Opinión
Por Amylkar D. Acosta M*.- En un insólito y tardío pronunciamiento de un connotado “grupo de ciudadanos con trayectoria profesional en los sectores público, privado y académico”, en el que priman los economistas ortodoxos, a través de un comunicado post morten digno de mejor causa, le dan un inesperado e inane espaldarazo a la reforma de marras. Y la razón esgrimida por ellos para apoyar tan abominable como abominado esperpento es que “no es posible estar de acuerdo, al mismo tiempo, con el ingreso mínimo garantizado y los demás gastos sociales que se necesitan y oponerse a una reforma tributaria de la magnitud y alcance como la que propone el gobierno. Si no hay reforma, no va a ser posible obtener siquiera el ingreso solidario y tampoco habrá plata para financiar otros programas sociales”.
Lo hemos dicho y lo repetimos, no cabe duda sobre la necesidad de extender y tornar permanente, como lo ha propuesto el Gobierno, el “ingreso mínimo garantizado”, que va en la dirección correcta de una renta básica para los más vulnerables que hemos venido planteando, así como “los demás gastos sociales” en que ha venido incurriendo el Gobierno Nacional, máxime después del exacerbamiento de las lacras sociales del desempleo, la informalidad, la pobreza y la desigualdad, principales secuelas de la pandemia. Pero, de ello no se sigue que la fuente de su financiación recaiga sobre la clase media y sobre los vulnerables, manteniendo incólumes los beneficios tributarios para los más pudientes, que era lo que pretendía el proyecto de marras.
Al contrario de lo que pretendía la fallida reforma, ahora el nuevo Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, en este segundo tiempo, admite que hay un consenso según el cual “cualquier decisión que se tome, no puede tocar a la población vulnerable ni a la clase media…hay que buscar ese mecanismo de solidaridad de que los que más tengan contribuyan con los que menos tienen”. Definitivamente, este “grupo de ciudadanos” resultó ser más papista que el Papa.
No se puede desestimar el riesgo de la pérdida de la calificación inversionista de la deuda soberana a consecuencia del actual desbarajuste fiscal, por cuanto ello conllevaría una dificultad mayor para el acceso al crédito en momentos en que más se requiere y el encarecimiento de la abultada deuda pública que ya representa el 65% del PIB. Pero, tampoco se puede sobreestimar, pues, como lo afirma Juan Pablo Espinosa, Director de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia, “evitar una rebaja en la calificación no debería ser un propósito, sino más bien una restricción con la que las autoridades actúen en estos momentos”. Es decir, el llamado es a la prudencia y no al pánico frente a dicho fantasma.
Coincido con la ex ministra Cecilia López en que si bien el déficit fiscal es motivo de mucha preocupación, “el principal problema de la economía colombiana hoy no es el déficit fiscal sino el desempleo y la pobreza” sobre todo de los jóvenes, con una tasa impresionante del 23.5%. Amén de que de los 10.9 millones de jóvenes , el 33%, es decir, más de 3 millones de ellos ni estudian ni trabajan, pertenecen a la ignominiosa franja de los NINI. Se pregunta ella y con razón “a qué hora perdimos el foco”.
A todas esas, cabe preguntarse qué espera el Gobierno Nacional para presentarle al Congreso de la República y al país su proyecto de reforma 2.0, después que el Ministro Restrepo le anunció al país que “hay unos puntos de consenso. Uno es el tema de gasto social enfocado en los más vulnerables y la necesidad de una ley que apoye ese gasto y que encuentre fuentes de financiación que garantice la estabilidad fiscal”. El Ministro Restrepo ha acotado el alcance del mismo, según él “la reforma debe aspirar a recoger anualmente un punto porcentual del PIB para fortalecer el saneamiento fiscal y medio punto porcentual para financiar la puesta en marcha de los programas sociales, que son los más apremiantes”. En plata blanca está hablando de “una reforma de unos $14 billones”, la mitad de lo que pretendía recaudar Carrasquilla.
Así las cosas, sigo sin entender el desdén con que el Gobierno ha recibido la oferta de la ANDI, por una parte y de FENALCO – ACOPI por la otra, consistentes en aplazar en el primer caso y renunciar en el segundo a varios de los beneficios tributarios que recibieron en la reforma tributaria anterior, la del 2019. Sumadas sus propuestas, de acogerla el Gobierno y para luego es tarde, le significarían un mayor recaudo de $13.4 billones, casi a lo que aspira el Ministro Restrepo. El mensaje del Presidente de la ANDI no ha podido ser más contundente: “en la reforma no toquen a nadie más, cóbrennos a nosotros”. El Gobierno no puede seguir deshojando margaritas, cójanle la flota a los empresarios!
