Opinión
Por Robinson Castillo*.-Lo más aterrador en este mes de protestas ha sido el vandalismo. Los días pasan mortalmente intranquilos, también aterra el escaso y hasta nulo rechazo a estos eventos criminales, por un sector amplio de líderes y hasta de medios de comunicación. Vandalismo de corbata.
La protesta es un derecho universal. En Colombia, los reclamos que estimularon el paro son legítimos, reales y se traducen en desesperanza, cansancio e irritación: Existe una desigualdad apocalíptica.
Pero una minoría se ha encargado de bloquear las pretensiones de millones. Se trata de los vándalos, que se han convertido en símbolo de salvajismo, irracionalidad y destrucción. Ausencia absoluta de civilidad. ¡Son insoportables!
El objetivo demencial le corresponde ahora a Colombia. En Bogotá se necesitarán por lo menos seis meses para que funcione a tope Transmilenio: De las 139 estaciones, 61 están afectadas, 53 sin operación y 8 operando parcialmente; más de mil buses de este sistema vandalizados. ¿Los afectados? Los más pobres.
Los vándalos en realidad golpean a toda la sociedad. ¡Generan pánico! Los precios de los alimentos disparados y escasos, los bloqueos son otra expresión reprochable. La Defensoría del Pueblo ya lanzó una alerta descomunal: Está en riesgo la seguridad alimentaria del país. Incluso Bogotá casi se queda sin agua potable. Cerrejón suspendió temporalmente operaciones. El Puerto de Buenaventura, inoperante.
Ni hablar de la amenaza contra la misión médica. Ya son dos casos de niños fallecidos por no dejar pasar las ambulancias, que nunca dejaron sonar sus sirenas en señal de ruego, pero fue inútil. Así mismo, varios de éstos vehículos fueron atacados a piedra, por la irresponsabilidad de una información falsa. El proceso de vacunación también se ha visto alterado. Son unos bárbaros sin sentido.
Los vándalos originales, que surgieron de una tribu germánica, destruían tierras ajenas, como fue el caso de Roma en el año 455, pero estos modernos son peores: Los emociona el fuego, incendiar todo a su paso. Son animales depredadores. Pirómanos criminales.
Además, son una horda de ladrones. Han saqueado almacenes de cadena, tiendas de barrio, dejando cientos de personas desempleadas. Usan la noche como cómplice para destruir el mobiliario urbano. Son los dueños del mal.
Las pérdidas en todos los sectores ya superan los 10 billones de pesos. Es decir, el equivalente a la mitad de lo que pretendía recaudar la fallida reforma tributaria, que fue el detonante de las protestas, que han sido opacadas por el vandalismo.
Mientras estos cafres persisten en su afán destructor, duele más el ensordecedor silencio de aquellos líderes llamados a rechazar a los protagonistas del caos. Es un país desconocido.
La pregunta incómoda:
Señores Comité del Paro: ¿Por qué les cuesta tanto trabajo rechazar con vehemencia el vandalismo?
Bogotá, D. C, 1 de junio de 2021
*Comunicador Social-Periodista.
Por José G. Hernández*.- A nadie se oculta que el país afronta una de las peores crisis de orden institucional en muchos años. Es tan difícil la situación -caracterizada por la prolongación indefinida del paro, el imposible diálogo, el vandalismo, la violencia, los excesos policiales en el uso de las armas, los bloqueos, la participación de civiles armados disparando contra los manifestantes, las vacilaciones y la falta de control real por parte del Ejecutivo, entre otros factores- que han pasado a segundo o tercer plano -al menos en las prioridades oficiales y en los medios de comunicación- las preocupaciones ocasionadas por el covid-19 en su momento de mayor gravedad (alrededor de quinientas muertes diarias, lo que resulta francamente aterrador).
