Opinión
Claro que necesitamos una reforma pensional que elimine subsidios, pero a esta le falta mucho para ser aceptable.
Por Paloma Valencia*. -Defender la institucionalidad es defender la ley, es hacer cumplir la Constitución. Este gobierno todo, pero en especial el Presidente Petro considera que están por encima de la ley. Es evidente que preferiría ser un emperador. El desdén con el que afrontan los límites legales es desconcertante. Por eso, en varias ocasiones le he pedido a la rama judicial que derogue actos abiertamente ilegales. Demandé el Ministerio de la Igualdad, el nombramiento del Embajador de México, los decretos de emergencia de la Guajira, la hostil toma de la Universidad Nacional, la reforma pensional, entre otros.
La Corte Constitucional evaluará en los próximos días mi demanda sobre la reforma pensional que fue aprobada violentando la ley 5 y eliminando el derecho de los congresistas a discutir y proponer modificaciones al proyecto. Es un vicio mayúsculo. En los 10 años que llevo como senadora solo había visto un atropello igual durante el llamado “fast track” que fue una habilitación legal para obviar las proposiciones de los congresistas y cabe recordar que la Corte declaró inexequibles varios apartes. No es menor que más de 500 proposiciones quedaran sin discutirse en la pensional, que no permitieran intervenir a nadie decretando ilegalmente una suficiente ilustración.
El petrismo ha decretado un tremendo ataque basado en mentiras en mi contra, liderado por Gustavo Bolívar y seguido por Petro y sus bodegas. Mentirosamente afirman que busco eliminar el subsidio al adulto mayor; que quiero quitarle el pan de la boca a los viejitos pobres de Colombia. Incluso han citado a protestas y el Presidente dice que no entiende que existan personas como yo.
Todos sus argumentos son mentiras. El subsidio a los adultos mayores no lo crea la reforma pensional; lo creó la ley 100 de 1993. Era para pobreza extrema e indigencia, y preveía que el subsidio puede llegar hasta medio salario mínimo. La ley ha cambiado desde entonces. En los años 2000 se reorganizó con el SISBEN III y cobijó adultos de las categorías 1 y 2. En 2021 el Presidente Duque, mediante una resolución amplió su cobertura a pobreza y vulnerabilidad usando el SISBEN IV en categorías A, B y C (hasta el subgrupo C1). Lo que contradice las mentiras de Bolívar, que sostiene que sin la reforma pensional no pueden dar los 230 mil pesos o que no pueden llegar sino hasta adultos mayores en extrema pobreza. Hoy el gobierno paga subsidios de 225 mil pesos mensuales sin reforma, pues la ley 100 como lo expliqué, permite un pago de hasta el 50% del salario mínimo - 700 mil pesos.
El petrismo no está creando nada nuevo con la reforma pensional. Solo le ponen el nombre de “renta básica solidaria” al programa de “Colombia Mayor”. Cómo lo hace en general toda la reforma pensional, cambiar los nombres. El sistema BEPS pasa a llamarse pilar semicontributivo.
Hoy en “Colombia Mayor” se benefician 1,7 millones de adultos mayores y tiene un costo de 1,4 billones de pesos. Si un gobierno quisiera llegar a 3 millones de adultos beneficiarios podría, pero necesita recursos, por eso ningún gobierno ha podido hacerlo. Pero la reforma pensional tampoco aumenta los recursos. Hoy el programa se sostiene con recursos del Presupuesto de la Nación, y una parte minoritaria con el Fondo de Solidaridad Pensional, todo queda igual en la pensional. Y el artículo 11 de la reforma pensional destruye cualquier duda: expresamente prohíbe que los recursos de ahorro pensional se utilicen para subsidios.
El país tiene una bomba pensional, pero con la reforma de Petro se convertiría en una bomba atómica. El pasivo pensional aumentaría a más del 190% del PIB. Además, por un articulito que metieron a última hora, el 41% de la población entraría en un régimen especial donde no está claro ni la edad ni las semanas necesarias para pensionarse. Es una habilitación para que el gobierno, en su infinito populismo, aumente aún más la deuda; todos conocemos su forma irresponsable de pensar que las deudas del futuro no hay que pagarlas.
Esta demanda defiende sobre todo a las nuevas generaciones de colombianos, los recién nacidos, los pocos que están por nacer (pues la tasa de fertilidad está cayendo dramáticamente). Ellos no tienen voz, pero heredarán una tremenda deuda. En ellos deberá pensar la Corte Constitucional al decidir sobre esta demanda. Claro que necesitamos una reforma pensional que elimine subsidios, pero a esta le falta mucho para ser aceptable.
Bogotá, D. C, 22 de febrero 2025
*Senadora del Centro Democrático
Colombia tiene una oportunidad histórica para modernizar su economía, atraer inversión y facilitar la vida de los ciudadanos.
Por José Manuel Restrepo*. -Pensando en construir con unidad y de esperanza, e invitando desde la academia a sumarnos en propuestas, más allá de la agotadora “petrificación”, una primera invitación es a diseñar caminos para que Colombia crezca al 6 o 7%. Una forma para lograrlo es reconocer que los emprendedores, negocios y ciudadanos están “mamados” de tantas trabas, trámites, permisos, certificados o autenticaciones, que cuando los comparan con otros países del mundo, nos ponen como uno de los más enredados para invertir o crecer y que además fomentan la corrupción.
El nuevo gobierno en 2026 tiene la oportunidad de cambiar esta realidad desde el primer día con una reforma regulatoria ambiciosa. Países como Reino Unido o Canadá, han implementado estrategias como la política “One-In, Two-Out”, que obliga a eliminar dos regulaciones por cada nueva aprobada.
En nuestro caso la cosa debe ser más ambiciosa. Urge que la Dian unifique en declaraciones semestrales o anuales impuestos, más allá del régimen simple. Que Invima convierta la aprobación de medicamentos en un trámite de semanas y no años, incluso cuando estos ya han sido validados en mercados avanzados. Que ICA avance en facilitación de comercio internacional, que las notarías no sigan cobrando por autenticar documentos que podrían verificarse digitalmente, y que las superintendencias y cámaras de comercio no encarezcan y entorpezcan la labor empresarial con trabas muchas veces innecesarias.
Los permisos de construcción pueden tardar hasta dos años, frenando proyectos claves, mientras que la importación de maquinaria y tecnología se ve afectada por papeleo excesivo que no agrega valor. Un caso emblemático es el registro de proponentes en las Cámaras de Comercio, que, en teoría, certifica la idoneidad de las empresas para contratar con el Estado, pero en la práctica solo impone costos adicionales sin garantizar transparencia ni eficiencia. Súmele la inflación de reglamentos técnicos o la demora de más de un día en crear o cerrar empresas.
Otro obstáculo absurdo es la obligación de actualizar documentos sin cambios reales, como el RUT generando filas y trámites innecesarios. Con tecnología, estos procesos deberían ser automáticos o eliminarse.
A todo este letargo agréguele nuestra creatividad legislativa inagotable con más de 7,000 regulaciones nuevas cada año. O usted ve necesario 20 nuevas normas diarias entre leyes, decretos, resoluciones o circulares. No se trataría de eliminar controles esenciales, sino de hacerlos más eficientes e incluso ante más libertad de permisos, fortalecer el control ex post de obligaciones con sanciones más severas a quienes incumplan.
Dos casos exitosos recientes, de los cuales aprender, son el que lidera Elon Musk en USA, quien ha advertido sobre el peligro de sobre-regulación, argumentando que muchas normas deberían tener una fecha de expiración para evitar su acumulación innecesaria. Y de otro lado el Ministerio de Desregulación y transformación productiva en Argentina que ya logró reducir los ministerios a la mitad, reducir 10% el empleo público, derogar 300 leyes obsoletas y de trabas y eliminar monopolios estatales como el postal.
Colombia tiene una oportunidad histórica para modernizar su economía, atraer inversión y facilitar la vida de los ciudadanos. Esta podría ser una primera propuesta para liberar al país de la pesada burocracia y allanar el camino hacia una mayor competitividad.
Bogotá, D. C, 21 de febrero 2025
*Rector Universidad EIA
El panorama está agrietado y sin cambio alguno.
Por Gabriel Ortiz*.- El F4 ha traído funestas consecuencias al establecimiento, que con muchas dificultades lucha contra la marea que provoca un anunciado cambio que muy pocos han podido ver, sentir, entender y mucho menos, aprovechar para su beneficio.
Ese 4 de febrero (F4) cuando al mandatario se le ocurrió convocar un consejo de ministros televisado en vivo y en directo, dejó al descubierto las improvisaciones de un gobierno sin unidad ni derrotero confiables. Pero fue allí donde apareció el fantasma del desastre. Casi todos los asistentes estaban contra Benedetti, a quien descalificaban con serias acusaciones. El Director de la Unión Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, tomó la palabra para dar inicio al Gran Escándalo que introdujo al contrabandista Papá Pitufo en la campaña Petro. “El tema del señor Pitufo comenzó con Benedetti”, afirmó en la reunión pública.