El Congreso de la República tiene el tiempo justo para tramitar y aprobar esta reforma, que no ampliaría ni la base del impuesto de renta a las personas naturales ni la del IVA y sería una contribución a la distensión tan necesaria en estos momentos en los que la movilización y la protesta en el país está en su segundo pico, después de las de noviembre pasado. Bien dijo el Sacerdote jesuita, profesor de filosofía de la Universidad Javeriana Vicente Durán Casas, que “si buscamos puntos en común, empezaremos a entendernos” y a superar nuestros desencuentros
Santa Marta, mayo 15 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- En la democracia representativa elegimos libremente a quienes “nos representan” en el Congreso, donde se debaten los problemas nacionales para convertir en leyes sus soluciones; y también a quienes “nos gobiernan”, con el control político de los primeros y la vigilancia de unas entidades “de control”.
Pero con el argumento de que éramos un país “presidencialista”, la función gobierno y, con ella, la democracia, viene siendo sustituida por una, ya no del pueblo por representación, sino de “populacho” y cabildo abierto por extorsión.
La Constitución del 91 hizo lo suyo, pues la tutela, inmenso logro, pero mal reglamentado, dio pie al “cogobierno” de los jueces, que terminan decidiendo lo que debe y no debe, puede y no puede hacer el gobierno.
A la tutela se sumaron las repúblicas independientes indígenas, con justicia y gobierno propios, derechos territoriales y un concepto de “participación”, a través de la Consulta Previa, que obliga al Gobierno a “pedirles permiso” por todo y para todo, derecho excesivo que no está en la Constitución, pero que, soportado en un convenio internacional, ¡de la OIT!, hace parte del “bloque de constitucionalidad”, esa figura para llenar de micos la Constitución por la puerta de atrás, como sucedió con el Acuerdo Farc-Santos.
El tal Acuerdo hizo también lo suyo, fortaleciendo la “participación” -más cogobierno- de las comunidades controladas por las Farc, regalando curules, creando otra “Gran Corte”, como si no tuviéramos suficientes, imponiendo un “plan de gobierno” alterno y obligatorio para tres administraciones, y lo más grave, además del narcotráfico que corrompe y financia el caos, instalando el precedente de la extorsión como estrategia negociadora.
Esa fue la estrategia fariana para sentar al gobierno a “negociar”, con la izquierda y sectores políticos de variopintos intereses, empujándolo a doblegarse y a doblegar los derechos de muchos a las exigencias de unos pocos. Así se golpeó la democracia con el atraco de Santos al plebiscito; esa es la pretensión del ELN, y así opera el Comité Nacional del Paro.
¿A quiénes representaban los narcoguerrilleros de las Farc, para imponer sus condiciones a todo un país? ¿A quiénes representan los líderes del paro, para imponerle a Colombia marchas y bloqueos, violando los derechos al trabajo, la salud, la alimentación y la vida?
Todo bloqueo es un delito que debe ser castigado, pero no vemos a la izquierda denunciándolos ante el mundo, ni denunciando el vandalismo criminal, como denuncian afanosos los presuntos excesos de la Fuerza Pública. En lo más crítico de la pandemia, ninguna marcha es pacífica, todas son criminales, pues muy pronto empezarán a verse sus contagiados y sus muertos.
Así que, cuando los señores Oyola de la CGT, Maltés de la CUT y Velandia de Fecode, y detrás de ellos el señor Petro, aplicando la negociación extorsiva dilatan negociaciones, inventan causas y proclaman envalentonados que “el paro sigue”, deben contar como suyos esos muertos y el país habrá de reclamárselos.
El Gobierno no puede caer en la trampa del diálogo extorsivo a partir de la explotación de las necesidades del pueblo para generar violencia, bloqueo económico y caos; trampa vieja que utilizaron Lenin, Hitler, Castro y, más cerquita, Chávez en Venezuela. Primero fue la tributaria y luego la Salud, una renta básica imposible, el desmonte del ESMAD, la “desmilitarización” de la protesta y obligar al presidente a incriminar públicamente a la Policía. Nada es suficiente, porque el objetivo es otro: humillar al gobierno para aparecer como redentores en 2022.
¡Basta ya! Los gobiernos están para gobernar, velar por el interés general y hacer cumplir la Ley…, para restituir la democracia… y punto.
Bogotá, D. E, 15 de mayo de 2021
@jflafaurie
Por: Robinson Castillo*.- “El Coronel destapó el tarro de café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra, y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata.”