Cuanto ha venido ocurriendo -si se mira con un sentido objetivo- está causando enorme daño a todos: sobre todo a las instituciones, que han entrado en un inaceptable paréntesis; al Gobierno, que se ha mostrado renuente al diálogo y ha querido disimular su evidente debilidad y falta de liderazgo con la apelación al autoritarismo, propiciando abusos de la fuerza pública y violación de derechos humanos; a la Policía, que ha cambiado el tradicional respeto y confianza de la ciudadanía por el miedo y el rechazo generalizado, y que en muchos lugares se ha hecho acompañar, o al menos no ha rechazado, la compañía de civiles armados ilegalmente; a los miembros del denominado Comité de Paro, que en razón de los bloqueos han venido perdiendo legitimidad y no tiene la representación de todos los sectores de manifestantes; a los organizadores de las marchas, porque éstas -aunque, en principio pacíficas- han sido infiltradas por grupos violentos que han incendiado y destruido bienes públicos y que, por paradoja, no han sido neutralizados por las autoridades; a los órganos de control, investigación y defensa de la ciudadanía, que han perdido credibilidad porque no han ejercido sus funciones constitucionales a cabalidad; al Congreso, que se ha dejado comprar por la “mermelada” y no ha querido ejercer el control político que le corresponde; y, por supuesto, los perjuicios más graves los han sufrido la economía y los ciudadanos del común -incluidos los más pobres-, por cuanto los bloqueos a las vías públicas han impedido el suministro y abastecimiento de productos, encareciéndolos, y ha sido obstaculizado inclusive el paso de medicamentos, ambulancias y personal asistencial, en plena crisis de salud.
Han sido evidentes el desconocimiento y la vulneración de normas, tanto constitucionales como legales e internacionales sobre derechos humanos. Basta ver que a diario aumenta el número de muertos y desaparecidos durante las protestas, con grandes probabilidades de impunidad generalizada.
No hemos escuchado una condena presidencial a los excesos de la fuerza pública, ni se ha indagado por qué, ni cómo han tenido lugar los casos -ampliamente denunciados- de homicidios, violencia sexual y desaparición forzada en el curso de las marchas.
Ha brillado por su ausencia un pronunciamiento oficial sobre el reconocimiento público de civiles que han constituido grupos privados armados y que, so pretexto de defensa, disparan contra los marchantes. No hay judicialización, ni procesos penales sobre tan delicado asunto.
Un panorama oscuro y desolador, en el que hace mucha falta el Derecho.
Bogotá, D. E, 2 de junio de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Cecilia López Montaño*.- Las últimas cifras del DANE sobre los indicadores sociales del 2020 demuestran sin lugar a discusión, que la pandemia no fue bien manejada por la administración de Barranquilla. El golpe ha sido más duro que en otras ciudades del país al casi duplicarse la pobreza entre 2019 y 2020 cuando pasó del 26,5 al 41,2%; una informalidad del 59,9%; gente en miseria del 7,8% al 12,4%; personas sin 3 comidas diarias del 16% al 62,2%; desempleo femenino de los más altos del país. Por la historia de desarrollo de esta ciudad, por la imagen vendida como el gran éxito, lo que se requiere en estos momentos son dos cosas. Primero, una clara explicación de las razones que llevaron a estos resultados porque se trata de la gente sufriendo unos costos inmensos por la pandemia que deberían a ver tenido una respuesta mayor. A nivel de las ayudas nacionales, sin duda, pero siempre los alcaldes pueden pelear por más apoyos del gobierno, pero adicionalmente faltaron mayores recursos de quienes tiene la gran responsabilidad, las autoridades locales. Segundo, cuál es la respuesta del alcalde de Barranquilla, que acciones ha tomado para enfrentar semejante crisis social. Esa respuesta no da espera porque pronto saldrán nuevas encuestas con las cuales se puede comprobar que han hecho.
