Opinión
Por Cristina Plazas*.-Cada vez son más las personas que se informan a través de las redes sociales. Desafortunadamente, las fake news han pasado a formar parte de nuestro día a día en la red; y se ha demostrado que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas y replicadas, lo que las convierte en virales mucho antes que una noticia real y de calidad.
Para contrarrestar esto, algunos periodistas y portales de noticias se han puesto en la tarea de verificar los contenidos. Un trabajo juicioso lo viene haciendo el periodista Santiago Ángel en La FM, quien ha puesto al descubierto información falaz de todos los sectores.
Un caso expuesto por el periodista es el de Gustavo Bolívar. En el último mes, Bolívar ha publicado por lo menos cinco trinos con información falsa que han generado confusión, desinformación y probablemente violencia. El caso del incendio en el Davivienda de Bucaramanga, el Hotel La Luna en Cali; el ataque a Bancolombia o las supuestas casas de pique con fosas comunes en el Valle son algunos de sus trinos que irresponsablemente ha publicado.
Aquí va la secuencia:
“#URGENTE #ParoNacional23M. Desaparecidos del Valle estarían en fosas comunes y habrían sido asesinados en casas de pique. Primera lista de 120 desaparecidos en Cali, Yumbo y Buga. Favor RT #CALI”.
El senador Bolívar publicó este trino replicando una denuncia que casi un mes después de su publicación no ha sido corroborada y sobre la que no hay ninguna evidencia contundente.
El 19 de mayo de este año publicó: “Lo que sí hemos visto es a la Policía y al Ejército filtrando gente armada en las revueltas. Los videos son irrefutables. También los hemos visto quemando un banco (Davivienda) y un hotel (La Luna) para poder mostrar con infamia que los manifestantes están incendiando Colombia.”
Bolívar dijo que policías habían incinerado dos edificaciones privadas, pero se demostró con evidencia incontrovertible que fueron quemadas por delincuentes encapuchados.
También aseguró que hubo un hecho en el que un manifestante supuestamente había sido asesinado por un disparo de un policía del Esmad en un municipio de Santander. Ese hecho fue completamente desmentido por la gobernación del departamento. Aún así, Bolívar no rectificó ni corrigió la información.
Dijo, finalmente, que Bancolombia era propiedad de la familia Gilinski. La entidad bancaria fue vendida hace años al grupo empresarial antioqueño. Eso pudo haber causado agresiones a sedes del banco en días posteriores a la publicación del senador que tiene el deber de ser veraz y responsable.
El senador Bolívar no es el único que está utilizando la desinformación como arma política; hemos visto dirigentes de todas las ideologías jugando vilmente con el ciudadano. Estamos corriendo el riesgo de que nuestra democracia quede trastocada por aquellos que están dispuestos a manipular la verdad con tal de llegar al poder.
El problema es que la información ya no tiene filtro y a muchos ciudadanos no les interesa ningún colador.
Bogotá, D, C, 15 de junio de 2021
*Abogada de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por Cecilia López Montaño*.- Si bien es cierto que nadie en el mundo se imaginó la dimensión de eta pandemia y por consiguiente era imposible preparase para enfrentarla, la verdad es que ha pasado más de un año y seguimos viendo falencias con inmensos costos en vidas humanas. Colombia figura entre los países con tasas de mortalidad por la covid-19 superiores a las que han aterrado al mundo por ejemplo en el caso de la India, y lo que se observa es un descontrol en el manejo de las vacunas.
Además, el tipo de pruebas que prevendrían los contagios y reducirían el confinamiento, no se han desarrollado en el país.
Los medios nacionales, por ejemplo, han reportado los problemas específicos en Barranquilla donde la gente con morbilidades no logra que se les defina el momento y el lugar de aplicación de esta vacuna. A su vez, casos como el de Cartagena, donde cierran sitios de vacunación porque estas no llegan y las colas desde la madrugada de personas esperando vacunarse en Bogotá, demuestran fallas en la organización de este proceso que es vital.
A este complejo panorama se suma la ocupación de la UCIS, la falta de insumos básicos para atender a estos enfermos; las ocupaciones de 200 y 300% de los lugares para atender emergencias en clínicas y hospitales y la dificultad que están viviendo enfermos graves no covid-19. La angustia de los médicos ha sido completamente desatendida por el afán de recuperar la economía.
Por consiguiente, no es una exageración afirmar que la salud en Colombia está atravesando su peor crisis que se va a agravar con la apertura de las actividades productivas que tanto celebran las autoridades y el sector productivo. Como si esas personas estuvieran libres de morirse por la covid-19.
En el fondo de esta situación que se traduce en un verdadero drama para millones de colombianos, se evidencia una crisis del sistema se salud y concretamente surgen serias dudas sobre el papel de las EPSs.