¿Cuántas veces se multiplica a diario en Colombia la anterior escena del Coronel no tiene quién le escriba? Estamos condenados a repetir las desgracias, anestesiados, agobiados por una mayoría cansada, que hizo que se detuviera el tic toc de la bomba social, que ya explotó.
En el presente siglo y aún sumando las protestas del anterior, Colombia no había asistido a una protesta tan larga y trágica. Es un triste récord y el efecto de una desigualdad largamente acumulada.
La paciencia se acabó. Es el sentimiento que hoy atraviesa a Colombia como una daga, cargado además de lágrimas, desesperanza y rabia. Y lo que más preocupa: Con un desenlace incierto.
La incertidumbre es una constante. Este es un país con más años malos que buenos, las treguas de normalidad y el aparente impulso de desarrollo, son una excepción casi invisible.
En la actualidad todo parece imposible. Una clase media casi desaparecida, jóvenes sin posibilidades de empleo, gente angustiada, retos cotidianos que sobrepasaron la capacidad de millones de inconformes. Nerviosismo al extremo.
Los argumentos racionales perdieron toda credibilidad. Ahora lo que importa es sobrevivir, miles de familias atrapadas en la agonía de cumplir compromisos tan aparentemente básicos como pagar los recibos de servicios públicos. Lo peor por ocurrir, pasa todos los días.
El sentido de la realidad se trastocó. Hablar de comer tres veces al día, ya parece un recuerdo remoto, lejano e improbable de recobrar. Con hambre y sin futuro, ninguna sociedad es capaz de sobrevivir en sí misma. Esto alimenta la ira.
El estallido social no parece ser una expresión efímera. Todo lo contrario, esta vez parece completo y para siempre. Quieren abrirse paso en un país con grietas de desigualdades insalvables, en un intento por escapar de la miseria.
Este es un país devastado por la economía, tal vez mucho más de lo que nos imaginamos. Hay deformación de la esperanza. Abrir la nevera por la mañana y no encontrar nada, temor de mirar a los ojos a los hijos, para escapar de la inevitable realidad de un día más, pero con menos opciones.
Muchos colombianos al levantarse todos los días, se preguntan si lo que estamos viviendo es la realidad o producto de una pesadilla, en las escasas horas de sueño, pues el insomnio lo perfora todo. Algunos preferirían la pesadilla, es más efímera y menos cruel, de lo que pasa día a día.
La angustia ya se instaló en las calles hace varios días. Miles de ciudadanos intentan enderezar el destino de una nación con todas las dificultades, en su gran mayoría jóvenes que no les interesa el sacrificio al que se enfrentan. Es un país inconcluso.
Vivimos en la incesante repetición del Coronel no tiene quién le escriba.
“La mujer se desesperó.
—Y mientras tanto qué comemos —preguntó, y agarró al coronel por el cuello de la franela. Lo sacudió con energía—. Dime, qué comemos.
El coronel necesitó setenta y cinco años —los setenta y cinco años de su vida, minuto a minuto— para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible, en el momento de responder.
— Mierda.”
Bogotá, D. C, 15 de mayo de 2021
*Comunicador Social-Periodista.
Por Gabriel Ortiz*.-Nadie puede explicarse la tardanza del presidente Duque para abandonar la “conversación” y aceptar la negociación con las directivas del paro que mantiene en crisis a Colombia.
Entre Carrasquilla y su mentor, lo sumergieron en una reforma tributaria que a todas luces era inoportuna, en un país fuera de sitio, y riesgosa. A la pandemia se le sumaban una paz herida, una inequidad, una extrema pobreza, una clase media estrangulada, corrupción galopante, derroche incalculable, polarización infinita, y mil cosas más.
Carrasquilla quería reforma, que fue respaldada por el mentor, pero solo hasta cuando explotó el desastre.
Duque, amigo de imponer con ardor su voluntad, levitó y se enfundó dentro de su arrogancia, para decir no, a lo poco que alcanzaba a escuchar.
El país entero, bueno…casi todo, se plantó y configuró un pliego, contra la fatal reforma, al que le agregó numerosos puntos para enderezar las cosas, y otros que el hoy ministro de Defensa, había burlado durante las “conversaciones”, de 2019. Ese encono, estaba dormido y era considerado como un engaño del gobierno.
Las clases sociales, que esperaban otra actitud, de un Duque un poco más maduro, experimentado y conciliador, empezaron a enardecer. Algunos dirigentes quisieron tranquilizar las cosas, pero la terquedad del “máximo”, enrareció el ambiente.
