Opinión
Por Paloma Valencia*.- En medio de la dramática situación que vive nuestro país, agobiado por la pandemia y por el tirano paro, llama la atención que la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, salga a recoger las denuncias que hicimos desde el Centro Democrático sobre la ilegalidad de la financiación de la “primera línea” por parte de la Colombia Humana; y que acto seguido la emprendiera contra nuestro partido. Es el síntoma de que la contienda electoral está empezando.
La alcaldesa afirmó que el uribismo trató de matarla. Lamento mucho las palabras de la Alcaldesa no solo por falsas, sino porque en un momento de tensión son una incitación contra el uribismo. Millones de colombianos que nos circunscribimos a una ideología política pacífica, democrática, respetuosa de la ley, fuimos señalados de ser criminales; de querer matar. Me preocupa el efecto de sus palabras. Pueden provocar una nueva oleada de amenazas en nuestra contra. Jóvenes de nuestro partido han sido severamente amenazados, algunos incluso han sufrido atentados, por ser uribistas. Las plataformas del paro han sido utilizadas para filtrar datos personales y familiares de nuestros jóvenes y dirigentes. Hemos sido amenazados de varias maneras. Ojalá la política en éste país transite hacia la discusión argumentada, y no la fácil estigmatización que en medio de la crispación y la violencia puede traer consecuencias que nadie desea para Colombia.
El autodenominado “centro” critica la polarización. Señala a los “extremos” y estratégicamente se ofrece como la alternativa a la confrontación. Lo hacen sin observar –en el mejor de los casos- que están atacando con igual o más virulencia. Lo hacen sobre la base de que la política es un eje continuo y por lo tanto unos están de un lado y otros de otro, y algunos pueden estar en el cómodo centro. Tengo la impresión de que la política es mucho más compleja que dos nodos. Es más bien un espacio lleno de dimensiones, de matices, de diferencia; donde las distancias a veces son mas amplias y otras veces hay coincidencias inesperadas.
Por otro lado, sostienen los del “centro” que no son malos los bloqueos, que incluso hay algunos bloqueos legales; que el vandalismo en su justa proporción es aceptable. Y nos vienen demostrando que consideran que esos nuevos derechos de bloquear y vandalizar tienen una entidad superior al derecho fundamental al trabajo o a los derechos humanos a la movilidad y la seguridad. Lo que es más grave, los alcaldes del centro y la izquierda han decidido mantener inactivas las fuerzas del orden. Sobre la base, casi, de que la fuerza, cualquiera, es ilegítima.
Todos rechazamos al unísono la violación de DDHH por parte de hombres de nuestras fuerzas. Todos esperamos que haya sanciones a ello. Sin embargo, la izquierda y el centro estigmatizan a toda la fuerza y condenan a todos sus hombres sin fórmula de juicio e irrespetando la presunción de inocencia. Parecen querer someter al país a la desaparición del uso de la fuerza del Estado. La fórmula puede ser llamativa, seductora; pero lejos de acercarnos a la vida ideal donde todas las violencias cesan; nos llevan de regreso a las épocas donde las violencias privadas e ilegales nos secuestran, suprimen los derechos y garantías ciudadanas, y el Estado mira entre indiferente, inútil e irresponsable. La historia reciente de Colombia nos enseñó que la fuerza del Estado garantiza la seguridad y en ese ambiente todos los derechos de todos los ciudadanos tienen cabida. Garantizar la seguridad no es un deber; es una obligación. Cúmplanla.
Bogotá, D. C, 2 de julio de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático
Por José G. Hernández*.- Cuanto ha venido ocurriendo en Colombia en los últimos meses, más que preocupante, es alarmante. Se han deteriorado la sensibilidad social y el respeto a la vida -el derecho básico, sin el cual los demás no tienen sentido ni posible realización-. Los crímenes se van convirtiendo en “normales” y se convive con ellos.
Una breve referencia a noticias que, al parecer, ya no impactan. Que son volátiles y transitorias. Que son sustituidas, unas por otras, en muy corto tiempo. Que se olvidan con facilidad. Que no se prestan al análisis sociológico, jurídico ni político, porque “pierden vigencia”. Son noticias como las siguientes:
- Continúan, cada vez con mayor frecuencia, las masacres, cometidas por grupos criminales no identificados, ni capturados.
- Siguen los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, campesinos, desmovilizados, miembros de la Policía Nacional. Nadie responde.
- Un número indeterminado de muertos durante las marchas de protesta iniciadas el 28 de abril, que se agregan a las de Dilan Cruz, a finales de 2019, y a las del estudiante Ordóñez por exceso de fuerza policial, y de al menos doce personas en Bogotá en septiembre de 2020. Excesos en el uso de la fuerza pública, que culminan en muertes.
- Numerosos actos de violencia y vandalismo en Bogotá, en Cali y en otras ciudades del país. Ataques a bienes públicos y privados; quema y destrucción de vehículos y estaciones de transporte; incendios de edificios oficiales, sedes de tribunales y fiscalías, CAI´S e instalaciones policiales.
- Grupos de civiles armados disparan contra grupos de jóvenes que protestan.
-Sin que nadie se haya percatado, un vehículo-bomba ingresa a las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, estalla y deja un saldo de 36 heridos. Afortunadamente, no hubo muertos.
-La cabeza de un joven de 23 años es arrojada desde una motocicleta en las calles de Tuluá, y poco después aparecen otros cadáveres desmembrados. Crímenes horrendos sobre cuyos autores nada se sabe. Seguramente, como es ya costumbre, habrá impunidad.
- Atentado contra el presidente de la República, dos ministros y un alcalde -entre otras personas-, mediante disparos al helicóptero que los transportaba en el Departamento de Norte de Santander. Aparecen muy pronto las armas -no se sabe si son en verdad las utilizadas para tan criminal finalidad-, pero ni rastro de los terroristas. Y, aunque hay retratos hablados, si bien no hay certeza acerca de que en realidad correspondan a los criminales. Lo cierto es que los servicios oficiales de inteligencia fueron tomados por sorpresa.
- En Portal de las Américas, Bogotá, muere un joven motociclista, al caer víctima de una cuerda de alambre -una verdadera trampa- instalada por vándalos.
En fin, en Colombia se ha extendido impunemente la violencia y se ha normalizado el crimen. Se ha degradado el necesario respeto entre las personas, y es prácticamente imposible la convivencia.
Bogotá, D, C 1 de julio de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Juan Manuel Galán*.- Cuba ha sido un aliado estratégico para Colombia en la búsqueda de la paz. Desde 1998 participó como garante y sede de las conversaciones con las FARC y ELN; es decir, desde la presidencia de Andrés Pastrana -incluso de Álvaro Uribe-, la isla ha sido solicitada como mediador en la resolución del complejo conflicto armado que por décadas sufre Colombia.
Desafortunadamente, el único gobierno que no ha hecho ninguna clase de acercamiento -al menos oficial- es el del actual presidente Iván Duque, quien suspendió las negociaciones con el ELN por el atentado en la Escuela General Santander y reactivó las órdenes de captura de los jefes guerrilleros que estaban en territorio cubano. Llama la atención que una de las causas por la que renunció el excomisionado de paz Miguel Ceballos fueron los acercamientos de Uribe con ELN, que calificó de desleal con el gobierno del presidente que ayudó a elegir.
A pesar de estos importantes antecedentes, en la 29ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Colombia se abstuvo de votar en contra del embargo que mantiene Estados Unidos a la isla, impuesto desde hace más de 59 años. Así, en una decisión que sólo tuvo dos votos en contra y tres abstenciones, condena a un país que ha sido benevolente y paciente, dejando a un lado la reciprocidad, hoy en día tan importante en las relaciones entre países.
Lo más preocupante es que en el momento que escribo esta columna, la Cancillería no le ha explicado a la opinión pública la razón de su voto, cómo sí hubiera algo que esconder. Es necesario que se rinda cuentas sobre los motivos que se tuvieron para tomar esta decisión. Así las cosas y a catorce meses del fin del periodo presidencial, pregunto: ¿se cierra la posibilidad de negociaciones con el ELN?
Cerrar la posibilidad de negociación con esta guerrilla, dificulta la implementación del Acuerdo de Paz -por el que tanto pecho saca el gobierno a nivel internacional-. Es un grave error con consecuencias negativas para todos los colombianos, sobre todo para las zonas rurales. Nos vemos expuestos a perpetuar una guerra donde como siempre los más afectados son quienes la sufren, es decir los habitantes de las zonas más apartadas y que soportan todos los días la problemática en los sitios en conflicto.
El gobierno, así sea al final de su mandato, debe empezar a tomar decisiones que no sólo beneficien o le den satisfacciones a su partido. Es hora de pensar en el país. Aún puede hacerlo señor presidente.
Addendum. Criminal y cobarde atentado contra el presidente Iván Duque, sus ministros Diego Molano, Daniel Palacios y el gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano. Total rechazo. Ninguna acción violenta y terrorista puede justificarse ni aceptarse. Mi solidaridad para las víctimas y mi solicitud a las autoridades para que investiguen. El país debe conocer pronto las circunstancias y los responsables de este crimen.
Bogotá, D. C, 29 de junio de 2021
*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Simón Gaviria*.- El lanzamiento del programa 4G de infraestructura vial marco un hito para el país, los resultados son evidentes. Liderado por German Vargas Lleras, en su momento, era el cuarto programa de inversión privada en infraestructura pública más grande del mundo. Una vez concluido, en kilómetros per cápita de vías principales Colombia superaría el de Alemania. Se acostumbró al sector constructor a trabajar sin anticipo, al bancario a entender de ingeniería, y al público a saber valorar riesgos. Aún con tropiezos de aprendizaje y retos de pandemia, en abril de 2021 el programa iba en 55,93% de ejecución con $20 billones de inversión adicional prevista este año. Ahora que se piensa en un nuevo programa 5G, hay que liberar a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) del sector transporte y permitirle que revolucione otros sectores.
Lo óptimo sería que cada sector desarrollara capacidades propias en estructuración de Alianzas Público Privadas (APP). Por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Rural debería estar estructurando las grandes APPs de distritos de riego, pero después de tantos años no han podido salvar el proyecto del Río Ranchería. La Agencia Virgilio Barco debería darle mejor uso al sin número de inmuebles propiedad de la nación, pero los numerosos bienes de la SAE siguen en manos de terceros. Como todo el mundo quiere hacer, nadie hace.
Se necesitan por lo menos 45.000 aulas escolares para la jornada única. El inhumano hacinamiento carcelario requeriría multiplicar por tres los actuales cupos. Para cumplir con estándar OECD, se requieren seis veces más juzgados. La certeza jurídica que ofrece la ANI en proyectos rurales, derrotaría temores de UAF, historial de títulos e invasión de tierras que ha alejado la inversión del campo. Aunque estuviera la plata, no están los proyectos.
No es mala voluntad, las capacidades de estructuración técnica y financiera son difíciles, el conocimiento de gestión contractual aún más. Por esto, lo que ha logrado la ANI en proyectos de gran envergadura, no fue de noche a la mañana. No solo los éxitos sino disputas en tribunales de arbitramiento, licitaciones fallidas y fracasos en cierres financieros que generaron experticia que quedo interiorizada. Esto en contraste con entidades que dicen estructurar pero que contratan caros consultores externos para lograrlo. Cuando ellos se van, se va el conocimiento.
Ahora que comienza una conversación nacional sobre las obras destinadas para 5G, se nota un nuevo acento multimodal en transporte. Un paquete grande aeroportuario más proyectos fluviales y férreos, le restan al histórico acento carreteable. Mientras tanto la próxima generación de las APPs que es en temas inmobiliarios y de transporte urbano no avanza. Plata privada para financiar proyectos de más de US$100 millones, pero no los hay.
El éxito de la ANI la debe ubicarla de manera transversal en el sector Hacienda o Planeación donde pueda estructurar todo tipo de infraestructura, inclusive manejar la gestión contractual y licitatoria de terceros. A falta de recursos hay que ser más innovador para que alcance el presupuesto. La colaboración del capital privado en la creación de bienes públicos puede ayudar mucho. Se está perdiendo la oportunidad por falta de gestión.
Bogotá, D. C, 29 de junio de 2021
Expresidente de la Cámara de Representantes
El hecho de que en Colombia pueda darse un magnicidio es inconcebible. Eso fue lo que pudo pasar ayer cuando el helicóptero donde iba el presidente Duque, dos de sus ministros, un gobernador, un alcalde y, según algunos medios, el hermano del presidente. Cuando esto sucede después del también inexplicable ataque en Cúcuta a uno de los sitios que debían tener la mayor seguridad, se demuestra que algo muy grave está fallando en un país que no logra salir de sus graves problemas de violencia e inseguridad. Precisamente por nuestra terrible historia, las luces rojas nunca se pueden apagar y menos cuando se trata de la vida del primer mandatario y de parte de su equipo. Las preguntas obvias ya saltaron a la luz en los medios de comunicación y en la mente de muchos y por ello muchas respuestas se requieren conocer lo más pronto posible.
En primer lugar, sobre lo acontecido también en Cúcuta en el atentado en el batallón de la Brigada 30, hay serias sospechas de que hubo complicidad interna que no se acaba de aclarar. Un caso de fallida seguridad nacional a manos de las Fuerzas Militares del país y ahora el ataque al helicóptero presidencial también bajo su responsabilidad. Gracias al tipo de nave y a la pericia de sus pilotos no sucedió lo que se quiso causar, una terrible pérdida que desataría una conmoción inimaginable. Ya se plantean inquietudes sobre fallas con respecto a “la eficiencia de seguridad” como pregunta el diario El Tiempo, en dos temas concretos. Primero: definitivamente no funcionó el perímetro de seguridad alrededor del Camilo Daza, aeropuerto ubicado en una zona caliente del país porque es un área donde operan milicias del Eln y de otros grupos cuyo interés en causar desestabilizaciones de inmensa magnitud que ya son reconocidas por el mismo gobierno. Se agrega la duda de esta falencia cuando se sabe que este tipo de naves tiene que volar bajo cuando van a aterrizar.
Una segunda pregunta tan inquietante como la primera, es por qué solo atacaron el helicóptero donde iba el presidente y no los otros que eran su escolta. La conclusión obvia es que quienes dispararon sabían perfectamente dónde estaba el equipo presidencial, lo cual implica que hubo filtración interna de información. Se concluye, obviamente, que “las previsiones que se tomaron fueron insuficientes”.
No son estas simples especulaciones sino dudas sustentadas que implican investigaciones mucho más contundentes que las que hasta ahora se han hecho sobre el caso del Batallón. La misma área y cuya seguridad está en manos de quienes tienen esa inmensa responsabilidad en el país dejan muy serias preocupaciones que no se pueden quedar en que fue un atentado criminal. Que es lo que está pasando en este país donde ya ni los miembros de un Batallón y, peor aún, ni el presidente de la República pueden estar seguros. Una pregunta clara: ¿a quién le interesa tener éxito en un atentado contra la vida del presidente? No al grueso de este país que entraría en un caos peor que el que vivimos.
Barranquilla, 29 de junio de 2021
*Economista y exministra de Estado.
Por: Víctor G Ricardo*.- La nueva Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y también Vicepresidente de la República tiene un gran reto y una muy importante labor que cumplir como directora de las relaciones internacionales de nuestro país, ante la ausencia de liderazgo que se había presentado en esa cartera después de la salida del Exministro Holmes Trujillo.
Fueron muchos los años que Colombia duró trabajando para cambiar su mala imagen en el exterior, una imagen que fue arrasada por los responsables de las manifestaciones violentas que llevan dándose desde hace ya más de 45 días; la estrategia de la izquierda para mostrar un país donde se violan los derechos humanos y supuestamente se impide la expresión popular a través de marchas , pero no muestran los actos de violencia que algunos marchantes han realizado o los bloqueos de carreteras que han impedido el libre tránsito y locomoción, produciendo incluso el desabastecimiento de alimentos y un gran perjuicio a los trabajadores y a las empresas, al verse afectadas además en sus materias primas.
La labor de información parcial al exterior y la falta de acción rápida y eficaz de la mayoría de nuestras representaciones diplomáticas que tenemos ante los distintos gobiernos en el exterior, no sólo causó la pérdida de la imagen que ya habíamos logrado ganar e incluso recuperar, sino que también prendió la alarma en muchas organizaciones de derechos humanos y gobiernos, con un efecto catastrófico para nuestro país y para nuestros compatriotas.
De cualquier forma, lo que es claro es que el mal ya está causado y nada ganamos con llorar sobre agua derramada. Son muchos los empresarios internacionales que pensaban invertir en Colombia, que congelaron sus ideas por decir lo menos, pues manifestar que ya abandonaron sus intereses de invertir en nuestro país sería más realista, pero como colombianos debemos pensar positivo y tener fé en que la nueva Canciller, Marta Lucía Ramírez, logre recuperar este campo de acción e interés en Colombia.
Martha Lucia Ramírez además de ser una excelente profesional cuenta con la experiencia adecuada, para dirigir y sobre todo liderar esta misión que le ha encomendado el Presidente de la República. Fue Ministra de varias carteras, directora de varias empresas públicas y privadas y en otros casos asesora de las más importantes del país, además de Embajadora en Francia, lo que hace que tenga la experiencia y conocimiento de Estado adecuados.
Por otra parte el nuevo Embajador de Colombia ante la Casa Blanca repite ese encargo. Creo que el Embajador Pinzón es un hombre serio y además experimentado en políticas públicas y de Estado. En mi concepto sin embargo, han debido designar para este cargo una persona más afín al partido de gobierno americano. No es secreto que pasamos de ser los mejores aliados de los Estados Unidos a un segundo plano por las interferencias políticas que algunas personas en el debate político que llevo al Presidente Badén al poder tuvieron, por lo que le espera al Embajador Pinzón un mayor esfuerzo en su trabajo y relacionamiento para poder cumplir su misión. Ayer por fin, todavía como Embajador Francisco Santos, se logró que los dos mandatarios conversaran; Presidente Biden le anunció la Presidente Duque la donación de 2.500.000 vacunas. Ojalá con este diálogo se inicie la recuperación del nivel de importancia que tenían nuestras relaciones.
Un consejo al nuevo Embajador ante los EEUU. Hay que recordar los protocolos diplomáticos. Nos es conveniente ni elegante, que antes de llegar a su destino, esté dando declaraciones sobre hechos que suceden estando acreditada todavía otra persona ante el gobierno americano.
Bogotá, D. C, 29 de junio de 2021
*Excomisionado de Paz.
Por Rodrígo Mosquera Villalba*.- La revista científica The Lancet lamentó que “una hermosa idea” como la iniciativa Covax se haya quedado corta y culpó a los países ricos por ello.
Covax es un mecanismo propuesto por la Organización Mundial de la Salud OMS, que debería servir para suministrar vacunas contra la covid-19 en todo el mundo, promoviendo la solidaridad y la equidad. El ambicioso plan trabajó para el desarrollo, compra y entrega de vacunas, cuyo objetivo era garantizar que el biológico se compartiera de manera equitativa entre todas las naciones, ricas y pobres, pero terminó dependiendo de la voluntad de los países ricos. Ni siquiera en esta campaña humanitaria, donde la vacuna debería ser un bien público, se escapó del adagio popular que “el pez grande, se come al pez chico”.
Dice la revista: “los países ricos se comportaron peor que en las peores pesadillas de cualquier persona”. Covax se lanzó en abril de 2020 con una meta inicial de distribución de 2.000 millones de dosis de vacunas hacia el 2021. Su objetivo era recibir donaciones en dinero y en vacunas de los países más ricos y asignarlas equitativamente protegiendo a los 92 países más pobres sin importar si tenían dinero para pagarlas. También que los países adinerados invirtieran en la producción de vacunas para que hubiera más oferta para todos.
Los países ricos hicieron lo contrario al compromiso adquirido con Covax cuando comenzaron a cerrar acuerdos bilaterales directamente con las farmacéuticas para asegurar sus propias vacunas. Por ejemplo: EEUU en agosto de 2020 ya había logrado 7 acuerdos con 6 compañías, con las que obtendría 800 millones de dosis, suficientes para vacunar 140% de su población. Y ahora con este excedente lo tiene como una estrategia de reactivación económica para atraer extranjeros incluyendo su vacunación. De manera similar, Reino Unido logró 5 acuerdos que alcanzaría para vacunar al 225% de su población, y la Unión Europea firmó 2 acuerdos que le aseguran 500 millones de dosis.
30 países con estas inversiones acapararon la producción de la vacuna no quedando dosis suficientes para Covax. Les facilitó a las farmacéuticas especular con precios altos a los demás países, dificultándoles el acceso al biológico, en una campaña global que debería ser con mayor equidad y humanitaria.
Hoy de 2.000 millones de dosis distribuidas, Covax solo ha podido repartir el 4%. Colombia por atenerse al mecanismo Covax al comienzo tuvo dificultad para obtener la vacuna, hoy la situación es distinta hay un buen flujo de estas en el país.
Con lo que estamos viendo mayor razón para apoyar la liberación de las patentes de las vacunas, para que en todos los países se pueda producir el biológico contra la covid-19
Neiva, 28 de junio de 2021
*Senador del Partido Liberal
Por: Guillermo García Realpe*.- El año legislativo que terminó fue bastante productivo en materia de resultados, especialmente para la Comisión Quinta, célula congresional que presido hasta el próximo 20 de julio.
Desde nuestra Comisión Quinta, realizamos un total de 50 sesiones, de las cuales 18 fueron para debates de control político y los 32 restantes para dar trámite a importantes iniciativas. Asimismo, realizamos 16 audiencias públicas sobre diversos temas de interés nacional y un foro sobre temas energéticos.
Promovimos también en calidad de ponente varios proyectos que finalmente se convirtieron en Leyes de la República, como, por ejemplo, la Ley 2046 del 2020 – o Ley de Compras Públicas Locales. Una Ley que permite la reactivación de los pequeños y medianos productores, también de las organizaciones y asociaciones de campesinos que serán favorecidos con la compra de sus productos de manera directa por parte de las entidades del Estado. La ley pretende, que los campesinos y demás asociaciones vendan sus productos a precios justos, eviten la intermediación y dinamicen la economía de sus regiones.
De igual forma, sacamos adelante la Ley 2056 de 2020 “Por la cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías”. Es una iniciativa que tiene enormes bondades en el componente ambiental, sector que puede llegar a percibir cerca de un billón de pesos al año, lo que equivale a un 142% más de los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación para el 2020.
De nuestra propia cosecha radicamos varios proyectos de ley que ya hacen su curso en el Congreso de la República, como el proyecto que prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la política nacional de drogas.
También el Proyecto de Ley 432 de 2021 “Por medio de la cual se otorga el Reconocimiento Jurídico Diferencial a los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento forzado en Colombia”.
El Proyecto de Ley 306 de 2020 “Por medio del cual se declara el año 2021 como el año nacional de los Océanos y se ordena la conmemoración del día de los Océanos el 8 de junio de cada año”, también radicamos un proyecto en defensa de las 350 mil familias paneleras para que tengan garantías y mejores condiciones para la producción de éste producto insigne de los colombianos. Todas estas iniciativas van de la mano con nuestros postulados de defensa del territorio, del sector agrario, de la naturaleza y de la vida.
Sin embargo, estos resultados contrastan con el poco rendimiento del Congreso. En términos generales, el país esperaba de su poder legislativo, muchos más avances, sobre todo de corte social, pero no los hubo. En estos tiempos de crisis por cuenta de la pandemia fueron muy pobres las iniciativas encaminadas en ese sentido.
El Congreso se quedó corto, no llenó las expectativas de millones de colombianos que reclamaban mayor protagonismo del órgano más importante de la democracia. Si bien se aprobó el proyecto de ley contra la comida chatarra, y la iniciativa que prohíbe los vehículos de tracción animal en un término de cinco años en Colombia, en otros temas de suma importancia el gobierno quedó en deuda, por ejemplo, con la aprobación del proyecto del Tratado de Escazú y la aprobación de legislación agraria en favor de los campesinos colombianos.
Quienes estamos en orillas diferentes a las bancadas gobiernistas, buscamos por todos los medios liderar iniciativas como la Renta Básica Mensual que poco eco tuvo en el gobierno y la cual buscaba una compensación económica de un salario mínimo para por lo menos nueve millones de familias, que representan a más de 30 millones de colombianos que están pasando serias dificultades por estos tiempos de pandemia.
De igual manera, nos sumamos a las voces que clamaban el hundimiento de la reforma tributaria, una iniciativa regresiva e impopular que atentaba gravemente contra el bolsillo de la clase media y de las familias más vulnerables. Pero hay que decir también que, gracias al estallido social y a la presión ciudadana, a través del Paro Nacional fue vital para la caída de ese proyecto.
La protesta social sirvió para precipitar la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, un funcionario que no estaba sintonizado con la realidad del país. Pero de paso, las manifestaciones ciudadanas también sirvieron para conseguir el hundimiento de la reforma a la salud, tan nociva, pues privilegiaba el bien particular por encima del interés colectivo, convirtiendo a la salud una vez más en un negocio y no en un derecho fundamental para la gente. Apoyamos iniciativas como las del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF-, que permiten la oxigenación económica para las pequeñas y medianas empresas tan golpeadas por la crisis de la pandemia y que les garantizará un respiro en estos tiempos difíciles. El PAEF beneficia a más de dos millones de colombianos.
Ahora, desde la Comisión de Paz del Senado, recorrimos bastas regiones del país tan golpeadas por fenómenos de violencia que generan diversas crisis sociales, vulneración de los Derechos Humanos, destrucción del tejido social y una reclamación generalizada de la ciudadanía buscando que alguien los escuche. Fue así, como estuvimos presentes en ciudades como Cali, Popayán, Sincelejo, Bogotá, y municipios tan afectados por casos recientes de violencia como Samaniego y Chachagüi en Nariño, Santander de Quilichao en el Cauca, y regiones tan convulsionadas como el Catatumbo, entre otras.
En Bogotá, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para presentar un informe detallado de las manifestaciones dentro del marco del paro nacional que empezó el 28 de abril en Colombia. De modo que la Comisión de Paz, se convirtió en un vehículo importante para que los ciudadanos interactúen con un órgano de representación legítimo que válida las más valiosas expresiones del pueblo.
De manera que le cumplimos una vez más al país y a los colombianos, nos sintonizamos con sus justas reclamaciones y nos convertimos en sus voceros para buscar soluciones colectivas que permitan poner fin a sus problemáticas. Esperamos que el último año legislativo, el Congreso se reivindique con el país y atienda los grandes temas nacionales, que tramite las esperadas y urgentes reformas y que apoye al ciudadano del común tan desprotegido por los gobiernos.
Por nuestro lado, podemos decirle a Colombia que una vez más le cumplimos.
Bogotá, D. C, 28 de junio de 2021
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Adriana Matiz*.- La vacunación contra el covid-19 dejó de ser una responsabilidad pública, se ha convertido ahora también en una prioridad de los intereses privados y económicos, pues ante el afán de salir rápidamente de esta situación y llevar inmunidad a sus trabajadores a través de la vacunación en sus empresas e industrias, han empezado a importar vacunas, llegando al país el primer lote de 400 mil destinado para este fin.
Lo mismo ocurre con el nuevo interés personal, pues ya son miles de familias las que, con sus propios recursos, han viajado a Estados Unidos a buscar esa inmunidad que, por ahora, solo está priorizada para una población vulnerable en nuestro país, pero dejando por fuera jóvenes y adultos en edad productiva.
Sobrepasando tristemente seiscientos cincuenta fallecidos diarios, era obvio que los particulares en Colombia, y en defensa de sus intereses, buscaran en el mercado internacional esas vacunas que necesitaban para recuperar rápidamente el 100% de la productividad o simplemente garantizar la salud de los suyos, pues mientras estados como Israel, Reino Unido e incluso Estados Unidos están retornando a la normalidad gracias a la masiva vacunación, en países como el nuestro el regreso a la misma se ve lejos por el grave impacto del virus.
Esto se evidencia en las cifras que cada tarde expide el Ministerio de Salud y que aunque solo se miran de reojo por muchos colombianos confirma que el covid-19 golpea con fuerza a Colombia y nos tiene hoy en el top de países con más contagios y muertes por cada cien mil habitantes. De esta forma, seguimos lejos de llegar a la normalidad.
En un mundo de inequidades, por todo esto son evidentes las condiciones desiguales en que se afronta hoy esta fase de la pandemia. Estados que produjeron o adquirieron de manera rápida vacunas para sus ciudadanos, avanzan a pasos agigantados a la normalidad e incluso en muchos de éstos, el uso de la mascarilla ya no es obligatorio. En países como el nuestro, el virus continúa avanzando más rápido que la vacunación, y tiene al colapso clínicas y hospitales de las grandes ciudades y de las regiones, sin que sea mucho lo que hoy se pueda hacer. Tal vez por esto y empujados por la necesidad, en nuestro país la gente optó por regresar a la normalidad y poco caso hace a mensajes institucionales que buscan disminuir estas tasas preocupantes.
Al Gobierno se le debe reconocer que en su plan de vacunación priorizó a la población que comprende el personal de la salud y a los mayores de cincuenta años de edad, pues de no haber sido así los casos de muertes por este virus en el país hoy serían más altos, pues eran los más propensos al contagio y complicaciones de salud respectivamente. Pero el proceso de vacunación aun no logra el objetivo, lo cual es aterrador por donde se le mire, porque denota que por ahora la carrera no la va ganando el virus y la inmunidad de rebaño sigue lejana.
Bogotá, D. C, 28 de junio de 2021
*Representante a la Cámara por el Partido Conservador
Por Juan Camilo Restrepo*.- El Dios Janus de la mitología romana que era la divinidad protectora del Estado se caracterizaba por tener dos caras: la una miraba al pasado, la otra hacia el porvenir.
El gobierno del presidente Duque en lo que tiene que ver con las políticas agrarias tiene grandes semejanzas con el Janus bifronte romano. Muestra también dos caras: la una mira hacia el pasado, la otra al futuro.
La que mira hacia atrás es la que deliberadamente hundió en la última legislatura el proyecto de ley sobre jurisdicción especial agraria; la que vive pendiente sobre cómo agradar a las fuerzas más retardatarias que lo acompañan y que son las que le hablan al oído sobre políticas de tierras; las que quieren desconocer el carácter inalienable de los baldíos para entregarlas a grandes conglomerados, olvidando que estos solo pueden ser entregados para fines de reforma agraria, según la ley y la constitución, a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente; las que quisieran que los acuerdos de La Habana se cumplan en provecho de los acaparadores. Son las fuerzas enemigas de la ley de restitución de tierras a la que permanentemente tratan de sabotear. Son, en fin, las fuerzas anacrónicas del pasado hacia las cuales mira permanentemente el gobierno Duque con el deseo de complacerlas en todo momento.
La cara del Janus bifronte que mira hacia adelante es la que salió a relucir esta semana con la presentación de los 16 programas previstos en el punto número uno de los acuerdos de La Habana. Estos acuerdos previeron que a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente debía entregárseles durante el post conflicto no solo “la tierra pelada”, sino acompañada de 16 ambiciosos programas de inversión en bienes públicos para la ruralidad (riego, asistencia técnica, educación rural, vivienda rural, comercialización, etc.) que, de ejecutarse, transformarían la fisonomía de las zonas rurales del país haciéndolas más equitativas y productivas.
Ese fue el gran diseño que quedó consagrado en el punto número uno que, no sobra repetirlo, no se pensó en provecho de las Farc sino de los campesinos marginados. Todos estos planes irían acompañados de un Fondo de tierras que debe distribuir 3 millones de hectáreas entre campesinos “sin tierra o con tierra insuficiente” y de un ambicioso programa de formalización de la propiedad agraria, pues más del 60% de las tierras que se trabajan en nuestro país no cuentan con escrituras.
Es una verdadera revolución pacífica la que se pactó allí para transformar las estructuras agrarias del país durante el periodo que se conoce como el post conflicto. Tirios y troyanos coinciden en que el conflicto colombiano hunde sus raíces en la alta concentración de la propiedad rural y en los índices de pobreza y marginalidad de las gentes del campo que ilustró dramáticamente el último censo rural.
Hay que decir que a la puesta en marcha de los 16 planes previstos en el punto número uno de los acuerdos de La Habana poca atención se le ha prestado. Comenzando por el gobierno anterior cuyo ministerio de Hacienda les dio una displicente atención presupuestal. Y el actual gobierno, que solo hasta ahora, a un año de terminar su mandato, parece acordarse de ellos. Lo que se ha preparado ahora son 16 documentos sin ningún recurso presupuestal concreto para darles carne y hueso. El gobierno se limita a decir que la ejecución de esos planes vale $100 billones que por supuesto no existen en este momento. Y agrega que los programas de desarrollo rural se deben ejecutar hasta el 2031. Es decir: es un material que este gobierno presentará seguramente en el empalme con el que deba sucederlo.
Pero, bueno, al menos el gobierno Duque se acordó de los 16 programas de desarrollo rural consagrados en los acuerdos de la Habana. No para empezar a ejecutarlos sino para dejarle una memoria al próximo gobierno. Algo es algo.
Por el momento queda sin responder la pregunta fundamental: ¿en política de tierras y de ruralidad cuál de los dos rostros de Janus va a prevalecer en estos meses que le quedan al gobierno Duque?
Bogotá, D. C, 28 de junio de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
