El Presidente de la Comisión Primera del Senado, Manuel Enríquez Rosero, puso de presente que el tema de la atención a las víctimas ha sido un avance que ha oxigenado el proceso de la paz, pero a la vez, es un campanazo que pone en alerta al gobierno para garantizar los recursos necesarios que permitan sus derechos de indemnización y vivienda. Como están las cosas, el faltante es nada más y nada menos de 33.6 billones.
Por eso el senador Enríquez Rosero propone, al igual que la comisión que le hace seguimiento a la aplicación de la ley, que se extienda la vigencia de la Ley de Víctimas –va hasta el 2021– para enfrentar adecuadamente el impacto financiero, por el crecimiento en el número de población afectada por el conflicto armado.
Señala el senador nariñense, que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, piedra angular de esta política estatal, no cuenta con la jerarquía para realizar la tarea que se le encomendó, es decir, “posee un rango inferior a las entidades que encabezan los sectores del Gobierno que tienen la responsabilidad de implementar las políticas públicas”.
Fue enfático en señalar que el éxito de la aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras, “es el inicio de la consecución del tan anhelado derecho fundamental a la paz que todos los colombianos necesitamos”.
El Presidente de la Comisión Primera del Senado, Manuel Enríquez Rosero, con sencillez y rigor, hizo una disertación sobre cómo había asumido Colombia a las víctimas del Conflicto Armado.
“La atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado siempre ha sido una decisión de Estado”…“Con anterioridad a la expedición de la ley de víctimas y restitución de tierras se habían producido importantísimas políticas estatales en aras de proteger a los colombianos que por causa de la guerra habían sufrido la devastación de sus derechos mínimos inherentes a su condición de ser humano”.
En ese sentido, apuntó Enríquez, “se encuentra la política de atención al desplazamiento forzado, que tantos beneficios trajo a miles de colombianos, o la política antiminas, que procuró por reparar a las víctimas de las minas personales, pero también prevenir este cruel delito, o también la política de reparación por vía administrativa, dispuesta en el Decreto 1290 de 2008”.
El Senador fue contundente en destacar que esa norma consecuencia de la ley 975 de 2005, fue fundamental para las víctimas, porque el Estado dio un giro trascendental en su atención, ya que pasó de un concepto de solidaridad a uno de responsabilidad estatal, el cual sigue vigente en la actualidad.
En ese orden de ideas, el Senador de Nariño y del Partido de la U, dijo que esas iniciativas del Estado fueron posibles por “la robusta voluntad política con la que se logró un gran esfuerzo presupuestal, institucional y humano para ejecutarlas. Muestra de ello son las cifras que en su momento informó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, en las que evidenció que, para los años 2003 y 2006, el presupuesto asignado para la atención a la población en situación de desplazamiento fue de $1.9 billones de pesos y entre los años 2007 y 2010 el presupuesto ascendió a la suma de $5.2 billones.”
En palabras del senador Enríquez, “hubo una inversión económica sin las cuales las consecuencias del desplazamiento forzado se hubieran agudizado aún más” señaló el Presidente de la Comisión Primera del Senado, Enríquez Rosero.
Posteriormente el Congreso de la República, en el año 2011, señaló Enríquez, “decidió adoptar una política de Estado en la que todas esas acciones institucionales quedaran condensadas en una sola, con la cual se brindaría a las víctimas la atención, asistencia, reparación integral y garantías de no repetición por los hechos ocurridos en el conflicto armado o con ocasión de éste”.
Esta decisión de Estado, afirma, fue plasmada en la ley 1448, en la que el Congreso de Colombia, por unanimidad, decidió entregar las garantías suficientes para que gocen efectivamente de sus derechos.
Un análisis exhaustivo de la norma “muestra que sus componentes verticales y transversales fueron diseñados para que cada uno de ellos entre sí se relacionen, de tal manera, que el resultado se vea reflejado en el cumplimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado, proceso en el cual las autoridades nacionales y regionales debían jugar un papel trascendental en su función de articulación nación – territorio pero también en su ejercicio de planeación interno con el objeto de que esta política tenga el éxito esperado”.
Enríquez Rosero reconoció que cinco años después de expedida la norma se observan grandes avances en la materia. Las entidades encargadas de ejecutar la política de víctimas y restitución de tierras han hecho un esfuerzo enorme por conseguir los objetivos trazados por la ley 1448 de 2011 en conjunto con sus desarrollos reglamentarios y de planeación.
Dijo que es tanto así la decisión de Estado en el cumplimiento de la política de víctimas y restitución de tierras que, en un gesto de voluntad política, el presupuesto del anterior año asignado para cumplir las obligaciones contenidas en la ley 1448 de 2011 ascendió al 1% del total del PIB, es decir, aumentó en un 6% en comparación al año anterior, lo que quiere decir que de $7.4 billones de pesos destinados para la implementación de la esta ley pasó a $7.9 billones, como lo informó en su momento el Departamento Nacional de Planeación.
“Estamos hablando”, advierte Enríquez, “de un costo similar a la financiación de las vías 4G con las que el país obtendrá el desarrollo esperado, o si lo queremos poner en otro plano, se trata de un presupuesto con el que se podría financiar gran parte de la política de vivienda en Colombia”.
Desde otra perspectiva, expresó el Senador Enríquez “no puede olvidarse que el eje transversal y central del proceso de paz son las víctimas del conflicto armado, y que además, el punto quinto de la Agenda de Paz de la Habana puntualmente contempla varias acciones en pro de los derechos de esos colombianos”.
Agregó que “los pasos dados con anterioridad a este proceso de negociación en la ley 1448 de 2011 serán el insumo necesario para concretar todas las medidas en el posconflicto”.