La duda pertinente que necesita ya una respuesta es cómo se ha organizado esta emergencia con estas entidades privadas que manejan inmensos recursos públicos. Preguntas: ¿siguen recibiendo el pago por capitación cuando esos servicios normales de salud los están prestando al mínimo? Esto se traduciría en que se están enriqueciendo en medio de esta situación. Inaceptable.
¿Es verdad que los que exige la covid-19 se les pagan de manera adicional? ¿Es verdad que contrataron instituciones muchas de ellas improvisadas para vacunar? Dónde está la Superintendencia de salud para que responda.
Se viene un gran debate sobre el sistema de salud que contará con inmensas pruebas de falencias para enfrentar esta pandemia aun después de más de un año de haberse presentado. Ya es hora de revisar este esquema donde quién vigila tanto a quienes manejan los recursos públicos, EPS, como a las que prestan los servicios, IPS, es un enano frente a estos gigantes.
¿Quién pierde? La gente sin duda. Y la reforma a este sistema de Germán Vargas Lleras era un verdadero peligro para los colombianos. Por fortuna se cayó.
Bogotá, D, E, 15 de junio de 2021
*Exministra de Estado
Por Guillermo García Realpe*.-En Buenaventura, por iniciativa nuestra desarrollamos el pasado viernes 11 de junio, una Audiencia Pública sobre la Problemática de la Pesca Artesanal en el Pacífico Colombiano. La cual contó con el concurso del diputado del Valle, Carlos Hurtado Vela y la participación virtual de los ministros de Agricultura, Ambiente, Cultura y el director general de la AUNAP.
Nuestro país es uno de los más privilegiados al contar con un gran número de ríos, también enormes lagos, lagunas y ciénagas a lo largo de su territorio, que son fuente de alimentación y de subsistencia de pequeños pescadores. La variedad de afluentes en cada una de las regiones colombianas, sin duda, son fuentes de vida, pero también, fuentes importantes para dinamizar la economía a través de renglones, como la pesca y acuicultura.
Sin embargo, esta actividad tan ancestral hoy vive momentos de grandes dificultades debido a la crisis profunda que afronta el sector, producida por múltiples factores que hoy amenazan la subsistencia de miles y miles de familias a lo largo del litoral Pacífico colombiano y de regiones como la Costa Atlántica, cuya economía en buena medida, también depende de la pesca.
La gente del Pacífico colombiano ha venido desarrollando la pesca artesanal ancestral, ellos, hombres y mujeres, en su gran mayoría afros, han venido realizando su actividad con muchas complejidades, les ha tocado muchas tormentas económicas y, sin embargo, siguen luchando para no naufragar.
Salvarlos depende de todos, pero especialmente del gobierno nacional que tiene el salvavidas para evitar que esta actividad de subsistencia desaparezca, por la falta de políticas públicas eficientes y favorables, que les permita un renacer en el corto y mediano plazo.
Los pescadores necesitan hoy mayores recursos, pues todo el presupuesto de fomento a la pesca en Colombia es de solo 70 mil millones de pesos en el actual presupuesto del 2021, algo absolutamente irrisorio. También es urgente tecnificar sus embarcaciones, sus equipos de pesca, apoyo para que las cadenas de frío sean óptimas, requieren también que se les garantice la seguridad, hay denuncias que tienen zonas vedadas para ejercer esa práctica. Y lo más importante que requieren, casi que, de forma inmediata, es la derogación del Decreto 281 de 2021 "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, con una nueva sección en lo relacionado con el establecimiento de medidas para la protección y conservación de Tiburones, Rayas Marinas y Quimeras de Colombia". Este Decreto, dicen los pescadores, los está dejando prácticamente en la ruina y no sólo a unas familias, sino a todo un sector, además que no hubo consulta previa para socializar con los directos afectados las implicaciones y alcances legales.
Para nadie es un secreto que la pesca artesanal ha permitido la subsistencia de los pueblos del Pacífico, es hora de dignificarlos como una fuente generadora de empleo, como una fuente de seguridad alimentaria, los pescadores no han sido sujeto de créditos, ni de ayudas que les permita suplir las necesidades generadas por la pandemia. Hoy el pescador artesanal se encuentra en un atraso abismal, sus condiciones económicas son precarias, no tienen apoyos efectivos del gobierno, tampoco facilidades de acceso a créditos, y eso los envuelve en un círculo de crisis social que les impide su crecimiento y una buena calidad de vida.