Solo una pregunta para empezar: ¿Por qué no arrancan con planes de empleo de emergencia para jóvenes y mujeres todas, y con énfasis también en las que están en edad reproductiva que son las más afectadas, en medio de esta explosión social donde se ha evidenciado que el Estado no ha hecho lo suficiente no solo en la pandemia sino históricamente? Esta realidad es aún más crítica en Barranquilla, cuando un mismo partido político ha tenido por tanto tiempo el poder. Respuestas de la administración local es lo que se necesita en este caso específico.
Es fundamental reconocer que el sector privado también tiene mucho que aportar. En medio de esta convulsión social se requieren otro tipo de apoyos como contribución a que se desarrollen esos diálogos que deben llevar a esa nueva sociedad que todos queremos. Además, tenemos conocimiento de empresas que de manera discreta pero eficiente han apoyado a aquellos que lejos de actos vandálicos continúan expresando sus opiniones. Pero es el momento de empezar a definir las contribuciones que todos debemos hacer una vez se logre que se dejen a un lado posiciones antagónicas sobre lo que está sucediendo.
Ayudar a reconocer errores del pasado hasta hoy con el propósito de plantear estrategias de salida de manera colectiva y no cometer errores que incendian a la gente, es una tarea que requiere compromisos del sector público, del privado y de la sociedad en general. Esto no obvia que se soliciten respuestas para que este empobrecimiento de Barranquilla no solo no continúe, sino que se empiece a resolver rápidamente. El hambre, la desolación, la constancia de que no existen oportunidades reales, no dan espera. Por todo esto, la respuesta es ya, ahora.
Bogotá, D. C, 2 de junio de 2021
*Exministra de Estado
Por Simón Gaviria*.- El reto no es solo la consecuencia de la pérdida del grado de inversión; entre la covid-19, el paro, la tributaria, el ritmo de vacunación y la incertidumbre de 2022 el panorama se está oscureciendo. No es solo que la inversión extranjera directa anual cayó 31 % en comparación a mayo, nos estamos volviendo estructuralmente un lugar no atractivo para invertir. De esta crisis tiene que salir algo bueno, la economía no aguanta más, necesitamos una victoria, aunque solo sea en el frente fiscal.
El fracaso en prever la burbuja residencial de 2007 en USA puso en duda la eficacia de las calificadoras de riesgo. Muchos creen que los cambios de calificación son más formales que preventivos, ocurren después de cambiar la capacidad de pago. Por ejemplo, los bonos colombianos en los últimos años han tranzado por fuera del rango de grado inversión, a pesar de tener el calificativo. Puede que a pesar de no tener los fundamentales, nuestra reputación de buena paga postergó esta decisión.
El pesimismo de las calificadoras no es generalizado. Aunque Fitch está inclinada a retirar el grado de inversión, para Moody’s Colombia sigue estando a dos escalones de perderlo. En América Latina durante el último año, S&P desmejoró 73 emisores y mejoró la perspectiva de 12, con 50% de las mejoras ocurriendo en el último trimestre. Para Barclays la decisión de S&P sobre Colombia le pareció prematura, pues con el rasero que juzgan a Colombia, al grueso de países emergentes también les desmejoraría su perfil crediticio. En todos hay pandemia.
El verdadero problema de Colombia es que está en el borde. El nivel más bajo de grado de inversión es BBB- al pasar a BB+ se convierte formalmente en inversión especulativa. La mayoría de los fondos de deuda tiene restricciones o prohibición total para invertir en esa categoría. De ahí que, debido a la reducción de la calificación, Morgan Stanley estima las ventas obligadas de deuda colombiana en US 5.100 millones. Al perderlo, esta nueva realidad hace que el crédito para emisores como Colombia sea más costoso, en promedio 1,33% más al año. El gobierno tendrá que dedicar más recursos a pagar intereses, dejando menos para otras necesidades. Este problema no es solo para el gobierno.
