Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Comisión Global de Políticas sobre Drogas. Diferentes líderes mundiales, unidos bajo la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, exigieron este lunes abolir inmediatamente la pena de muerte por delitos de drogas en los 33 países que aún aplican ese castigo.
Los expertos denunciaron que, cada día, se perpetran "significativos abusos de DD.HH." en nombre del control de las drogas: desde pena de muerte y ejecuciones extrajudiciales, hasta tortura, pasando por acciones de brutalidad policial y programas "inhumanos" para el tratamiento de personas dependientes.
"Los estados deben abolir la pena de muerte para todas las penas relacionadas con drogas", dijo la ex Presidenta de Suiza, Ruth Dreifuss, en Washington, durante la presentación del Informe, titulado "Avanzando la Reforma de la Política de Drogas: un nuevo Enfoque para la Descriminalización".
Los expertos denunciaron que 33 países mantienen en sus leyes la pena capital para penas relacionadas con el uso personal de estupefacientes. En este sentido, Dreifuss alertó de que los individuos más afectados son los que quedan al final de la cola del tráfico de drogas, como agricultores de coca o de opio, los "consumidores comerciantes", que venden droga para pagar su propia dosis y los "mensajeros" que se encargan de transportarla.
De los 33 países, hay seis que aplican frecuentemente la pena de muerte para los delitos de drogas: China, Indonesia, Irán, Arabia Saudí, Singapur y Vietnam, este último eliminó la pena capital para delitos de drogas en julio de 2016, pero la mantuvo para otros vinculados con estupefacientes.
"Los países que más nos preocupan están en Asia, es el grupo de naciones que impone una lectura radical de la Sharía (ley islámica). Si a esa parte del mundo le añades China, tenemos enfrente a una gran porción del mundo a la que tenemos que convencer de que la pena de muerte atenta contra los DD.HH.", resumió la líder suiza.
En su informe, se alerta de un incremento de ejecuciones entre 2014 y 2015, intervalo en el que las personas condenadas a muerte por drogas pasó de 41 a 64 en Arabia Saudí, y de 367 a 368 en Irán, donde si alguien es culpable de un delito de drogas, la única condena que puede imponer un juez es la muerte.
Además de las ejecuciones, los expertos se denunció que, en algunos países, los actores estatales actúan fuera del marco de la ley, en nombre del control de drogas, como en Filipinas, donde el Presidente Rodrigo Duterte llamó a la ciudadanía a ejecutar a todos aquellos involucrados en el tráfico de drogas.
En el informe, también alertó que China y varios países del Sudeste Asiático, retienen a la fuerza a consumidores de drogas en centros de detención, donde son privados de libertad y son forzados a la desintoxicación, mientras sufren maltratos, tortura, abusos físicos y sexuales y se les obliga a hacer trabajos forzados.
En algunos casos, los propios familiares son los que piden el ingreso de un pariente en estos centros de detención del Sudeste Asiático, donde 235.000 personas están retenidas de manera forzada, muchos de ellos niños, según el estudio presentado hoy en la capital de los EE.UU.
