Opinión
Por Guillermo García Realpe*. – Recientemente la plenaria del Senado aprobó una proposición nuestra para pedirle al Departamento Nacional de Planeación, la revisión del actual SISBEN, que se denomina SISBEN IV, por la gravísima afectación que hoy tienen muchas familias que fueron excluidas de los beneficios de subsidios, etc, pero por la pandemia y otras crisis, prácticamente están en iguales o peores circunstancias de antes de levantar el nuevo censo de este SISBEN.
Por eso, solicitamos al Gobierno Nacional, en particular, al DNP, que se sirva ordenar la revisión del actual SISBEN IV, en razón a que las circunstancias sociales, económicas y de vida, de millones de familias de colombianos que, se han deteriorado por efecto de la pandemia y de la crisis social que vive el país, hoy ya no tienen las condiciones y las realidades para estar calificadas con altos puntajes en el SISBEN, como los que tuvieron en su debido momento, a pesar de que hubo una sobre calificación, donde hubo muchas injusticias a lo largo y ancho de Colombia, que lo han manifestado las comunidades, también los gobernadores y alcaldes de Colombia.
Se solicita, por ende, revisar el actual SISBEN, para consultar la verdadera realidad que hoy viven millones de familias colombianas, en estado ya absolutamente vulnerable, incluso, en peores circunstancias a las de aquellos tiempos del estudio el DNP a través de sus diversos canales de análisis e investigación.
Como consecuencia de esto, la gente que ha sido eliminada de algunos subsidios como Familias en Acción, gas, o de servicios públicos vuelvan a restablecer esta condición, restituyéndose en los respectivos censos de beneficiarios, hoy, de extrema vulnerabilidad de pobreza, incluso, de circunstancias de verdadera hambruna que viven los colombianos y colombianas en muchas regiones. El senado conformará una Comisión Accidental de diferentes partidos para verificar el cumplimiento.
El Sisbén, es un instrumento de medición independiente de los programas sociales que permite ordenar a la población mediante un resultado de acuerdo con las condiciones socioeconómicas para identificar los potenciales beneficiarios de la oferta social del Estado. El 74% de los registros no se actualizaba desde el año 2011 y por eso la transición del SISBEN III al IV tardará por lo menos 16 meses, como lo aseguran las entidades encargadas del proceso, ceñidos, desde luego al documento CONPES 3877 de 2016.
El nuevo SISBEN debe ser acertado en muchos frentes, como, por ejemplo, en sus programas de transferencias monetarias (condicionadas y no condicionadas), inclusión productiva, mejoramientos de condiciones de habitabilidad y acompañamiento familiar y comunitario. Es decir, el sistema debe implementar una trazabilidad confiable, evitando que haya avivatos que quieran “colarse” entre los beneficiarios, ya hemos visto muchos casos en el que la gente se aprovecha para sacar ventaja de los programas sociales.
Pero la oferta social como ruta para la superación de la pobreza, debe estar diseñada para contribuir con la seguridad alimentaria, la educación, la salud, la empleabilidad, el emprendimiento individual y colectivo y la generación de ingresos sostenibles. Tal como lo aseguran desde el Departamento de Prosperidad Social. Por eso reiteramos, todo esto que suena bonito desde un escritorio en Bogotá, tienen que llevarlo con eficacia y eficiencia a los territorios, donde están las verdaderas necesidades, donde hay miles y miles de ciudadanos esperando la mano amiga y generosa del Estado, para superar su difícil situación de pobreza y de hambre que se viven por estos tiempos.
Según el DNP, ya se ha encuestado a más de 23,5 millones de personas en el país y con las nuevas herramientas digitales se espera que se optimicen los procesos, permitiendo hacer la georreferenciación de los hogares encuestados para llevar las ayudas sociales a las familias que más las necesitan. Ojalá podamos tener un SISBEN IV bien focalizado, donde se clasifiquen bien a las personas de acuerdo a su capacidad para generar ingresos y calidad de vida y donde los más vulnerables sean priorizados de manera urgente.
Pasto, 7 de junio de 2021
Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Martha Patricia Moreno Moreno*.- El otro día Sogamoso se despertó con los noticieros aturdidos de fallecidos, cifras, contagios Covid, y con la tormenta de un muerto vivo, dizque muy parecido al marido de alguien que lo daba por desaparecido; mientras en redes muchos dedos inmisericordes le daban cuerda a los rumores, exponiendo el oprobio público; a la maña de las noticias falsas, que de tanto repetirlas se vuelven verdad.
Siempre he dicho que es de infames, hacer el mal desde el anonimato. La OMS habla de “infodemia” la propagación de fake news o rumores que tratan de engañar, confundir, desprestigiar y desinformar a la opinión pública. Así, miserablemente a un clik de reenvió, se despacha a la horca mediática algún prójimo, mientras que el culpable de la ignominia, se ríe escondido detrás de su computador. ¿vivirá en el paraíso de los cobardes?
Volviendo al muerto, como en este pueblo, pasó mayo con sus flores blancas y el desempleo, y llegó junio con su lluvia de restricciones y la resurrección del muerto, quien lleno de vida y contento le dijo a todo el mundo, que se habían equivocado de muerto, que por desgracia la sobredosis de rumores sobre su conducta inapropiada, hizo que la casi viuda no le perdonará las deudas; ella ya no lo quiere, ni las cenizas honrar no, no quiere vivir con muertos, y es que no hay mujer por perversa que haya sido, que no se merezca varios años de viudez.
Uno de los aspectos más desconsoladores, de este negro episodio es que las redes nos dejan el estómago empalagado de información sin contexto. La voz de la red no es la voz del pueblo; quizá sirva para desmantelar dictaduras, pero nunca para fortalecer libertades. Las multitudes siguen a quien da fuerza a sus propias perversiones.
No sé cuántos lectores me habrán seguido hasta estas alturas del pasaje. Pero si aún sigue, les digo que viva por siempre el relato de autor, cuyo impreso le pone la cara al texto, y como el sol, no se deja ver, pero lo hace ver todo.
Punto y aparte: Aquí la salud es otro episodio oscuro; los manejos equivocados de las EPS, nos tienen rezando para no ir por allá, y en tiempo pandemia hago el viacrucis, para que el benignísimo se concentre y no se le envolate mi asunto. Listo el brazo para la vacuna, no quiero morir de mentiras.
Sogamoso, 7 de junio de 2021
*Magister en educación- comunicadora social- periodista. Cronista, líder de opinión regional. Zona Boyacá.
Por Juan Manuel Galán *.- El pasado 2 de junio la fiscalía general de la Nación emitió resolución de acusación contra dos Generales retirados y un exdetective, como presuntos responsables de homicidio con fines terroristas y tentativa de homicidio por el asesinato de Luis Carlos Galán, del exconcejal de Soacha César Peñalosa y del escolta Santiago Cuervo. Los implicados son el entonces subcomandante de la Policía de Cundinamarca, Argemiro Serna Arias; el exdirector de la DIJIN, Oscar Peláez Carmona; y el exdetective Héctor Ernesto Muñoz.
El primero, Argemiro Serna Arias, en ese momento teniente coronel, tenía que garantizar la protección de Luis Carlos Galán, pero hizo todo lo contrario, ya que no dispuso las medidas de seguridad necesarias. Incluso, horas antes del homicidio, retiró del municipio a un grupo de contraguerrilla integrado por 14 personas. El segundo, Óscar Peláez Carmona, junto al General (r) Miguel Maza Márquez -condenado por este magnicidio-, desvió la investigación impulsando operativos de captura contra personas que años después fueron declaradas inocentes. Por último, Héctor Ernesto Muñoz, hizo parte del plan que organizó el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha para el asesinato de Galán, entre otras acusaciones.
Lo anterior demuestra una vez más, que la muerte de Luis Carlos Galán fue un plan minucioso, en el que miembros de la policía, del ejército y DAS, narcotraficantes, paramilitares y políticos, se organizaron para acabar con su vida y su partido. No hay duda de que el exterminio del Nuevo Liberalismo, fue una política generalizada y sistemática que también les costó la vida a decenas de personas y sepultó la esperanza de todo un país.
Agradezco los avances de la fiscalía en la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán. El esclarecimiento de este crimen es una garantía de no impunidad para los millones de personas que querían ver un mejor país, pero también es una esperanza de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para más de nueve millones de víctimas registradas en el registro único nacional de víctimas de la unidad nacional de víctimas.
Es importante y merecido, hacer un reconocimiento a los fiscales y procuradores del caso, a jueces y magistrados de las altas cortes que han impartido justicia, a costa de presiones, amenazas y de inclusive poner en riesgo su seguridad y la de sus familias. Este titánico esfuerzo, en medio de las dificultades y fragilidades de nuestro sistema judicial, es un caso inédito en el mundo entero. No conozco otro magnicidio perpetrado en país alguno, que haya alcanzado el nivel de verdad y justicia obtenido por el crimen de Luis Carlos Galán. Aun después de 31 años de investigación, de desviaciones, obstrucciones y falsos positivos judiciales, la justicia poco a poco ha encontrado su camino.
Deseo que todas las víctimas en nuestro país, sin distingo alguno, tengan esta valiosa oportunidad de esclarecimiento para una de las páginas más dolorosas en nuestra historia. “A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no, en cambio cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas.” Luis Carlos Galán
Bogotá, D. C, 7 de junio de 2021
*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El problema es el desempleo. La pobreza, el hambre y la miseria son la consecuencia de no tener un trabajo decente. La protesta de los jóvenes es el reclamo airado por un futuro que se les niega por no tener estudio ni empleo. La Renta Básica o el Ingreso Solidario son necesarios pero no suficientes pues a los jóvenes solo les dan presente, mientras que el trabajo les da futuro y sobre todo dignidad.
Generar empleo digno es el camino de solución a la crisis social. Y no estamos hablando de unos cuantos miles, pues son 3.6 millones los desempleados en Colombia (el 15,1% de los que buscan trabajo).
La situación en el Valle del Cauca es todavía peor. La tasa de desempleo en Cali es del 18,8%, con 271.000 desempleados es decir 100.000 más que antes de empezar la pandemia. Los jóvenes son los más afectados con una tasa de 27,1%.
El programa nacional de empleo de emergencia que propuse hace unas semanas puede empezar con un programa regional para crear 100.000 empleos en el Valle y el norte del Cauca. Organizar un programa de este alcance requiere la intervención coordinada del gobierno nacional, los mandatarios locales y el sector privado.
El papel del gobierno nacional es aportar los recursos para el programa. Pagando el salario mínimo, su costo anual sería de unos $1.4 billones (menos de 0.2% del PIB). El gobierno si tiene la capacidad de conseguir estos USD 450 millones acudiendo a créditos de entidades multilaterales y ayudas internacionales.
El aporte primordial del sector privado (empresas y las ONG) no es la plata, pues sus recursos para estos propósitos son más limitados que los del gobierno, sino su capacidad gerencial y organizativa, que es indispensable para el manejo de la entidad que se debe crear para administrar el programa y su logística.
La plata no es el principal obstáculo para la implementación del programa, sino el montaje, la administración y la logística para la operación de una “empresa” de 100.000 trabajadores: ¿Quién los va a proveer de dotación, alimentación o transporte¿ ¿Quién les va a dar las herramientas necesarias para sus labores? ¿Quién va a proveer los insumos necesarios? ¿Quién va a dirigir la ejecución de las obras?. Es el sector privado quien debe asumir esta labor gerencial como lo hizo en el programa de reconstrucción del eje cafetero.
Los mandatarios locales tienen que definir los trabajos que realizarían estos jóvenes. En general se trata de construir bienes públicos: en el campo la reforestación y recuperación de cuencas, construcción de vías terciarias o redes de acueductos rurales. En la ciudad, reparación y mantenimiento de la malla vial o de la infraestructura pública (parques, escuelas, centros de salud, etc.) y servicios tales como comedores comunitarios o escuelas de deporte.
El dinero invertido en este programa impulsará la demanda en la economía, con lo cual las empresas privadas tendrán el incentivo para contratar nuevos trabajadores y el programa se podrá desmontar.
Cali, 6 de junio de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Juan Camilo Restrepo*.- Se inicia en el país un periodo crucial ¿Cómo se van a negociar los levantamientos del paro? ¿A qué costo? Es entendible que las autoridades estén presionadas y ansiosas para solucionar cuanto antes el grave problema de los paros. La ciudadanía también lo está. Pero este complejo proceso requerirá pulso firme por parte de los negociadores gubernamentales, capacidad para decirle no a los promotores si es necesario, y una gran transparencia. Nada de lo que se acuerde debe ser opaco o por debajo de la mesa. Todo -recordémoslo bien- tiene repercusiones presupuestales. Así como no hay almuerzo gratis tampoco hay levantamiento de paros gratis.
Todas estas reflexiones se me vienen a la cabeza al enterarme que el ministerio del transporte y la ANI han concluido una dispendiosa negociación con doce organizaciones de camioneros (solo dos firmaron, pero constituye un precedente para los demás) que consta de 29 compromisos; uno de los cuales consiste en que la ANI accedió a que no haya peajes en las concesiones de quinta generación (5G) distintos de los ya existentes.
Será muy importante que el ministerio de transporte y la ANI explicaran de qué manera esta negociación afectará la realización de las concesiones futuras denominadas como 5G. Pues, como se sabe, sin peajes es imposible que estos costosos y estratégicos proyectos puedan concretarse. Sería bien paradójico que por desactivar las amenazas de paro termináramos renunciando a tener obras de primeras especificaciones como las que necesita la modernización del país.
Las vías que se deben construir bajo el rótulo de 5G comprenden un ambicioso programa de proyectos que incluye, entre otros, la nueva malla vial del Valle del Cauca con accesos a Cali y Palmira; la doble calzada entre Buga y Buenaventura (quizás el proyecto de infraestructura vial más estratégico y urgente que tiene el país entre manos), y otros doce proyectos de última generación cuyo costo se estima entre 30 y 40 billones de pesos. Comprende también dos modernizaciones fluviales, otra férrea y tres aeropuertos. Es decir, la modernización de la infraestructura del país depende de que los proyectos de las concesiones 5G se puedan ejecutar oportunamente.
¿Se podrá hacer esto sin peajes? Está bien que se controlen las tarifas de los peajes para que sus incrementos sean moderados, para que no suban por encima de la inflación, para que no haya abusos por parte de los concesionarios. Pero de ahí a que se renuncie a la existencia misma de los peajes suena muy extraño.
Naturalmente, estamos impactados por la visión de los vándalos quemando casetas de peajes a diestra y siniestra y quisiéramos que esto no vuelva a repetirse. Pero de allí a suprimir la figura misma del peaje en los esquemas de financiación de los desarrollos futuros hay un gran trecho grande lleno de incertidumbres. Es muy difícil que se logre el “cierre financiero” de los proyectos venideros si se suprime el elemento del peaje en su financiación.
Preguntas como ésta surgirán por montones cuando se empiecen a conocer los detalles de las otras negociaciones que se están iniciando. Las del comité de paro y las de las mingas. Ojalá las fórmulas a que allí se llegue permitan conjugar con lucidez la necesidad de levantar imperiosamente los paros, pero no a cualquier costo.
No es una tarea fácil la que afrontan las autoridades negociadoras. Autoridades que merecen nuestra comprensión, pero a las cuales va también nuestro llamado para que no vayan a negociar a cualquier costo. Pues, en tal caso, el remedio puede resultar peor que la enfermedad.
Bogotá, D. C, 6 de junio de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Ya nos hemos referido a los antecedentes y consecuencias de la baja de la calificación de la deuda soberana de la Nación de inversionista a especulativa por parte de Estándar & Poor´s el pasado 19 de mayo y la amenaza de Ficht, si no se aprueba prontamente la anunciada reforma tributaria 2.0, ahora queremos hablar de sus consecuencias colaterales, que no son de poca monta. Una de las razones por las cuales la noticia pasó por desapercibida y no ha causado revuelo es porque ya el mercado lo había descontado, de tal suerte que la deuda soberana venía comportándose desde hace rato como si ya hubiera perdido la calificación inversionista. Sólo se oficializó lo que en la práctica ya era vox pópuli, hacía varios meses atrás.
Esta es una medida injusta, antipática, máxime que se da en una coyuntura “anormal”, atípica, por el choque interno y externo que han tenido que enfrentar, sin vísperas la economía y las finanzas públicas, expuestas a vientos cruzados, que no pueden ser valoradas ni evaluadas como si nada pasara aquí y en Cafarnaum. Pero a lo hecho pecho y el Gobierno deberá encarar este nuevo escenario con decisiones de política que permitan mitigar sus nefastos efectos que tornarán más difícil salir del atolladero.
Es importante destacar que el efecto dominó y las consecuencias de la pérdida de la calificación inversionista se extendió no sólo a las demás entidades y empresas estatales sino también al sector privado. De hecho, en la misma decisión en la que le rebajaron la nota a la deuda del GNC, también le bajaron la calificación a diez de ellas, entre las cuales se destacan Bogotá Distrito Capital, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), a la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), a ECOPETROL y a privadas como ISAGEN, el Grupo de Inversiones Suramericana (SURA) y DAVIVIENDA.
Indudablemente este es un duro golpe a la economía y a las finanzas públicas, convirtiéndose además en un freno al proceso de recuperación y de reactivación, habida cuenta que, como lo afirma el Gerente de investigaciones económicas de Alianza Valores, “es probable que dentro de algunos meses dejemos de ver las tasas de interés históricamente bajas para comprar vivienda”, lo cual ha contribuido a dinamizar este sector. Además, la mayor devaluación ejercerá una presión inflacionaria vía importaciones de bienes, servicios e insumos, los cuales se cotizan en dólar.
Quiero, además, llamar la atención sobre dos circunstancias que deben ser analizadas concienzudamente por parte del Gobierno y no solamente por parte del Gobierno sino también por parte de la Academia y los centros de pensamiento en orden a enfrentar con éxito este reto. En primer lugar, es indispensable repensar, replantear y reconsiderar la Regla fiscal, su funcionamiento y operatividad, así como la integración de la Comisión consultiva de la misma, para que esta deje de ser un apéndice del Ministerio de Hacienda.
Un aspecto a considerar, a propósito de la Regla fiscal, tiene que ver con la deuda, porque, como lo acota el ex vicepresidente de ANIF Nelson Vera, al tener como único objetivo la reducción del déficit fiscal “la deuda pública en cabeza del GNC prácticamente se ha duplicado del 35% al 60% del PIB y se perfila hacia el 70% del PIB en los próximos años, razón por la que es necesario que la Regla gire hacia un esquema de deuda objetivo, haciendo la analogía con la inflación objetivo del Banco de la República”.
De otra parte, el único camino que nos permitirá no sólo recobrar la calificación inversionista de la deuda, que podrá tardar por lo menos dos años, espantar el fantasma de la pérdida de la misma y sobre todo recobrar la menguada confianza inversionista bien entendida, así como garantizar hacia el futuro la solidez y consistencia de las finanzas públicas, es el de la diversificación del aparato productivo del país, para lo cual se requiere una estrategia de Transformación productiva de largo aliento, desmarcándose del modelo económico dependiente en exceso de la actividad extractiva, siempre expuesta a los altibajos de sus ciclos y a la volatilidad de los precios de los commodities.
Este debe ser el Norte que nos conduzca a una nueva normalidad, de una economía con un mayor ritmo de crecimiento, contando con un Modelo que promueva la cohesión y la inclusión social. Ello amerita y es mi llamado, pactar un nuevo contrato social, sólo de esta manera se podrá desactivar la bomba de tiempo social que está a punto de estallar. Como diría el escritor Jorge Zalamea Borda, no hay tiempo que perder, hay vida por ganar!
Bogotá, junio 5 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por: José Félix Lafaurie Rivera…*.- ¡Nos dispara el ejército y la policía!, gritan histéricos unos jóvenes de la “primera línea” en un video confuso, que terminó siendo una puesta en escena, descubierta por alguien que grabó “el ensayo”, con indicaciones de qué gritar y hasta sangre de utilería, al estilo de su patrocinador, el narcolibretista Bolívar.
¡Pare 1a masacre!, le reclama Maltés al presidente Duque, con sus propias y abultadas cifras, de muertos que luego “se levantan y andan”, como Lázaro, y desaparecidos que aparecen. De cara a la visita de la CIDH, la Defensoría informa de 58 homicidios, todos en verificación por la Fiscalía, y 111 personas sin ubicar, de ¡784! denunciadas por ONG dedicadas al terrorismo mediático.
¡Baño de sangre!, así calificaba el partido Comunes la acción de la Policía, mientras sus congresistas “movían” la moción de censura, acusando ¡a Molano! como “el ministro que ordenó disparar contra el pueblo”, y su fábrica de falsas noticias vomitaba a diario: ¡Represión Brutal! ¡Duque asesino!, y otras consignas incendiarias. Cinismo miserable de quienes, ellos sí, dispararon contra el pueblo durante medio siglo.
¡Nos están matando!, claman los indígenas y afrodescendientes, en un documental contratado por Valencia y Carabalí para denunciar los asesinatos de líderes sociales. ¡Nos están matando!, pintaron los agitadores en enormes murales en Medellín, con el silencio cómplice del alcalde.
Pero… ¿Quién mata a Colombia?
Con un portafolio de 180 noticias falsas desvirtuadas, una comisión del Centro Democrático. liderada por María Fernanda Cabal, fue hasta la CIDH a destaparles el ojo vendado, por cuenta de la estrategia de “inversión revolucionaria de la realidad”, utilizada por la izquierda para atacar al Gobierno y neutralizar a la Fuerza Pública.
¿Quién mata a Colombia? ¿Quién tira la primera piedra? Un conocido que vive en inmediaciones de “Banderas” en Bogotá, me cuenta que, a diario, hacia las 5:00 p.m., ve pasar “los muchachos” con morrales cargados de piedras. Van a hacer su tarea después de los bloqueos pacíficos: insultar y agredir policías, generar su reacción, grabar videos confusos y capturas de vándalos que, por supuesto, se resisten, y lo que ve un ingenuo consumidor de redes es… “brutalidad policial”.
¡Quién mata a Colombia? La CIDH tenía que ver los ataques contra policías, incinerados, acorralados, insultados; la destrucción de CAI’s, edificios públicos, como el palacio de Justicia de Buga; entidades bancarias, locales comerciales, infraestructura e instalaciones de transporte público.
Mata a Colombia Maltés y el comité del paro, orgullosos de sus “excelentes movilizaciones”, mientras la gente se contagia y empieza a morir en sus casas. Mataban a Colombia cuando insistían en que los bloqueos, que destruyeron la economía y acentuaron la pobreza, hacen parte del derecho a la protesta, y hoy, cuando anuncian su “desescalamiento”, desnudaron su poca representatividad, pues los que persisten no les obedecen, y los levantados son resultado del mandato presidencial y la acción de la Fuerza Pública.
Matan a Colombia los medios que replican falsedades y alientan “marchas pacíficas”. Ninguna que afecte a los más pobres, que induzca al contagio y la muerte de colombianos es pacífica, así canten y bailen en medio del desastre, como la banda del Titanic.
Mata a Colombia el narcotráfico que nos legó el Acuerdo Farc- Santos, que asesina indígenas y líderes sociales, mientras esos mismos indígenas protegen al narcotráfico que los mata, atacan a la Fuerza Pública e invaden impunemente las ciudades.
Mata a Colombia Petro, sembrando el odio como estrategia política para montarnos un remedo de Socialismo Bolivariano que rechazaremos en las urnas, porque… “la Colombia que quieren matar, a pesar de todo, goza de buena salud”.
Bogotá, D. C, 6 de junio de 2021
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Lorena Rubiano.- Indudablemente, para gobernar se precisa la firmeza; pero también mucha flexibilidad, paciencia y compasión. Henri Lacordaire.
Indudablemente el país atraviesa por momentos muy difíciles y complicados y lo más preocupante es que no se ven en el horizonte luces de esperanza, para una pronta recuperación.
Está Colombia caminando por el filo de un gran precipicio, sobre el cual ninguno de los protagonistas de este maremágnum tiene la más mínima idea de su profundidad.
Nadie, ni gobierno, ni oposición, tienen claridad sobre lo que está sucediendo y sobre lo que se puede venir, de no llegar pronto a un gran acuerdo nacional.
Y los culpables del caos que vivimos, somos todos: gobernantes y gobernados, gobierno y oposición, líderes y seguidores, maestros y alumnos, Congreso y justicia, periodistas y lectores, elegidos y electores. El mea culpa debe salir de lo más profundo del corazón de todos los que nacimos y vivimos en esta tierra. Estamos demostrándole al mundo entero que fuimos incapaces de manejar uno de los países con más riquezas en este planeta.
Riquezas que bien manejadas servirían para tener una muchísima mejor calidad de vida de todos los habitantes. Todos sin exclusión alguna han llegado al poder para beneficiar a sus amigos, a los poderosos, o a sus aportantes de campaña. En realidad, el bienestar general poco ha interesado.
Aquí cada cual jala para su lado. Si es necesario matar, mata; si es necesario robar, roba; y si es necesario ignorar los problemas sociales, lo hace.
No han tenido verdadero sentido de patria. Qué más da un muerto más o un muerto menos. Cómo pueden irse a descansar sabiendo que hay millones de colombianos que se acuestan sin pasar un bocado y muchos otros amanecen en el frio andén callejero.
La única gente de bien de esta nación son nuestros campesinos, que trabajan, pagan impuestos, cultivan y les pagan barato para que otros se enriquezcan. De manos curtidas y, ellos sí, de gran alma patriótica, sufren en silencio el mal manejo del país.
Nuestros campesinos no tienen cuentas en Panamá, no obedecen a órdenes internacionales, no figuran en los grandes robos a manos llenas del erario, no saben protestar cuando los despojan de sus tierras y nunca han merecido una gran reforma agraria que los ayude.
Muy tarde el gobierno, tanto nacional como departamental y local, se está dando cuenta de la difícil situación y pretende descargar toda la responsabilidad en nuestras Fuerzas Militares y de Policía.
Señores dirigentes, banqueros, congresistas y empresarios, es el momento de hacer un alto y buscar entre todos una salida democrática, una salida consensuada de este atolladero en el que nos encontramos.
Y todos debemos hacer un mea culpa, como lo hizo el presidente Duque, reconociendo las fallas en comunicación con los jóvenes y admitiendo que ha debido mantenerse el diálogo, aún en medio de la crisis generada por la pandemia.
Pero más que subsidios, hay que crear oportunidades.
Bogotá, D. C, 4 de junio de 2021
Por Gabriel Ortiz*.- Cada hora que pasa vemos las grandes equivocaciones que comete un gobierno del que todos abusan. Se avecinan las elecciones –ojo al 22 advirtió Uribe- y al Presidente Duque, lo presentan como un impreparado, arrogante, sordo, ciego e insensible, que simula fortaleza y mando, pero que no actúa, porque es débil y da papaya.
Lo que hoy nos pasa, afloró a finales de abril, cuando un desactualizado ministro de hacienda, impuesto por el codueño del mandato, se apresuró a elaborar, amparado por la pandemia, una reforma tributaria que descargaba el costo del país en los pobres, mientras entregaba el baúl del pirata a los más ricos.
Ese fue el polvorín que disparó la gran protesta popular que tanto lamentan la derecha y el uribismo.
Lo dijo Duque en un excelente reportaje que le hizo el diario El País de España: “si pudiera volver atrás, buscaría un consenso y pedagogía más amplia. La reforma fue utilizada para exacerbar odios y reacciones violentas. Cuando vi que se utilizaba para desatar la rabia, preferí retirarla”. Ahí se puede observar de cuerpo entero el grave error de Duque: se deja manejar, se equivoca y si se entera, quiere volver atrás.
Si ese “preferí retirarla”, se hubiera producido a mediados de mayo, tendríamos a 50 compatriotas vivos, casi mil no hubieran sido hospitalizados, 1.500 no estarían detenidos, ni 356 desaparecidos y 50 muchachos verían por sus dos ojos.
Nada decir de las enormes pérdidas que nos obligarán a imponer nuevos impuestos, ni de las refriegas que llegarán de nuevo con funestas consecuencias. Tampoco sobre lo que nos costará la pérdida de la calificación inversionista.
“Si pudiera volver atrás”, es una necedad. Ya la leche está derramada. Ahora hay que afrontar la realidad, con sabiduría, equilibrio, madurez y sensatez. Solo así podremos enderezar la nave y salir de la pobreza, la injusticia, el hambre, la vida de nuestros marchantes y las penurias. Duque debe bajar de la nube, desprenderse del círculo que lo asfixia y se cree su propietario. Logrará entonces ofrecer la pericia, la maestría y la destreza que Colombia reclama.
Debe olvidar la contienda electoral que sus socios están montando para mantener sus privilegios, a costa de lo que sea. No puede continuar enviando emisarios a negociar acuerdos con los directivos del paro, para después desautorizarlos, porque no llenaron a Uribe y a Vargas Lleras.
El palo no está para cucharas, es perentorio e imperativo el momento de actuar, antes de que sea tarde. Ya hasta sus más amigos, exprimidores y falsos gregarios lo irrespetan, le dicen débil y llegan a pedirle la renuncia. ¡No les dé ese gusto! Envíelos al lugar adecuado. Hay gente capaz y erudita que acompaña con fidelidad.
BLANCO: La reapertura que impondrá el 8 la Alcaldesa Claudia.
NEGRO: La costosa “volteada”de Vargas: mermelada con cuatro ministerios para salvar al de Defensa. Ahora Cambio Radical es de derecha: esa la llaman “centro derecha” de Pastrana y Uribe.
Bogotá, D. C, 4 de junio de 2021
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Paloma Valencia*.- He oído a varios congresistas que defienden al paro decir que en Colombia hay una dictadura. Ellos se la adjudican al presidente Duque. Tenemos una dictadura, el dictador es el paro.
Nadie votó por el paro, no ha ganado ninguna elección y, sin embargo, pretende gobernar Colombia. No sé ni cuántos son, y cuántos ciudadanos los respaldan; pero en una democracia se gobierna con los representantes elegidos por los ciudadanos. Puede y debe haber diálogos con la ciudadanía y espacios de participación ciudadana, pero no puede venir un paro a imponernos una agenda de gobierno. El paro, el dictador, ataca nuestra democracia.
El paro es el dictador que conculca los derechos de los colombianos. El paro ha decidido que quienes quieren trabajar no tienen derecho a hacerlo; bajo el paro se esconden las amenazas a los trabajadores, advirtiéndoles que tienen prohibido ir a sus puestos de trabajo. El paro, el dictador, viola el derecho a la libertad de manifestación y asociación; bloquean para que todos los ciudadanos participen de manera obligatoria en su manifestación.
El paro es el dictador, cuyas medidas están generando pobreza en los hogares colombianos. El paro desaparece los empleos de miles de colombianos, el paro extermina miles de negocios colombianos. Al dictador no le duelen los 13 millones de litros de leche que diariamente tenemos que botar, ni los más de 11 millones de pollos muertos por hambre, tampoco le importan las cosechas represadas y las pérdidas de los campesinos, menos los 436 comercios vandalizados, ni las 889 bancos y cajeros destruidos, ni los más de 1.190 buses de transporte público atacados y menos las 236 estaciones de transporte público vandalizadas…
El dictador del paro nos lleva al mismo destino que vive Venezuela. Allá ganaron para destruir el sistema productivo, aquí a punta de 3.107 bloqueos también quieren hacerlo. El dictador decide qué puede o no circular por Colombia. El dictador del paro aborrece el libre comercio y, entonces, arbitrariamente decide que los negocios exportadores tienen que ver cómo se les caen los contratos que con dificultad habían logrado en el exterior. El dictador dice que es para proteger la producción nacional e impide las exportaciones y no les cuenta a los colombianos que muchos productos se vuelven más caros. Al dictador hay que pasarle la lista de desaparecidos: empleos desaparecidos, negocios desaparecidos, riqueza desaparecida, oportunidades desapareadas, salud desaparecida….
El paro dictador miente cuando incita a destruir argumentando que no hay nada que perder. Como en Venezuela, luego de destruir el sistema productivo, sólo quedará la pobreza. Colombia tiene mucha, 42%. Se proponen igualarnos en el 90% que tiene el vecino país. El paro ha incrementando el costo de la canasta básica de alimentación en un 200% y 300%, haciendo más pobres a los pobres.
El paro dictador se siente por encima de la ley y viola derechos humanos de los ciudadanos: no pueden circular, no tienen seguridad. El paro dictador, además, legitima el uso de la violencia contra los ciudadanos. Miente diciendo que es la Policía. Más de 12 mil manifestaciones y solo en 1.372 ha intervenido el Esmad y lo ha hecho porque la manifestación no es pacífica. Pretende el dictador que nadie pueda defender a la ciudadanía, exige que la fuerza pública sea retirada. El dictador ha herido 1.222 uniformados, destruido 113 CAIs y 24 edificios de la Policía. El dictador asesina y hiere a nuestra fuerza pública, la acusa y la condena sin respetar la presunción de inocencia ni el debido proceso. Todo un tirano es el paro.
Colombia no se dejará doblegar por la arrogancia y la violencia del dictador paro. Para gobernar este país tendrán que ganar las elecciones y encontrarán una barrera invencible de ciudadanos que una vez más decimos: no más violencia, no más bloqueos y que rechazamos los diálogos con quienes secuestran los derechos de los colombianos. Colombia libre, Colombia en democracia ¡Abajo el dictador del paro!
Bogotá, D, C, 4 de junio de 2021
*Senadora del partido Centro Democrático