El Decreto 281, dicen los pescadores, vulnera el derecho al trabajo, a la seguridad alimentaria y a la vida digna. La actividad pesquera es una actividad productiva y al ser productiva es generadora de empleo, es por eso, que debemos protegerla y apoyarla. Tan sólo en el Pacífico colombiano, la pesca a nivel industrial genera más de 15 mil empleos y más de 50 mil la pesca artesanal, lo que representa una importante fuente de empleabilidad y de generación de ingresos y por supuesto, es garantía de seguridad alimentaria.
Sin embargo, es entendible también la preocupación del gobierno nacional, al dar lineamientos legales para la protección de tiburones, rayas y quimeras, pues son especies muy importantes que debemos preservar. Lo que hay que hacer, es lograr un punto de equilibrio entre las partes, pues bien, sabido es, que los pescadores no ejercen una pesca directa sobre el tiburón, tampoco se hace el aleteo en el Pacífico colombiano y sí existe una gran preocupación por las vedas.
En ese orden de ideas, se necesitan consensos urgentes que permitan modificar los puntos en discordia y avanzar en conjunto en un ordenamiento legal que no afecte a los pescadores, pero tampoco a las especies marinas protegidas y a los recursos naturales.
Resaltamos la voluntad de trabajo de los ministerios de Agricultura, Ambiente y Cultura, la AUNAP, para construir una modificación que permita que la actividad pesquera pueda seguir, sin vulnerarse la cadena de producción, y a eso se comprometieron los ministros durante la Audiencia Pública. Seguiremos atentos y vigilantes para que todo esto se cumpla de forma oportuna.
Bogotá, D. E, 15 de junio de 2021
*Senador del Partido Liberal
Por Adriana Matiz*.- No debería sorprender que cualquier actividad realizada por una federación de trabajadores conllevara una orientación política. De igual forma poco o nada debería asombrarnos que uno de sus dirigentes quisiera llegar al Congreso. Lo que sí resulta molesto es que todo el sacrificio al que se ha sometido a la población estudiantil de este país, alargando su regreso a las aulas, sea solo para alcanzar unas posiciones en el Congreso, pues lográndolo sería una victoria pírrica por todo lo que se ha sacrificado.
Si hay una población de Colombia en la que las cicatrices de la pandemia van a ser más profundas es en la de los estudiantes. Un aula de clase hizo durante muchos años que la desigualdad en oportunidades no fuera tan pronunciada, pues de los colegios públicos nos graduamos bastantes jóvenes, que logramos acceder a universidades y mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestras familias. Era la única forma de progresar para muchos.
Este panorama cambió después del cierre de colegios a causa de la pandemia, pues las diferentes condiciones económicas de los hogares colombianos nos pusieron de frente a dos formas distintas de continuar con el proceso de aprendizaje. Una, la de las familias con mejores recursos, que contaban con equipos portátiles, tabletas, internet de alta velocidad e incluso tutores o guías personalizados. La segunda, los que no tienen conectividad, equipos y ni siquiera condiciones en el hogar para llevar a cabo ese proceso en los menores. Esto es desigualdad.
Los niños de hogares desfavorecidos son los que terminarán con niveles más bajos de aprendizaje, siendo los primeros en abandonar la escuela por completo. La consecuencia en unos años será menos oportunidades.
La única forma de romper esa tendencia de condiciones distintas para los jóvenes es regresando de manera rápida a las aulas e, incluso, ampliando y reforzando las jornadas que se vieron suspendidas en esta época de pandemia. La atención debe centrarse en los niños más vulnerables, es decir, los de hogares con bajo nivel educativo, ya que son los que probablemente hayan perdido más tiempo de instrucción.
Con un gobierno tan debilitado financieramente, será el momento también para que los particulares y sus fundaciones miren nuevamente, como años atrás, a esta población que va a quedar rezagada y con deficiencias para afrontar posteriormente cualquier reto académico.
De no atender esta situación, la desesperanza en los jóvenes que vimos en estos días será poca, pues habrá menos posibilidades laborales y un descontento más amplio, conllevando pérdidas en el crecimiento económico y una mayor polarización política como resultado de estas desigualdades que seguirán aumentando.
El 12 de junio pasado se celebró el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, y las cifras en el combate a este flagelo son favorables, pues se pasó de 5.4% de menores trabajadores en 2019 a 4.9% en el último trimestre de 2020. Ojalá la tendencia continuara, pero será difícil.
La pandemia puso a los jóvenes en el último lugar, les arrebató muchos derechos. Dependerá, entonces, del Gobierno, de los ciudadanos e incluso de Fecode que los niños y jóvenes regresen a prepararse rápidamente, pues es la única forma de ofrecerles un futuro.
Ibagué, 15 de junio de 2021
*Representante a la Cámara por el Partido Conservador.
Por Mauricio Cabrera*.- Se aceleró la inflación. Después de casi un año con aumentos de precios por debajo de la meta del Banco de la Republica, en mayo la tasa de inflación anual llegó a 3.30%, como consecuencia del desabastecimiento producido por los bloqueos a varias carreteras nacionales. Varias reflexiones al respecto.
1) El impacto del desabastecimiento sobre la inflación, sobre todo de alimentos y combustibles, se comprueba al ver que el aumento de los precios de los alimentos (9.52%) es casi el triple de IPC total, mientras que el de los energéticos (4.58%) crece un 50% más. En consecuencia la variación de los índices que calcula el DANE sin contar estos dos componentes se mantiene en niveles cercanos al 2% anual.
2) Las mayores tasas de inflación se registran en las ciudades del suroccidente, la zona más afectada por los bloqueos: Popayán (23%), Florencia (21.4%), Cali (19.6%); en ellas los precios de los alimentos han tenido aumentos superiores al 20%. En la Costa Atlántica los bloqueos fueron mucho menores y, por ejemplo, en Cartagena la variación del IPC anual siguió por debajo del 2%, y el de alimentos fue una tercera parte del nacional. Registros similares se tienen en Montería, Sincelejo o Riohacha.
3) El aumento de la inflación se debe a un choque de oferta, es decir a una disminución de la oferta de ciertos productos y servicios, muy diferente al aumento de precios que se produce por un exceso de demanda. Además es un fenómeno transitorio, pues en la medida en que se van levantando los bloqueos y se normaliza el suministro de alimentos y materias primas, los precios han empezado a bajar.
4)Las medidas de contracción monetaria –subida de tasa de interés o disminución del dinero en circulación- pueden ser útiles para controlar una inflación de demanda, pero cuando el choque es de oferta no solo son inútiles sino que además son perjudiciales, pues pueden conducir al peor de los mundos, un estancamiento con inflación. No hay duda de que la Junta Directiva del Banco conoce bien esta diferencia y no va a responder a un aumento de la inflación por razones de oferta con un incremento de sus tasas de interés, sobre todo cuando el desempleo sigue por encima del 15%.
5) Una consecuencia muy negativa de este aumento de la inflación causado por el desabastecimiento de alimentos es que afecta en mayor proporción a los más pobres y vulnerables: el incremento de los precios de la canasta de bienes y servicios de los más pobres (3,84%) y el de los vulnerables (4,03%) es superior al índice promedio, mientras que el de los más ricos ha sido inferior (2,27%).
Bloqueos a carreteras que perjudican la economía nacional y que agudizan el hambre en los hogares más pobres no tienen legitimidad para reclamar los cambios necesarios a la precaria situación de estos grupos sociales.
Cali, 13 de junio de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor
Por Juan Camilo Restrepo*.- Una de las claves del liderazgo es anticiparse a los hechos: no actuar nunca al remolque de los acontecimientos. Infortunadamente en muchas de las decisiones vinculadas al manejo de la pandemia y del paro el Gobierno ha venido tomando buenas decisiones, pero tardías. Veamos algunos ejemplos.
Debió haber decidido oportunamente qué derecho prevalece ¿si el de protestar en marchas tumultuarias o el derecho a la salud? Cuando dos derechos entran en conflicto alguien tiene que dirimir cuál prevalece. Pero no se hizo. Entramos a un paro que con sus aglomeraciones lleva ya ocho semanas. Y, claro, nadie aclaró cuál de los dos derechos prevalecía. Seguimos con la tardanza usual y hemos alcanzado los índices más altos de contagio. Los colegios médicos coinciden en que estamos haciendo una barbaridad permitiendo aglomeraciones como las de la llamada “toma de Bogotá”, donde es imposible guardar normas de bioseguridad. Y estamos en la que estamos: más de 500 muertos diarios, las UCIs desbordadas y la gente muriéndose a las puertas de los hospitales.
La orden presidencial a la Policía para desbloquear las vías tardó tres semanas en adoptarse. Para ese momento ya estaban cerradas infinidad de carreteras y el puerto de Buenaventura. De entonces a ahora se ha desbloqueado una buena parte. Quedan 26 al momento de escribir este artículo, principalmente en el Valle del Cauca. Pero se le perdió por tardanza cerca de tres semanas a tan crucial asunto. Y se permitió que cogiera ventaja.
La negociación con el comité de paro es otro buen ejemplo de la tardanza y el titubeo en tomar decisiones. Primero comenzó con la negociación que piloteaba Miguel Ceballos de un protocolo de garantías. Enseguida -y una vez que Ceballos renunció y se lanzó a la Presidencia- el Gobierno parece haberse dado cuenta de que el famoso borrador de “garantías” era inaceptable pues allí se renunciaba a algo que es irrenunciable: los mecanismos que la Constitución le otorga al Presidente para manejar el orden público.