Aunque el presidente Petro, había considerado uno de los mayores éxitos de su gobierno ese Consejo de Ministros, hoy lo lamenta, aunque muchos dicen que lo repetirá.
A este gran escándalo se suman todos los que se van conociendo minuto a minuto, con las kilométricas listas de políticos que quisieron, al igual que Papá Pitufo -y Juan Fernando, hermano del presidente- usufructuar el nuevo gobierno.
Es casi normal en Colombia que las campañas políticas reciban apoyos monetarios, legales e ilegales, siempre y cuando estos lleguen al candidato, y este se entere de quién fue ese benefactor, que luego cobrará dividendos. Sin embargo, el presidente Petro ha dicho, jurado y repetido, primero que desconocía la procedencia de 500 millones de pesos de Papá Pitufo, a quien no conoció y al que finalmente le fue devuelto ese dinero. Dicen que hay fotos o videos que lo corroboran, pero que no han aparecido.
Los escándalos se mantienen, para darle sepultura al tema del narco traficante y contrabandista Papá Pitufo, y otros se avivan para ocultar tantas cosas a las grietas del establecimiento.
Por ejemplo, los misiles para atentar contra el jefe de Estado, el tal golpe blando de la Corte, si declara inconstitucional la reforma pensional, disimular, solapar y camuflar los duros golpes de la subversión a la tercera parte del país que tiene amenazada, la crisis ministerial, los viajes placenteros a lejanos países, mientras el país se desbarajusta. Y hay muchas cosas más,
Hay, por ejemplo, que analizar lo que pasa con la salud. Las largas colas para recibir atención, cosa que no se registraba antes, aunque se quiera “retroespejiar” a gobiernos anteriores.
Ocultar la arrodillada que aplicó la Corte Constitucional a Petro y a su consejero Jaramillo, a quienes obligó obedecer sus órdenes de girar los dineros que tienen que devolver a la salud, para salvar vidas y aliviar a millones de colombianos. Ya van más de 48 horas y aún se han cumplido los plazos que les dio la Corte. “Le están mamando gallo”, como decía Gabo. Están “capando cárcel”, dicen otros.
El panorama está agrietado y sin cambio alguno.
NEGRO: Nadie entiende a Petro con eso de eliminar la exploración de hidrocarburos, si pudo ver en los Emiratos, como un pueblo puede vivir rico y feliz con esos ingresos.
NEGRO: El auxilio de $223.000 para 3 millones de adultos mayores pobres, no fue creado por el “cambio”, está desde la ley 100.
Bogotá, D. C, 20 de febrero 2025
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Si la prestación de los servicios está sujeta a la vigilancia estatal, inclusive sobre las tarifas, es natural que las superintendencias competentes ejerzan esa vigilancia.
Por José G. Hernández*.- ¿Las tarifas por concepto de la prestación de servicios públicos -en especial los domiciliarios- están por fuera del control estatal?
Definitivamente, no. El Estado colombiano es un Estado Social de Derecho, que tiene la obligación de garantizar que, en condiciones de igualdad real y efectiva, todas las personas y familias tengan acceso a los servicios públicos, que se deben prestar con eficiencia y continuidad. Desde luego, deben ser pagados por los usuarios, pero las correspondientes tarifas no pueden ser fijadas de manera arbitraria por las empresas prestadoras, sino que han de ser establecidas según costos justificados y con arreglo a fórmulas de cálculo autorizadas por los organismos oficiales competentes, como lo son las comisiones de regulación legalmente previstas.
Además, la Corte Constitucional ha advertido que tales servicios serán prestados "en beneficio de la comunidad", entendida como un todo. Según la jurisprudencia, se consagra un principio de solidaridad que impone “tomar en cuenta los distintos estratos sociales que participan como usuarios de los servicios públicos, según su capacidad económica, para establecer un régimen tarifario diferencial, que consulta una función redistributiva del costo de los servicios, de acuerdo con la capacidad económica del usuario del servicio, para evitar que sea igual la tarifa para los sectores más ricos de la comunidad que para los más pobres, con lo que se impide que una mayor proporción de la riqueza se concentre en pequeños segmentos de la población, mientras que las grandes mayorías asumen el mayor costo de los servicios”. (Sentencia C-580 de 1992).
El artículo 78 de la Constitución dispone: “El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos”.
Por otra parte, al tenor del artículo 370 de la Constitución, “corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”. Lo propio señala el artículo 189, numeral 22: “Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos”.
La Ley 142 de 1994 estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios y dispuso: “El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política”. Entre otras finalidades, para “establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos, de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad”.
El artículo 9 de dicha normatividad legal señala que los usuarios de los servicios públicos tienen derecho a “obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión reguladora”.
Y, sin duda alguna, si la prestación de los servicios está sujeta a la vigilancia estatal, inclusive sobre las tarifas, es natural que las superintendencias competentes ejerzan esa vigilancia.
Bogotá, D. E, 19 de febrero de 2025
*Expresidente de la Corte Constitucional
¡Que la economía, la seguridad y la soberanía energética, así como el medioambiente son variables de una misma ecuación!
Por Amylkar D. Acosta M*. - “Luz, más luz!: Goethe.
Desde 1949 se conmemora el Día mundial de la energía el 14 de febrero de cada año, iniciativa esta que tiene por objeto relievar su importancia e imprescindibilidad para el desenvolvimiento de todas las actividades humanas, desde las más simples hasta las más complejas. La energía hace parte de nuestra cotidianidad. Se trata, entonces de despertar la conciencia sobre la necesidad del uso racional y eficiente de la misma, lo cual conlleva también la preservación y conservación de sus fuentes primarias. Sea propicia esta oportunidad para hilvanar y pergeñar algunas disquisiciones al respecto.
Con la energía suele pasar lo que ocurre con las marcas registradas, que terminan confundiéndose con el producto mismo. Recuerdo que por muchos años la única cuchilla de afeitar que se expendía en Colombia era la Gillette y alcanzó tal grado de posicionamiento en el mercado que cuando aparecieron otras marcas que le competían, no faltaba quien iba a la tienda y pedía que le vendieran una Gillette pero marca Minora.
Aunque el concepto de energía es genérico se tiende a confundir con la electricidad, que es con la que más se familiariza el usuario de la misma. Es importante, entonces, dejar establecido que son muy variadas las fuentes primarias de energía, las que se clasifican entre renovables y no renovables. Aunque se predica de las energías renovables, como aquellas que no contaminan a contrario sensu de las no renovables que sí contaminan, podemos constatar que la leña y el carbón vegetal, proviniendo de una fuente renovable, son altamente contaminantes.
La energía se rige por dos principios básicos de la termodinámica. El primero de ellos es el principio de su conservación, según el cual la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma una forma o modalidad de energía en otra. Como ejemplo tenemos lo que ocurre con el gas natural, que es energía química, es una molécula, que se transforma en energía calórica en los hogares cuando se enciende una estufa que lo usa como combustible, como también se transforma en electricidad cuando una planta térmica lo utiliza para generarla.
El segundo principio es el de la degradación de la energía, más conocida por la entropía, según el cual a través de distintos procesos parte de ella se “pierde”, se disipa, dando lugar a la energía útil, que es aquella que se aprovecha para el fin que se usa o consume y la inútil. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el transporte o transmisión de la electricidad desde el centro de generación hasta los centros de consumo, pues en dicho trayecto parte de la energía despachada no llega hasta su destino final. Ello explica el reconocimiento que se hace en la fórmula de la tarifa de energía que paga el usuario final de las pérdidas técnicas a que da lugar (PR).
Desde luego la electricidad tiene una gran relevancia y representa el 20% del consumo final de la energía a nivel global y se estima, según la Agencia internacional de energía, que representará el 27% hacia el año 2030, con tendencia a ganar en participación en la matriz energética merced a la Transición energética en curso, pues está llamada a sustituir el consumo de combustibles de origen fósil, altamente contaminantes, pues son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático. Claro está, asumiendo que la generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.
Bien dijo el profesor de Historia económica de The University of Sydney Robert Gordon, que “la electricidad (1600) y el motor de combustión interna (1863) comparten la medalla de oro de las invenciones más importantes de todos los tiempos”. Tan importante es la electricidad que ningún conglomerado humano resistiría más de 5 días sin contar con el servicio de energía, si esta llegara a fallar: en una 1 hora morirían todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en 15 horas se agotaría la insulina para inyectar a los pacientes que la requieren, en 20 horas dejaría de llegar el agua por la red de acueductos, en 1 día se descompondría la comida que se conserva en las neveras, en 2 días fallecería los bebes que estén en las unidades de neonatos, en 3 días el agua que permanece almacenada dejaría de ser potable y a partir del 5º día morirían los pacientes que requieren diálisis.
Y volviendo a la energía, no le falta razón al reputado economista Robert Bradles Jr cuando afirma que “la energía es el recurso dominante sobre cualquier otro”. De allí que los países velen celosamente por la seguridad energética y desde tiempos más recientes hacen lo propio con la soberanía energética, pues es bien sabido que la economía, la seguridad y la soberanía energética, así como el medioambiente son variables de una misma ecuación!
Bogotá, febrero 15 de 2025
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Cali ha venido perdiendo varios de los elementos del civismo que la caracterizaba. Esa es la conclusión de la quinta medición del capital social realizada en 2023 por la Corporación para el Control Social (CONTRIAL) con la metodología del Barómetro de Capital Social (BARCAS), con la cual desde 1997 se han hecho 5 mediciones del Capital Social en 6 ciudades colombianas -Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.
En sociología se define el capital social como el conjunto de redes, normas, valores y relaciones de confianza que existen dentro de una sociedad y facilitan la cooperación y la acción colectiva. Es un conjunto de recursos intangibles que permiten a las personas y los grupos trabajar juntos y generar beneficios tanto individuales como comunitarios, promoviendo la cohesión social y el desarrollo económico.
El BARCAS incluye cuatro componentes: uno, el Tejido Social que se refiere a los vínculos sociales que unen a los ciudadanos y a la organizaciones que articulan a la sociedad; dos, el Capital Público, es decir las formas de participación cívica y política; tres, la Confianza Institucional y el Control social sobre el Estado; cuatro, la Fe en Fuentes de información no validadas (que es un elemento negativo).
Los resultados de la medición de esos factores en la ciudad de Cali a mediados de 2023 muestran tendencias que merecen ser analizadas. El más preocupante es la caída del indicador de Tejido Social, que comparado con la medición de 2017 pasó de tener un valor positivo de 0,22 a uno negativo de -0,21, mientras que a nivel nacional tuvo una ligera mejoría en los mismos años. En 2023 solo Bogotá registraba un valor más bajo para su tejido social, mientras que 6 años antes Cali superaba a las otras 5 ciudades
El estudio de CONTRIAL explica esta caída por “la pérdida de Solidaridad general y el aumento de Oportunismo, con la expresión “en lugar de preocuparse porque las reglas se apliquen a todos por igual, uno mejor ve cómo salirse con la suya”. También hay una pérdida de Solidaridad horizontal (ayuda de amigos, parientes, vecinos, la disminución de la frecuencia en que las personas se reúnen con los vecinos, y la pérdida de Solidaridad vertical y el aumento de la Atomización”.
Otro resultado interesante es el aumento de la confianza en los medios y en las instituciones que hacen control sobre el Estado, pero se da junto con unos valores muy bajos en la confianza en los gobiernos departamental y municipal, en la administración pública, en el sistema legal y en las cortes, en el Congreso y los partidos políticos.
No hay espacio para comentar todos los resultados de la medición de Capital Social, pero el estudio es público y debería ser objeto de análisis de académicos y políticos para entender qué ha pasado en Cali, y sobre todo buscar soluciones que permitan continuar el proceso de mejoría que ya se siente en la ciudad.
Cali, 16 de febrero de 2025
*Filósofo y Economista. Consultor.
¿Por qué hay mucha tierra en ganadería extensiva?
Por José Félix Lafaurie Rivera*. -Hablar del poder regulador del libre mercado es sacrilegio para la izquierda, como hablar de economía centralizada por el gobierno es sacrilegio para quienes defendemos la libertad de emprendimiento dentro de unas normas compartidas. De ahí la importancia de que esas normas conserven el equilibrio entre la regulación necesaria y la mayor libertad posible.
En esa delicada línea se mueven las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, creadas en el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, modificando el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, que establece los determinantes para los Planes de Ordenamiento Territorial, POT.
Como dicen por ahí, “nada tiene que ver el caldo con las tajadas”, y una cosa es el ordenamiento territorial, que obliga y es competencia de los municipios desde 1997, y otra muy diferente el ordenamiento del uso del suelo dentro de la frontera agrícola, que se incluye como nuevo determinante de los POT, con carácter de “norma de superior jerarquía”, obligatoria para los municipios y los privados.
El revuelo se armó en el suroeste antioqueño, al punto que el gobernador anunció demandas a la resolución que vulnera la autonomía local y regional. Si me preguntan, lo que debería demandarse es el artículo 32 del Plan de Desarrollo, porque vulnera, además, la libertad de emprendimiento, uno de los fundamentos de la economía de mercado.
¿Qué pasa si tengo un predio en una APPA, pero no quiero sembrar alimentos, sino flores, o establecer una cría de caballos, porque me gustan y son un buen negocio? ¿Qué pasa si una APPA establece limitaciones a la ganadería? No es imposible, dadas las narrativas tendenciosas en su contra: que es causante del cambio climático, que el uso de tierra en ganadería es improductivo y debería orientarse a sembrar alimentos -la preferida del presidente Petro-, o simplemente, que hay mucha tierra en ganadería.
¿Por qué hay mucha tierra en ganadería extensiva? Es el mercado, estúpido, como diría Clinton. Hace 60 años la Sabana de Bogotá estaba sembrada de cebada hasta que el precio y la calidad de la importada desplazaron la producción nacional y hoy tiene flores… y ganadería de leche. El sur del Cesar y Bolívar estaban sembrados de algodón, hasta que fue desplazado por el “COTTON USA” y hoy esas tierras… son ganaderas. En inmensas extensiones de la Orinoquia, a las grandes carencias del abandono se suma la baja calidad de la tierra, que no permite sino… ganadería extensiva, y la reconversión requiere de inmensas inversiones, imposibles sin una política seria de adecuación de tierras.
Además de la libertad, por supuesto… ¡es el mercado! Por eso las APPA no pueden incidir por norma obligatoria en la vocación productiva de una región, de un municipio o de una persona, que tome decisiones de uso de la tierra en el marco de la legalidad y dentro de la frontera agrícola.
En un campo sin las enormes carencias que hoy sufre, otra cosa sería que el Gobierno promoviera, no impusiera, la creación de clústeres, como los frutícolas en California o Chile, o para no ir tan lejos, como los lecheros en el oriente antioqueño y el altiplano cundiboyacense, que existen a pesar de un difícil mercado imperfecto de muchos vendedores y pocos compradores, que podría neutralizarse si el Gobierno, entre otras medidas, fomentará la ampliación de la capacidad pulverizadora.
Para 2026, cuando se liberen las importaciones de leche desde Estados Unidos, con APPA o sin APPA, y sin que el gobierno haya tomado medidas para evitarlo, habrá un desplazamiento hacia otras actividades en las regiones lecheras.
¡Dios no lo quiera!, pero al final… es el mercado.
Bogotá D, C. 15 de febrero de 2025
Presidente FEDEGAN
@jflafaurie
El libreto al presidente Petro se le agota, mientras Colombia trata de buscar un derrotero electoral que la saque democráticamente del despeñadero.
Por Gabriel Ortiz*. -El presidente Petro ha patentado las crisis, de las cuales es campeón mundial, razón por la cual nadie sabe hoy, dónde se encuentra, ni qué piensa, quiénes lo acompañan, lo siguen, lo entienden y mucho menos hacia dónde conduce este país atónito, perplejo y patidifuso.
Su permanente desorientación lo despierta, cada mañana, con una X volantona, que le “martilla” la mente hasta el paroxismo y el arrebato para odiar, insultar, desconocer virtudes y rectitudes.
Hace 29 meses los colombianos que lo eligieron, y aquellos que se abstuvieron, pero respetaron el mandato de las mayorías, abrigaban la esperanza de gozar y vivir en un país en paz, prosperidad, equidad, respeto y grandes desarrollos colectivos. Esos anhelos se ven cada vez más lejanos, porque su mandatario y quienes lo acompañan en las alturas del poder, no han entendido el clamor de 50 millones de compatriotas.
Se invierten millonadas en “bodegas”, medios super controlados, equivocadas peroratas ante pocos o muchos manifestantes y las últimas apariciones en TV frente a sus ministros en las que pueden observarse las acciones de un mandatario y sus subalternos con caras tétricas y horripilantes. El desbarajuste deja al descubierto claras divisiones entre quienes manejan el poder.
Este pueblo, estos habitantes, petristas y no petristas, que habitan -si pudiera decírsele a esto habitar- en Colombia, están hastiados de la situación que soportan todas las arbitrariedades y transgresiones desaforadas ahora por la invasión de las guerrillas que manejan más de la mitad del territorio nacional.
Hoy no se sabe si hay gobernante, pues el elegido se mantiene en el aire. Es un viajero incansable a costos estrambóticos, mientras su gabinete está sin brújula y al garete. El último periplo, el de Dubai, según los expertos fue de poca monta, prescindible, innecesario y aburridor.
Por todo ello, nuestro desarrollo y progreso están por el suelo, debido al despilfarro, la tolerancia y flameante corrupción, ante la ausencia de controles y controladores.
Se calcula que los desplazados y confinados alcanzan a 8 millones de habitantes, que deben obedecer al ELN, Clan, disidencias, Marquetalias y pequeños grupúsculos que aparecen a diario asesinando población civil, niños y líderes. Destruyen escuelas y cuanto encuentran.
Entre tanto las tropas de nuestro ejército están solas y desfinanciadas, mientras las guerrillas reciben millones por producción de coca, oro, vigilancia de cultivos ilícitos y mantenimiento de los corredores para enviar al mundo la coca del “cartel de los soles”, del ejercito venezolano.
El libreto al presidente Petro se le agota, mientras Colombia trata de buscar un derrotero electoral que la saque democráticamente del despeñadero. Pero entre tanto solo se piensa en tributos extraordinarios para atender a la conmoción interior decretada para el Catatumbo. Son urgentes esos recursos, pero deben atender al resto de zonas que se encentran en iguales condiciones, como las del Chocó, Cauca, Nariño y parte del Valle.
Y ahora, antes de regresar del lujoso viaje a Dubai, tiene trabajando a su ¿ministro? de Hacienda sobre una nueva reforma tributaria para atender los derroches.
Esta democracia, estas libertades y este deseo de patria decorosa, digna, equitativa y próspera, reclaman un verdadero cambio.
BLANCO: Con todo éxito el CPB celebró y premió a los periodistas en su día. José María Bolaño el Presidente de la entidad, se lució con un evento que reunió a destacadas personalidades y a lo más destacado del gremio. Felicitaciones.
NEGRO: Nadie entiende los cambios en la dirección de la policía, por oficiales retirados. Es un completo despropósito con quienes van cumpliendo con sus ascensos.
Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2025
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Pretenden obligar al Congreso a aprobar una nueva reforma tributaria, y por eso los recortes que el gobierno presentó fueron inconvenientes y dolorosos.
Por Paloma Valencia Laserna*. -El Comité de la Regla Fiscal alertó, con cálculos preliminares, que el gobierno de Petro rompió la regla fiscal. Es una noticia grave para Colombia, pues puede significar nuevas caídas en la calificación de la deuda, y anuncia peligrosas consecuencias para la nación. Podríamos enfrentar inclusive problemas de caja.
Para el año 2024 el gobierno sobrepasó el gasto primario en más de 9,7 billones sobre lo estimado en el marco fiscal. Además, habría proyectado más de 10,8 billones de ingresos tributarios que nunca se obtuvieron. El gobierno acumuló un déficit del 6,8% del PIB. Además para ocultar un gasto de 32 billones, el gobierno usó las “transacciones de única vez” de una manera abusiva.
La regla fiscal tiene flexibilidad para atender situaciones exógenas que alteren la economía. Por ejemplo, tiene en cuenta el “ciclo petrolero” que permite mayor gasto cuando el precio del petróleo es bajo en comparación con años anteriores y tiene en cuenta el “ciclo económico” cuando el crecimiento de la economía afecta los ingresos del país. La regla también se flexibiliza cuando situaciones únicas suceden. Por ejemplo, en 2023, cuando la Corte Constitucional tumbó “la no deducibilidad de regalías”, los 2,3 billones entraron como “gastos de única vez”.
Sin embargo, el gobierno ha pretendido abusar de esta flexibilidad. En 2024, el gobierno clasificó 31,6 billones como “transacciones de única vez”; 25,7 billones por una “caída no anticipada del recaudo”. Sin embargo, los expertos consideran que no es justificado. El ciclo económico ya tiene en cuenta la caída de los ingresos, más aún cuando fue una decisión de gobierno aumentar los anticipos.
Hemos alertado desde 2023 sobre el derroche burocrático del gobierno. El presupuesto para 2025 que el gobierno sacó por decreto (pues el Congreso lo rechazó) tiene la misma línea y el gasto burocrático siguió creciendo. Sin embargo, el gobierno no quiere cortar burocracia. El recorte presupuestal de 12 billones que tuvo que hacer (porque el Congreso le rechazó los nuevos impuestos de la reforma tributaria) no toca los excesos de gasto en burocracia.
Los recortes fueron hechos con un criterio extorsivo. Pretenden obligar al Congreso a aprobar una nueva reforma tributaria, y por eso los recortes que el gobierno presentó fueron inconvenientes y dolorosos. Petro decidió quitarle 785 mil millones a nuestras Fuerzas Armadas (en medio de la crisis del ELN y las disidencias en el Catatumbo). Le quitó 211 mil millones al sistema de salud para agravar el déficit de más de 18 billones. Quitó más de 2 billones a proyectos de inversión de infraestructura como el metro de Bogotá, el RegioTram de Cundinamarca y mantenimiento de carreteras como Cúcuta-Alguaclara o Huila-Cauquetá.
Si nos quejamos de esos recortes, nos dicen que debemos aprobar una nueva reforma tributaria. Más grave aún, la CARF estima que hace falta un recorte adicional por 50 billones.
No logro entender cómo un gobierno que ha tenido los presupuestos más grandes de la historia, que sacó una reforma tributaria de más de 17 billones que se pagan cada año, se encuentre corto de recursos. Solo ejecutó el 57% de su presupuesto en inversión (2024), y así, sin inversión, Colombia tiene hoy el mayor déficit de su historia (sin contar con los años de pandemia).
Hace un par de semanas, el gobierno sancionó su acto legislativo para que en los próximos 12 años los recursos que reciben las regiones del presupuesto general de la nación pasen del 23,8% al 39,5%. Esto genera la mayor preocupación. Se romperá el ancla de deuda pública del 55% del PIB. Es una irresponsabilidad fiscal. Es por esta razón que lo demandé ante la Corte Constitucional, con la esperanza de que esta locura fiscal no siga propagándose.
Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2025
*Senadora del Centro Democrático.
Nada de esto tiene lugar cuando las redes sociales o los medios de comunicación sustituyen a los jueces y condenan a las personas por fuera de todo juicio o procedimiento, y sin ninguna posibilidad de defensa.
Por José G. Hernández*. -Los avances de la tecnología, siendo muy útiles para la comunicación entre las personas, no pueden sustituir o hacer inútiles las normas constitucionales o legales, ni reemplazar a los jueces en el ejercicio de su función. Es decir, un “trino” -como se llamaba antes- o un “post” -como ahora se denomina- no son sentencias, ni pueden tenerse como tales, ni condenar a una persona sin que medie sentencia judicial, ni tampoco afectar sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la honra, al buen nombre, a su prestigio y reconocimiento social. Infortunadamente, hay “condenas” en muchos casos, y se han convertido en “definitivas”, de manera pública y palpable.
Uno de los valores esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo señala el preámbulo de la Constitución, es la justicia, que, en un Estado de Derecho, debe ser impartida de conformidad con las garantías y derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, al que alude el artículo 29 de la Constitución. Señala ese precepto que “toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. Subrayamos: la declaración que desvirtúa la presunción de inocencia debe provenir de la administración de justicia. De un juez o tribunal competente. No de uno o de muchos mensajes en redes sociales, ni de la inteligencia artificial.
El derecho fundamental a un debido proceso incluye el derecho de defensa y el derecho a la prueba, a la luz y con plena aplicación de las leyes. Debe darse un debate ante el juez o tribunal competente, siempre rodeado el procesado de todas las garantías.
Por otra parte, el artículo 15 superior garantiza el derecho al buen nombre, y en el 21 se asegura el derecho a la honra.
Ha expresado la Corte Constitucional:
“Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia y a que, en caso de sindicaciones en su contra, no se deduzcan sus responsabilidades sin haberla oído y vencido en el curso de un proceso dentro del cual haya podido, cuando menos, exponer sus propias razones, dar su versión de los hechos, esgrimir las pruebas que la favorecen y controvertir aquellas que la condenan. La presunción de inocencia tiene que ser desvirtuada como requisito indispensable para que se haga posible la imposición de penas o de sanciones. Es imprescindible esa garantía en orden a preservar otros derechos fundamentales como el de la educación”. (Sentencia T-500 de 1992)
Añade la Corte que la garantía del debido proceso exige “la competencia de la autoridad judicial (…), la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso”. (Sentencia T-520 de 1992)
Así que, en tratándose de procesos penales, tanto el texto constitucional como la jurisprudencia insisten en el carácter esencial e indispensable de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
Nada de esto tiene lugar cuando las redes sociales o los medios de comunicación sustituyen a los jueces y condenan a las personas por fuera de todo juicio o procedimiento, y sin ninguna posibilidad de defensa. Sin garantía judicial alguna. Se violan los derechos.
Bogotá, D. C, 13 de febrero 2025
Expresidente de la Corte Constitucional.