Si Duque, hubiera hecho sonar el Himno Nacional en la TV y la Radio y como un Jefe de Estado, le hubiera dicho al país: “¡compatriotas: he decidido archivar la reforma tributaria!”, otro cuento estaríamos narrando. Sería hoy, un triunfador tonificado, fortalecido e independizado, mientras sus encuestas alcanzaban cifras envidiables. Pero la miopía de sus asesores y mentores, lo desorientaron.
A partir del 28 de abril, todo se derrumbó y desordenó. La negativa de Duque a ejercer autonomía y mostrarse ante su pueblo con hidalguía, certeza y seguridad, lo debilitó más.
Emergieron marchas pacíficas en Cali, con gente de todas las razas y pensamientos…luego violencia con muertos, heridos, desaparecidos, saqueos y bloqueos. Paramilitares dispararon contra los indígenas. Las violaciones de los Derechos Humanos por parte de ejército y policía, colocaron a Colombia, a Duque, a su dirigencia y a su gobierno en la picota. Países y organismos internacionales clamaron por el regreso a la normalidad en Colombia y al respeto a la vida.
Nada salió tan mal en esta Colombia que recordamos cómo este descontrol del gobierno del Centro Democrático.
Hoy seguimos en las mismas. A Duque hay que apoyarlo, más no a su partido. Aún tiene cuerda para conformar un gobierno de unidad nacional, sin polarizaciones y con participación multipartidista, como ocurrió después del 9 de abril. ¡Duque Salve a Colombia!”.
BLANCO: La salida de la Canciller Blum. Y que se vaya con esa enorme burocracia.
NEGRO: El lamentable fallecimiento del padre Joaco Sánchez, de Humberto Pava y de la querida Alexandra Mora.
Bogotá, D. C, 14 de mayo de 2021
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Paloma Valencia*.- Da mucha tristeza ver a Colombia yendo en dirección contraria de su propio porvenir. Necesitamos superar la pobreza y para eso requerimos crecer económicamente. Sin embargo, estamos destruyendo el sector productivo y generando más desempleo y desesperanza.
Todos tenemos críticas sobre nuestro país. Me desespera ver tanta corrupción y sobre todo tanta ineficiencia y lentitud de hacer lo que se requiere. Me frustra que no todos seamos conscientes de nuestras riquezas ambientales y que no sea un propósito nacional cuidar nuestra biodiversidad y la Amazonía. Me enfurecen las obras públicas costosas, lentas y hechas imperfectamente. Me descorazona la mediocridad del sistema público de educación básica. Sufro sabiendo que tenemos pobreza, que es inaceptable para un país de nuestras posibilidades. Padezco por la lentitud con la que solucionamos todo… Podría extenderme en una lista larga y amarga; la conozco bien. Sin embargo, toda esa indignación no es para llorar por el pasado, para no hacer o para destruir. Debería convertirse en energía para construir el futuro.
Veo una juventud que se duele de todo eso, pero que se limita a darse explicaciones cortas y simples sobre porqué estamos así. En general, los veo furiosos con todos los líderes (¿cualquiera mayor de 40?) por ineptos, en el mejor de los casos, o corruptos. No pretendo aquí decir que no los hay, pues hay muchos. Pero en general, creo que nuestro país pese a todo ha venido haciendo la tarea. Ojalá hubiera fórmulas mágicas para solucionar los problemas. Es difícil desarrollar un país, nadie es subdesarrollado por gusto; diría que nadie está conforme con el estado de las cosas. Todos vemos los problemas. Sin embargo, insisto en que el camino es construir y avanzar.
La izquierda idealista siembra la idea de un mundo perfecto, con el que todos podríamos estar de acuerdo. Sin embargo, seguidamente propone dos ideas que no sirven. La primera que hay una conspiración. Hay unos poderosos que se benefician del sistema y que hacen todo lo posible para mantener el poder y mantener el estado de las cosas. Genera odio de clases y clasifica a los culpables de manera simple. Creo que es falso, porque asumo, que en general, todos quisiéramos que Colombia y el mundo estuviera mejor. Los odios dentro de una sociedad tampoco sirven, no se puede construir un futuro para todos si algunos quisieran que los otros no existieran. No hay redención posible.
Segundo, la izquierda nos propone la revolución, esto es derruir todo lo que hay, abre espacio para lo mejor que está por venir. Esta visión justifica la violencia y la destrucción. Olvida que lo que se destruye queda destruido. Se pierden muchos esfuerzos y tiempo. Además, ese mundo ideal no llega nunca. Basta repasar el destino de los países comunistas que con un sueño se lanzaron a destruir todo para dar espacio a ese paraíso y lo único que han disfrutado es de pobreza y represión.
