Recientemente Colombia ha dado pasos cardinales para su futuro y para la garantía de los derechos humanos. Avances certeros y con sentido de ciudadanía: ha apostado por la Paz y por el Derecho de la Diversidad Humana. Se ha arriesgado por 2 condiciones que definen la convivencia humana y social: la Paz y la Igualdad.
La ciudadanía es una condición que reconoce derechos y deberes. Que reconoce pertenencia y, por ende, igualdad. Que se ejerce por los individuos, grupos e instituciones. Ser ciudadano es ser sujeto de derechos y deberes. Por lo tanto, todo lo que implique ir en contra de esta condición, de esta pertenencia, de este sentido de igualdad, es discriminatorio y está fuera del Estado de Derecho.
Todos somos ciudadanos. No porque tengamos la cédula de ciudadanía, porque hayamos nacido en un territorio determinado, sino porque ante la ley somos iguales. Esto es el discurso de inclusión más perfecto, pero que ha sido tremendamente difícil para algunas minorías, entre ellas la comunidad sexo diversa.
Eran ciudadanos, pero sus derechos siempre han estado bajo la percepción y la aprobación de los grupos dominantes, todos influyentes, todos con el poder del prejuicio, todos manipuladores de su condición. Desde la percepción de la enfermedad hasta la inutilización ética.
Pero la fuerza de la unión y de una conciencia social de sus derechos, el estudio sistemático de sus características esenciales propias y comunes, con presencia y visibilidad sociales y el trabajo de denuncia y exigencia de garantías hizo posible el reconocimiento y ampliación de los derechos, agrupando a otros grupos de la diversidad sexual.
Colombia como Estado asumió los derechos de este grupo de ciudadanos. Primero, reconoció la unión civil; ahora la posibilidad de integración de una familia a través de la adopción de parejas del mismo sexo.
Las críticas que han surcado el universo informativo colombiano han sido las mismas que señalaban a esta comunidad como enferma, o inmoral o sin derechos. Las críticas que los percibían fuera de la órbita de sus legítimos derechos.
Se habla y se plantea un referéndum. ¿Acaso el derecho y el compromiso ético de asumir el proyecto de vida de un niño abandonado, institucionalizado y sin dolientes requiere ser votado? ¿Por qué ese esfuerzo trasnochado de refrendar no se hace para legitimar una política de integración masiva de los niños institucionalizados? ¿Por qué no se consulta que tipo de educación sexual requieren los colombianos para evitar los embarazos indeseados?
Un niño institucionalizado sólo requiere una opción: Tener una familia. Dejar de estar viviendo en una institución sin futuro. Preservarse del abuso sexual, del descuido de sus cuidadores, del abandono de los entes que deben velar por su bienestar y su futuro inmediato.
Ninguna comunidad étnica, ni religiosa, ni profesional, ni artística, ni política tiene el Poder legítimo del Estado para elegir derechos. Aún tengan el 58% de presencia en la sociedad.
En tal caso, usen esa influencia para, por un lado dignificar las condiciones de institucionalización de los niños y adolescentes, intervenir sus causas y consecuencias y legislar a futuro para su verdadera protección. Y para, por otro, legislar para intervenir a tiempo.
Los prejuicios no preservan los derechos; sino profundizan la desigualdad.