Si el soberano pierde el grado de inversión, todas las empresas del país también lo pierden, es un efecto dominó. Ya cinco empresas, dos financieras, y Bogotá lo perdieron. JP Morgan, por su parte, estima que en Mayo Colombia sufriría US$11,000 millones en retiros de deuda pública y privada. Esto también cobija a las entidades financieras lo que, en consecuencia, encarece aún más el crédito. En conjunto, con la propuesta de sobretasa al sector bancario en la próxima tributaria, endeudarse en Colombia se va a volver imposible. El ajuste fiscal tiene que llegar, estamos expuestos a un alza global de intereses.
No en vano, James Carville, estratega político de Clinton, decía que le gustaría reencarnar en el mercado de bonos porque así podría intimidar a cualquiera. Ojalá de esta crisis salga el ímpetu para volver a hacer reformas estructurales, el país grita por cambio. Hay que volver a empezar a ganar otra vez. Derrotando la corrupción, vacunando más rápido, recuperando el grado de inversión. Con todo al mismo tiempo, es muy difícil avanzar.
Bogotá, D. C, 1 de junio de 2021
*Expresidente de la Cámara de Representantes.
Por: Martha Patricia Moreno Moreno*.-Dicen que el optimismo debe ser la lectura de un periódico, mientras que el pesimismo es el territorio de la novela, y para no apenar su domingo intentaré dejarlo a término, para contarles que las protestas de los comerciantes en Sogamoso, tuvieron su eco en este semanario. El gobernante local dio reversa a sus delirantes decretos que viernes tras viernes expide, y que por su puesto debe firmar en contra de su voluntad lacerada por tanta injusticia, y la urticaria que le producen los medios de comunicación, no obstante, hay que reconocer que un personaje así, es importantísimo en una democracia.
Los males, dice la sabiduría popular, no vienen solos, y la pandemia como en tantas dificultades, son la excusa de los dioses. Ya nadie sabe qué hacer con los pobres, pues mayo ha sido una suerte de mes espantoso para los habitantes de la ciudad del sol y su habitual desempleo de 16,7%, donde los sectores con mayor pérdida en puestos de trabajo, corresponde al comercio, en razón que el 86.5 % de las empresas son organizaciones de familia, entre las que caben los centros de educación para el desarrollo. Aquellos Institutos que han capacitado por años la fuerza laboral de esta región, y que del estado solo recibe destemplados y cortantes decretos de prohibición. Nunca un auxilio.
¿Un decreto de suspensión del plan de alternancia? …. Que deja pálidos cómo relámpagos a los 33 directores de los institutos, que funcionan en Sogamoso, pues entre Academia en técnicos en Diseño de modas, la que conozco muy a mi talla, y otros institutos de belleza, enfermería, informática, criminalística, soldadura, secretariado, panadería, automovilismo, cocina y electrónica tendrán que cerrar, y como los treinta y tres clavos de cristo, desaparecer, gracias al folclor oficial. Como dijo el crucificado: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.
¡Por los clavos de Cristo! Absurda suspensión del plan de alternancia, para las Academias que tienen grupos burbuja con aforos de ocho estudiantes; el modelo concertado en tiempos de Covid por la UNESCO que propone la escuela abierta, como la medida de conciliación laboral familiar, por cuanto lo que tenemos es que aprender a vivir con el virus.
Con un sistema de salud tan pobre y su versión que todos van a contagiarse, lo más fácil es: “Cerrar, confinar prohibir”. En situaciones desesperadas, medidas desesperadas. No hay desgracia que no se sufra, cuando el populismo es un atajo que acaba en el despeñadero.
Queda dicho señor mandatario, que a veces la vida se descarrila en un parpadeo; que los periodistas son “viceraligeros”, y que la única disciplina de los periodistas es que no tienen ninguna. Concédales la gracia de su voz hecha pascuas, pues la palabra es la única arma, que existe para derrumbar muros.
Punto aparte: El cierre no tardará en llegar, y cuando llegue, a nadie le dolerá, solo a los vecinos de siempre, a los de toda la vida, porque agarrarán sus condados, bajaron las rejas, quitarán sus avisos y hasta nunca, mientras que sus empleados en la calle, cubrirán los andenes de la mendicidad, para retorcerse en el suelo de la impotencia.