Hay miles de cosas que cambiar, millones por las cuales estar indignado. Insisto, eso no justifica la violencia. Tal vez, si miráramos objetivamente por qué, como nación no hemos logrado más, la violencia sería la respuesta más acertada. Siempre nos descarrilamos, nos lanzamos en busca de atajos que en general no conducen a ninguna parte. Justificamos los crímenes y la destrucción. La violencia y las vías de hecho están en un pedestal donde todavía creemos que de algo sirve.
Destruir, no construye. Dañar solo perjudica. ¿Hasta cuándo en Colombia vamos a buscar en el caos y a través de la violencia, lo que sólo se consigue con unidad y trabajo?
Bogotá, D. C, 14 de mayo de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático
Por Jairo Gómez*.- Este establecimiento decrépito, añejo, cicatero y avaro solo le ofrece bala y muerte a la protesta que legítimamente está en la calle. Cero empatía, creatividad y generosidad; la orden a Duque es no ceder y reprimir.
Por supuesto, el defensor de ese establecimiento pendenciero que sabe mutar tiene en Álvaro Uribe, su mejor escudero. Y éste, un rabioso político sin ética posible que lo detenga, dio la orden: disparen, defiéndanse y protejan la institucionalidad (que son él y esa banda de desalmados que ostentan el poder). El saldo a hoy lo dice todo: 52 personas asesinadas presuntamente por el accionar de la policía y el ESMAD; 489 personas heridas, de ellas, 33 lesiones oculares; 435 manifestantes desaparecidos; y 1365 estudiantes detenidos. (Datos de la redes sociales, mucho más creíbles que lo que informan los noticieros).
Como en Chile, aquí en Colombia también nos impusieron la escuela de Chicago (neoliberalismo) a sangre y fuego, con una aclaración adicional: allá era una dictadura, aquí una democracia que, como las FARC en el pasado, también combinó y combina todas las formas de lucha. En este país desde las épocas de Gaviria al 2021 nunca ha habido diálogo social, siempre prevaleció la imposición y la represión. Por montones podemos contar los muertos, los heridos, los mutilados. Esa ha sido la constante y hoy no es la excepción.
Dicho lo anterior, no es extraño que Duque se niegue a la posibilidad de negociar con los verdaderos protagonistas de la movilización: Comité del Paro, los jóvenes, indígenas, camioneros y un largo etcétera. Dialogar, para el presidente, sería claudicar, poner en evidencia la debilidad del Estado. Aún se creen ese cuento; no han entendido el mensaje de esta movilización que, escuchen bien, resistirá hasta lograr compromisos creíbles y soluciones viables en el inmediato plazo como desmilitarizar las calles, retirar la reforma a la salud, gratuidad en la educación superior y una renta básica.
Sin embargo, la terquedad gana terreno. Pretende replicar lo hecho en 2019 para apaciguar los ánimos que no es otra cosa que mamarle gallo a la calle. Duque desempolvó, la llamada “conversación nacional” y le puso otro nombre “diálogo nacional”, para dilatar, para ganar tiempo.
Mientras gana tiempo, el país se le desploma. Cavila y se enfoca en revivir las viejas tácticas de equiparar las movilizaciones con el terrorismo para buscar pretextos que legitimen la represión. Busca las excusas, escasas por cierto, para desdibujar deliberadamente el mensaje de la protesta que ya trascendió y tomó el rumbo de un clamor nacional por las reformas sociales, aplazadas por décadas, que deben ser prioridad en la agenda pública.
Pero para lograr ese propósito necesita de un aliado estratégico: los medios de comunicación. No se trata de buscar soluciones, ni de esclarecer, sino de hacer daño. Sentados a manteles y en un sucio secreto diseñaron una maniobra para desprestigiar el Paro Nacional que hoy apoya el 75% de los colombianos, según las encuestas. Los periodistas que se tomaron el café con Duque se entregaron a la institucionalidad y se fueron en contra de los jóvenes, camioneros, indígenas, campesinos, clases medias y bajas que hoy reclaman cambios y justicia social.
De ahí nació el compromiso de mover un concepto: “marchas sí, bloqueos no”, para provocar tendencia en las redes. Esa inoportuna decisión los reveló como cómplices del poder reacio a negociar con la calle y a cambio prefiere la matazón, la represión y la violencia. Abandonaron la credibilidad, su bien más preciado para declinar en su deber de informar veraz e imparcialmente sobre un estallido social que está en las calles y nos es posible ocultar. Eso se llama negar la evidencia, que es negar la información.
Qué error. Aquí no se trata de “rodear las instituciones”, eso es carreta. Y, además, ese no es el papel de los periodistas. Su función es fiscalizar el poder y garantizar transparencia en la información. A no ser de que en sus respectivos medios de comunicación manipular la opinión sea una directriz editorial de los dueños. En tal caso deberían ser honestos y decirlo: por las gentes que están en las calles, por los muertos, por quienes aún continúan arriesgando sus vidas. Ellos, gente como ustedes periodistas, en su mayoría no son terroristas, ni vándalos, son ciudadanos que quieren un cambio y reformas que no dan espera. Son personas honestas de clase media y baja. Ampárenlos.
Bogotá, D. C, 13 de mayo de 2021
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
Por Simón Gaviria*.- Nunca he cuestionado un dato del DANE. Eso sí, los directores de la Entidad no deberían editorializar los datos ni defender al gobierno, así tengan la razón, le quitan credibilidad. Sorprendió la disminución de pobreza en centros poblados y ruralidad que bajó de 47,5% a 42,8 % en 2020. Esta sería la mayor reducción anual en pobreza monetaria rural desde 2003. Tener el mejor año de reducción durante covid, aunque esperanzador, si es muy extraño. Entender esta reducción de 480 mil pobres rurales, debe ser prioritaria.
Metodológicamente hay consistencia, inclusive el levantamiento presencial nunca se suspendió, el proceso de encuesta es igual al de 2019. En pobreza extrema también mejoró en 108 mil, el coeficiente GINI de desigualdad rural no desmejoró. Esto mientras en la zona urbana la pobreza aumentó 10,2%, la pobreza extrema 7,4 %, y retrocedimos 10 años en desigualdad. Si este dato es correcto, es un milagro del cierre de la brecha rural-urbana. No es que el descenso fuera menos fuerte, es el mejor año del campesinado colombiano.
Como era de esperarse, la economía retrocedió 6,8% durante el 2020, el peor año desde que se tienen mediciones. Mientras tanto, el sector agropecuario creció 2,8 %. Le fue bien a la pesca, acuicultura y ganadería. La devaluación ayudó al banano y al café. El valor de la cosecha cafetera fue 22 % más grande que en 2019. Con el turismo en marcado descenso, es un buen año relativo, pero por debajo del promedio. El aumento de construcción de VIS en zona semi-rural pudo haber contribuido. Aun con periodos donde lo agropecuario crecía cerca del 5,0 %, nunca la reducción en pobreza fue de esta magnitud.
Las economías ilegales tampoco han tenido un auge que permitiera una explicación extraoficial. Las hectáreas de coca disminuyeron en 53 mil, con récord de erradicación manual de 130.000, para un total de 159.000 Ha. A pesar de historias de taquerías en la zona rural y la caída absoluta de pobreza en Cauca, Caquetá, Chocó y Nariño, no se alcanza a explicar la reducción nacional por una bonanza cocalera. Puede que haya algo de dividendo aurífero ya que el precio del oro estuvo en promedio en USD 1.773 la onza, pero eso tampoco alcanza.
Una explicación podrían ser los subsidios. Según el DNP, las ayudas rurales son tres veces más eficaces que las urbanas, fenómeno que se ratificó en el 2020. Cada peso contribuye más, la línea de pobreza es 46 % más alta en zona urbana. El DPS ha focalizado la oferta hacia el campo desde 2014. La asistencia adicional de la pandemia también fue 2,63 veces más efectiva en el campo que en la ciudad. Sin los subsidios a la población rural, la pobreza total habría alcanzado el 50 %. La buena focalización da resultados, los subsidios pudieron haber bajado 7,1 % la pobreza monetaria rural. Los programas tradicionales responsables del 41 % de la reducción y 59 % de iniciativas creadas en el marco de la pandemia.
Si me hubiesen contado que 2020 fue el mejor año en la lucha contra la pobreza rural en la historia reciente, pensaría que es un chiste. Por ningún lado encontraría explicación. El aire libre y menor densidad hicieron menos intensas las cuarentenas. Si el dato del DANE es verídico, hay que hacer lo posible por mantener subsidios, aunque no se explique cómo mejoran tanto de un año a otro.
Bogotá, D. C, 13 de mayo de 2021
*Expresidente de la Cámara de Representantes.
Por Juan Manuel Galán*.- Según Temblores ONG, al 7 de mayo de 2021, 37 personas fueron víctimas de homicidio presuntamente por la Policía y 11 por violencia sexual. Después de leer estas cifras, vi en redes sociales un video de Andrés Parra, donde mencionaba que no era normal que en nuestro país nos estemos matando por cualquier motivo y hacía un clamor para que pare la violencia.
