Opinión

Por Amylkar D. Acosta M*.- Con la elección por parte del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina, antes Corporación Andina de Fomento (CAF), del ex ministro y actual Director ejecutivo por Colombia y Perú del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Sergio Díaz-Granados por un período de 5 años (2021 – 2026) se le abre a Colombia una ventana de oportunidad, justo en el momento en que más la necesita. La CAF es un banco de fomento y desarrollo y es reconocida como una de las principales fuentes de financiamiento multilateral para la región, con aprobaciones que superan los US $14.000 millones anualmente. Y no sólo eso, es reconocida también como un Centro de pensamiento de muy alto nivel y con proyección a nivel hemisférico.

La CAF nace con el Grupo Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 1968, que tuvo su origen en la Declaración de Bogotá y el Acuerdo de Cartagena, suscrito por Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, siendo Presidente de Colombia Carlos Lleras Restrepo, el gran impulsor de este esfuerzo integrador a nivel regional. El Convenio mediante el cual se creó, como banco multilateral y agencia promotora del desarrollo y la integración regional, se firmó en el Palacio de San Carlos, sede actual de la Cancillería colombiana. Inició formalmente sus operaciones en 1970, teniendo por sede a Caracas (Venezuela).

Huelga decir que Colombia, después de liderar este proceso de integración terminó propiciando su desintegración por el prurito de firmar el TLC con EEUU en solitario, sin contar con los demás socios de la CAN, rompiendo la regla de oro que se había consensuado en su seno, propuesta precisamente por Colombia, según la cual toda negociación comercial con terceros se haría en bloque.

Luego, a consecuencia de ello y una vez que Colombia rompió filas vino la desbandada, al punto que, prácticamente, el único organismo supérstite de este ensayo integracionista sigue siendo la CAF, la que tuvo que reinventarse y cobrar vida propia para no ser arrastrada por la crisis de la ahora irrelevante CAN. El gran artífice del crecimiento y la transformación de la CAF tiene nombre propio, el peruano Enrique García, quien durante 25 años, hasta el 2017, se desempeñó como su Presidente ejecutivo.

Ello explica que hoy la CAF está integrada ya no sólo por los países que siguen haciendo parte de la languideciente CAN sino que se amplió a 19 países accionistas de la misma (17 latinoamericanos, además de España y Portugal), apalancada además por 13 bancos privados. Tiene entre su objeto misional promover los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) con la activa participación tanto del sector público como privado. Impulsa, además, la Transición energética en el propósito de estimular el desarrollo sostenible  de los países latinoamericanos y del Caribe. En ello coincide con el BID y la CEPAL, otros dos organismos regionales de la mayor importancia.

Sergio Diaz-Granados es un profesional del Derecho, con una destacada carrera como servidor público y una muy amplia experiencia, especialmente en lo atinente al desarrollo y la integración regional, impulsada por él desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo primero y desde el BID, después. Tanto su desempeño en los cargos que ha ocupado, además de su paso por el Congreso de la República, le merecieron su elección por consenso, con la sola abstención de Venezuela, por razones obvias, al tiempo que el argentino Christian Asinelli, quien también aspiraba a la Presidencia, asumirá la Vicepresidencia del organismo.

Asume el próximo mes de septiembre Diaz-Granados la Presidencia de la CAF en un momento clave para Colombia, urgida como está de acceder a los recursos necesarios para financiar la recuperación y la reactivación de la economía nacional y enfrentada como está a dificultades mayores para lograrlo luego de perder la calificación inversionista de su deuda soberana. Es esta también la oportunidad, única y feliz, para que se le de un segundo aire a la CAN, que tanto lo necesita, sobre todo contando con la circunstancia excepcional de que el ex senador de la República Jorge Hernando Pedraza es ahora su Secretario general, quien le ha dado un renovado impulso. Enhorabuena!

Cota, Julio 10 de 2021

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Los colombianos vimos la realidad de los bloqueos que la CIDH no quiso ver; la brutalidad de encapuchados que, a machete limpio, impedían la movilización de personas, mercancías, alimentos y ambulancias en carreteras y vías urbanas…

…Los colombianos sufrimos y seguiremos sufriendo las consecuencias, porque pagaremos el costo billonario de la quiebra de empresas, pérdida de empleos, desabastecimiento, paralización del comercio exterior y desestabilización económica.

Por eso insulta a la inteligencia que semejante desmadre de “terrorismo económico y social” –aunque el terrorismo no esté en su diccionario– sea calificado con el absurdo eufemismo de “cortes de ruta”, y que, además, se recomiende al Gobierno “abstenerse de prohibirlos de manera generalizada y a priori”. La CIDH no solo legitima los bloqueos y desprecia nuestras leyes, sino que, a su juicio, había que esperar a que murieran más bebés y a la parálisis del país que persiguen esos delincuentes –sí, “delincuentes”–, para prohibir y desmontar unos bloqueos que nunca debieron permitirse.

Los “cortes de ruta” de la CIDH son otro chiste macabro, como las “retenciones” de las Farc, inventadas por la JEP para subvalorar el crimen atroz del secuestro y aplicarle su figura de “mentirillas” de la “justicia restaurativa”, sinónimo de impunidad. Sin duda, dos instituciones que comulgan en el sesgo ideológico de la izquierda y, por lo tanto, ven por un solo ojo.

Para mí, la visita de la CIDH tuvo un tufillo de “trampa”. Solicitada por la izquierda, con la que se reunieron como “amigos y camaradas” en ambiente de conspiración, según relató a los medios la líder caucana Diana Perafán; esperaban que el Gobierno la rechazara, como sucedió inicialmente, para atacarlo ante el mundo. Si la aceptaba, su “evaluación tuerta” y sus recomendaciones imposibles generarían otro rechazo del Gobierno, como terminó sucediendo, para llegar a la misma estrategia de ataque y deslegitimación. De hecho, un Petro envalentonado graduó al presidente Duque de “dictador”.

La CIDH pudo ver excesos de fuerza por parte de las autoridades, pero no el vandalismo sistemático que asoló las ciudades; sacó de la manga una presunta violencia de género en el marco de la protesta; hizo acusaciones de violencia étnica, pero no vio la de los indígenas que bloquearon y destruyeron, prevalidos de su “autonomía”; cuestionó la asistencia militar y la jurisdicción penal militar, acuso con falsedad al Gobierno de estigmatizar la protesta y a los jóvenes –un pobrecito para la Primera Línea– y hasta resultó siendo ¡la Fuerza Pública! la que atacaba misiones médicas y obstaculizaba el paso de ambulancias. ¡No hay derecho!

Y claro, tuvo tiempo para una “manito” descontextualizada a su protegido Petro, reiterando su esperpento jurídico de amarrarle las manos a la Procuraduría y extenderles patente de corso, como “indisciplinables”, a los funcionarios de elección popular.

Ni que decir de las recomendaciones, que parecen las exigencias del Paro, con la “neutralización” del ESMAD y el traslado de la Policía al Ministerio de Interior, como arrogantes intromisiones en los asuntos internos del país.

Con la actitud “tuerta” de la CIDH, el mundo queda con la imagen de una dictadura a lo Maduro y Ortega, que interesa a quienes promovieron la destrucción para erigirse en salvadores con el populismo socialista, algo que, después de la pandemia y el paro, el país no resistiría.

Algo que la CIDH, por supuesto, tampoco quiso ver, fue el papel de los intereses transnacionales que quieren implantar el comunismo en esta parte del mundo… y tienen a Colombia en la mira.

¡Rescatemos hoy la imagen de Colombia y, en 2022, salvemos a la patria en las urnas!

Bogotá, D. C, 11 de julio de 2021

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Mons. José Libardo Garcés Monsalve  - A nivel mundial, particularmente en Colombia y en nuestras fami­lias, el ser humano está pasando por una crisis de convivencia, manifes­tado esto en corazones llenos de odio y resentimiento que generan cada día más violencia y confusión al interno del grupo familiar y de la sociedad. Se escucha desde distintos enfoques que es necesario un proceso de perdón y recon­ciliación para llegar a la paz. Sin embar­go, no se llega a la tan anhelada paz, tan querida por todos, porque en la huma­nidad prevalece el uso de la fuerza y la violencia para resolver sus conflictos, al tiempo que se desea vivir en paz.

Al hablar de perdón y reconciliación se está tocando un aspecto central de la fe cristiana. Muchas situaciones persona­les, familiares, sociales, etc., que se viven en conflicto, hacen necesario un proceso de perdón y reconciliación, pero no se concreta quitando a Dios del centro de la vida, de tal manera, que la virtud de la fe es definitiva cuando se quiere hablar de perdón y reconciliación y por eso es que a las comunidades cristianas en Colom­bia, hay que pedirles como primera obra en el trabajo de la reconciliación, que se encuentren para rezar. La oración es el clamor de quien no se resigna a vivir en el odio, el resentimiento, la violencia y la guerra.

El perdón y la reconciliación son virtu­des cristianas que brotan de un corazón que está en gracia de Dios, nos permi­te ver la dimensión del don de Dios en nuestras vidas. Nacen estas virtudes de la reconciliación con Dios, mediante el perdón de los pecados que recibimos, cuando arrepentidos nos acercamos al sacramento de la penitencia a implo­rar la misericordia que viene del Padre y que mediante el perdón nos deja re­conciliados con Él. Estar en gracia de Dios, perdonados y reconciliados son características fundamentales de la fe cristiana.

El perdón y la reconciliación son gra­cias de Dios y por eso no son fruto de un mero esfuerzo humano, sino que son dones gratuitos de Dios, a los que el cre­yente se abre, con la disposición de reci­birlos, haciéndose el cristiano testigo de la Misericordia del Padre y convirtién­dose en instrumento de la misma, frente a los hermanos. Un cora­zón en paz con Dios, que está en gracia de Dios, es capaz de transmitir este don a los demás, mediante el perdón y la reconciliación en la vi­vencia de las relaciones con los otros.

No hay reconciliación y paz sin perdón, y todo tiene su origen en Dios Padre que envió a su Hijo Jesu­cristo, para que nos reconciliara con Él y efectivamente así lo hizo desde la Cruz, cuando nos otorgó su perdón y nos dejó el mandato de perdonar a los hermanos. El origen del perdón es la experiencia que Jesús tiene de lo que es la Misericor­dia infinita del Padre y por eso desde la Cruz lanza esa petición de perdón para toda la humanidad pecadora y necesita­da de reconciliación: “Padre, perdóna­les porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 34).

Es por esto que ninguna ley civil y nin­gún poder humano podrá obligar a nadie a conceder y pedir el perdón. Solo la ley moral lo hace porque tiene su funda­mento en Dios mismo que siembra en nosotros la semilla del perdón y la re­conciliación, en el perdón que Él mismo nos ofrece, del cual somos testigos y por gracia de Dios y desde la fe, somos instrumentos de la misericordia del Padre.

Para los creyentes la reconciliación con Dios es condición básica y necesaria para la reconciliación humana. Hemos de estar reconciliados con Dios si que­remos vivir reconciliados entre los seres humanos, así lo decimos en la oración del Padre Nuestro: “Perdónanos nues­tras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden” (Mt 6, 12). 

Como cristianos creemos que el agente principal del perdón y la reconciliación es Dios. Orar por el per­dón y la reconciliación es mostrar que estamos convencidos que esto no es una lucha humana, sino un don de Dios. Esto, no declina nuestra dedicación activa por vivir perdona­dos y reconciliados, sino que nos dispone abrien­do el corazón a esta gracia de Dios. La oración estimula nuestra actividad y creatividad en trabajar por un mundo y una Colombia perdonada y reconcilia­da. Siempre en el mundo los grandes ar­tífices y trabajadores de la paz han sido personas de oración ferviente al Señor, pidiendo constantemente el perdón y la reconciliación que nos lleva a la verda­dera paz.

Con Dios al centro de la vida y vivien­do en su gracia y en oración fervien­te, un instrumento fundamental en el proceso del perdón y la reconciliación es el diálogo, tan añorado en estos tiempos de violencia y dificultad en nuestra patria, válido para resolver conflictos familiares, vecinales, socia­les, políticos, etc. El diálogo ha evitado muchos enfrentamientos violentos a lo largo de la historia, en todos los sectores sociales. Dialogar implica escuchar de verdad las razones del adversario y estar dispuestos a modificar nuestra posición.

Con la gracia de Dios en el corazón, el diálogo que lleva al perdón y la recon­ciliación se busca como un beneficio para el otro, sin Dios al centro se bus­ca el perdón y la reconciliación como un beneficio egoísta para sí mismo. La paz que nos trae el Señor, no como la que da el mundo sino Dios, implica una búsqueda continua del bien del otro, que lleva finalmente a trabajar de manera incansable por el bien común. Esto es un aprendizaje que se hace desde la fe, dejándonos educar por Dios mismo, que quiere que seamos sus hijos y entre no­sotros verdaderos hermanos. Aparecida expresó esta verdad diciendo:

“Es necesario educar y favorecer en nuestros pueblos todos los gestos, obras y caminos de reconciliación y amistad social, de cooperación e integración. La comunión alcanzada en la sangre recon­ciliadora de Cristo nos da fuerza para ser constructores de puentes, anunciadores de verdad, bálsamo para las heridas. La reconciliación está en el corazón de la vida cristiana. Es iniciativa propia de Dios en busca de nuestra amistad, que comporta consigo la necesaria reconci­liación con el hermano. Se trata de una reconciliación que necesitamos en los diversos ámbitos, en todos y entre todos los países. Esta reconciliación fraterna presupone la reconciliación con Dios, fuente única de gracia y de perdón, que alcanza su expresión y realización en el sacramento de la penitencia que Dios nos regala a través de la Iglesia” (DA 535).

Que Nuestro Señor Jesucristo, por in­tercesión de la Santísima Virgen María y del glorioso Patriarca san José, nos concedan la gracia de vivir en Colombia perdonados, reconciliados y en paz.

En unión de oraciones, reciban mi bendición.

Bogotá, 9 de julio de 2021

Obispo de la Diócesis Málaga Soatá y Administrador Apostólico de la Diócesis de Cúcuta

Por Paloma Valencia*.- Se dice que el paro es una expresión de inconformidad y que quienes no lo apoyamos somos indiferentes a los problemas del país, o que no los vemos. Es una interpretación simplista.

Cualquier colombiano entiende la gravedad de lo que estamos viviendo. Los efectos de la política social para erradicar la pobreza que se intensificó desde el 2002, se borraron con la pandemia. Tenemos 21 millones de colombianos en la pobreza y 7,5 en pobreza extrema. No hemos recuperado el empleo y miles de negocios, especialmente pequeños, no han podido recuperarse. Son problemas nuevos a la larga lista de dificultades. Empezando por la corrupción que sigue corroyendo el sistema político y las obras publicas. La impunidad rampante y los delitos jamás se sancionan. La tramitomanía que es una barrera de acceso al mercado para cualquier negocio de cualquier tamaño. La ineficiencia del Estado para resolver cualquier problema pequeño o grande. La mala calidad de la educación pública. La violencia financiada por el narcotráfico que asesina y la incapacidad de garantizar la seguridad a todos los colombianos. En fin, la lista es muy larga y tal vez, en eso todos estamos de acuerdo.

Sin embargo, las soluciones que propone la izquierda son muy distintas a las que proponemos nosotros. Los cambios que requiere el país son precisamente los contrarios de los que promueve el paro. En el país hay hoy dos modelos de gobierno. Uno encarnado por la ciudadanía que está en el paro y que lidera el senador Petro junto con su aliado el senador Gustavo Bolívar, y otro que representamos quienes creemos en el sistema productivo.

Las diferencias son evidentes y se manifiestan con las expresiones del paro. Algunos observamos con preocupación que los niños del sector de la educación pública ocupan los últimos lugares en las pruebas Pisa y también que Colombia es uno de los países dónde más días los niños estuvieron sin presencialidad y que por lo tanto tienen más retraso en su educación. El paro está liderado por Fecode que sin reparos e irrespetando el mandato constitucional insiste en defender sus derechos por encima de los derechos de los niños estudiantes. Entraron a trabajar por las vacaciones y es de esperar que vuelvan a paro en cuanto se deba reiniciar la presencialidad.

Mientras algunos creemos que las soluciones al empleo y la pobreza pasan por la reactivación económica, y el cuidado del sector productivo. La izquierda emprende una campaña de estigmatización y destrucción de todo lo que produzca riqueza. Tiene la idea de que las soluciones de la pobreza nada o poco tienen que ver con las empresas y los empresarios. No solo no condenan los bloqueos abogan por su legalidad e incluso han financiado la primera línea, lo que en mi opinión es un delito.

Mientras se quejan del asesinato de líderes sociales propenden por la legalización de las drogas, en el contexto de la prohibición en los países que son nuestros socios comerciales. Evidentemente nos llevaría a la ruina. Al mismo tiempo impiden con artilugios cualquier alternativa que dé resultados contundentes contra el narcotráfico. La seguridad les parece un valor de segunda y cualquier uso de la fuerza del estado les preocupa. Desprestigian a los hombres de las fuerzas armadas.

Leyendo esto cualquiera comprende que el informe de la CIDH es más una postura política que una observación imparcial. Era previsible, y es al mismo tiempo, inaceptable. Las dos visiones de país se enfrentarán en las próximas elecciones y Colombia tomará la decisión sobre lo que quiere para su futuro en la democracia.  Lo que se opine desde los escritorios de burócratas internacionales no influirá.

Bogotá, D. C, 9 de julio de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático

Por Gabriel Ortiz*.- .Razón tenían la Vice-Canciller y Duque al prohibir la visita de la CIDH a Colombia, para analizar la situación que se presentaba con ocasión de las marchas pacíficas, contra la estrafalaria reforma tributaria Duque-Carrasquilla.

Fue tal la crueldad con la que actuaron las fuerzas del Estado para impedir la protesta, que el mundo entero puso sus ojos sobre Colombia. Se quiso ocultar la realidad, ante las críticas de los organismos defensores de los Derechos Humanos.     

Ante tales pronunciamientos, la Vice-Canciller, tuvo que cambiar de posición y por orden gubernamental concedió el permiso a la CIDH, para ingresar y observar lo que estaba sucediendo.

Llegó la Comisión y se enteró de todo. Vio un pueblo inerme, empobrecido, desempleado, ultrajado, torturado, con hambre y sin esperanza.

Violencia por todas partes. Matoneo contra los manifestantes, arbitrarias detenciones, bloqueos, muertes y desapariciones. Se entregaban cifras de organismos oficiales, pero diferentes, que no daban credibilidad.

Encontraron los comisionados 40 hechos graves, que merecieron recomendaciones concretas y exactas, que de inmediato fueron refutadas por el Presidente Duque, quien arrogante, altivo y despectivo, las rechazó, advirtiendo que nadie podía sugerirle a su gobierno cómo actuar para controlar la violencia. Es decir, para él, lo que ha ocurrido, ha sido criminalidad, furia y arrebato.

De tajo, envió al cuarto del olvido, una posible desvinculación de la policía y el esmad del ministerio de defensa, para evitar que actuaran militarmente.

Los bloqueos que tanto atormentan, son denominados por la CIHD, como “cortes de ruta”, que no pueden ser prohibidos, como “no lo puede ser ninguna modalidad de protesta”, según la Comisión.

Expertos en derechos humanos, son claros en advertir que los Estados tienen que respetar las advertencias, normas y recomendaciones de organismos como la CIDH, porque han firmado y ratificado su creación y su existencia.

La realidad es una: Colombia desconoció las normas de los derechos humanos durante las marchas pacíficas y la Comisión Interamericana de DDHH, lo corroboró, como también confirmó el vandalismo practicado grupos armados que las han infiltrado.

A propósito, dijo que la Comisión establecerá, con sus propias atribuciones la vigilancia, aunque advirtió que no se trata de un mecanismo de control. Sobre esto la Vice-Canciller dijo no aceptar este mecanismo, mientras los partidos políticos, excepto el DC, respaldaron el informe de la Comisión.

Increíble: el aliado del CD el republicano Marco Rubio y otros 13 senadores norteamericanos, le pidieron al Presidente Biden, respaldar a Colombia y al informe de la CIDH, para salvar este país.

Por lo pronto, parece haber quedado sepultada la ley, con la que buscaba Duque, reglamentar las marchas y la protesta ciudadana. El 7 del 7, gran día para Colombia.            

BLANCO: La propuesta de Juan Manuel Galán de legalizar las drogas.

NEGRO: Me escribe un sufrido contribuyente de Bogotá: “¿Cómo pretende Claudia que le incluya un “aporte voluntario” a mí predial, si cada que salgo en mi carro tengo que comprar nuevas llantas, porque las calles de la ciudad son un solo hueco?”

Bogotá, D, C, 9 de julio de 2021

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Eduardo Verano*.- Los procesos de Educación se basan en la libre expresión y en poder comunicar nuestro pensamiento sin miedos. La herramienta más poderosa para lograr esa interacción es el diálogo. Vivimos con las consecuencias de las decisiones y las acciones que tomamos. Necesitamos hablar, conversar, dialogar, aunque nos agote, aunque muchas veces los diálogos para buscar un acuerdo pareciera que no conducen a nada. Más ahora que hay tanta gente expresándose en las calles.

Tenemos más en común con quienes piensan distinto a nosotros, pero quieren dialogar, que con quienes piensan lo mismo que nosotros pero no están dispuestos al diálogo. Se convierten en personas intolerantes aunque no haya diferencias. La sensación de distancia y de dificultad permanece. La actitud frente al diálogo es más importante que la misma temática. Lograr los acercamientos es el más importante trabajo individual.

Hay pluralismo y la confrontación puede ser visible, pero, el solo hecho de discutir los pormenores del disenso logra el consenso. El diálogo se tiene que hacer sin penalizar, ni castigar, ni regañar a las personas por pensar diferente. El respeto en cada parte de la mesa es esencial para escuchar las voces de quienes no compartimos sus ideas, aunque no nos gusten.

Defender la libertad de expresión es propio de las sociedades civilizadas que buscan los mejores pactos para convivir aún en desacuerdo. Entender es la clave para la búsqueda de la convivencia al interior de una sociedad.

Hay tantas ideas como personas. Cada persona tiene sus propios conceptos con respecto a muchos temas. Lo que no puede ser obstáculo para generar espacios de reflexión conjunta y nunca rechazar a las personas por sus ideas.

Las ideas deben evolucionar, es natural su enriquecimiento día a día con las experiencias, nuevos conocimientos y la innovación, es cierto que hay principios filosóficos que permanecen como básicos y fundamentales. Por eso, hay que estar dispuestos a cambiar las ideas. Sentarse al fuego y conversar tiene similitudes, porque el fuego se extingue o se propaga como las ideas en las conversaciones. Muchas veces se extinguen los diálogos por no saber manejar la falta de consenso. Pero, se pueden propagar sí de la conversación surgen nuevas ideas y proyectos que se fortalecen con el cambio mental colectivo. Una actitud correcta evita que se extinga una buena conversación. No dejar que se extinga el fuego, también evitar que nos arrastre.

Son famosas las “Conversaciones con Dios” de Neale Donald Walsch, quien escribió lo que indicaba su corazón como si estuviese hablando Dios. Explicó que era Dios el que a través de su mano explicaban sus puntos de vista con respecto a la vida, la muerte, el amor, la economía, el trabajo. Estas conversaciones lo llevaron a definir que lo más importante es concentrarnos en lo que pensamos de nosotros mismos a través del amor o del temor.

Lo opuesto al diálogo es la soledad. Stephen Batchelor en “Elogio de la soledad” explica cómo Montaigne se retiraba en su castillo para practicar la soledad cómo manera de vivir, apreciaba el arte, meditaba y buscaba su perfeccionamiento. Buscaba un ser oculto dentro de su propia celda cerebral. Estar solo es mucho más que soledad, es el arte de cultivar la mente a través de un entrenamiento que se practica en solitario y se consagra al cuidado del alma.

La concentración mental avanzada trata de inmovilizar el pensamiento, lo que es casi imposible lograr porque nuestra mente es impotente para parar el manantial inagotable del pensamiento que fluye en esos momentos de reflexión. La mente es un prodigio.

Barranquilla, 9 de julio de 2021

*Exconstituyente, exministro de Estado y exgobernador del Atlántico.

Por Gustavo Galvis Hernández*.- Recordemos que la expresión “hablar a calzón quitado” se refiere a hablar con franqueza, sin rodeos, sin tapujos, sin ocultar nada; sinónimo de la también muy conocida expresión “sin pelos en la lengua”.

En este contexto, es oportuno destacar por su importancia y pertinencia la noticia sobre la campaña que con el nombre “A calzón quitao” ha comenzado en Barranquilla para prevenir los embarazos indeseados en mujeres adolescentes. La iniciativa es liderada por la primera dama, la Gerencia de Desarrollo Social, las secretarias de Salud y Educación con el apoyo de Profamila y la Fundación Santo Domingo.

Moisés Wasserman en su libro La educación en Colombia informa que el 11.5% de las adolescentes no van al colegio o desertan por embarazos tempranos con todos los efectos sicologicos, económicos y sociales que ello implica.

No sobra recordar el ejemplo de Luis Miguel Bermúdez, profesor de ciencias sociales de un colegio público en uno de los barrios más pobres de Bogotá; hace tres años fue candidato al Premio Mundial de la Educación por haber logrado con diálogo franco y sincero y las asesorías correspondientes, bajar a cero los númerosos embarazos de sus jóvenes alumnas.

De necesarios a imprescindibles

Ojalá que estos ejemplos sirvan para ser aplicados en el sector educativo urbano y rural por las secretarias de Educación y Salud de los departamentos y municipios y así ayudar a evitar el embarazo adolescente, las enfermedades venéreas y los contagios por el SIDA que siguen creciendo. Además, una meta del Objetivo 3- Salud y Bienestar- de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, es: Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar.

Y se habla mucho del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es diferente al libre desarrollo de la irresponsabilidad. Sorprende ver a niñas con una criatura que no es su hermano sino su hijo, o a la jovencita migrante con tres niños y embarazada pidiendo limosna. Mucho dolor, poco futuro y el desempleo creciendo para las personas sin conocimientos y educación de calidad.

Bucaramanga, 8 de julio de 2021

*Ingeniero Industrial de la UIS. Expresidente de la Financiera Energética (FEN). Exsenador, Expresidente de ANDESCO.

Por Cecilia López Montaño*.- Para muchos economistas la imagen de la gente, de esos individuos que sufren el impacto de todas las decisiones económicas, se ha borrado de la agenda de esta profesión desde hace varias décadas. Su sustitución ha sido evidente: los equilibrios macroeconómicos prioridad absoluta, porque sin ellos, y ahí sí entra la gente, quienes pagarán las consecuencias serán precisamente esos individuos, sus familias, su sociedad, su país.

Es indiscutible que la hiperinflación es el peor impuesto para los pobres; los desequilibrios fiscales obligan al endeudamiento que terminará pagándolo la población, la actual y las generaciones futuras. También es cierto que si la economía no crece es imposible que la situación de la población mejore. Sin embargo, y ahí nace un punto diluido, muchos de estos argumentos tienen un pero porque para eso existe la política pública, las decisiones del Estado para minimizar o mejor evitar que costos y beneficios caigan de manera injusta sobre sectores de personas.  

La verdad es que hoy los economistas nos enfrentamos a algo que nunca soñamos: la salud nos desbarató el panorama, nos cuestiona lo que han sido nuestras premisas, y peor aún, los objetivos de nuestro ejercicio profesional. Por lo menos a estas generaciones no nos había tocado una crisis cuyas causas iniciales estuvieran fuera de nuestro dominio. Aún más, las soluciones obvias ahora si para reducir sus costos económicos y sociales, también se enfrentan a algo que no solo no manejamos, sino que y esto es lo más grave, no queremos reconocer.

Cuando una economía se cae 6.9% en un solo año, 2020, la actitud obvia de quienes conocen el tema es explorar todas las vías para reactivarla. Pero en esta realidad tan nueva, compleja y dolorosa este proceso puede acelerar aún más las muertes de esos individuos que supuestamente tenemos que salvar obviamente de la pobreza. Es decir ¿estamos entre la pobreza y la muerte?

Para no tener que afrontar semejante posibilidad reaccionamos con indiferencia y se busca el apoyo en estrategias que no son de nuestra responsabilidad: la vacuna y ese cuidado que debe asumir cada individuo. De esta manera nos podemos concentrar en lo que nos corresponde: que la economía vuelva a retomar su dinámica y que los demás resuelvan lo que de manera indignante se podrían catalogar como los daños colaterales, las muertes y los contagios.

Esto parecería ser lo que está sucediendo en Colombia donde hasta los políticos se olvidan de lo que está sucediendo en el sector salud absolutamente desbordado y, sobre todo, sin el real apoyo ni del gobierno ni de la ciudadanía.

Asombra la indiferencia de los economistas ante la pandemia y su incapacidad de comunicarse con los médicos cuyo clamor no los conmueve como si la economía y la salud no tuvieran sus destinos unidos en estos momentos difíciles.

Si esta realidad se aceptara se estarían buscando alternativas para que haya espacio para no frenar ese creciente económico que es meta prioritaria de muchos, pero reconociendo que los niveles de la pandemia nos desbordaron.

Bogotá, D. E, 8 de julio de 2021

Economista, investigadora, conferencista y política colombiana. Se ha desempeñado como Directora del Seguro Social, directora de PREALC, OIT, embajadora de Colombia en los Países Bajos, Ministra de Agricultura, Ministra de Medio Ambiente, Directora del Departamento Nacional de Planeación y Senadora de la República.

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Por Simón Gaviria*.- Muchas explicaciones se tendrán para el reciente ciclo de paros, pero si algo queda claro es que hay información incompleta. La toma de Cali es inaceptable bajo cualquier punto de vista. Cómo se deja paralizar sorpresivamente la tercera ciudad más grande del país; más grave aún, cómo es que todavía no sabemos qué paso.

Después de años de victorias, dos errores inexplicables en Norte de Santander. Estas sorpresas pueden ser el mayor fracaso en la historia reciente de los servicios de inteligencia de Colombia. Por lo menos debería ser un llamado a reflexionar, la inteligencia está lenta.

Con un presupuesto de $106 mil millones en la Dirección Nacional de Inteligencia, más presupuestos oficiales y reservados en otras entidades, Colombia procesa más inteligencia que Francia. No en vano Chávez decía que era el Israel de Suramérica. La guerra contra el narcotráfico obligó a construir redes de inteligencia sustanciales.

La embajada de Estados Unidos en Bogotá es la tercera más grande del mundo, la colaboración transfirió mejores prácticas y equipos de avanzada. Los oficiales de inteligencia van a las mejores universidades y academias del mundo. Están en constante intercambio con la OTAN, la Interpol, el FBI y los más destacados profesionales. En papel todo bien, pero algo empezó a fallar.

La Ley de Inteligencia de 2013 después de 60 años otorgó base jurídica. Desarrollada en el marco de los escándalos del DAS, tiene un énfasis en el control político del congreso. Teniendo en cuenta escándalos posteriores quedan dudas sobre la eficacia de la veeduría. La decisión de poblar la nueva entidad con militares retirados eliminó la alternativa civil que facilita la cooperación. La información sigue fragmentada en diferentes entidades. Los presupuestos de inteligencia en fuerzas militares vienen en descenso, la red de informantes se debilitó. Mayor énfasis en lo tecnológico en vez de inteligencia humana.

No es solo la falta de anticiparse, ni si quiere se logra entender hechos.

Preocupante es que después de dos meses no haya claridad sobre los vínculos de grupos al margen de la ley o extranjeros con estos eventos. Las insinuaciones sotto voce de analistas y funcionarios de vínculos turbios del paro resultan especialmente dañinos para la democracia si no son comprobados. Y eso requiere mucho más que un viaje con comentarios inoportunos de unos argentinos.

Si “Marcos Pacífico” del ELN movió recursos para la toma de Cali, sería bueno saber cuántos fueron y cómo se distribuyeron en la ciudad. Si fue por canales humanos tuvo que llegar días antes. ¿Dónde estaba el director de la Policía mientras esto ocurría? Si Venezuela está promoviendo el paro, sería bueno que nos dijeran cómo. Son acusaciones que no pueden quedar al aire. Es un deber esclarecerle al país, según el Centro Nacional de Consultoría, 54 % del país cree que las motivaciones del comité del paro son sociales. Que justos no paguen por pecadores.

Si después de décadas de conflicto armado, las amenazas se vuelven urbanas, internacionales o digitales, hay que repensar cómo se reasignan capacidades de inteligencia. También existe la posibilidad de que la información no haya subido la cadena de mando. De todas maneras, al final del paro hay que replantear las cosas, esto no salió bien.

Bogotá. D. E, 8 de julio de 2021

*Simón Gaviria, actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y expresidente de la Cámara de Representantes.

Por José G. Hernández*.- Al decir de algunos políticos, “no hay ningún derecho fundamental a la protesta”, pues “la Constitución no lo establece”.

Los derechos fundamentales -que lo son en cuanto inherentes a la esencia de la persona humana- no se tienen a partir de su consagración en norma positiva. Si así fuera, bastaría derogar la disposición que consagra derechos básicos como la igualdad, la libertad, el debido proceso o la libre expresión para que no pudieran ser reclamados, protegidos o reivindicados. Que algunos sistemas jurídicos -afortunadamente, cada vez menos- contemplen todavía la pena de muerte, no significa que el derecho a la vida deje de ser el primero y básico de los derechos fundamentales.

Es lo mismo que dice la Enmienda IX de la Constitución de los Estados Unidos: “No por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo”, o el artículo 94 de la colombiana: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.

De la naturaleza racional del ser humano se deriva la capacidad de discernir, distinguir, valorar, disentir, aceptar o no aceptar, discrepar, estar o no de acuerdo con algo. Y, claro está, de esa misma naturaleza y de la esencial tendencia humana a la libertad se deriva el derecho de expresar, individual o colectivamente, en privado y en público, lo que se piensa, se quiere, se busca o se reclama. Por eso, protestar, manifestarse en contra o a favor, oponerse, criticar, reclamar, discutir, proponer, denunciar, es algo connatural a la condición humana, y se da -por supuesto- en toda agrupación, asociación o conglomerado, con mayor razón en una democracia -en la cual el pueblo es soberano- y respecto a los intereses, derechos y necesidades colectivas.

La Carta Magna, las declaraciones de derechos -Petition of Rights, Bill of Rights, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, las traicionadas Capitulaciones de los Comuneros- tuvieron origen en el ejercicio del derecho a la protesta, en la formulación de reclamos y reivindicaciones. Sin contar con el previo beneplácito de los gobernantes, y -más aún- contra sus abusos y excesos.

Ahora bien, la Constitución colombiana garantiza los derechos a la libre expresión del pensamiento y opiniones, la libertad de reunión y manifestación pública y pacífica, así como los derechos de la oposición política, entre los cuales está el ejercicio libre de la función crítica frente al Gobierno y la opción de plantear y desarrollar alternativas políticas, derechos todos ellos que no podrían ser ejercidos si para tal efecto tuvieran que contar con la anuencia, la autorización o el permiso del gobierno o de la administración.

El derecho a la protesta sí está garantizado, en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Debe ser protegido -no perseguido, ni sancionado- por las autoridades. Otra cosa distinta es la violencia y la barbarie, que no son derechos. Es un exabrupto que, para evitar tales abusos, se quiera hacer inane o inexistente el derecho a la protesta.

Bogotá, D. C, 8 de julio de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional