El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, alertó ante el Congreso la grave situación financiera de la entidad y anunció que se adoptarán drásticas medidas administrativas.
Durante su intervención ante las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y Cámara, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, anunció la suspensión inmediata y no renovación de contratos de prestación de servicios (OPS) y frenar los procesos de adquisición directa de terrenos rurales.
La determinación se tomó tras realizar una evaluación interna que dejó al descubierto abultadas nóminas paralelas sin justificación operativa lo que llevó a que se suspendieran $540.000 millones en contratos en el Ministerio de Agricultura.
Destacó que se identificaron despachos de hasta 25 asesores que no cumplían labores ni asistían a trabajar, respondiendo a cuotas de carácter político burocrático más que a necesidades técnicas del campo colombiano.
En esa misma línea, el ministro Dangond dijo que se frenaron los procesos de adquisición directa de terrenos rurales. Reveló de la meta trazada inicialmente por 3 millones de hectáreas, la administración anterior solo concretó la adquisición de 350.000 por un valor de $3,9 billones quedando una cartera pendiente de pago por $1,4 billones por fincas ya adjudicadas.
Frente al compromiso pendiente de $1,4 billones de pesos en la adquisición de inmuebles, el Ministerio de Agricultura ordenó la práctica de una auditoría forense sobre el 63 % de los predios que esperan desembolso. La revisión busca determinar la existencia de sobreprecios, toda vez que las inspecciones preliminares arrojaron que el valor comercial de múltiples fincas fue inflado de forma desmedida durante las negociaciones iniciales.
El ministro Dangond enfatizó que el Gobierno Nacional mantendrá congelados esos $1,4 billones de pesos en lo que resta del año, condicionando cualquier pago a que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación certifiquen la transparencia y legalidad de cada expediente.
Dijo que la meta es culminar las investigaciones antes de finalizar el mes de diciembre para blindar jurídicamente a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El reporte entregado por el jefe de la cartera también dejó al descubierto graves falencias en los procesos de adjudicación de fincas. Las revisiones evidenciaron que miles de parcelas fueron entregadas a las comunidades rurales mediante títulos provisionales o careciendo de la documentación definitiva.
Señaló que la problemática impacta a 35.000 productores agrícolas que recibieron acreditaciones temporales sobre fincas adquiridas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que aún mantienen litigios en tribunales y altas cortes, situación que el Gobierno busca sanear legalmente.
Dangond explicó ante las comisiones del Congreso el impacto de la reducción del 32 % en el presupuesto de su cartera para 2027, equivalente a un recorte de $1,3 billones. Enfatizó que la prioridad durante el próximo año será estabilizar las cuentas de la entidad para luego, en el año 2028, retomar la ejecución de grandes proyectos de inversión agropecuaria hacia el 2030.
Bogotá, D. C, 8 de septiembre de 2026
Redacción Ecos Actualidad
