derecho Penal, la legislación que prevé los hechos punibles y sus consecuencias, la administración de justicia pronta y efectiva, así como la sanción al delincuente, son elementos indispensables para la defensa social y para la preservación de un orden mínimo, sin el cual es imposible la convivencia.
Pero no se pierda de vista que se trata de medios para lograr fines superiores. Las aludidas funciones -confiadas al Estado- deben buscar sus propósitos y ser ejercidas con un sentido humanitario, esencialmente justo y con prevalencia del derecho sustancial. Las penas innecesarias, desproporcionadas, irrazonables, discriminatorias o puramente vengativas no son las más indicadas para cumplir el propósito del Derecho Penal, que no es otro que la racional y respetuosa convivencia en el seno de la sociedad, la protección de la vida, la integridad, los derechos y los bienes de las personas, así como la observancia de los principios que profesa la colectividad.
Sobre la finalidad de la pena, ha sostenido la Corte Constitucional que “tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción (…); un fin retributivo, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de Derecho Internacional adoptadas”. Para la Corte, “sólo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital”. (Sentencia C-806 de 2002).
Respecto al principio superior de igualdad ante la ley -aplicable en materia penal-, la Corte ha sostenido que él exige “… el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya que por las circunstancias particulares que los afectan, pues unas u otras hacen imperativo que, con base criterios proporcionados a aquellas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta”. (Sentencia C-094/93).
Son principios jurídicos esenciales: "Ubi eadem est ratio, eadem est o debet esse juris dispositio". Donde hay la misma razón debe haber la misma disposición. "Omnis enim lex aequalis". La igualdad de todos ante la ley.
La pena debe ser proporcional para no ser injusta. Su duración e intensidad deben guardar relación con la gravedad y circunstancias del delito.
Bien estatuye el legislador colombiano (artículo 3 Código Penal): "La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan".
Bogotá, D. C, 19 de agosto de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Cecilia López Montaño-*.- Entre los miles de problemas que tiene actualmente el presidente Duque entre sus temas pendientes, uno crucial que con razón lo incomoda mucho, es la recuperación del anticipo de los 70 mil millones de pesos que MinTic le entregó a la unión temporal Centros Poblados. No basta con salir a respaldar a la ministra que es de su más cercano entorno político, porque eso no hace aparecer unos inmensos recursos que el país no tolerará que simplemente se desaparezcan en manos de contratistas que deben responder ante la ley. Pero tan poco son suficientes los elogios del presidente sobre las cualidades personales de la ministra Karen Abudinen porque sencillamente no van a ocultar algo innegable. Aun dándole el beneficio de la duda a la ministra, lo que es innegable es que por lo menos se dejó engañar, lo cual para un funcionario público no tiene ninguna justificación alguna porque tenía en sus manos la posibilidad de ejercer todos los controles para que esto no le pasara.
Debe aclararse que el hecho de haber hecho la denuncia, aunque esto no es evidente porque quien prendió la alarma desde hace meses fue una periodista, tampoco la libera de la inmensa responsabilidad de haber otorgado a este contratista, semejante cantidad de recursos con evidentes fallas en el proceso de su selección. La actitud defensiva del gobierno en vez de ayudar a aclarar una situación para que el proceso de responsabilidades sea transparente, lo que está incentivando es que la investigación en vez de hacerla los entes de control la están haciendo periodistas independientes. Con nombres de personas con prontuarios como responsables de esta unión temporal, el debate está llegando a niveles que le complican mucho la situación al gobierno y obviamente a la ministra.
Por el bien del país, porque de esta dimensión es este escándalo, no basta con la caducidad del contrato. Se requiere que se aclare cómo y por qué se realizó semejante adefesio de contratación. También es impostergable que la ministra asuma la responsabilidad que tiene para que no pase lo de siempre: el costo de tamaño error cae sobre funcionarios de bajo perfil y se cree que con meterlos a la cárcel ya se resolvió la situación. La dimensión de este escándalo no permitirá la solución de siempre en la que salvan a las cabezas y sacrifican a quienes no tienen poder. Pero lo que sí es ineludible es que se recuperen los 70 mil millones de pesos, lo que sinceramente no se ve nada fácil.
Si ninguna de estas tres cosas sucede, no hay forma de que el gobierno, el presidente Duque y la ministra Abudinen, se salven del costo de haber generado las condiciones para que en semejante situación del país y de su gente, se pierdan recursos públicos, es decir de todos los colombianos. En eso no se puede equivocar el gobierno y menos aún el señor presidente Duque.
Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2021
*Exministra de Estado y Exsenadora de la República.
Por Gustavo Galvis Hernández*.- Una terrible coincidencia. Me refiero a la reciente publicación del sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU y los devastadores incendios debido a las fuertes olas de calor sin precedentes que han reducido a cenizas vastos territorios de Canadá, Estados Unidos, países de Europa y el norte de Rusia. Otros lugares de China, India y Alemania, azotados por lluvias torrenciales arrasando tierras y poblados. Desolación, ruina y muertes en muchas partes del planeta por el calentamiento global.
El IPCC, creado en 1988, viene publicando cada cuatro años sus estudios y análisis sobre la evolución del cambio climático causado por los gases de efecto invernadero, producidos pricipalmente por el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, para la indispensable generación de energía eléctrica. Súmense además los devastadores efectos de deforestación en todas partes.
Son 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero las que se emiten anualmente a la atmósfera. El gran reto es reducirlas significativamente en el menor tiempo posible mediante la producción de energía por otros métodos como la solar, eólica, hidroelectricidad, nuclear, ect. Evitar que para el año 2030 la temperatura de la Tierra se incremente en más de 1.5 grados centígrados, es el gran desafío mundial. Urgente también la reforestación masiva. El otro gran reto es la disminución del crecimiento poblacional que se incrementa anualmente en aproximadamente 80 millones de personas especialmente en los países más pobres; implica más demanda de recursos naturales cada día más escasos, acabando con la diversidad biológica. Súmese la sexta extinción de las especies en curso, pero esta vez por culpa de la humana.
Frenar el calentamiento global es el gran reto para todos los líderes del mundo, los políticos, empresarios, científicos, la académia, religiones, medios de comunicación y de todas las personas que informadas y motivadas eviten con su poder de elegir, que los Trump o Bolsonaros, representantes del negacionismo y de los mercaderes de la duda, lleguen al poder en un mundo que como lo dicen los expertos, avanza hacia el colapso climático y demográfico si no se actúa con prontitud y efectividad para evitarlo.
Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2021
*Ingeniero Industrial de la UIS. Expresidente de la Financiera Energética (FEN). Exsenador, Expresidente de ANDESCO.
Por Guillermo García Realpe*.-Con bombos y platillos el gobierno anunció la adquisición por parte de Ecopetrol del 51.4% de la participación accionaria de ISA por un valor que superó los 14 billones de pesos, unos 3600 millones de dólares. Sin lugar a dudas, no es una noticia del todo mala para el país porque se mantendría el dominio y la propiedad del Estado colombiano, teniendo en cuenta que también hay particulares en Ecopetrol.
En defensa de lo público, tengo que decir que poco celebró esta decisión, primero, porque la estatal petrolera, es de componente accionario privado, aunque resalto que, ahora le apuntará también a la generación y transporte de energía. Y aunque con esta millonaria transacción, el país asegura transición energética, seguridad energética y por supuesto que se diversificará el portafolio de servicios de Ecopetrol, queda un sabor agridulce.
La principal compañía de la nación, ahora será la cabeza de un gran conglomerado líder en transición energética en el hemisferio occidental, integrando la cadena de valor de los hidrocarburos con la transmisión de energía, las energías renovables y las soluciones basadas en la naturaleza, aspecto que celebramos. Esperamos que todo eso se lleve a feliz término.
Ojalá que todo esto se traduzca también en fuente de generación de energías solar y eólica y que se lleve estas líneas de transmisión a los rincones de la patria donde se requiera este vital servicio. La buena noticia aquí, es que ISA seguirá siendo de todos los colombianos.
Pero mientras esto sucede, por debajo de la mesa el gobierno nacional también tiene lista la venta de varias electrificadoras del país, proceso que ya está andando porque ya contrataron a una firma consultora para hacer avalúos y otra serie de procedimientos.
Ecopetrol, ISA, CENIT y las electrificadoras regionales, son el último patrimonio público de los colombianos, su venta es contra el país, no tiene ninguna justificación. Por eso, anuncio mi oposición contundente a este proceso que busca salir de los principales activos que hoy tiene la nación.
La intención del gobierno, aunque lo nieguen, es privatizar siete electrificadoras regionales, como quedó al descubierto en un reciente debate realizado en la Comisión Quinta del Senado. Ese control político, sirvió para desnudar las verdaderas intenciones del gobierno. Dentro de la baraja que tiene el gobierno, estaría vender a privados las acciones que hoy tiene la nación en la Electrificadora del Meta, que opera en 23 municipios de ese departamento, genera empleo regional y llega con su servicio de energía eléctrica a más de 355 mil usuarios, hoy con reporte de utilidades del 13%.
Pero el gobierno no solo tiene en la mira a la Electrificadora del Meta, también en el radar, están vender la Electrificadora del Huila, Centrales Eléctricas de Nariño, Electrificadora del Caquetá, Centrales Eléctricas del Cauca, Distribuidora del Pacífico y Urrá S.A E.S.P. ¡Siete en total!
En las regiones, nosotros valoramos mucho nuestro patrimonio en las electrificadoras, por su tema accionario. No debemos olvidar las inversiones en fortalecimiento y modernización, así como en desarrollo de infraestructura, que también obedecen a inversiones de nuestros municipios y departamentos. Por supuesto, hay muchas deudas, pero no vendamos las gallinitas de los huevos de oro de las regiones, que es de lo poco que nos queda.
Es cierto que el gobierno nacional está buscando “cuadrar caja” debido a la grave situación económica que generó la pandemia, ¿pero lo hará a través de sacrificar sus pocos activos que aún preserva y que son patrimonio de todos los colombianos? ¿venderán su participación minoritaria que hoy se tienen en las electrificadoras a la empresa privada? Esas y muchas preguntas más, son las que nos deberá responder de forma contundente los ministros de Hacienda y Minas y Energía, quienes están a la cabeza de este importante sector.
Por ahora, se debe hacer una gran cruzada nacional, para salvar de las manos privatizadoras a estas importantes empresas, que son fuentes dinamizadoras de las economías regionales, que generan empleo y lo más importante que son de los colombianos.
Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2021
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Adriana Matiz*.-No conozco si ha nacido en mí un interés espontáneo por Daneidy Barrera Rojas, sin embargo, supe de ella hace ya algunos años, porque repitió la fórmula que a muchos les han funcionado para lograr la fama en este país, empezar por el ridículo y terminar por la irreverencia.
Para nadie es un secreto que deba auscultarse de forma juiciosa, que Daneiby procede de una de las millones familias de nuestro país, donde las limitaciones y necesidades son más frecuentes que las oportunidades y posibilidades de salir adelante. Es a esa parte de nuestra sociedad a la que solo se le dan las cosas, por milagro o golpe de suerte.
A ella le sucedió lo segundo, por cosas de la vida y el naciente auge de los “influencer” y con solo 18 años, invitaba a apoyar a nuestra selección en la Copa América de Estados Unidos con un canto que ella misma había inventado. En una sociedad que vive decidida a poner límites entre sus clases la respuesta no se hizo esperar, su comportamiento y actitud generó el foco necesario para que llovieran comentarios negativos y fuera objeto de ridiculización, lo cual poco le importó, pues ya era conocida.
Estaba en los 15 minutos de fama, con esos que sueñan muchos, pero que por lo efímeros son más flor de un día que un estilo de vida.
Por ello insistió en más estupideces y el público aplaudió y cada momento su afán de ganar más seguidores la llevó a vincularse a unas marchas que se realizaban en ese momento y donde lo de moda era la destrucción de lo público como tantas veces ha ocurrido. Martillo en mano se fue contra Transmilenio, y con camarógrafo a bordo lo registró, lo publicó en sus redes y automáticamente se perfiló como delincuente.
Esta semana Daneidy fue condenada por el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, a 63 meses de cárcel, la justicia entonces se muestra triunfadora como pocas veces la vemos actuar.