Sogamoso, 1 de junio de 2021
*Magister en educación- comunicadora social- periodista. Cronista, líder de opinión regional. Zona Boyacá.
Por Cristina Plazas*.- Un amigo que se reunió con un grupo de jóvenes de las comunas de Cali me manifestó su profundo dolor al escuchar los relatos de la vida trágica que muchos han vivido. La mayoría de esos muchachos no tienen nada que perder; y por eso están convencidos en seguir luchando así se encuentren con la muerte.
Llevo muchos años trabajando con niños y con jóvenes y lo que he visto es aterrador. Le he dedicado muchas líneas a los múltiples problemas que afrontan. Soy la primera en reconocer las deudas infinitas que tienen con ellos el estado, la familia y la sociedad.
Sé que muchos han vivido una vida llena de violencias que han dejado unas marcas imborrables en el corazón. Reconozco sus exigencias necesarias y legítimas para salir del hueco en que se encuentran. Soy la primera en replicar su voz.
Desafortunadamente la protesta legítima, por culpa de unos terroristas, perdió su razón de ser; y hoy, en lugar de construir un país más justo, más equitativo, se está destruyendo lo poco que nos dejaron los corruptos que tanto critican en sus arengas.
Fueron muchos los que alentaron las protestas y los que celebraron los triunfos de aquellos que tuvieron la valentía de alzar la voz. Pero de esa manifestación ya no quedó nada. Lo que empezó como una protesta pacífica se convirtió en una ola de violencia desbordada al punto que ya nadie ve salida a este caos sin precedentes.
La pregunta que deben hacer lo jóvenes es si continuar en la calle es la solución. ¿Será que lograr unos compromisos con un gobierno que está de salida con un índice aprobación del 18% va a cambiar los rumbos del país? Claramente no. Acá la solución es que lo jóvenes dejen la apatía y participen en las elecciones.
Jóvenes: falta menos de un año para los comicios; su labor más importante hoy, es organizarse para que apoyen proyectos políticos serios y honestos que quieran transformar a Colombia. No pueden permitir que a los cargos de elección popular continúen llegando los mismos rateros de siempre o aquellos que se benefician de la polarización.
Entiendo que existe una inconformidad enorme hacia las instituciones políticas y hacia el sistema electoral, pero ese desánimo hace que las cosas no cambien. No puede ser que siendo ustedes más de 8 millones solo voten alrededor de 3 millones. Para lograr que sus peticiones se conviertan en políticas públicas se deben formular dentro de los planes de desarrollo y en los presupuestos, y esto solo se logrará si participan en estos espacios.
Es fundamental que exijan a los partidos que las estructuras juveniles se fortalezcan, o aún mejor, presenten listas de jóvenes por firmas. Pero para que esto no sea un fiasco, deben organizarse.
En fin, tienen un año para mostrar de lo que están hechos y de ser una fuerza política trascendental que les enseñe a los adultos cómo se hace política de la buena, de esa que se basa en el bien común.
Bogotá, D. C, 31 de mayo de 2021
*Abogada de la Universidad Javeriana con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por Rodrigo Villalba Mosquera*.- No sé si por algo cultural, pero el colombiano y más su clase dirigente es negado a reconocer sus errores, para la autocrítica. Generalmente no nos movemos dentro de las posiciones asumidas. Preferimos justificar nuestros errores, y en la mayoría de las veces echarle la culpa al otro. Es propio de los gobiernos verlos con espejo retrovisor. En muchos casos del debate público antes que reconocer nuestras falencias, se recurre al sofisma, incluso a la mentira.
Por lo anterior quiero destacar lo que hemos presenciado en los últimos días donde destacadas figuras de la política nacional han expresado actos de contrición. El primero fue el de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, quién se excusó con los jóvenes y la ciudadanía “por no haber comprendido desde un principio la magnitud de sus angustias y reclamos”. El segundo fue Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, quien además de pedir perdón y reconocer culpas, invitó a que, en vez de señalar al otro cada uno de los que ha ejercido cargos en el poder reconozca sus errores y pida perdón al país por la crisis en la que está. De La Calle se suma al “mea culpa” señalando que se arrepiente de su aspiración presidencial del 2018, luego de decir, siendo negociador de paz, que ese no era el objetivo.
Digno de seguir estas posturas ejemplarizantes, y los que hemos tenido responsabilidades en las altas dignidades del Estado, tenemos que aceptar que, si hay una inconformidad generalizada, es porque muchos de los actos en que hemos participado, no se han hecho bien, o han sido insuficientes para responder a las circunstancias en las que hoy se mueve nuestra sociedad. Tendremos que aceptar que hay un cambio de prioridades en la ciudadanía y es obligación de la clase dirigente, también cambiar de prioridades para estar en sintonía con ella.
Esta pesadilla de la pandemia impredecible y desestabilizadora de vidas, salud, empleo, tejido empresarial, producido por el virus global del covid-19, nos tiene que haber ayudado mucho a mirar con simpleza la vida, y habernos sensibilizado más.
Entendemos el “mea culpa” como una autocrítica y un acto de contrición. Es claro que no hemos hecho lo suficiente para atender las prioridades de la sociedad. Y partir de la base de que su inconformidad y su protesta es legítima, también una buena razón para el “mea culpa” de los organizadores del paro nacional, por no haber hecho un mayor esfuerzo para evitar que los vándalos y los violentos se infiltren en las protestas y atenten contra la legitimidad de esas causas ciudadanas.
Lo que hemos visto en los últimos días no es bueno, lo que genera es caos, destrucción; y acordémonos que en “río revuelto, ganancia de pescadores”.
Bogotá, D. C, 31 de mayo de 2021
*Senador del Partido Liberal
Por Guillermo García Realpe*.- Más de un mes cumple el Paro Nacional que fue convocado por diversas fuerzas sociales del país para buscar transformaciones de fondo y el viraje en las políticas públicas, como también la derogatoria de importantes reformas como la tributaria y a la salud, ambas tan nocivas para los grandes intereses nacionales.
Sin duda, han sido triunfos importantes los que ha logrado las grandes movilizaciones, que de pasó logró la renuncia del tristemente recordado Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, impulsor de la reforma tributaria que fue el detonante del Paro Nacional.
Pero no sólo esto, los colombianos nos cansamos de la corrupción que le roba a las arcas públicas más de 50 billones de pesos anuales, de la desigualdad social tan marcada, del desempleo, de la falta de oportunidades y acceso a la educación superior de nuestros jóvenes; nos cansamos del exterminio que viven los lideres sociales, indígenas, defensores de Derechos Humanos, de restitución de tierras, excombatientes, sindicalistas, estudiantes y en fin, de todo aquel que alce su voz contra el mal gobierno; nos cansamos también de que no se haya consolidado la paz en los territorios y a cambio lo que se plantea es hacer trizas los acuerdos de paz, para seguir apostándole al negocio de la guerra, que beneficia a unos pocos que gozan con el dolor ajeno. Colombia, también se levanta, para que cese la opresión y la violación de Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, que ha sido evidente en las distintas ciudades y regiones donde ha habido movilizaciones.
Los colombianos nos cansamos también de la falta de eficacia del gobierno, de la debilidad institucional para combatir el contrabando, la evasión, elusión y la pobreza que ya casi bordea el 50% de la población sumida en ese penoso flagelo social, protestamos por el abuso en las tarifas de los peajes, mientras las vías nacionales no son las mejores, también de la aguda situación que vive nuestro agro colombiano, debido a las importaciones que tienen en crisis a la gran ruralidad, por los TLC que firmó Colombia con naciones poderosas, quedando en desventaja muchos sectores de la producción nacional.
Pero después de cuatro semanas del estallido social y de las protestas que vive Colombia, el gobierno ha sido indolente, no ha prestado mayor atención para ofrecer soluciones de fondo, ha dilatado y demorado las discusiones con el Comité Nacional del paro para permitir un acuerdo que levante los bloqueos y las movilizaciones.
Parece que es una conducta que se repite, recuerdan ustedes cuando el gobierno no atendió a los indígenas hace año y medio en Popayán, no atendió el paro del 21 de noviembre de 2019, tampoco recibió a los indígenas que se desplazaron a Bogotá, ha demorado un mes el diálogo con los voceros cuando tenía todo firmado porque había un preacuerdo para firmarlo y levantar, pero el gobierno le puso peros, cambió de vocero, nombró a un vocero que ya había renunciado, es decir, que sigue despreciando el diálogo serio y acude a maniobras dilatorias de solución al problema, jugándole a que las cosas en el país se empeoren, donde pueda el partido de gobierno, el uribismo, sacar alguna partida o alguna ventaja política.
¡El gobierno debe negociar ya! con seriedad con los voceros del Comité Nacional del paro, hay un enorme sufrimiento ciudadano y una pésima respuesta del gobierno Duque. Así no son las cosas y mientras tanto el país sumido en una profunda crisis social y económica nunca antes vista.
Las pérdidas ya superan los 12 billones de pesos, las empresas acuden a despidos masivos, las ciudades con escasez de combustibles, gas, medicamentos y alimentos, desabastecidas totalmente, pero el gobierno prefiere seguir sometiendo a los colombianos, que a adelantar una negociación definitiva.
Ojalá reaccionen y más temprano que tarde, atiendan el clamor nacional, no podemos seguir en esta situación de caos social, de anarquía. Defendemos y apoyamos la protesta pacífica, pero también condenamos el vandalismo venga de donde venga.
Esperamos que Colombia supere cuanto antes esta oscura noche y volvamos a ser esa nación viable, entusiasta, respetuosa de los Derechos Humanos, y libre.
Bogotá, D. C, 31 de mayo de 2021
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Juan Manuel Galán*.- Cumplido un mes del paro, la situación empeora y el descontento e inconformismo social crecen en las calles por la reciente decisión del Congreso de la República de negar la moción de censura contra el ministro de defensa Diego Molano. No les importa ni les duele lo que pasa en el país.
Es por esto que, junto a la coalición de la esperanza, nos desplazamos a la ciudad de Cali para reunirnos, escuchar y conversar con los jóvenes, líderes sociales, sindicales y empresarios de la capital del Valle. Entre los reclamos, están en primera línea la violencia en redes sociales, el reclamo por una reforma a la policía, las sucesivas reformas tributarias inequitativas, la deserción escolar, el racismo, el clasismo, la inequidad territorial, la ausencia de oportunidades, los impuestos injustos, el centralismo, el desempleo y el populismo.
Uno de los representantes jóvenes de la comunidad negra, nos dijo en el conversatorio que su población no es pobre, sino que se ha empobrecido por siglos de discriminación, abandono estatal y malos dirigentes. El acceso a derechos fundamentales como el agua, la educación y la salud son un privilegio que solo unos alcanzan, lo que resulta irónico en un país que pertenece a la OCDE y en el cual le toma a una familia once generaciones para salir de la pobreza.
Fue un ejercicio conmovedor y revelador, recoger desde el territorio la realidad social que millones de colombianos viven desde hace décadas, y de manera especial la región pacífica de nuestro país. Entre las conclusiones, queda claro que la solución no puede involucrar violencia, requiere respeto por la protesta y los manifestantes, un diálogo sincero, la construcción de acuerdos posibles, con garantías de cumplimiento y verificación.
La salida a esta crisis no es “milagrosa”, ni vendrá de un caudillo megalómano, cualquiera sea su ropaje discursivo; se logrará si todos entendemos que se trata de un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Tomará tiempo, sacrificio, pero ante todo un cambio en la conciencia colectiva. Si nos decidimos todos a sentirnos responsables, a contribuir lo que podamos, desde el más humilde hasta el más poderoso ciudadano, podremos vislumbrar una nueva Colombia justa en el horizonte. Sin embargo, el punto de partida debe ser reconocer el problema, ponernos de acuerdo en el diagnóstico y cambiar nuestro sistema de organización social.