Y se volvió a empezar de cero. Dando pie al comité de paro para que fustigara al Ejecutivo por haber echado marcha atrás en sus compromisos. Lo cual, en rigor, no era cierto, pues el acuerdo Ceballos se había pactado sometido a ratificación presidencial. El Gobierno, a su turno, le reclama al comité que no haya hecho una condena más vertical de los bloqueos. Pero esta es la hora que la negociación propiamente dicha no arranca.
En Colombia ha habido muchos paros pero ninguno se había demorado ocho semanas en empezar a negociarse. Y mientras tanto la economía nacional destrozada. Hay quienes consideran que, habiéndose levantado el comité del paro de la mesa, el Gobierno no está interesado en sentarse de nuevo a negociar. Dicen que se dio cuenta- tardíamente de nuevo- que esta negociación no iba para ninguna parte; que los siete capítulos de peticiones económicas eran imposibles desde el punto de vista fiscal; y que, siguiendo consejos de Álvaro Uribe (dice la Silla Vacía), lo mejor era dejar sin reactivar la mesa. Es probable que tengan razón quienes así piensan. Pero de nuevo: ¿Si así es, no hubiera sido mejor no haber iniciado nunca la negociación con el comité hace ocho semanas, que entonces se perdieron? ¿Qué hará en adelante el comité? ¿Hacia dónde y cómo canalizará la agitación permanente en Colombia durante estos meses agónicos de la administración Duque?
La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es otro buen ejemplo de las tardanzas y titubeos. Primero se dijo que no se autorizaba su visita a Colombia hasta tanto las autoridades nacionales concluyeran sus labores de investigación. Con esa tesis se estrenó como canciller la doctora Marta Lucía en Washington. Pero después, ante la fuerza de los hechos y la crítica general, el Ejecutivo cambió de opinión y terminó autorizando la visita de la CIDH en condiciones distintas a las que inicialmente había planteado.
Y, por último: la reforma de la Policía. Desde hace más de un año reposaba en el escritorio presidencial un informe que sobre estos asuntos encargó el propio Gobierno a una comisión de expertos. Pero se escogió la fecha de la víspera de la llegada de la CIDH al país para anunciar que se presentaría el próximo 20 de julio un proyecto de ley sobre este espinoso tema.
Las cinco decisiones que hemos reseñado tienen algo en común: son buenas, pero se han adoptado con tardanzas y titubeos.
Bogotá, D. C, 13 de junio de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por José Felix Lafaurie Rivera*.- La muerte en cifras es impersonal…, no duele, pero los 550 colombianos que murieron de covid el miércoles 9 de junio no eran una estadística, sino las víctimas de carne y hueso de un “paro homicida”, que mata el empleo y la subsistencia de los más necesitados, y también a quienes caen, por desgracia, en la cadena de contagio de alguien que estuvo con alguien que bailó y gritó en “marchas pacíficas”, que no lo son, porque matan personas con nombre y apellidos, que no marchaban, que tenían planes… y tenían sueños.
La muerte con nombre y apellidos es cercana… y dolorosa. Pedro Eduardo Sánchez fue uno de los colombianos que murieron ese día. Trabajó conmigo por más de 20 años. Leal, siempre dispuesto, también tenía planes… y sueños para su hijo, que hoy lo llora.
Remberto Burgos, amigo y prestigioso neurocirujano, ha visto entorpecida su tarea de sanar enfermos y salvar vidas por los bloqueos y el colapso del sistema de salud. Caribe como yo, en memorable columna que se volvió viral, califica de “infames” a los líderes del paro que, cínicamente y posando de epidemiólogos, afirman que las marchas nada tienen que ver con los contagios. Por eso los llamó “homicidas”. No en vano, para Remberto “esto dejó de ser un paro y se convirtió en masacre colectiva”.
Pero no son solamente las vidas las que están en riesgo, sino el país, su institucionalidad, su democracia. Por ello, la senadora María Fernanda Cabal, en carta abierta al presidente Duque, afirma que lo que vive Colombia “no es una protesta social, es un intento de golpe de Estado posmoderno”, una aventura populista al estilo Chávez-Maduro, que aprovecha las angustias populares y, con ánimo carroñero, se ensaña en su recrudecimiento por la pandemia; montada sobre la mentira mediática para deslegitimar al país; liderada por la izquierda y sectores de centro, ingenuos o hambrientos de poder. Y lo más grave, apoyada por instancias internacionales disfrazadas con la piel de oveja de los derechos humanos.
El Ultra K, con ese nombre de remedio, es la enfermedad argentina del Kirchnerismo radical populista, adorador de Cristina. Uno de sus diputados, el señor Fagioli, vino a ver por un solo ojo y escuchar por un solo oído, y tuvo tiempo de animar golpes de Estado para “sacar a ese viejo” (Duque), y sumarse al presidente Fernández para acusar al gobierno de “violencia institucional”.
La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos es otra ONG, con otros argentinos que, alegremente, concluyeron que Duque está “cazando colombianos” en una masacre que pretende ocultar al mundo. Vivanco, de HRW, con años buscando deslegitimar a nuestra Fuerza Pública, titula su informe con una generalización miserable: “Brutalidad policial contra manifestantes”.
Y claro, la CIDH, cuya presidenta comulga con el Comité del Paro en la legitimidad de los bloqueos como forma de protesta, escucha con ese sesgo a las “organizaciones sociales”, pero desoye a los gremios que pedimos audiencia, y solo “le regala” 45 minutos al Consejo Gremial Nacional, a los empresarios que generan los empleos que piden a gritos, mientras los destruyen a golpes de vandalismo y bloqueo.
Discúlpenme la expresión, pero más pendejos nosotros que dejamos entrar a los interesados en desestabilizar a Colombia y entronizar el socialismo. A la CIDH, si realmente no es un club de “amiguetes” con libreto aprendido, si realmente escuchó al Gobierno también, la invito a recomendar la suspensión de las marchas y rechazar los bloqueos; la invito a visitar una sala de urgencias y conocer la cara del contagio y la muerte de un “paro homicida”.
Bogotá, D. C, 1413 de junio de 2021
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Amylkar D. Acosta M*.- La realidad y el entorno socioeconómico en el que nacen e interactúan las personas condiciona su condición social, el desarrollo de sus capacidades y su desempeño hacia el futuro. No da lo mismo haber nacido en Dinamarca que en Cundinamarca, ni da lo mismo haber nacido en El Chicó que en el Chocó, como tampoco haber nacido en la península Ibérica que en la Península de La guajira. Desde la gestación y lactancia misma de la niñez se empiezan a marcar las diferencias.
En Colombia, además, hay enormes brechas en cuanto al acceso a los alimentos y la calidad de estos por parte de la niñez, acusando altos niveles de desnutrición y malnutrición infantil e incluso cifras elevadas de deceso por causas asociadas a los mismos. Esta situación adquiere ribetes de dramatismo en departamentos como La guajira, al punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se vio precisada, en diciembre de 2015, a dictar unas medidas cautelares para “preservar la vida y la integridad de niños y adolescentes”, amenazadas seriamente por el hambre y la desnutrición. Y, ante el desacato de las mismas por parte del Gobierno, la Corte Constitucional decretó el Estado de cosas inconstitucional para forzar su cumplimiento, pues seis años después aún está en veremos.
Y lo más grave de todo esto es que la desnutrición, al igual que la mal nutrición en esta edad temprana afecta tanto el desarrollo físico como el cognitivo de quien la sufre, causándole al niño o a la niña un daño irreversible e irreparable, que se convertirá en una tara con la que tendrá que arrastrar irremisiblemente por el resto de sus días. Es consabido que los primeros mil días de existencia de la criatura son críticos, lo que se haga o se deje de hacer durante esta fase de su crecimiento es decisivo para su formación y desarrollo posterior, de ello debemos ser conscientes y actuar en consecuencia.
Hacemos estas disquisiciones a propósito del mediocre resultado que, una vez más, arroja la más reciente prueba Saber 11, en la que, según la investigadora de la Universidad ICESI Juliana Ruíz “sólo un 1.1% de los estudiantes obtuvieron resultados catalogados por el ICFES como óptimos en todas las competencias”. Y, claro, como era de esperarse, les va peor a departamentos que, como el de La guajira, Magdalena, Chocó, Amazonas, Guanía y Vichada, pues exhiben los peores indicadores sociales y para colmo de males cuentan con una infraestructura deficiente, una ínfima dotación, todo lo cual afloró y se agravó con motivo de la crisis pandémica.
Aquí hagamos una digresión para explicar en qué consiste la prueba Saber 11 y su importancia. Esta es una evaluación externa estandarizada aplicada periódicamente por parte del ICFES, que busca analizar y evaluar el desempeño alcanzado por parte de los estudiantes según las competencias básicas en 8 áreas, a saber: lenguaje, matemáticas, sociales, filosofía, biología, química, física e inglés.
Pues bien, mueve a la preocupación el hecho que en los últimos 5 años los resultados de esta prueba han venido de mal en peor, lo cual delata el continuo deterioro de la calidad de la educación en Colombia, lo que debería disparar todas las alarmas, puesto que la de la calidad de la educación y la enseñanza dependerá la calidad de nuestros profesionales. Pero no, estamos, en medio de una polarización política sin antecedentes, embebidos en insulsos y banales debates que no consultan la real realidad. Los responsables de la política educativa en nuestro país, como diría el mexicano Nobel de Literatura Octavio Paz, están a las afueras de la realidad.
Según el Informe del Centro de Investigación y Formación para la Educación Superior (Ceinfes), esta última Prueba, arrojó como resultado que el promedio nacional pasó de 260 puntos sobre los 500 puntos posibles en 2016, la más alta calificación alcanzada, a 250 puntos en 2020. Es decir, la educación y los educandos en Colombia se siguen rajando. Como lo afirma el experto en educación Ricardo Álvarez, “lo que reflejan estos resultados es un importante retroceso que deja mucho qué pensar respecto a la calidad de la educación en niños, niñas y adolescentes”.
Huelga decir que este promedio, como todos los promedios, es engañoso, porque cuando se promedia se aplanan las colinas y los valles se emparejan con ellas. De acuerdo con el investigador del Ceinfes Milton Ochoa, “los bajos resultados se concentran en regiones en condiciones más vulnerables, al contrario de las zonas con los mejores puntajes, lo cual evidenciaría una gran desigualdad en materia educativa”. En efecto, mientras los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Santander y Cundinamarca, al igual que Bogotá se ubican por encima de la media nacional, por su parte el Chocó, Amazonas, Vichada, Guainía, Magdalena y La guajira, que son los coleros, obtuvieron puntajes muy inferiores a la media nacional.
Esta es una verdadera catástrofe, la cual amerita la inmediata atención e intervención del Estado para ponerle correctivos a las fallas sistémicas de la educación para superar esta debacle. El mejoramiento de la calidad de la educación y el consecuente mejoramiento de los resultados de estas pruebas no se va a dar por generación espontánea. Hay que actuar ya, el tiempo apremia!
Cota, junio 12 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Eduardo Verano*.- Una lectura que me reveló el proceso de la creación del conocimiento fue la lectura del Libro Séptimo de La República de Platón. No fue una lectura de fácil interpretación porque, en su lenguaje poético y mediante una alegoría el filósofo Platón, recordaba cómo su maestro Sócrates enseñaba como se conoce. Existen cosas que en forma inmediata no son captadas por el ser humano que interpreta o trata de hacerlo, y se requiere de la alegoría, recurso retórico y gramatical que hace visible lo oculto.
La conversación entre Sócrates y Glaucón que reproduce Platón se inicia con una hermosa frase de Sócrates: “Represéntate ahora el estado de la naturaleza humana respecto de la ciencia y de la ignorancia, según el cuadro que de él voy a trazarte. Imagina un antro subterráneo que tiene todo a lo largo una abertura que deja libre a la luz el paso, y, en ese antro, unos hombres encadenados desde su infancia…”. Sócrates, no dice cómo se conoce, solo invita a imaginar cómo es el proceso de la comprensión.
Recuerdo esta lectura porque no es fácil comprender las exigencias políticas que se esconden bajo reclamos sociales. Los intérpretes de estas situaciones muchas veces no tienen la distancia necesaria para captar lo que estas protestas tienen como petición, ni lo capta el destinatario de los reclamos y muchas veces ni los reclamantes lo tienen claro.
No es que los dirigentes de la protesta social no lo tengan claro. Nada nuevo hay, son peticiones justas y reiteradas de necesidades insatisfechas. Lo que, a mi humilde juicio, no está claro, es que existe una barrera para que los reclamos sean solucionados en forma directa por el presidente de la República, dado a que no son de su resorte exclusivo. Esta situación nos tiene en el antro subterráneo.
Sigamos la luz. La luz nos debe ofrecer una política de transformaciones institucionales. Un pacto político se requiere para encontrar recursos en una población empobrecida por malas políticas gubernamentales y un mal diseño de las instituciones. Hoy más que nunca, es injustificable la existencia de un estado centralizado con su gigantesca burocracia. Tampoco se justifica la existencia de un poder presidencial omnipresente y omnipotente y de acción lenta.
Imaginemos una nueva realidad institucional, miremos más allá. No quedemos convertidos en estatuas de sal. Hay que representarnos como sería nuestra nación si democratizamos la democracia y las instituciones políticas y jurídicas. No es correcto negarnos a salir del antro. No podemos seguir repitiendo que existe más territorio que Estado. La protesta social invita a imaginarnos instituciones democráticas en las que el poder sea de la ciudadanía y no de una élite centralista cara e ineficiente. Instauremos el Estado Regional.
Una nación puede funcionar en forma ejemplar con una sola corte de justicia, como Estados Unidos. Un parlamento no puede tener un régimen salarial y prebendas que se deben revisar. El Presidente de la República reina pero no gobierna, porque entre más distante esté el poder político de la ciudadanía, más ineficaces son sus acciones, por lo que sus competencias en las regiones se deben revisar.
Inconcebible que existan tantos órganos de ejecución y control nacionales en las regiones con una carga burocrática inmensa. Descentralicemos. No nos engañemos, los parlamentarios no van a revisar sus sueldos ni a quitar los privilegios, tampoco lo van a hacer las cortes de justicia, ni el presidente va a renunciar a sus poderes. Se requiere una seria revisión constitucional. Es lo que la protesta social exige, no es otra cosa. No seamos ciegos ante la luz.
Barranquilla, 11 de junio de 2021
*Exconstituyente y exministro de Estado.
Por Paloma Valencia*.- Los organismos internacionales han mostrado ser poco útiles. Basta ver como se regularizó la dictadura de Cuba y el fracaso internacional frente a la tiranía de Venezuela, por solo poner ejemplos del vecindario. Tampoco me gusta la idea de que existen unos funcionarios -que nadie eligió y que a nadie representan, salvo a sus propias ideologías- que pueden dar el veredicto sobre los países.
El principio de no intervención en asuntos internos se ha venido desdibujando, hasta el extremo en donde embajadores opinan sobre lo que se debe o no hacer en Colombia. Ese principio tan pasado de moda, tiene un origen que considero fundamental: las naciones se expresan en las democracias y debe procurarse que los ciudadanos puedan, ellos mismos, con sus instituciones, solventar sus asuntos.
Los modelos impuestos, importados -herencia del despotismo ilustrado- no logran solucionar ni cambiar las realidades. Sin embargo, aquí estamos dándole explicaciones a la CIDH como si fueran los únicos capaces de definir lo que pasa, o su voz fuera a apaciguar los ánimos, o a convencernos de pensar diferente a lo que pensamos.
El miércoles estuve en una reunión con la Presidenta de la CIDH y sus delgados en el Congreso. Estaban un número muy amplio de senadores de izquierda, y solo un par de nuestra línea ideológica. Tengo que confesar que quedé impresionada de oírlos.
Un senador -el campeón en la difusión de noticias falsas- dijo que los jóvenes estaban en las manifestaciones porque ahí compartían comida y eso los libraba del hambre; sin punto seguido agregó que habían tenido que salir a manifestarse porque el Gobierno quería cobrarle impuestos a ellos, les iban a cobrar IVA.
Si el senador, como espero, leyó la reforma sabe perfectamente que se preveía la devolución del IVA para las familias más pobres. Medida que, según los expertos, tendría un importante efecto en la equidad. Pero eso no lo dijo. Habló de exenciones y dio cifras equivocadas, habló del favorecimiento de los más ricos, sin fundamento. Ese mismo senador en sus redes acusó a la Policía de haber quemado el hotel La Luna, donde estaban alojados, y sigo esperando sus disculpas frente a la evidencia que señala a los manifestantes como únicos responsables. Su discurso dejaba ver que en su opinión ningún vándalo debe ser judicializado.
Luego otros agregaron que la Policía debía salir del Ministerio de Defensa y pasar a Interior -Ministerio de la política-. Dijeron que la haría más cívica. Me preocupó que no recordaran cuando la Policía tuvo filiación política y lo que aquello significó para la estabilidad de la democracia. Volvieron a aludir a la supuesta doctrina del enemigo interno, criticando que en Colombia el Ejército no se limite a combatir amenazas exteriores. Lo dijo un senador de las Farc, quien sugirió que no existían enemigos internos. Quise preguntarle qué eran las ‘Farc Nueva Marquetalia’ o el Eln o el Clan del Golfo… pero no había espacio de preguntas.
No hablaron de los bloqueos, ni de la violencia contra los ciudadanos no manifestantes, ni del daño al sector productivo, ni menos del creciente contagio de covid. Concluyeron que todo se debía a que no se habían cumplido los acuerdos de La Habana, que volvieron a presentar como el libro sagrado que solucionaría todos los problemas de Colombia. Por supuesto, ninguno mencionó que la mayoría de los colombianos lo rechazamos.
Oí tantas exageraciones tan hiperbólicas que ya eran mentiras. Oí calificativos terribles sobre el Presidente y las Fuerzas Armadas y me dolió haber tenido 10 minutos para enfrentar semejante andanada. Si esta reunión sirve para anticipar algo, mi pronóstico sobre el informe de la CIDH es pésimo.
Bogotá, D. C, 11 de junio de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático
