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Redacción Ecos. Foto EFE. En el Palacio de Planalto se vivió anoche un silencio escalofriante y lúgubre. La administración de una de las pocas presidentas del globo, la economista Dilma Rousseff, ya tenía los minutos contados.

En una histórica, maratónica y extenuante sesión de 21 horas ininterrumpidas, el Senado votaba, casi mayoritariamente, abrir un proceso de Impeachment, contra la mandataria, por la supuesta manipulación de las cuentas públicas. Esa decisión la apartaría de su cargo por los 180 días que podría durar el juicio político, un período que marcaría el final de los 13 años en el poder del Partido de los Trabajadores (PT).

El histórico debate comenzó a las 10 am y se prolongó hasta las primeras horas de la madrugada de este jueves; según especulaciones, por lo menos 53 de los 81 legisladores votarían a favor del Impeachment. Tal cantidad de votos garantiza la suspensión inmediata de Rousseff, ya que se requiere apenas una mayoría simple (41 sufragios) para que la moción sea aprobada.

La jefa de Estado sería entonces hoy reemplazada por el Vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Hasta hace un par de meses, Temer, un político hábil en la trastienda, era el principal aliado del PT y ahora es considerado por los representantes del oficialismo un "traidor", "conspirador" y "golpista".

Es la segunda vez, en la historia brasileña, que un jefe de Estado sería apartado de su cargo por el Congreso desde que, en 1992, Fernando Collor de Mello enfrentó un traumático Impeachment por corrupción.

El entonces mandatario, actual senador al que el destino puso ahora en la extraña posición de decidir también el futuro de Dilma, terminó por renunciar un día antes de que el Senado lo declarara culpable en el juicio político que siguió a su suspensión.

Aun cuando para aprobar el proceso necesitaban 41 votos, los opositores, liderados por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), confiaban superar los 54 sufragios a favor del impeachment a Rousseff, ya que ese número representaría los dos tercios del Senado necesarios para que, una vez concluido el proceso, la presidenta sea efectivamente destituida e inhabilitada a ocupar un cargo electivo por ocho años.

En medio de una profunda recesión, acorralada por la crisis política y con su partido manchado por el multimillonario escándalo de corrupción en Petrobras, Rousseff, sin embargo, es acusada de haber violado leyes presupuestarias en los últimos años para esconder el déficit fiscal, con el presunto objetivo de garantizarse la reelección en 2014.

Hasta último momento, el gobierno, apoyado por el padrino político de la mandataria, Luiz Inacio Lula da Silva, presentó apelaciones al Supremo Tribunal Federal (STF), pero todas fueron negadas.

"Si ocurre lo que está previsto, tendremos ahora un gobierno interino, oriundo de un golpe parlamentario y por lo tanto sin legitimidad. El PT hará una fuerte oposición, vamos a continuar en las calles denunciando la ilegitimidad del gobierno y avanzando para que al final del proceso que se inicia ahora la presidenta Dilma Rousseff puede estar en condiciones de regresar y retomar el poder", dijo Humberto Costa, líder de la bancada petista en el Senado Brasileño.

Según Costa, el gobierno de Temer no gozará de estabilidad, como ya ha quedado en evidencia con las dificultades que tuvo para conformar su gabinete. Y aunque la administración entrante pretende establecer una agenda liberal centrada en un ajuste fiscal, Costa afirmó “que le será complicado reducir los programas sociales, que fueron la marca de los gobiernos del PT y lograron sacar a más de 30 millones de brasileños de la pobreza”.

"No creo que el gobierno interino vaya a ser capaz de aprobar leyes contrarias al interés de la población. Un gobierno como el argentino, elegido, tiene ahora dificultades cuando adopta una serie de medidas consideradas impopulares; imagínese un gobierno que no surgió del voto, cuyo programa no fue conocido y apoyado por la población no tendrá la más mínima condición de tocar esas cuestiones", destacó el parlamentario del PT.

Dilma Rousseff ha repetido que luchará contra esta "injusticia". Resignada, ayer retiró sus últimas pertenencias personales del Palacio del Planalto y mudó todo a la residencia oficial del Palácio da Alvorada, donde se montará el "búnker de la resistencia" durante los próximos meses.

Allí grabó un mensaje en vídeo que debía ser divulgado por las redes sociales cuando terminara la votación en el Senado. La presidenta fue notificada este jueves de su suspensión que de entrada la dejó fuera del gobierno para la inauguración de los Juegos Olímpicos, en Río de Janeiro, el 5 de agosto.

Los opositores festejaron por anticipado el fin de los 13 años de administraciones petistas, aunque reconocían que el impeachment no resolverá los graves problemas políticos, económicos y de corrupción que aquejan a Brasil.

"Estoy confiado en que Brasil tendrá una nueva oportunidad. ¿Vamos a correr riesgos? Sí, pero no podemos seguir desgastándonos como ahora. Entre la continuidad de la parálisis y la posibilidad de un nuevo comienzo, nosotros apostamos por esa nueva oportunidad", indicó el senador Aécio Neves, presidente del PSDB.

Admitió que un gobierno de Temer, que no tiene la legitimidad de las urnas, tendrá que ampararse en la Constitución y un conjunto de propuestas que recuperen rápido la confianza de los inversionistas en Brasil para reanudar el crecimiento. El ajuste, afirmó, “es prioritario, y se deberán tomar medidas impopulares”.

"Pero Temer no puede preocuparse con la popularidad. Si hace eso cometerá un gran error. Tiene que preocuparse por pasar a la historia como un presidente que tuvo el coraje de aprovechar un momento que el destino le ofreció para hacer aquello que el gobierno del PT no hizo", señaló el Presidente del PSDB.

Una posterior votación, que se celebrará probablemente en octubre, decidirá el destino final de Rousseff. Para entonces no servirá sólo la mayoría simple. Serán necesarios dos tercios, esto es, 54 senadores. De ahí que el resultado sea significativo. Es decir, tal y como están las cosas actualmente, Rousseff quedaría definitivamente fuera del cargo.

Como bien lo recuerda Antonio Jiménez Barca de El PAÍS, Collor de Mello renunció a los dos meses de ser apartado del poder, un día antes del juicio definitivo. Hoy todo apunta, por lo que ha manifestado repetidamente y por su carácter, poco dado a dar su brazo a torcer, que Rousseff no renunciará en los seis meses impensados que tiene por delante. 

Lo más lamentable de esta situación, no es sólo que un proceso legislativo haya logrado expulsar a una Presidenta elegida por el pueblo, con 54 millones de votos, sino el espectáculo de mutuas acusaciones de corrupción entre los senadores y demás políticos.

Con la inevitable caída de Dilma Rousseff, la Izquierda de América Latina anota otro nocaut y encabeza la lista de los gobiernos más corruptos de la historia de la Humanidad.