Redacción Ecos. Foto El País.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, denunció que solo en el 2016 se agredieron 385 activistas de D.H. en Colombia y aseveró que es un problema supremamente peligroso en medio del avance del proceso de paz, por eso consideró que se debe trabajar en alianzas para contrarrestar esa grave situación.
Aún más, se estableció que hasta el 31 de diciembre de 2016 se presentaron 59 homicidios, 44 ataques, 210 amenazas (69 colectivas), 72 violaciones a la privacidad y además cuatro mujeres, seis líderes indígenas, tres líderes Lgbti, tres sindicalistas, un afro y dos líderes juveniles, fueron asesinados.
Según las investigaciones los autores de dichos crímenes fueron militantes del ELN, EPL, milicianos y disidentes de las Farc, particulares; y la policía en un caso de una protesta social. Los hechos se registraron en los departamentos del Cauca, Antioquía, Norte de Santander y Córdoba.
Según el informe conocido por www.ecospoliticos.com, se recomienda que “el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Policía, la Unidad Nacional de Protección, las autoridades regionales y locales, cumplan con los compromisos políticos y técnicos acordados con defensores de derechos humanos que siguen siendo amenazados” y resalta que “hay casos de activistas en esta materia con órdenes de captura que terminan en detenciones prolongadas, esto a pesar de la falta de pruebas, que afectan las diligencias en las investigaciones”.
Todd Howland fue contundente en señalar que tanto el Estado como las Farc deben reconocer plenamente su responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas en el conflicto, por eso deben generar procesos efectivos de reparación, esto, en consenso con las víctimas.
Aseguró que el Estado y las Farc deben garantizar la no repetición priorizando un enfoque de género, los derechos de los niños, especialmente desvinculando los menores de la guerrilla; la participación de las víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas, entre otros, destacando que deben existir límites y regulaciones en el otorgamiento de amnistías, indultos y medidas especiales, así como redoblar los esfuerzos para poner fin al desplazamiento forzado.
Evidencia disminución de la violencia
Sobre el informe el ministro del interior Juan Fernando Cristo señala que tiene una diferencia radical con los que se han revelado en años anteriores: “lo que evidencia una disminución efectiva de la violencia en el país”.
Destaca Cristo que “el impacto positivo del Acuerdo con las Farc en los territorios no se nos puede olvidar. Hay razones de optimismo, esperanza y los desafíos para consolidar la paz territorial”, dijo Cristo, quien señaló que siguen amenazas frente a la situación de los defensores de derechos humanos en Cauca, bajo Cauco Antioqueño, Chocó, Catatumbo y el pacífico nariñense. “Coinciden esos lugares con zonas en donde se presentaba ocupación, presencia y dominio de las FARC, con zonas en donde hoy hay cultivos ilícitos y minería ilegal. Ahí vemos homicidios y amenazas”, dijo.
El Ministro Cristo fue directo y dijo que las amenazas y acciones vienen de ‘El Clan del Golfo’, que tiene interés en amedrentar a la población para hacerse a las economías ilegales: narcotráfico y la minería ilegal, “pero estamos trabajando para atacar esos dos frentes”, afirmó.
