Opinión

Por Juan Manuel Galán*.- La propuesta para una amnistía general del exsenador Álvaro Uribe, que se precisa en un proyecto de acto legislativo, busca “rehabilitar” en la política a criminales ya condenados, sin el marco de un conflicto armado, en contravía del derecho internacional, sin condiciones, referentes o fechas límite.

Es una descarada amnistía a la parapolítica, a través del concierto para delinquir y a su progenitor histórico, la narco política de los años 80 que exterminó a la Unión Patriótica y al Nuevo Liberalismo. Es una propuesta abiertamente inconstitucional, en contra de nuestras instituciones democráticas, de tratados internacionales como el Estatuto de Roma y constituye un ataque directo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Como dejó claro Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, la propuesta tiene el objetivo de acabar con el Acuerdo de Paz.

No hay ningún antecedente en la historia de Colombia en donde el poder constituyente del Congreso, sin más motivación que la posibilidad de ejercerlo, se use para desconocer los efectos de las sentencias judiciales y que convictos sean habilitados para ser elegidos a corporaciones públicas y nombrados en cargos de la administración, pudiendo ser avalados por movimientos y partidos políticos con tal pretensión.

Lo dijo muy bien Humberto de la Calle, durante 10 años hemos escuchado y visto una y otra vez al exsenador Uribe y a su partido Centro Democrático, oponerse al acuerdo, sabotearlo por encima y por debajo, con el argumento de que lo que hacía era favorecer a la guerrilla con impunidad. Ahora pega un brinco y nos dice que lo que quiere es una amnistía general, para todos. Algo que prohíbe el Estatuto de Roma y puede abrir la puerta para la intervención de la Corte Penal Internacional que actúa bajo el principio de subsidiaridad, es decir cuando un Estado demuestra falta de voluntad o incapacidad para juzgar graves violaciones a los derechos humanos.

Para que esto fuera equiparable, se requiere que las situaciones que se pretende comparar correspondan al mismo fundamento. Hay que destacar que el sistema de justicia transicional a que se someten los desmovilizados de las FARC y demás actores contemplados en ella, son los acuerdos de la Habana para alcanzar la paz con este grupo.

En cambio, el fundamento de la propuesta con la que ahora se pretende emboscar al país, no es nada diferente a que quienes la podrían convertir en fórmula jurídica, siguiendo la orientación de su creador, forman parte de un órgano constituyente derivado. Es decir, una fracción del poder para decidir en ese sentido. No es posible apoyar una iniciativa que no obedece a ningún principio de simetría y busca imponer reglas fuera de lo negociado en el Acuerdo de Paz.

El Estado debe estar por encima de los intereses de un partido que pretende aprovechar el poco tiempo que le queda en el poder para auto amnistiarse.

Bogotá, D. C, 6 de septiembre de 2021

*Precandidato presidencial. Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Por Robinson Castillo*.- La democracia se basa en personas. La inclusión de la ciudadanía en los espacios de decisión, es siempre la apuesta correcta. Esto convierte a los parlamentos, en realmente participativos. Con la gente todo, sin la gente nada.

Luego de los resultados de la quinta edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que midió a 13 cuerpos colegiados, el Congreso de la República de Colombia salió bien calificado frente a los mecanismos de participación ciudadana.

Este trabajo de seguimiento lo viene adelantando desde el año 2011, La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL), con el apoyo del Programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina EUROsociAL+ y de acuerdo a lo manifestado en su informe oficial en esta oportunidad se evaluaron 13 Parlamentos de Latinoamérica sobre la existencia de políticas de apertura y transparencia bajo los estándares de parlamento abierto.

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, fueron los países objeto de este estudio, a través de la labor de cada uno de sus Congresos, Parlamentos y Asambleas.

Según la RLTL: “El índice ubica a los Congresos de los países evaluados de acuerdo a un puntaje de 0 (no transparente - cerrado) y 100 (transparente - abierto) a través de una medición basada cuatro dimensiones: normativa, labor del congreso, gestión administrativa y participación ciudadana”

Y recalcan lo siguiente: “Esto con el objetivo de democratizar la información legislativa, entregando una mirada regional de su funcionamiento y permitiendo comparar buenas prácticas que puedan ser replicadas. Este instrumento de incidencia y medición independiente, se realiza desde 2011”

Frente a la calificación de participación ciudadana, que fue del 68,9 % ; este organismo sobre el Congreso de Colombia en su informe oficial, destaca lo siguiente: “La dimensión ciudadana obtiene la más alta evaluación del Congreso y es la mejor evaluada a nivel regional. Destacan como buenas prácticas la implementación de plataformas educativas, la gestión de medios de comunicación, la puesta en marcha de planes de parlamento abierto y la existencia de instancias de resolución de conflictos sobre acceso a información pública de carácter independiente.

Las herramientas que más se destacan para ubicar al Congreso de Colombia en el primer lugar de Latinoamérica en el ámbito de participación ciudadana, son las siguientes: Plataformas educativas, Canal de televisión, planes de parlamento abierto, mecanismo para resolver conflictos, publicación de información en la página web de forma recurrente, oficina de información, redes sociales, publicación sobre los senadores, datos abiertos y el ingreso de los medios para el cubrimiento de comisiones y plenarias.

De otra parte, haciendo el promedio con los otros indicadores y con un índice de 47,8%, Colombia queda en el lugar número 3 del ranking y se ubica por encima de la media regional de 39,6%.

Las principales recomendaciones RLTL para que el Congreso de Colombia siga en su proceso de mejoría de buenas prácticas de un Parlamento Abierto, se encuentra: la reglamentación del cabildeo o lobby  e impulsar el que sea taxativo el uso de formatos únicos y abiertos que permitan ser procesados por cualquier persona, de forma gratuita, sin ninguna limitación en su reutilización.

Otra de esas sugerencias, es acercar el Congreso a las regiones. Este frente es uno de los propósitos irrenunciables del presidente del Senado Juan Diego Gómez, con 32 Foros Territoriales: “Tu Congreso tu región, venimos a escucharte”.

La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) reúne a 32 organizaciones de la sociedad civil de 15 países latinoamericanos, que trabajan en la promoción activa de la transparencia, el acceso a la información y la responsabilidad en los parlamentos.

Bogotá, D. C, 4 de septiembre de 2021

*Comunicador Social-Periodista.

Por Paloma Valencia*.-Odebrecht es el escándalo sobre cómo se robaron las elecciones presidenciales con la plata de los colombianos.

Sin embargo, por razones políticas el senador Petro, por poner un ejemplo, sostiene que los Uribistas, en especial yo, queremos tapar el debate. Es falso; basta decir que fue a nosotros, al Centro Democrático, a quienes nos robaron las elecciones. Petro, en cambio, estuvo en la campaña Santos, hasta el reelecto Presidente le agradeció en su discurso de victoria. Reconoció, sobre la mesa, que Petro siendo alcalde había violado la prohibición de participar en política para ayudarle.

Y claro, como tiene interés en ahora desligarse de la campaña Santos, señalan a Oscar Iván Zuluaga. Mi impresión es que no hay mancha sobre su campaña. A veces pienso que algunos de los implicados en la campaña Santos, encargados de recibir y repartir plata, han decidido esconderse creando el escándalo de Zuluaga. Nada raro sería, cuando recordamos que desde la Dirección de Inteligencia y la Fiscalía hicieron el montaje del hacker e infiltraron la campaña de la oposición. De esto, la izquierda no dice nada. La hipocresía en la supuesta defensa de la democracia, la oposición, salta a la vista.

Odebrecht financió ilegalmente la campaña de Santos, y lo hizo con los dineros de los colombianos; en especial el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. Ahí aparecen implicadas dos ministras y un ministro de Santos, Andrade el director de la agencia de infraestructura, y Luis Miguel Pico.

Dice Petro que el vídeo de su bolsa de billetes era para desviar la atención. No es así, es usar un espacio de debate anticorrupción para mostrar evidencia. Al senador lo absolvió la Corte Suprema, aunque el Co-protagonista del video hoy tiene circular roja por ese mismo vídeo. Juan Carlos Montes tenía un carrusel de contratos en la alcaldía Petro, y este casualmente le entrega dineros en efectivo. ¿Coincidencias malucas?

Dirá entonces otro senador con un maletín lleno de efectivo que satanizamos el efectivo. Y así es. En Colombia desde que los narcos y los corruptos mueven las coimas y los producidos en efectivo, hay algo muy obsceno en el efectivo. A mí no me gustan los políticos con bolsas o maletas llenas de efectivo. Llámenlo estética, Llámenlo sospecha.

Lo cierto es que firmaron un otrosí con Odebrecht para la vía Ocaña Gamarra, y de ahí salieron miles de millones de pesos con destino la campaña de Santos.  Lo firmaron sin el lleno de los requisitos legales (no había Confis ni Compes). Decían los de la defensa que el Presidente no sabía (una defensa sobre dineros ilícitos que ya conocíamos) y con ella la Comisión de acusaciones le archivó el proceso al expresidente.

Sin embargo, hay evidencia de que Martorelli (representante de Odebrecht) estuvo no una sino varias veces en Palacio. Lo muestran los registros de ingreso. Pero hay material probatorio que el país debería conocer. Todo lo que apareció en los allanamientos a la ANI, las interceptaciones de Andrade, de Prieto.

Quise intervenir nuevamente en ese debate en el congreso, pero no hubo espacio para los partidos, pues tengo nueva evidencia de que la plata de Odebrecht llegó a la campaña con pleno conocimiento de Palacio.

¿Por qué no avanzan los procesos contra las Ministras con evidente conflicto de interés? ¿Por qué no se ha imputado a Pico? ¿Por qué sigue Prieto en el Cespo? ¿Por qué de los encargados de repartir todo ese dinero nadie habla?

Bogotá, D. C, 4 de septiembre de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático

Gabriel Ortiz*.- Este 1 de septiembre faltó un reportero que le dijera a Colombia que parte de sus mares estaba en serio peligro y que los expresidentes vivos no tuvieron el valor de abandonar viejas rencillas para recomendar al gobierno, la manera de defender una parte de esta patria. Uno que con su pluma, veracidad y destreza, dejara al descubierto la escasez de vacunas contra el covid, ese que le arrebató la alegría con que celebraba el amplio y prodigioso futuro que le depararon su manera de ser, de actuar y de comportarse en esta sociedad.

Siempre fue un gran periodista, un gran amigo y un extraordinario maestro de una profesión que tanto añora las enseñanzas de maestros de la talla de Javier Ayala.

Pregonó siempre el enjuiciamiento “crítico que permita a los pueblos conquistar y hacer respetar su libertad de información, en forma oportuna, veraz y leal, así como a expresarse sin presiones privadas o estatales en los medios de comunicación”.

Empezó su brillante carrera periodística en el diario EL SIGLO, en donde al lado de maestros como Arturo Abella, Gabriel Cabrera, Darío Montoya, Juan Darío Lara y tantos más manejaban el arte de informar con la más alta calidad.

Cartago, su tierra natal, lo recordará siempre, cada 9 de agosto, fecha en que ambos celebraban el cumpleaños.

Javier fue multifacético en el campo del periodismo: radio, prensa, televisión, cine, en agremiaciones como el CPB, del que fue presidente, Alacode, donde se desempeñó como director continental.

Siempre escuché palabras elogiosas y amistosas de quienes lo conocieron personalmente o a través de los medios. Su erudición, sabiduría e ilustración, lo llevaron al estrellato en el campo de la información económica en varios medios: El Tiempo, El Espectador, Caracol, Todelar, su agencia de noticias Alaprensa, Contrapunto y demás organizaciones periodísticas.

Con él fundamos y dirigimos el Noticiero Nacional, en el cual presentó, como primicia, el atentado contra Luis Carlos Galán. Fue el informativo con mayor sintonía que haya tenido Colombia.

Javier fue un gran lector y escritor, muy amigo de Gabriel García Márquez y muchos intelectuales, pensadores y artistas. Junto con los periodistas del Noticiero Nacional, tuvo que soportar la persecución del narcotráfico, con Pablo Escobar a la cabeza, quien no perdonó que se publicara su imagen tras las rejas.

Javier fue extraordinario miembro de familia. Educó a sus hijos, Adrianita, Javier, Ricardo y Juan Manuel, como unos profesionales servidores de la sociedad. Su esposa Carmen, fue su gran compañera.

El gran maestro e incomparable jefe del periodismo se nos fue, pero deja una huella imborrable de profesionalismo, que los colegas deben mantener en su mente, para que esta Colombia se beneficie de un periodismo claro, limpio y de beneficio social.

Adiós querido Javier: goza en la gloria del Creador.

BLANCO: Gaviria busca firmas, porque no dependerá de los partidos. 

NEGRO: Se completó la hegemonía: fiscal, procuradora, contralor, defensor del pueblo y ahora un Banco de la República, dependientes de Duque.  

Bogotá, D. C, 3 de septiembre de 2021

*Economista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Eduardo Verano*.- La ciberseguridad federal y la gestión de riesgos del manejo de datos cada vez adquieren mayor importancia. El sistema federal de seguridad cibernética reconoce qué Estados Unidos todavía mantiene un alto nivel de riesgo según un informe que entregó al Senado. En los últimos dos años los violadores de los espacios cibernéticos, los hackers, han perpetrado daños más severos al sistema de redes, computadoras y dispositivos móviles que todo lo ocurrido en la historia anterior.

En 2020 hubo más de 31.000 incidentes contra la seguridad informática que fueron atendidos por el Gobierno Federal. El nivel de atención requerida de las autoridades se ha redoblado y han debido reconocer que no estaban preparados para la magnitud del daño que han ocasionado estos alteradores, o hackers, que invaden ilegalmente las redes, y las desfalcan sin control. Un atentado a la soberanía.

El sistema de protección de las redes es muy débil, y muchos no utilizan adecuadamente las aplicaciones de seguridad sugeridas por los fabricantes y mucho menos las han actualizado. Estas han ido mejorando y perfeccionando, pero, no lo suficiente ni los dueños de computadores las actualizan, a pesar de las recomendaciones claras que hacen los vendedores.

Muchos ni siquiera han puesto los sistemas de control recomendados. Las agencias que estudian la invulnerabilidad de los equipos de computación del gobierno y de sus sistemas de transporte, agricultura, energía, o sea, todo el aparato del estado, reconocen que se han hecho muy pocos esfuerzos por implementar un mejoramiento de su integridad.

Por eso, las agencias de seguridad del estado han prendido alarmas y necesitan dar un vuelco y anuncian la unión de todas sus organizaciones para construir un gran sistema unificado de defensa, fruto de la colaboración de todos. Es lo que se está impulsando. Tienen que diseñar e implementar un sistema de defensa mucho más robusto, organizado, ordenado técnicamente y jurídicamente,  que facilite una acción coordinada.

La defensa del sistema de redes de computadores de la banca y de los organismos de investigación están perdiendo la guerra. También se han unido a estos esfuerzos la red de servicios de Amazon, AT & T, Cross Strive, Google, Microsoft, el Palo Alto Networks, el sistema de defensa de Estados Unidos y el Departamento de Justicia. Todos trabajan unidos para evitar mayor daño. Mientras el Senado recibe todas estas inquietudes de los sistemas de seguridad que deben perfeccionar las agencias de gobierno, los riesgos han aumentado ostensiblemente y han impactado tanto a las organizaciones como a individuos del sector público y privado.

Los ataques cibernéticos son cada vez más complejos con un profundo conocimiento de las debilidades de los sistemas de computación y de la inteligencia artificial. Los procesos de computación han sido definidos como muy débiles, vulnerables que requieren de un mejoramiento de los Software de seguridad que impidan que los procesos de actualización de los equipos se vuelvan críticos y es indispensable que puedan mitigar los riesgos.

Mientras más se desarrollan nuevos equipos más se nota la deficiencia de los servicios de seguridad, por su gran fragilidad y la falta de un sistema que verifique detalles y resultados en las operaciones financieras, por ejemplo, autenticación de firmas. Todavía no se ha llegado al nivel de tecnologías necesarias para la protección. En cambio, van con mayor rapidez  y exactitud los hackers que vulneran todos los sistemas de seguridad. El desafío es construir unas técnicas de defensa a la altura de una gestión de riesgo que brinde total tranquilidad.

Barranquilla 3 de septiembre de 2021

*Exconstituyente, exministro de Estado, exgobernador del Atlántico.

José G. Hernández*.-El Acuerdo Regional de Escazú (Costa Rica), sobre acceso a la Información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, busca garantizar la eficacia de tales derechos en nuestros países, y pretende la creación y el fortalecimiento de capacidades y cooperación, con miras a proteger el derecho de todas las personas, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano, con desarrollo sostenible.

Se propuso durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y se funda en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente de 1992. Está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. El período de firma tuvo lugar entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Este importante Acuerdo internacional tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos vulnerables, en el entendido de que los derechos fundamentales a la igualdad y acceso a la justicia, y la efectiva protección estatal a la vida e integridad de los impulsores de derechos humanos en materia ambiental son elementos esenciales para asegurar que ecología y desarrollo sostenible no sean ilusiones frustradas.

Se trata de un instrumento de cooperación internacional para prevenir conflictos, hacer que las decisiones se adopten previa información, participación y consulta popular, y mejorar la rendición de cuentas, así como la transparencia y responsabilidad en las actividades que puedan afectar el ambiente. Se contrae, entonces, el compromiso internacional de garantizar, en los países firmantes, la eficacia de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, principios todos estos que, en nuestro caso, están plasmados en la Constitución Política de 1991.

Es muy oportuno -dado lo que viene ocurriendo en Colombia- subrayar que, según el Acuerdo, las Partes se comprometen a garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. Por eso, adoptarán “las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente”.  Y se obligan a “prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir” en el ejercicio de tales derechos”.

El Gobierno colombiano -que siempre proclama a nivel internacional su compromiso con el ambiente- suscribió el Acuerdo desde 2018. No se entiende la razón para que, a estas alturas -finales de 2021-, no haya sido aprobado por el Congreso, ni ratificado. Debe pasar también por el previo examen de constitucionalidad. 

Bogotá, D. E, septiembre 2 de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Cristina Plazas*.- Esta semana la Corte Suprema de Justicia determinó que los menores de edad, entre los 14 y 18 años, pueden acordar su unión libre con otra persona mayor de edad, sin contar con la autorización de sus padres.

¿Cómo es posible que esta decisión haya pasado desapercibida y que la sociedad en pleno no se haya manifestado?

¿Dónde está el ICBF, los defensores de los niños, la iglesia, UNICEF, los congresistas, los organismos de control, la consejería para la mujer, la sociedad civil? En fin ¿dónde estamos todos?

El matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una de las peores formas de violencia de género en el mundo y una grave violación a los derechos de los niños y los adolescentes. Esto atenta contra su desarrollo, los expone a ser víctimas de explotación sexual, a embarazos a temprana edad que significan riesgos para la salud y la vida, a deserción escolar; además de reafirmar el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Dichas evidencias hicieron que fuera declarado por Naciones Unidas y por la Convención sobre los Derechos del Niño, como una práctica nociva que afecta el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esta sentencia por tanto viola los tratados internacionales firmados por Colombia en esta materia.

¿En qué estaba pensando el magistrado Luis Armando Tolosa? ¿Cuál es la base científica para determinar que un niño tiene la capacidad para decidir sobre su vida y conformar una familia?

La Corte desconoce por completo el desarrollo humano de las personas, pues ser adulto no es lo mismo que ser adolescente, situación que motivó la construcción de la Convención de los Derechos del Niño. La mayoría de edad responde no a un capricho legal, sino a estudios médicos, biológicos y antropológicos que demuestran que solo después de los 18 años el ser humano tiene la capacidad corporal y mental para asumir ciertos proyectos de vida, como la convivencia, pues hasta antes de esta edad, las personas somos más vulnerables por nuestra capacidad física y mental.

Adicionalmente el togado no tuvo en cuenta las preocupantes cifras del país. El 17,4 por ciento de las mujeres entre los 15 y los 19 años ya son madres o han estado embarazadas. También evidencia que el 13,3 por ciento de adolescentes entre las mismas edades ya están casadas o unidas conyugalmente. Esto significa que más o menos una de cada 10 jóvenes en zonas urbanas ya está casada; y que una de cada 5 niñas en el ámbito rural ya está en una unión conyugal.

El magistrado Tolosa y sus colegas parecieran enemigos de los niños, no solo por lo expuesto sino porque abren una puerta a los depredadores sexuales y a la explotación sexual comercial.

Esta no es la primera sentencia que falla en contra de los niños. Alarma que el poder judicial no esté de su lado.

Bogotá, D. C, 31 de agosto de 2021

*Abogada de la Universidad Javeriana con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Por Guillermo García Realpe*.-Mucho hemos escuchado los colombianos en los últimos días sobre la grave crisis que afronta hoy Bucaramanga, especialmente Floridablanca y otros 16 municipios de Santander, por cuenta del cierre de El Carrasco, el relleno sanitario que hasta el 13 de agosto pasado venía operando como sitio final de disposición de las basuras de estos municipios, pero que debido a una orden judicial fue cerrado. 

Esto ha causado una enorme crisis sanitaria que al día de hoy está afectando al 65% de los municipios más poblados de Santander, salvo Barrancabermeja. Incluso se habla ya de un problema que se puede convertir en amenaza a la salud pública de la región. 

El caso más crítico es lo que sucede con Floridablanca que hace parte del área metropolitana. Según lo denunció su alcalde, hoy en las calles de ese municipio hay más de mil toneladas de basuras esperando para ser evacuadas a departamentos cercanos. 

Toda esta situación ha generado una dura controversia, pues trasladar toneladas de basuras de 16 municipios de Santander a una región diferente como Aguachica en el Cesar o incluso hasta Medellín, ha derivado el rechazo, especialmente de las gentes del sur del Cesar, pues a nadie le gustaría que le lleven las basuras del vecino a su propia casa. 

Además del malestar ciudadano, esto también implica enormes dificultades, no solo por los múltiples gastos que esto representa para un ente territorial, sino también que se podría ocasionar un aumento en las tarifas, perjudicando al usuario final que nada tiene que ver en este problema. 

Disponer las basuras de Floridablanca en El Carrasco, por ejemplo, cuesta $107.000 por tonelada, en Aguachica costaría $258.000 por tonelada y llevarlas a Medellín valdría $568.000 por tonelada. Según el alcalde de Floridablanca, Miguel Moreno, subsidiando el excedente de los $107.000 se gastaría 2 mil 700 millones de pesos en un mes, una cifra sin duda exorbitante. Y algo similar con el resto de municipios. 

Este tema de El Carrasco, al igual que Santurbán, no sólo se ha convertido en un problema local o regional, sino que esto tiene una trascendencia nacional. En buena hora la ANLA  ha asumido el control, pero hace falta llegar al punto final para superar esta difícil situación que afecta a miles y miles de santandereanos. 

No nos digamos mentiras, aquí fallo el Estado colombiano en temas de planificación, regulación, los documentos CONPES que no han funcionado ni en Bucaramanga, ni en ninguna parte de Colombia por la bendita gana de las privatizaciones, donde los privados quieren máximo lucro al menor costo; importándole poco el servicio público y el servicio de los usuarios en Colombia y un ejemplo claro de eso son la crisis de los acueductos. Es decir, no hay una política pública que garantice subsanar en el tiempo este tipo de fallas de forma definitiva. 

El Estado ha fallado en regulaciones, además de las propias responsabilidades regionales. Entonces, aquí tienen que emplearse muy a fondo las entidades del gobierno nacional, hay un fallo judicial de por medio y  sobre ello no hay discusión, porque las decisiones judiciales se respetan. 

Pero creemos, que al más alto  nivel del Estado colombiano, promovido por el gobierno, con el poder judicial, se deben buscar unas modulaciones de estas circunstancias muy graves por cierto que vive  Santander y el país, porque no es solo Bucaramanga, es Medellín, es Aguachica, incluso se habla también de Cúcuta y Norte de Santander. Son temas estructurales y debemos ayudar a solucionarlos. 

Aquí lo que se debe hacer es aplicarse la Ley 2056 del nuevo Sistema General de Regalías, donde se estructuran los programas regionales de inversión de regalías en Colombia y ninguna región lo ha utilizado, pues tomémoslo aquí, hoy el 60 o 70% de Santander de las áreas más pobladas está inmerso en una grave crisis sanitaria y hay que resolver de forma casi que inmediata, antes de que el problema crezca. 

Pero esto tiene que ser un trabajo articulado de todos, desde el gobernador con el OCAD del Centro Oriente tiene que proponerle a Planeación Nacional, al Ministerio de Ambiente, que pongamos como ejemplo de aplicación de esas regalías, de los proyectos de inversión en este tema. Hoy no se han utilizado esos recursos. 

El Carrasco lleva 40 años de crisis, diez años de fallos judiciales, y hoy vemos muchos alcaldes en camino a la cárcel por defender la salud pública de la gente, entonces empecemos a buscar prontamente la solución al problema, más allá de El Carrasco y ahí están los recursos del Sistema General de Regalías, donde tiene tres soportes, el DNP, Ministerio de Ambiente, gobernadores y alcaldes. 

Propongan esto en una mesa técnica, ahí están los recursos, apliquémoslos, ¡PERO YA!, sin más demoras, ni trabas legales, porque aquí lo que está en riesgo es la salud pública de la gente de toda una región. La crisis sanitaria no da espera. 

Bogotá, D. C, 30 de agosto de 2021

*Senador del Partido Liberal.

@GGarciarealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La semana pasada comenté algunas de las sorpresas e interrogantes que nos ha dejado este año la rápida recuperación del PIB después de la enorme caída que tuvo en 2020. Quedó pendiente de comentar la más incomprensible, a saber, que este ha sido un crecimiento sin empleo, que en la jerga económica se denomina jobless growth.

Entre junio del año pasado y este año se volvieron a emplear 2.2 millones de personas, pero todavía la población ocupada está 2 millones por debajo del nivel pre-pandemia, mientras que el PIB semestral de este año si alcanzó un valor similar al de 2019.

Es un crecimiento sin empleo porque hoy 20.6 millones de trabajadores producen la misma cantidad de bienes y servicios que hace dos años se producía con 22.6 millones. Cuando se miran algunos sectores la situación es peor, pues han aumentado su producción con menos trabajadores. Es un crecimiento con pérdida de empleo (joblost growth).

La agricultura aumentó su producción en 6.9% a la vez que disminuyó el número de trabajadores en 7.5%. La producción industrial aumentó un poco menos (3.1%), pero lo hizo con 16% menos trabajadores. El sector de la administración pública y los servicios sociales de educación y salud crecieron 6.1%, pero disminuyeron 11.5% el número de empleados.

El caso más extremo e inexplicable es el de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, que con la apertura de la economía tuvieron el mayor crecimiento (19%), pero también la mayor caída en el número de trabajadores (-20%).

¿Qué significan estos hechos y, sobre todo, cuáles son las implicaciones para las políticas de generación de empleo? Un economista ortodoxo aplaudiría porque implican un aumento de la productividad del factor trabajo: menos mano de obra para producir lo mismo. Claro que el mismo economista rechazaría la consecuencia de la mayor productividad, que debería ser el aumento de los salarios, aunque en sus modelos el salario debe ser igual a la productividad del trabajo.

Lo cierto es que las empresas aprendieron a producir con menos trabajadores, bien sea porque tuvieron que hacer un esfuerzo para reducir costos ante la disminución de las ventas, o bien porque las restricciones de movilidad las obligaron a introducir nuevas tecnologías que permiten un uso más eficiente del tiempo y otros recursos. En la medida en que se recuperen las ventas, ningún gerente va a renunciar a estas mejoras, sino que las usará aumentar las utilidades.

El problema desde el punto de vista social y económico, es que estos aprendizajes llegaron para quedarse, de manera que las empresas no van contratar más trabajadores para producir y vender lo mismo, e inclusive para aumentar un poco la producción. De poco o nada servirán incentivos como los incluidos en la reforma tributaria, de regalar un 25% de un salario mínimo de un nuevo empleado. Se requiere una revisión profunda de las políticas para generar empleo.

Cali, 30 de agosto de 2021

Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Manuel Galán*Las presuntas irregularidades del contrato adjudicado por el MinTIC a la empresa Centros Poblados para llevar centros digitales a las zonas rurales del país y que busca garantizar conectividad a miles de niños, son una muestra más de que en Colombia es necesaria una transformación del manejo de los recursos públicos. La corrupción nos carcome como un cáncer que victimiza en particular a los más débiles y vulnerables en nuestra sociedad. Sentar unas bases sólidas para una cultura de transparencia y legalidad, debe ser un propósito de nación, en el que todos asumamos nuestra responsabilidad individual y colectiva.

En el caso particular de este contrato, es ineludible la responsabilidad política de la ministra Karen Abudinen, quien debe responder ante los colombianos por las fallas del proceso de contratación. Aún más, cuando desde las primeras etapas de la licitación, se habrían presentado señales de falta de capacidad técnica y experiencia de Centros Poblados; y otras que mostraban que la ejecución del contrato pudo presentar signos de negligencia. Seis meses después de la firma del contrato, esta empresa no había instalado un solo punto digital, mientras que el anticipo de 70.000 millones de pesos ya había sido entregado.

La responsabilidad de quien es la cabeza del Ministerio de las TIC en la ejecución de este contrato va más allá de una mera cuestión administrativa. Se trata también de una cuestión moral pues es inaudito que no se hicieran los esfuerzos necesarios para garantizar que miles de niños de las zonas rurales de Colombia tuvieran la conectividad que les permitiría estudiar, sobre todo en tiempos en los que la pandemia ha creado dificultades para acceder a la educación.

La renuncia de la ministra Abudinen es un acto de responsabilidad frente a una gestión que no fue buena, que omitió las señales de posibles irregularidades y que fue incapaz de garantizar la ejecución de un proyecto que representa una gran inversión de recursos públicos que le pertenecen a todos los colombianos. Sin embargo, lo más importante: un proyecto que le garantizaría a miles de niños una herramienta para forjar un futuro con más oportunidades.

Esto no puede pasar más en Colombia, los recursos públicos nos pertenecen a todos, como ciudadanos, deben ser asumidos como sagrados por toda la sociedad y, sobre todo, por quienes los administran. En nuestro país no podemos seguir bloqueados por la negligencia, la mediocridad y la corrupción; es hora de un cambio y de restaurar la moral en la política. Las cadenas del clientelismo tienen esclavizado a nuestro país. Es hora de romperlas para liberar a Colombia de uno de los principales lastres que nos impide avanzar hacia la modernidad.

Bogotá, D. C, 30 de septiembre de 2021

*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.