Redacción Ecos. Fotos Prensa Senado/AP. Nuevos elementos se dieron a conocer sobre el caso Reficar: $5.3 billones en contratos con irregularidades administrativas y técnicas en el proyecto de modernización y ampliación de Reficar, denunció el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, en debate en el Senado de Colombia.
A la plenaria de la corporación acudieron para tratar el tema los ministros de Minas y de Hacienda, Germán Arce y Mauricio Cárdenas respectivamente, el Presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, ex ministro de minas y energía, Amilkar Acosta; el ex presidente de Ecopetrol Javier Gutiérrez y el presidente de Reficar, Yánez Reyes.
En las investigaciones fiscales el Contralor Maya, observó que hubo sobrecostos millonarios en la fabricación de equipos a cargo de la firma CB&I y una exorbitante cantidad de materiales sobrantes (3’922.928 unidades).
En el primer caso, la elaboración del rack de tubería para la refinería se le entregó a CB&I por ofrecer mejores condiciones constructivas, destacando el buen ambiente climático que se tenía en la ciudad de Island Park, en Texas, para su fabricación. Sin embargo, se produjeron costos excesivos: el costo inicial del rack de tubería era de $49 millones de dólares en 2010, y el costo final ascendió a $112,7 millones de dólares en 2015, informó el Contralor en su intervención en el Senado.
Asimismo señaló, que el costo de la mano de obra utilizada en esta tarea, tuvo un incremento desproporcionado: pasó de $39,4 millones de dólares a $89,7 millones de dólares.
Por otro lado, un hecho que ha evidenciado la Contraloría, es el uso final del material sobrante que ha tenido el proyecto, bien sea en cuarentena, en exceso, incompleto, destruidos o dañados, o diferentes a los requeridos. Con base en información suministrada por Reficar, a abril de 2016, se estableció que de los materiales adquiridos, de acuerdo a los requerimientos de CB&I, se presentaron sobrantes por valor de 57,7 millones de dólares, correspondientes a 3’922.928 unidades.
El 57,4% de los materiales sobrantes, que corresponden a 2’251.726 unidades, no están valorizados y se encuentran hoy en proceso de revisión por parte del equipo auditor de la CGR.
Se encontró igualmente que CB&I recomendaba proveedores que manejaban precios superiores a los presupuestados: Para el caso de los Consorcios, 26 contratos, por un valor total de $890.000 millones, fueron concedidos a 9 empresas, que se alternaban entre sí.
En cuanto al costo de estos contratos, indicó Maya, éste sufrió un incremento del 69%, dado que el valor inicial de los mismos era de $526.565 millones. El caso que más llamó la atención a los contralores es un contrato donde se hizo invitación directamente al consorcio ya constituido.
Adicionalmente, dijo el Contralor, CB&I presentaba órdenes de compra con errores e incompletas, en contra de las normas específicas de adquisición.
Maya consideró que hubo un inapropiado manejo de costos y de oferentes. Muestra de esto son las reclamaciones por elementos con altos niveles de corrosión, componentes incompletos y daños en la manipulación, situación que se repite en más de 300 oportunidades.
En cuanto al manejo de las relaciones laborales del proyecto, se dio un trato preferencial a los trabajadores expatriados y falta de planeación en la subcontratación, en detrimento de los trabajadores nacionales. A los empleados extranjeros se les concedía el doble de tiempo de vacaciones: mientras los empleados nacionales tenían derecho a 20 días, los foráneos tenían 40.
Maya Villazón también advirtió una falta de planeación en la subcontratación. "Por ejemplo, hubo el caso de un contrato de trabajos misceláneos (objeto contractual amplio), que inicia en $200 millones y termina en $1.335 millones, con 33 adiciones (más del 578 % de incremento).
Posición de bancadas
El debate sobre el caso el proyecto de modernización y ampliación de Reficar se realizó en varios bloques por decisión del Presidente del Senado, Luis Fernando Velasco quien le dio participación no sólo a los voceros de las bancadas políticas, sino a los diferentes implicados. .
El Polo Democrático, en cabeza del senador Jorge Robledo, enfatizó en que este debate no era en contra de la modernización de la refinería, sino contra las decisiones equivocadas que se han tomado y que dejan dejan en el ambiente el problema de corrupción.
El Senador Robledo hizo alusión además a la demanda interpuesta a la compañía CB&, empresa contratista para ejecutar el proyecto Reficar en esta última etapa, indicando que muchos ejecutivos cobraban horas laborales sin trabajar, así como la desaparición de discos duros con material probatorio.
Asimismo dijo que muchos de estos contratos están elaborados en inglés y que esto genera desventaja a la hora de fijar los términos contractuales.
La senadora Daira Galvis, en representación de Cambio Radical, resaltó los antecedentes que llevaron a la modernización de la Refinería de Cartagena y condenó además la conducta de funcionarios, contratistas y subcontratistas de Reficar, "quienes con dineros del Estado pagaban viajes de diversión y entretenimiento", denunció la senadora.
La bancada Verde se pronunció a través del senador Iván Name Vásquez, miembro de la Comisión Quinta de Senado, donde nació la iniciativa para este debate de control político y atribuyó la crisis de Reficar a una cadena de errores y desaciertos contractuales en el proceso.
"Parte de los errores fue en buscar inversionistas y no expertos en refinerías. Además el criterio de selección estuvo basado en el aporte financiero del proponente, no en calificar la experiencia en el sector", anotó el senador Name.
La senadora Claudia López de Alianza Verde cuestionó el proceso que llevó a la ampliación de dicha refineria en el Gobierno de Álvaro Uribe y dijo que fue un mal negocio cediéndolo a la Glencore para luego entregarlo a CB&.
"Este desfalco es muestra de un proyecto sin planeación. Si Glencore no tenía experticia, CB& mucho menos. Este negocio era responsabilidad de Ecopetrol y esa junta directiva debe explicarle al país por qué tomó esas decisiones, cambiando las formas de contratación. Que no se laven las manos y den explicaciones", exigió la senadora de la Alianza Verde.
El Centro Democrático se pronunció a través del senador Iván Duque Márquez, quien aseguró que la Refinería de Cartagena es un proyecto estratégico para el país, sin embargo esto no justifica los errores cometidos que le han costado miles de millones al Estado.
"Este debate debe hacerse con sustentos no con falacias", agregó Duque, quien exigió al Gobierno indicar qué acciones de controles se van a implementar luego de esta crisis en la industria mineroenergética del país.
El senador Ángel Custodio del Partido de la U, pidió mesura sobre la situación del caso Reficar debido a la demanda legal internacional de esta disputa y además solicitó al contralor hacer la valorización de la empresa.
"Los colombianos deben tener claro que hoy existe un activo superior a los 6 mil millones de dólares en las arcas de la nación y es una inversión que puede pagar su propia deuda. Es un proyecto viable financieramente con unas ventas en millones de dólares”.
Empresas en paraisos fiscales
La senadora Vivian Morales del Partido Liberal argumentó que en estos contratos se violaron todos los principios de la moralidad administrativa, y que desde la conformación de la junta directiva no se le puso la suficiente atención. Denuncio que Ecopetrol tiene más de 17 empresas filiales y subsidiadas creadas en paraísos fiscales, “es inaceptable que tenga empresas en paraísos fiscales y territorios no cooperantes para evadir impuestos”.
El Senador Hernán Andrade del conservatismo apoyó la postura de su copartidario, Luis Emilio Sierra y agregó que el Estado colombiano fue defraudado con este proyecto de modernización. “La discusión debe hacerse sobre el tipo de contratos y las modalidades ejecutadas. Es importante que la Contraloría exponga los costos reales de lo que cuesta hoy la Refinería de Cartagena”.
Del mismo modo abrió el debate sobre las responsabilidades fiscales, penales y políticas en el tema.
Por su parte el senador Efraín Cepeda del mismo partido, hizo alusión a los aspectos positivos que trajo la Refinería en Cartagena, teniendo en cuenta la reducción en el desempleo de la ciudad, al pasar del 12 al 8 por ciento,
“Tenemos la esperanza de recuperar los recursos en un plazo de 8 años”, enfatizó Cepeda, e indicó que la responsabilidad fiscal debe darse a manos de la compañía Glencore, pues fueron ellos quienes escogieron a CB& para ejecutar el proyecto y después decidieron marcharse.