Me siento identificado con este video, porque pertenezco a una generación que ha sufrido la violencia de manera permanente, indirecta por todo el contexto de nuestro país, y de manera directa por el asesinato de mi padre junto a varios de sus compañeros en el nuevo liberalismo. Esa violencia que me robó la esperanza a mí, a mi familia y a toda Colombia. Hoy nos han vuelto a robar la esperanza, destrozando un proceso de paz que prometía sacar definitivamente del camino a la violencia.
Este traumático panorama, no puede continuar y es por eso que tenemos que buscar nuevos caminos, explorar vías distintas que permitan obtener acuerdos; en primera instancia pactar formas no violentas para solucionar la conflictividad social. Porque la violencia siempre ha sido la trampa instrumentalizada por quienes se niegan a ceder privilegios, no les interesa contribuir en un sentido de nación o participan en el proyecto político del narcotráfico. La violencia nos impide avanzar en la resolución de los problemas estructurales de este país; la desconfianza, la injusticia, inequidad, desigualdad, centralismo, la ausencia de Estado abuso a la mujer, a los niños, abandono de nuestros mayores.
Paradójicamente en Colombia cuando se buscan reformas que pretenden cambios, la violencia se dispara, arrecia con el objetivo de silenciar e intimidar a los ciudadanos que tenemos una visión distinta y que buscamos incansablemente defenderla. Es por eso que convoco a que nos expresemos contra la violencia y que, a través de un diálogo, que no sea maquillaje, ni una farsa para ganar tiempo y aparentar legitimidad, lleguemos a puntos concretos, que se puedan consolidar con toda la sociedad en un genuino propósito común.
Si acabamos la violencia, nuestros jóvenes tendrán más oportunidades, empezando por la más básica de todas, la de no sacrificar su vida. Jóvenes que encuentren su vocación para vivir, no para morir. Matrícula cero, que puedan pagar ese crédito de ICETEX que los tiene asfixiados, formarse, educarse, emprender y apoderarse de la política, como dice Humberto de la Calle.
El nuevo país que soñamos, debe desarrollar nuestra biodiversidad a través de la ciencia, la innovación, la investigación y la tecnología. Para hacer realidad ese sueño de país, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar.
Bogotá, D. C, 12 de mayo de 2021
* Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Alonso Ojeda Awad*.- La fatídica noche cuando la fuerza policial arremetió con su poder letal en contra de los manifestantes quienes protestaban frente a la Reforma Tributaria y se llevaba por las narices todos los Derechos Humanos con su bárbaro proceder, apareció en televisión el presidente Duque para informar a los colombianos de la grave situación que se presentaba en varias ciudades, a saber: Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y otras.
Con semblante adusto comunicaba el presidente que en su condición de comandante supremo de las fuerzas armadas había dado orden a las fuerzas militares para asumir el control de las ciudades y de las manifestaciones, olvidando que las fuerzas militares no están para reprimir la protesta ciudadana. Buscando infundir miedo se hizo acompañar por el “tropero” General Zapateiro, comandante de las fuerzas militares de Colombia.
Ya, en ese momento olvidaba el presidente Duque que Colombia es un Estado Social de Derecho, sometido al sagrado cumplimiento de la Constitución Política donde en forma clara y taxativa se reconoce en su totalidad todo el articulado de los Derechos Humanos que guarda y vigila, celosamente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La respuesta de defensa a los Derechos Humanos de los colombianos no se hizo esperar. Las Naciones Unidas y la OEA manifestaron en sendos comunicados su preocupación y pidieron con una serie de países, incluido Argentina, la necesidad urgente que el gobierno de Duque exigiera a las fuerzas policiales cesar en una respuesta letal y violatoria a los derechos Humanos, frente a la protesta ciudadana, reconocida por la Constitución y por los derechos Humanos de todos los países democráticos del mundo.
Sin duda la reacción más significativa llegó del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes, del presidente de la Comisión de DD. HH. El congresista Jim Mcgovern, fue muy claro en rechazar la violencia que la policía de Colombia estaba utilizando contra manifestantes que marchaban en forma pacífica, según sus propias palabras. Fue claro, al censurar a las autoridades colombianas por dar respuestas violentas a los jóvenes que se manifestaban en ciudades que él conocía como Bogotá, Cali, Medellín y Pereira, donde la represión policial era desmesuradamente violenta. Les recordó a las autoridades colombianas que “la protesta pacífica es la base de la democracia” y pidió en términos severos detener la violencia policial y la brutalidad en Colombia que era mucho más grave que la violencia que había generado la policía en los Estados Unidos, en los últimos enfrentamientos con manifestantes afros, en las protestas pacíficas.
Fue enfático en recordarle al gobierno de Duque que no se fuera a equivocar creyendo que todavía Donald Trump era el presidente de los Estados Unidos. No señor, al frente de la presidencia se encuentra un demócrata como Joe Biden, defensor de los Derechos Humanos y a quien, con toda seguridad, esta violencia policial sobre jóvenes manifestantes pacíficos le iba a doler en su corazón.
En consecuencia, solicitará al presidente Biden no aprobar recursos económicos para la policía ni para los militares colombianos, pues era claro que estaban utilizando esos recursos para agredir violentamente a los manifestantes quienes protestaban por aumento de los impuestos sobre sus menguados salarios, y esto es una actitud muy democrática y respaldada por las Constituciones políticas.
Remató diciendo que el dinero de los impuestos que pagan los contribuyentes norteamericanos no puede terminar utilizados en la violación de los Derechos Humanos de las sociedades que protestan por malos gobiernos.
Ya quedaron advertidos Duque, Zapateiro y las fuerzas militares y policivas. El Congreso de los Estados Unidos no les va a permitir que las protestas ciudadanas pacificas sean reprimidas con esta violencia y brutalidad que hemos visto y sentido los colombianos y que ha dejado, a lo largo y ancho del territorio, más de 25 homicidios de gente joven, centenares de heridos y desaparecidos. Sin protesta pacífica no hay democracia.
13 de mayo de 2021
*Exembajador de Colombia.
Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. (CPDH).
Por José G. Hernández*.- La Corte Suprema de Justicia, en fallo de segunda instancia proferido el 22 de septiembre de 2020 (M.P.: Dr. Luis Armando Tolosa Villabona), al resolver sobre una demanda de tutela incoada en procura de garantías para el efectivo ejercicio del derecho a la protesta pacífica, sentó una serie de principios referentes al asunto e impartió varias órdenes al Gobierno. Su consulta resulta indispensable, en momentos de extraordinaria desazón y gran desconcierto nacional por causa de cuanto ha venido ocurriendo en el país.
La terquedad del Gobierno en sostener un inoportuno proyecto de reforma tributaria sin futuro político -retirado demasiado tarde, cuando ya había varios muertos, muchos daños, y nuevos motivos de protesta-, posteriormente agravada por su poca disposición al diálogo y por una errónea concepción sobre el uso de las armas como la única manera de poner fin al conflicto, sin importar el alto costo en vidas y en derechos, nos han conducido a la más grave situación de crisis institucional que haya padecido Colombia en muchos años.
Bien lo expresó la Corte al motivar su decisión:
“La renuncia a la crítica constructiva, al derecho a disentir racionalmente, a cuestionar, es el escenario propicio para que florezcan las dictaduras y, consigo, la vulneración masiva de los derechos humanos. Cuando la sociedad se percata de que los destinos de un país van por mal camino y no existe institución representativa o de control, con la capacidad de soportar y oponer pesos, frenos y contrapesos a los gobernantes, tesis y antítesis, deparan para los integrantes de esa sociedad determinada, funestas consecuencias”
En el momento de escribir estas líneas, la aludida sentencia y las órdenes en ella impartidas están en pleno vigor. Es un fallo de segunda instancia (no admite recurso alguno) y no se ha producido una decisión de revisión por parte de la Corte Constitucional, modificándolo o revocándolo. Y, aunque así ocurra más adelante, lo cierto es que el Gobierno estaba obligado a su cumplimiento. Quizá, si lo hubiese acatado, habría evitado mucho dolor y el profundo daño inferido a la institucionalidad. Se limitó a expedir el Decreto 3/21-, cuyas disposiciones olvidó muy pronto. Contra lo allí dispuesto, fueron usadas las armas de fuego durante las marchas, y todavía no sabemos con exactitud el número de muertos y de heridos, ni conocemos si ha habido o no investigaciones.
Según el fallo, al momento de realizar el despliegue de la autoridad, los agentes estatales debían implementar un procedimiento verificable que evaluara la situación y un plan de acción previo. Los operativos policiales debían “estar dirigidos a la contención o restablecimiento del orden, y no a la privación de la vida o agresiones injustificadas”.
“El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales -añadió la Corte- deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades”.
Duele mucho al país, y en especial a las familias de las víctimas, que los principios constitucionales en que se fundó esta importante decisión judicial hayan sido ignorados, y que el Decreto firmado por el presidente de la República en su desarrollo haya sido puramente teórico.
Bogotá, D. C, 12 de mayo de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