Uno de los principales reclamos que escuchamos, tuvo que ver con las redes sociales. Si bien han podido ser un escenario democrático moderno, incluyente, igualitario y útil para denunciar, han sido también vehículo de desinformación, noticias falsas, para difundir odio y miedo. En uno de los países más desiguales del mundo, las redes han sido medio para publicar ofensivamente la opulencia, el derroche, el lujo que en no pocas ocasiones tiene un origen ilícito. Una parte vital para construir un proceso de solución sostenido y sostenible es apostar a un desarrollo político y democrático. Solo a través de una conciencia crítica y analítica, individual y colectiva, en la que tengamos plena conciencia de nuestros derechos y deberes, seremos un pueblo libre y organizado, dueño de su destino.
Bogotá, D. C, 31 de mayo de 2021
*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Después de un mes de marchas, manifestaciones y bloqueos, los convocantes del Paro Nacional han logrado obtener algunos de sus justos reclamos, el gobierno ha sido lento y equívoco en su respuesta, y la economía está sufriendo las consecuencias, sobre todo por los bloqueos en ciudades y carreteras.
Los bloqueos no se han podido levantar porque estamos ante un diálogo de sordos entre un Comité de Paro que no representa a los jóvenes de la calle, pero que le interesa prolongar el paro para obtener más concesiones del gobierno, y un gobierno que no toma las acciones preventivas y demora los diálogos porque también le interesa que el paro se prolongue para quitarle apoyo popular y derrotarlo por cansancio, o como dicen algunos –y ojalá no sea cierto- porque quiera justificar medidas extremas como la conmoción interior.
Lo que están produciendo los bloqueos es un choque de oferta, es decir una disminución en el suministro de bienes y servicios por escasez de insumos o por destrucción de la infraestructura de producción.
Un ejemplo es el panadero del barrio que se queda sin harina porque el trigo importado está bloqueado en Buenaventura, pero tampoco tiene margarina porque a la planta que la elabora no pueden entrar los trabajadores, ni azúcar porque los ingenios están parados, ni huevos porque el alimento de las gallinas está pudriéndose en un camión que no puede pasar.
También puede ocurrir en la prestación de servicios como el MIO, el sistema de transporte masivo de Cali, cuyas estaciones fueron quemadas, lo mismo que algunos buses. Otro ejemplo es la provisión de dinero en efectivo, que se recorta cuando queman cajeros automáticos u oficinas bancarias.
Las consecuencias del choque de oferta son desempleo e inflación. Desempleo, porque muchas empresas y negocios, sobre todo los pequeños, no tienen como resistir una parálisis de la producción y las ventas; se quiebran y deben despedir a sus empleados. Inflación, porque la escasez de papa sube su precio, o si no hay transporte público hacen su agosto los transportadores piratas cobrando más.
El choque de oferta producido por los bloqueos es todavía más grave porque llega después de un grave choque de demanda generado por la pandemia que dejó sin ingresos a millones de colombianos, redujo las ventas del comercio y las empresas, obligando a miles de ellas a cerrar y despedir empleados.
Frente a los choques de oferta no hay instrumentos de política que lo controlen. Aumentar el gasto público, bajar la tasa de interés o emitir dinero, sirven para impulsar la demanda, pero son inútiles para aumentar la oferta.
Gran equivocación política de los dirigentes del paro por demorarse en desautorizar los bloqueos, porque los más perjudicados por esta situación son los pequeños empresarios y los más pobres vulnerables, porque se les encarecen los alimentos, deben caminar kilómetros para llegar a sus casas o, lo peor de todo, pierden el trabajo y los ingresos.
Bogotá, D. C, 30 de mayo de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor
