Redacción Ecos. Foto: Ecos Media.- Una histórica plenaria del Senado de Colombia suspendió este miércoles del cargo al Magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, por el delito de concusión, al haber pedido $500 millones a la liquidada compañía Fidupetrol, en el trámite de una tutela ante el alto tribunal constitucional.
El Magistrado Pretelt se convirtió en el primer aforado de la Rama Jurisdiccional, en ser suspendido de su cargo.
También, por primera vez en la historia reciente de Colombia, por lo menos desde que se sancionó la Constitución del 91, los senadores colombianos se ataviaron de jueces y determinaron con su voto que el Magistrado Pretelt debe ser juzgado.
Luego de dos días de discusiones, donde también se permitió intervenir al mismo Magistrado Pretelt, quien se presentó con una voluminosa carpeta y se declaró perseguido e inocente, se votó y se procedió a decidir sobre el caso.
En medio de la votación se perdió el listado y el Secretario solicitó otro. La votación final fue de 55 a favor y 5 en contra de la suspensión del cargo.
La decisión implica que es la segunda vez que se levanta el fuero a un alto dignatario, para que sea llevado ante una instancia judicial, porque en tantos años de vida republicana solo ha sido acusado formalmente un Alto Funcionario: el General y Ex Presidente de la República Gustavo Rojas Pinilla en 1959, aunque después fue absuelto.
Este caso surgió de una denuncia interpuesta por su colega en el alto tribunal, el Ex Magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo. El pleito comprometía a la firma Fidupetrol, condenada patrimonialmente por la Corte Suprema de Justicia a pagar $22.500 millones. El Magistrado González presentó denuncia ante la Comisión de Acusación y se formó el escándalo.
Pretelt quedó en manos de la Corte Suprema para el juicio penal por concusión, por el delito que cometió, en ejercicio de sus funciones como Magistrado de la Corte Constitucional.
De la sesión plenaria se retiró el Centro Democrático en medio de reclamos, por la falta de garantías y presuntas violaciones al debido proceso. Al respecto, la senadora Paloma Valencia radicó una constancia a nombre del Uribismo dejando claro el malestar del partido por el procedimiento adelantando, pero aclarando que no son defensores del Magistrado Pretelt.
