Opinión

Por Juan Camilo Restrepo*.-  Al momento de escribir este artículo están sobre la mesa de las comisiones económicas del Congreso 160 propuestas de enmienda al articulado de reforma tributaria presentada por el ministro Restrepo el pasado 20 de julio. Cerca del 40% de ellas versan sobre el otorgamiento de nuevas gabelas o subsidios que, de aprobarse, significarían más gasto público no presupuestado.

Este proyecto de reforma se había dicho que estaba concertado. Este alud de enmiendas hace pensar lo contrario. Quizás se dieron unas explicaciones y hubo algunas giras previas por el país del ministro Restrepo. Pero las abigarradas propuestas de adiciones presentadas en los últimos días hacen pensar que estamos muy lejos de poder hablar de un proyecto de reforma previamente concertado. Y que tampoco tendremos una esbelta ley fiscal de 35 artículos como jubilosamente se había anunciado.

Es cierto que esta es la manera como se desenvuelve usualmente la discusión de cualquier reforma tributaria. Tanto más cuando se discute en la última legislatura de un gobierno que ya tiene el sol a la espalda, lo que hace brillar su gran debilidad. El gran reto del ministro de Hacienda en los días que vienen consiste en evitar que su reforma tributaria la vayan a convertir en un costoso queso gruyere las jaurías parlamentarias, decretando inconsultos gastos fiscales.

Como si no fueran pocas las gabelas que ya carga el pesado árbol de los privilegios tributarios; problema que puso al descubierto la comisión que el propio gobierno Duque llamó. Y a cuyas recomendaciones pocas bolas le ha puesto por cierto el propio gobierno convocante.

Al proyecto gubernamental le han aparecido también enemigos que desestiman el esfuerzo que se está haciendo para reinstalar, a partir del 2023, el funcionamiento de una regla fiscal. Definida sobre nuevos parámetros técnicos, el principal de ellos consistente en que las barreras fiscales se definan no solo en función de un déficit público infranqueable sino de un ancla resultante de niveles de deuda pública que no se pueden sobrepasar en ningún momento salvo grave emergencia debidamente sustentada. Sería un grave error hacerles caso a estos técnicos de última hora.

Durante el 2021 y 2022 será necesario continuar con una política de gasto público expansiva pues la emergencia fiscal que planteó la pandemia está lejos de haber desaparecido. Pero a partir del año 2023, que es cuando debe reintroducirse la regla fiscal, es indispensable que el mensaje a los mercados sea contundente: Colombia retorna a la frugalidad fiscal, a los déficits moderados y al endeudamiento decreciente en sus cuentas públicas.

Los enemigos de reintroducir la regla fiscal han alegado que el gobierno que se posesionará el 7 de agosto del año entrante encontrará en ella una camisa de fuerza. Y es cierto. Pero precisamente de eso trata toda regla fiscal: que haya muros cortafuegos objetivos para controlar la prodigalidad en el gasto público deficitario.

Así la reforma tributaria que se discute por estos días no sea de carácter estructural, que ciertamente no lo es, no es menos cierto que la fisonomía con que salga aprobada será crucial para asegurar la futura sostenibilidad fiscal del país. Es claro que al nuevo gobierno le corresponderá completar el ajuste que esta reforma no alcanza a concluir. Así lo reconoce el actual gobierno cuando admite que un 1/3 del ajuste requerido queda como herencia para el gobierno que se posesionará en un año.

Pero es claro que si la reforma que actualmente se discute la dejan llenar de nuevas gabelas en provecho de sectores con capacidad de lobby, o si sirve para decretar más gastos de lo prudente, o si por timidez se deja de insistir en una nueva regla fiscal que entre en aplicación a partir del 2023, las cosas en vez de facilitarse se harían inmensamente más complicadas.

Bogotá, D. C, 15 de agosto de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Juan Manuel Galán*.- Las 16 curules reservadas para las víctimas del conflicto armado en Colombia son un paso importante hacia su reconocimiento efectivo como actores políticos. Esto reafirma que el compromiso democrático con los más de 8 millones de colombianos y colombianas victimizados en el conflicto, no se puede seguir dilatando; su voz merece ser escuchada y su participación política debe ser garantizada.

Frente a este histórico reto, hace pocos días, el Congreso de la República volvió a darle vida jurídica al acto administrativo que otorga 16 curules a las víctimas, en cumplimiento de los fallos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Esta norma, que se haría efectiva para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, representa un compromiso con la implementación del punto 2 del Acuerdo de Paz, el cual se centra en la participación política.

Este fue un proceso dilatado y difícil, ya que en el Congreso las bancadas que sistemáticamente se oponen al Acuerdo de Paz y su implementación, facilitaron el hundimiento del acto legislativo en 2017. Han sostenido que estas curules terminarán en manos de excombatientes de las FARC y grupos armados presentes en los territorios.

Lo que olvidan los detractores de las curules de las víctimas es que ni los partidos tradicionales, ni el partido Comunes podrán ocupar estos escaños. Además, que el Gobierno y las instituciones están en la obligación de garantizar que sean realmente las víctimas quienes ocupen la curules y encuentren espacios de organización política que les permitan generar procesos de liderazgo y participación política efectiva.

El Gobierno y los partidos políticos deben demostrar el compromiso con las víctimas, con los colombianos que vieron la peor cara del conflicto armado y han sido abandonados por el Estado. Las 16 curules son una esperanza para ser escuchados y defender sus derechos y legítimos intereses.

Desde el Nuevo Liberalismo celebramos esta decisión que le recuerda a las víctimas que Colombia siente su dolor, que merecen verdad, justicia y reparación; así como voz y voto en las decisiones que nos definen como sociedad.

Bogotá, D. C, 15 de agosto de 2021

*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Continuando con nuestro análisis del proyecto de reforma tributaria 2.0, quiero destacar mientras en el malogrado proyecto de reforma tributaria de Carrasquilla se propuso la progresividad en la tarifa de impuesto de renta para las empresas, iniciando con el 24% para las pequeñas empresas y 30% para las medianas y grandes, ahora se propone que todas sin excepción paguen el 35%. Ello resulta muy gravoso para las PYMES, que fueron las más golpeadas por la crisis pandémica

Además, llama poderosamente la atención la afirmación contenida en la exposición de motivos del proyecto, para llevarle tranquilidad a los empresarios, en el sentido que “la implementación de esta medida no representaría un detrimento para estos contribuyentes”, al contrario, se indica que “la estructura tributaria para empresas sería más competitiva que en 2018”. Ello, en cuanto que, como lo sugiere el economista Gregorio Gandini, “se observaría una reducción en la tarifa efectiva de 2.6 puntos porcentuales entre 2018 y 2022”.

El Ministro Restrepo catalogó su propuesta de reforma tributaria 2.0 como “el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años”. En ello le asiste la razón al Ministro, sólo que, pese a ello, es de corto vuelo a la luz de la magnitud del déficit fiscal in crescendo que exhiben las finanzas públicas. A este tétrico panorama fiscal se viene a añadir el creciente nivel de endeudamiento, el cual pasó de una deuda bruta equivalente al 50.3% del PIB en 2019 al 64.7% en 2020 y se estima que puede estar rozando el 70% al cierre de 2021, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal.

Como lo planteó el Ministro Restrepo, con esta iniciativa se estaría promoviendo “la sostenibilidad social, la sostenibilidad fiscal y también al crecimiento y a la reactivación económica”. El propósito fundamental de este proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, es arbitrar los recursos requeridos para solventar y poder mantener temporalmente los programas de ayuda social, para proteger los ingresos y las condiciones de vida de la población más vulnerables, destacándose entre ellos por su mayor valor el del Ingreso solidario, con un costo previsto para el 2022 de $7.2 billones. A ello se viene a sumar el fondeo necesario del programa de apoyo al empleo formal (PAEF), así como el de matrícula cero, que demandará desembolsos del orden de los $700.000 millones. Por lo pronto, para lo que resta de este año se requerirán no menos de $3.3 billones adicionales.

En materia de recaudo, básicamente la mayor contribución ($6.7 billones de $15.2 billones, 44%) de “la mayor reforma en términos de recaudo en los últimos treinta años”, según afirma el Presidente Duque, provendrá del aumento de la tasa impositiva a las personas jurídicas, revirtiendo el alivio tributario decretado en la anterior reforma tributaria, pasando del 30% al 35%, 2 puntos porcentuales más de la propuesta de la ANDI. Adicionalmente, este recaudo se complementaría manteniendo para el 2022 el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA) en el 50%, que entró en vigencia este año, merced a la anterior reforma, en lugar de hacer efectivo el descuento del 100% el año entrante, como está previsto.

Esto le significará a la DIAN un mayor recaudo de $3.9 billones, pero se queda corto frente al ofrecimiento que hizo la ANDI de aplazar “el descuento del ICA y continuar como deducción”. De allí que mientras la propuesta de la ANDI implicaba un mayor recaudo de $12.4 billones, la propuesta de este proyecto de reforma es de $10.6 billones, $1.8 billones menos (¡!). Según el propio ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, “por solicitud de Cambio Radical se preserva el descuento del 50% de ICA, aplazando la entrada en vigor del 100%”.

Sigo sin entender por qué razón, no sólo no se acogió el ofrecimiento que hicieron FENALCO-ACOPI de renunciar a dos de los tres días sin IVA, que habrían significado $1 billón más de recaudo, sino que se insiste con terquedad aragonesa en mantener los tres días sin IVA, sobre todo que no está demostrada su utilidad para los propósitos planteados. Según el Director de FEDESARROLLO, Luis Fernando Mejía, “es dudoso el impacto que tendrá esta decisión, teniendo en cuenta que hay análisis sobre lo poco que han servido determinaciones como estas en Estados Unidos, pues muestran que lo que hacen las personas es sustituir las compras en el tiempo”.

Huelga decir que los beneficios para las empresas que se derivaron de la reforma anterior fueron mucho más generosos, la rebaja del impuesto de renta y el descuento del ICA fueron sólo dos de ellos. A estos se suman el descuento del IVA causado por la importación de equipos y maquinarias, que tienen un costo fiscal de $6.5 billones, la deducción del 50% del gravamen de movimientos financieros (GMF), más conocido como el 4 X 1.000, amén de la tronera que se abrió con el tratamiento recibido por las zonas francas “especiales”, que en rigor no lo son, que sólo contribuyen, según la Comisión de expertos en beneficios tributarios contratada por el Gobierno, con “el 0.4% de las exportaciones colombianas y en general no han tenido mucho éxito en cuanto estímulo a las exportaciones”. Y por ello recomendó su supresión. Ello le representa a la Nación ingresos dejados de percibir, entre impuesto de renta y pago de IVA, por valor de $2.4 billones. De modo que, de aprobarse la propuesta tal y como ha sido presentada al Congreso de la República, este tácitamente estaría convalidando y consolidando tan gravosos beneficios tributarios. ¡Los beneficiarios de los mismos podrán decir con el profe Maturana que perder es ganar un poco!

Miami, agosto 14 de 2021

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- 11 de agosto. Barrio Ciudad Berna. El policía Humberto Sabogal, de 42 años, muere asesinado y el país entero lo llora, mientras los medios lo convierten en “rating”, los políticos dan declaraciones y la alcaldesa dice que, ahora sí, será implacable con los delincuentes.

Pero de sus hijos, Juan, de 10 años y David de ocho, nadie se acuerda. Muy pronto, Humberto también será olvidado, porque es amnésica la memoria colectiva. Ya olvidó a Edwin, de 24, asesinado en marzo de 2021, y a todos los policías que han caído o han sido heridos en todo el país por vándalos y delincuentes de todas las calañas.

Los 23 cadetes asesinados en enero de 2019 ya son un recuerdo lejano, después del rating, las declaraciones de siempre y las promesas de la jefa de policía. Solo queda el dolor de sus familias.

3 de agosto. Estadio El Campín. Edison, de 26 años, es brutalmente golpeado. Días después, uno de los agresores ¡se entrega y confiesa!, pero es dejado libre, porque ¡no había orden de captura! Días más tarde es recapturado, pero porque, en noviembre de 2020, había hecho lo mismo y, como no aceptó cargos, muy pronto estará libre.

7 de agosto. Barrio Santafé. Una humilde vendedora de empanadas es asesinada y su hija se encuentra en UCI. Días antes un delincuente venezolano, puñal en mano, les robó el celular; la policía lo captura y ellas tienen el civismo –¿ingenuidad?– de presentar la denuncia. El sujeto dura unos días en la cárcel y sale derecho a cobrar venganza.

10 de agosto. Localidad de Suba. Vándalos de la primera línea atacan el CAI Jaboque; tres son capturados en flagrancia y, dizque arrepentidos, confiesan que alguien -no saben quién- pagaba entre 30 y 70 mil pesos por ese “trabajo”. Fin de la historia: una Juez los deja libres porque “era su primera vez”. Con esa señal, no dudo que habrá una segunda.

Ese día, tres policías fueron lesionados, dos buses vandalizados y una motocicleta incinerada. Horas antes del caos anunciado, la Personería reportaba que "En Portal Suba manifestantes continúan la protesta pacífica. Actualmente, se encuentra bloqueada la Avenida Ciudad de Cali…". Por eso estamos como estamos. Todavía piensan que bloquear es “pacífico”, que deben proteger los derechos de los bloqueadores contra el ESMAD, cuya obligación es desbloquear para garantizar los derechos de las mayorías…, todavía piensan que los de la Primera Línea son buenos muchachos.

Estamos como estamos, porque la alcaldesa dijo que ella sí iba a ser la jefe de la Policía, pero lo que ha hecho es justificar a los “pelaos de su corazón” y hasta prestarles predios para entrenarse en vandalismo, con la dotación del senador Bolívar.

Estamos como estamos, porque se necesita justicia de verdad y un revolcón en el sistema carcelario. La Policía ha logrado 17.000 capturas, más de 2.400 de extranjeros, pero el 80% está libre. Solo 500 pisaron la cárcel y no todos se quedaron.

Estamos como estamos, porque la alcaldesa dice necesitar 10.000 policías más y le tocó conformarse con 1.500. La Policía hace su tarea, pero lo urgente es más inteligencia, para saber quién paga los 70.000 pesos, para acorralar a las bandas del microtráfico que alquilan su violencia y, además de Bolívar, financian, organizan y entrenan a la Primera Línea.

Estamos como estamos, porque lo que se necesita, por encima de todo, para garantizar la seguridad y salvar a Bogotá, es recuperar el imperio de la Ley y el principio de autoridad…y eso, se le refundió a Claudia López hace rato.

Bogotá, D. C, 14 de agosto de 2021

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Paloma Valencia*.- El Covid fue un golpe devastador para la economía colombiana: 509.370 micro-negocios desaparecieron. Eran en su gran mayoría empresas jóvenes, que llevaban solo 1-3 años en el mercado, y 2 de cada 3 eran de mujeres. El marco fiscal de mediano plazo sostiene que de no reemplazarse implicaría una reducción en el PIB de largo plazo de 1,66%, 16.1 billones. El porcentaje no es tan significativo como el impacto social que representa; son al menos 500 mil hogares que perdieron su fuente de ingresos.

Aquello se refleja en la drástica reducción de los ingresos del quintil más pobre de nuestra población; perdió un cuarto de sus ingresos (24,6%). La precariedad económica creó mucha, demasiada, pobreza. 3,5 millones de nuevos pobres; 2,8 millones de colombianos cayeron en pobreza extrema. Y podrían haber sido más. Los estudios estiman que los programas sociales lograron evitar que 1,7 millones de colombianos también se sumieran en la pobreza, y que 2,3 millones pasarán a la pobreza extrema.

Lo que parece increíble es que en vez de buscar salir de esta crisis, algunos hayan tomado la decisión de agravarla. Me refiero, por supuesto, al paro. La recuperación económica se iniciaba y  los bloqueos lograron no solo evitarla sino sumirnos en una crisis aún más fuerte. Sus efectos fueron todavía más graves, y sobre todo, más dolorosos. El Covid fue una pandemia, pero el paro fue la decisión de unos pocos de destruirlo todo.

De lo sucedido hay que lamentar lo que significó el bloqueo de los puertos. Detuvieron la importación de materias primas y por lo tanto muchas empresas no pudieron producir absolutamente nada. Otras que produjeron no pudieron exportar, y otras ni siquiera pudieron colocar sus productos en el mercado nacional. Si el Covid disminuyó y lentificó la economía; el paro, logró detenerla.

El ejemplo más dramático es Cali. Antes del paro, Cali ocupaba el onceavo puesto en desempleo de Colombia; con el paro pasó al segundo puesto. La producción, las ventas y personal ocupado en Cali bajaron drásticamente. El golpe fue tan duro para Cali que sus indicadores arrastraron hacia abajo los indicadores nacionales. Colombia empezaba a mostrar resultados positivos en febrero pasado -por primera vez en un año. Para mayo ya estábamos otra vez en cero. Cali volvió a marcar negativamente en los tres indicadores en junio.

Así también sucedió con la inflación.  Todo el suroccidente estuvo por encima del 3.18% reportado en mayo para el país. Popayán y Cali fueron respectivamente la primera y tercera ciudad con mayor inflación. La capacidad adquisitiva de los ciudadanos se desplomó, y lo más grave es que los alimentos fueron los que más subieron de precio. Especialmente significativo para los más pobres, que como dijimos son más.

Pero los efectos del paro no fueron solo para el suroccidente, muchos sectores fueron sacrificados. Por ejemplo, la ocupación hotelera cayó 40 puntos al inicio de la cuarentena, sin embargo venía recuperándose sin interrupciones mes a mes. En abril, con el paro, se rompió la tendencia de crecimiento, y empezamos a decrecer.

Todo esto ha dibujado para muchos un panorama desesperanzador. Muchos se sienten derrotados, huérfanos, heridos de muerte. A ellos les escribo. Colombia es una nación resiliente. Creceremos el 7,2%; un rebote que será un inicio. El futuro depende de nosotros. El trabajo y el empeño podrá sacarnos, nuevamente, adelante. Lo hemos hecho, y lo haremos.

Bogotá, D. C, 14 de agosto de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático.

Por Eduardo Verano*.-Para celebrar 30 años de la Constitución 91 se convocaron ejercicios de reflexión por parte de universidades, organizaciones estudiantiles, la Esap y varias entidades. Invitaron a los 34 constituyentes que aún viven como guardianes de la heredad.

Que grato apreciar la evolución personal de los constituyentes, los noto más reflexivos, más sólidos y mantienen el mismo espíritu conceptual, renovador y amor al país.

Los temas más solicitados para analizar son: la tutela como el más importante logro, el estado social de derecho, cómo fue construido el primer artículo, los procesos de descentralización y autonomía regional, los derechos fundamentales y cómo funcionan las entidades creadas como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Corte Constitucional, el Banco de la República y el Sistema Penal Acusatorio.

También indagan por el funcionamiento, en la realidad, de los nuevos procesos de democracia participativa, que son una evolución de la anterior democracia solo representativa. La participación ciudadana actual es ahora mucho más integral y una actividad más directa de los colombianos. Se complementa este tema con procesos de capacitación para una mejor utilización de los mecanismos de participación democrática, que abundan en la constitución del 91, pero no se aplican correctamente.

La principal pregunta, la más recurrente es si la Constitución cumple a cabalidad con sus metas y propósitos. Hay dos puntos de vista para responder. El primero el académico, el teórico, que indica que se avanzó en la modernización del país pero, requiere continuar su fortalecimiento y evolución. Por ejemplo, en la época en que fue escrita la constitución no existía el internet, ni las redes, ni los continuos avances tecnológicos que obligan a repensar, reordenar y a hacer una reingeniería constante.

El segundo punto de vista es el político en la práctica, lo ocurrido en la realidad. Algunos consideran que no se ha avanzado en algunos aspectos del día a día como: la paz, los servicios públicos, la televisión, la educación, las acciones comunales que no se han modernizado como se había soñado. Pero, eso no tiene que ver con la Constitución, sino con los procesos de manejo del país que tienen su dinámica y sus propios intereses.

Sin duda es una constitución viva, que se revisa permanentemente, igual que el concepto de administración pública, pero el fondo de la Constitución permanece en el tiempo.

La soberanía reside en el pueblo, se ratifica todo el tiempo lo que obliga a revisar y perfeccionar los procesos de elección popular y participación ciudadana.

El Caribe sufrió en carne viva el ejemplo más claro de lo acomodado e injusto que es esta interpretación del respeto, porque nuestro proceso de participación ciudadana más importante, el Voto Caribe, con una aprobación de más del 99% de los votos, no fue obedecido su mandato de desarrollar las regiones como entidades territoriales.

Un tema que llama poderosamente la atención es el Estado Social de Derecho, porque haber adicionado el concepto social, al tradicional estado de derecho del año 86, implica que el estado social de derecho del año 91 va más allá del simple estado de derecho. La partícula social adiciona un enfoque clave, claro dirigido a mejorar las condiciones de calidad de vida de la gente, de su dignidad humana. Un trato especial por su valor humano. Por eso, los derechos humanos y la carta de derechos fundamentales son de inmediato cumplimiento, como también los derechos sociales, económicos, colectivos y la protección del ambiente.

Se lograron grandes avances en 1991, y los debemos consolidar.

Barranquilla, 13 de agosto de 2021

*Exconstituyente, exministro de Estado, exgobernador del Atlántico.

Por Gabriel Ortiz*.- Lo que hasta ahora muchos querían conocer, quedo al descubierto. Tuvieron que abrir el cerrojo.

Un escándalo injustificado estalló en el alto gobierno que, por el contrario,  debería sentirse ufano y gozoso porque hasta el momento no se ha encontrado irregularidad alguna en el contrato, que se firmó con Pfizer y AstraZeneca, para el suministro de dos de las vacunas contra el covid que ha comprado Colombia.

Nadie entendía, cómo se firmaba un enorme contrato con una cláusula de confidencialidad. Es decir: secreto y reservado. Se llegó a pensar en lo peor. El director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, pidió en todos los tonos que se conociera el documento, pero fue en vano su clamor, hasta que el Consejo de Estado, lo divulgó.

Nadie se explica la razón para que, del Presidente Duque para abajo, se salieran de casillas y manifestaran su cólera, furia e irritación. Hasta ahora, no se ha descubierto nada anormal. Solo que una vacuna vale 20 dólares, mientras la otra 10.

Todo lo que tenga que ver con dineros públicos, no se puede mantener en secreto, ni escondido bajo cláusulas de confidencialidad. Olería mal, en un país como el nuestro ubicado en los primeros lugares del mundo en corrupción.

Cuando se declaró la pandemia y cuando aparecieron las primeras vacunas, urgía acudir a las farmacéuticas a comprarlas. Llegamos un poco tarde, como lo advirtió el entonces Procurador, pero conseguimos las chinas.

Se ha dicho que las dos farmacéuticas habían entrado en cólera y que la divulgación del “confidencial” contrato, ponía en riesgo el plan de vacunación. Duque expresó su preocupación y dijo habría investigación y acciones legales.

Ni él, ni sus asesores, ojearon la Constitución y las normas existentes para garantizar el adecuado uso de los dineros públicos. Hubo tiempo suficiente para pedirle al Congreso autorización para firmar esas cosas confidenciales, secretas y reservadas.

Fue entonces cuando actuó el Instituto Anticorrupción, para revisar lo acontecido y hacer claridad.

El Consejo de Estado actuó dentro de la ley, porque mucha gente, organismos y entidades querían conocer las “cláusulas de confidencialidad”, que habían pasado por alto los órganos de control del Estado.

No podemos ser más “papistas que el Papa”. Otros países compraron, igual que Colombia vacunas, con confidencialidades o sin ellas. Eran urgentes, no podían esperar que más compatriotas murieran.

Aún nos falta mucha gente por recibir el fármaco contra el covid. Apenas vamos en algo así como 13 millones de vacunados, cuando necesitamos 40 millones para alcanzar la inmunidad de rebaño. La cólera y la furia por algo que era lógico y que se necesitaba aclarar, no nos inmuniza.

Con tranquilidad y rectitud se deben manejar los dineros públicos. Las confidencias, no pueden burlar las normas.

BLANCO: Espero la pronta recuperación de mi gran amigo Javier Ayala. Mis oraciones y las de nuestros comunes amigos lo acompañan. Abrazos, querido Javier.

NEGRO: Min TIC está en apuros. Hay en juego 100.000 millones de pesos. ¿Habrá cambio de Ministra?        

Bogotá, D. C, 14 de agosto de 2021

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.- Colombia es, según la Constitución de 1991, un Estado Social de Derecho, en el cual, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, “la acción del Estado debe dirigirse a garantizar a los asociados condiciones de vida dignas. (...) la voluntad del Constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales” (Sentencia SU-747/98).

En ese sistema -hay que recordarlo-, el Estado debe obrar dentro de las reglas que establecen la Constitución y las leyes (Estado de Derecho), con un sentido democrático, con amplia participación del pueblo en las decisiones que lo afectan o puedan afectarlo (democracia participativa), y su actividad debe estar orientada a satisfacer de verdad los derechos, las necesidades y aspiraciones de las personas y familias y de la sociedad en su conjunto. 

Por eso -dice la jurisprudencia- es claro que "el respeto por los derechos humanos, de un lado, y el acatamiento de unos principios rectores de la actuación estatal, por otro lado, constituyen las consecuencias prácticas de la filosofía del Estado social de derecho" (Corte Constitucional, Sentencia T-449/92). 

Esa filosofía debe tener consecuencias reales, palpables, efectivas -y no ser simplemente palabras de discursos y anuncios que se lleva el viento-. Efectos que se proyecten y favorezcan la dignidad y los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales, que sean tangibles en la vida diaria de todos los habitantes del territorio, en particular entre quienes más lo necesitan: los sectores más desvalidos de la población. El artículo 13 de la Constitución consagra el principio de igualdad real y material, y ordena al Estado promover “las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. Agrega la norma que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

Esto no es demagogia, ni populismo, ni comunismo, sino el propósito democrático de un Estado Social de Derecho. Ni se trata de dádivas, regalos o limosnas que el Estado entrega con fines políticos, sino obligaciones a él impuestas por la Constitución, cuyo artículo 188 dispone que el Jefe del Estado, “al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. El 334 estipula que el Estado debe intervenir en la economía, con miras al “mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo”, y que autoridad alguna “podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”. 

Son funciones gubernamentales en el Estado Social de Derecho, que han de ser imparciales y realmente igualitarias, no para favorecer a sectores pudientes -en detrimento de los débiles-, ni promover candidaturas o tendencias partidistas. 

Bogotá, D. C, 11 de agosto de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- Entramos en el último año del periodo del presidente Iván Duque Márquez llenos de expectativa porque será un año político, en medio de la polarización de posiciones y, sobre todo, también, sufriendo una pandemia que termina y sobre la cual incluso hay muchos temores que pueda agudizarse con las nuevas variantes que harán que sea más urgente que todos los colombianos estemos vacunados y así poder enfrentar la situación con un menor nivel de riesgo.

Al presidente Duque le ha tocado gobernar en medio de esta crisis de la salud mundial que ha agudizado fundamentalmente los problemas sociales, económicos y de seguridad, además de haber tenido que redirigir recursos públicos para atender tan grave situación de la salud de los colombianos, ocasionando esta pandemia también además de muerte y dolor, una preocupante situación fiscal para el país.

En lo corrido desde la detección del covid-19 en Colombia se han contagiado cerca de 4.900.000 y han fallecido más de 122.000 personas, lo que hace que en cada familia alguien haya tenido luto por un familiar o amigo cercano.

Por eso es tan importante que todos los colombianos nos vacunemos y así protejamos no sólo nuestra propia vida, sino la de los demás también.

 Se ha dicho por parte de las autoridades internacionales de la salud que para lograr la inmunidad de rebaño se requería de una vacunación del 70% de la población, pero ahora están manifestando que, por los efectos de las nuevas cepas, que se han presentado en distintos lugares del mundo y que ya algunas han llegado a Colombia, se requería un porcentaje de vacunación mayor que se calcula en un 90%, lo que requiere un esfuerzo supremo para lograrlo.

El presidente Duque y su gobierno han trabajado con responsabilidad y dedicación a pesar de todas las dificultades que se han presentado en el mundo para la adquisición de las vacunas y han logrado ya garantizar cerca de 40.000.000 de dosis con las que se ha podido vacunar, a este 8 de agosto, 30.379.000 de personas, de los cuales 13.220.870 tienen el esquema completo, bien las dos dosis o los biológicos que requieren solo una. Nos falta por tanto todavía recorrer un largo camino para llegar a la inmunidad de rebaño que es la única manera de poder tener mayor tranquilidad.

Todo esto ha llevado a que los índices de pobreza y desempleo hayan aumentado y los niveles de seguridad ciudadana se hayan agravado.

Con toda esta realidad, la administración Duque deberá estar dedicada a terminar sus acciones de gobierno que permitan dar un resultado exitoso en las distintas áreas, afrontando también el desarrollo del debate electoral que llevará a la elección de los distintos cuerpos colegiados, tanto nacionales como departamentales y municipales, además de las elecciones para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, para lo cual ya se barajan distintos nombres en cada colectividad y ya pronto se empezarán a visualizar con mayor claridad los candidatos finales.

La comunidad colombiana tiene que ser consciente de la gran responsabilidad histórica que tenemos para elegir a quienes nos gobernarán.

Temas como el de la corrupción, la crisis de valores éticos y morales deben ser tenidos en cuenta por los electores a la hora de escoger sus candidatos. La responsabilidad en la elección de nuestros representantes y voceros de la democracia es de nosotros mismos y no podemos seguir eligiendo personas vinculadas con actos de corrupción o antecedentes dudosos.

 Colombia merece, hoy más que nunca que sepamos escoger a nuestros gobernantes y representantes en los cuerpos colegiados.

Tenemos terribles ejemplos de los que les ha sucedido a países hermanos como es el caso de Venezuela y sus países aliados que no podemos permitir que caigamos en las mismas redes.

 Solo en nuestra conciencia y responsabilidad está el futuro de nuestro país y de nuestros hijos y sucesores.

Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2021

*Excomisionado de Paz

Por Guillermo García Realpe* Hace pocos días comparecieron en una audiencia virtual ante la Comisión de la Verdad, por un lado Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC y por el otro, Salvatore Mancuso, quien fuera el máximo jefe de las Autodefensas después de Carlos Castaño, ambos testimoniaron sobre sus responsabilidades en la guerra de nuestro país. 

Y aunque el país y las millones de víctimas, aún no conocen toda la verdad por parte de sus victimarios, esta va llegando a cuentagotas con testimonios contundentes como el entregado por Mancuso, que dejó al descubierto lo que ya se sospechaba desde hace mucho tiempo. 

El exjefe paramilitar aseguró que el Estado colombiano tiene mucho que ver en la violencia de nuestro país, textualmente dijo que hubo construcción de impunidad alrededor de investigaciones a través de entidades como el CTI, Fiscalía y el desaparecido DAS. 

Incluso, manifestó que en el exterminio a la Unión Patriótica efectuado a mediados de la década de los 80´s, se generó una gran preocupación por la llegada a la política de este naciente movimiento, lo que ocasionó que instituciones de seguridad del estado y algunos sectores económicos reaccionaran, por lo que según Mancuso, la Up no fue exterminada por las autodefensas, sino que su victimario fue el mismo Estado en condición de autor material e intelectual. 

Sobre éste particular ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó de más de 6 mil 500 homicidios, también desapariciones forzadas, desplazamientos y desde luego; violaciones a los derechos humanos de dirigentes y simpatizantes de ese movimiento político a lo largo y ancho de Colombia. Algo que sin duda, es catalogado como el más grande exterminio que ha vivido nuestro país. 

Pero ahí no queda todo, el ex número uno de los paramilitares, confirmó que su organización criminal hizo pactos y se vinculó al tema político, lo que germinó años más tarde en lo que todos conocemos como la parapolítica que permeó las más altas esferas del poder nacional. 

Por toda esta serie de pronunciamientos y de testimonios que  hoy el país conoce de forma oficial, por parte de uno de los protagonistas de la guerra, es que el uribismo se opone, porque tienen temor de que se conozca la verdad, por eso también el malestar del partido de gobierno y otros sectores con la JEP y con la misma Comisión de la Verdad que preside el Padre Francisco de Roux. Ellos, sin lugar a dudas, no quieren que el país conozca la verdad de la guerra y de la violencia prolongada en más de cinco décadas, porque a ellos lo que les gusta es el negocio de la guerra, el retumbe de los tambores de la violencia, el sonido de las balas en la Colombia profunda, que el país se desangre no les importa. 

Pero por el otro lado también tenemos a Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenco, unos y otros tan sanguinarios a la hora de la confrontación militar. La guerrilla también causó enorme daño como grupo insurgente, primero porque dejaron de lado su ideología y perdieron su norte, se dedicaron al narcotráfico, al secuestro, a la extorsión, al abigeato, al asesinato de civiles y miembros de la Fuerza Pública, a la toma de indefensos pueblos, a la voladura de oleoductos y a atentar contra la infraestructura energética y vial, lo que también causó el rechazo y la indignación nacional. 

No es para menos, en terreno estaban dos monstruos de la guerra, cada bando con hijos del pueblo que se enfrentaban entre sí, con la consigna de vencer o morir, muchos de ellos hoy no están con nosotros, murieron defendiendo una causa que incluso fue desconocida para muchos de ellos, por fortuna se logró desactivar ese ciclo de violencia en buena parte y hoy tenemos otras formas de violencia, en algunos casos graves, pero de menos impacto que la guerra de antes. 

A la antigua FARC, hay que abonarle que la mayoría de sus militantes le apostó a la paz, que silenciaron los fusiles y que su anhelo de llegar a la política se hizo realidad, gracias a los Acuerdos de Paz de La Habana. Hoy hombres y mujeres de lo que fue una de las guerrillas más antiguas del mundo están en el Capitolio Nacional disparando ideas y no balas en el monte, y eso, hay que aplaudirlo. 

Quedan muchas venas rotas aún, las víctimas esperan por la verdad absoluta, algunos políticos se oponen, pero para razones, el tiempo. Ojalá los colombianos podamos saber de una vez por todas la verdad del conflicto, sus patrocinadores, sus simpatizantes, y por supuesto, los que dieron la orden para silenciar a miles y miles de compatriotas. Ese momento, permitirá sanar las heridas. 

Pd. Al momento de finalizar este artículo, nos enteramos de la triste partida del exgobernador del Cauca y exministro Guillermo González Mosquera, un destacado colombiano que se sobresalió en el ámbito académico y político. El Cauca, ha perdido a un gran hombre. Por eso, expreso mis más sentidas condolencias a su familia y amigos, toda nuestra solidaridad y mi voz de duelo, ante tan sensible partida.

¡Paz en su tumba!

Bogotá, D. C, 10 de agosto de 2021

*Senador del Partido Liberal

@GGarciaRealpe