La condena, más que un resarcimiento a la sociedad por el daño realizado por Barrera Rojas, es un mensaje directo a un sector que ha insistido en que lo público se puede destruir, que la autoridad se hizo para ser burlada y que las leyes no deben ser acatadas cuando consideremos que no son justas, como si ese raciocinio pudiera ser maleable según los intereses de cada uno.
La condena es ajustada a la ley, sin embargo, la pena no parece en este momento necesaria, proporcional, ni razonable con lo hecho. Ella misma se delató, ella misma ha pedido perdón, ella misma ofreció resarcir los daños y lo hizo, ella misma hoy muestra que se arrepintió de lo que hizo. Entonces en este caso el hecho no quedó impune, la estupidez tiene que costarle a Daneidy, pero en esa proporción asusta.
El mensaje llegó a todos definitivamente, quedó claro que lo público en todas las proporciones es sagrado, pero igualmente quedó claro que la justicia sigue siendo como la serpiente, muerde más duro al que va descalzo.
Ibagué, 16 de agosto de 2021
*Representante a la Cámara del Tolima por el Partido Conservador.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¡Repuntaron las exportaciones! Fue el optimista anuncio oficial al conocerse que en el primer semestre del año los ingresos por ventas al exterior fueron USD 18.000 millones con un crecimiento de 19% frente al año anterior. Más optimista aún porque fue mayor el crecimiento de los productos no tradicionales (22.5%), que llegaron a USD 7.000 millones.
No hay duda que es una buena noticia frente al gran desequilibrio que generó la apertura hacia adentro en nuestro comercio exterior, y porque ayuda al crecimiento del PIB . Sin embargo hay que tomarlo con beneficio de inventario y desmenuzar las cifras porque hay varios hechos preocupantes.
El primero es que el aumento de los ingresos no se debe a un aumento de la producción, que por el contrario disminuyó, sino al aumento de los precios de las materias primas en los mercados internacionales. En efecto, el volumen de exportaciones, medido en toneladas métricas, disminuyó 29.5%, principalmente por el petróleo pues se exportaron 20% menos de barriles de crudo, mientras que el valor recibido aumentó 36%.
El caso de las exportaciones no tradicionales es menos grave porque el volumen exportado si registró un pequeño aumento de 4%, aunque hay casos como el del aceite de palma que cayó en volumen 29%, pero subió en valor 14%.
El segundo, es que la recuperación de las exportaciones todavía no es completa, en la medida en que el volumen exportado total este año todavía es inferior en un 24% al efectuado en 2019 antes de la pandemia. De nuevo la diferencia es menor en las exportaciones no tradicionales, pero de todas maneras están 6% por debajo de las de 2019.
El tercero es que las importaciones están creciendo todavía más, de manera que se ha aumentado el déficit de la balanza comercial. En el semestre las compras al exterior llegaron a USD 25.000 millones, con un crecimiento del 28.4%, de manera que el balance comercial es negativo en USD 7.000 millones, nivel que no se registraba desde el 2015 cuando el derrumbe de los precios del petróleo. Cuando acabe el ciclo alcista de los precios de las materias primas la crisis externa puede ser profunda.
A pesar de que la producción no ha crecido si hay un impacto positivo sobre el PIB, pero es por el lado de la demanda, no de la oferta. El boom de los precios internacionales beneficia a los productores nacionales que tienen más plata en los bolsillos para comprar más bienes y servicios, lo que aumenta las ventas de las empresas y su producción.
El caso más representativo es el del café. Con precio internacional por encima de 2 dólares la libra, que no se veía desde hace años, las exportaciones han llegado a USD 1.233 millones, con un aumento del 14%, a pesar de que se han vendido al exterior 2.1% menos sacos de café.
El impacto sobre el mercado interno es enorme. El precio interno de la carga de 125 kilos está cerca de los $2 millones, el doble que el año pasado, lo que significa que 500.000 familias que viven del grano han duplicado sus ingresos y su capacidad de consumo. Más que la reapertura de la economía después del confinamiento, el mayor gasto de los cafeteros y otros exportadores es una de las razones no divulgadas de la aceleración del crecimiento.
Cali, 15 de agosto de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor.
