Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Revista Dinero.com La implementación del Acuerdo de Paz en Colombia es una oportunidad histórica para los más de ocho millones de víctimas del conflicto y es un proceso que ofrece esperanzas a la próxima generación. Los niños y jóvenes de Colombia tendrán ahora una oportunidad para dejar de sufrir la violencia y volver (o ingresar) al sistema educativo.
Christian Visnes y Mabel González Bustelo dirigieron su mirada a Colombia y pudieron visualizar el proceso más difícil, pero también el más definitivo, la Educación para la Paz.
“La mitad de los niños y jóvenes de las áreas rurales de Colombia no llega a superar el quinto grado de primaria. Cuando alcanzan los 16 años, casi un 75% está fuera del sistema educativo. Un 20% nunca ha ido a la escuela. Esto significa que jóvenes de 12, 14 o 15 años están abocados a un futuro con escasas o nulas oportunidades, que los hace más vulnerables al reclutamiento por grupos armados o a trabajar en la economía ilegal de las drogas” señalan Visnes y González, al hacer la radiografía de la situación de los menores colombianos, niños y jóvenes.
Asimismo, Visnes y González abren el panorama de la reflexión al mencionar un estudio recién publicado por el Centro Noruego de Resolución de Conflictos (NOREF) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), titulado El verdadero fin del conflicto armado, el cual muestra que “las más de cinco décadas de conflicto han ampliado la brecha entre áreas rurales y urbanas”… “La inequidad en Colombia tiene un fuerte sesgo rural. Los índices de pobreza y marginalidad, ausencia de servicios públicos y falta de acceso a una educación de calidad son excepcionales en estas regiones”.
En este orden de ideas, según el último censo nacional, el 45,6% de las personas residentes en zonas rurales viven en condiciones de pobreza, cifra que sube al 63,8%, si se habla de grupos étnicos y desplazados por el conflicto. Estas cifras son muy superiores a la media nacional.
Dos factores, según Visnes y González se combinan para explicar la precariedad y falta de opciones de los niños y jóvenes de las áreas rurales de Colombia.
El primero, los niños y jóvenes han sufrido especialmente este conflicto. Hay 8 millones de víctimas inscritas en el Registro Único, de las que un tercio tiene menos de 18 años y la mitad, menos de 28. Las violaciones de los DD.HH. y el Derecho Internacional Humanitario en relación con la infancia y juventud son muy graves: desplazados, reclutados forzosamente, sometidos a violencia sexual, secuestrados, amenazados, desaparecidos y asesinados. El reclutamiento de menores en Colombia lo han definido, desde la ONU a la Corte Constitucional colombiana, como una práctica extendida y sistemática.
El segundo elemento que explica su situación de precariedad es la amplia gama de problemas del sistema educativo en las áreas rurales. Por un lado, las escuelas también han sido objeto de ataques y han sufrido los efectos del conflicto. Fuerzas de seguridad y grupos armados las usan como campamentos temporales e impiden la práctica educativa; los caminos para llegar a ellas están con frecuencia minados y la escuela es, en ocasiones, un escenario de propaganda y reclutamiento en lugar de un entorno protector. Muchos maestros que tratan de impedirlo tienen que huir cuando son amenazados.
“El sistema educativo carece, en áreas rurales, de condiciones para garantizar el acceso y la permanencia de los alumnos y la educación de calidad” sostienen Visnes y González, “en muchos casos, los niños deben recorrer grandes distancias para llegar a la escuela; hay una grave carencia de profesores con buena formación; los uniformes y útiles escolares son muy caros para familias pobres, y los calendarios y horarios rígidos hacen que muchos dejen la escuela en época de cosecha y ya no regresen por la dificultad de ponerse al día. Las infraestructuras escolares son muy precarias y la inversión ha tendido a centrarse en las cabeceras municipales”.
El acceso a una educación de calidad contribuye a la estabilización y la construcción de la paz, por su capacidad de ofrecer dividendos rápidos y tangibles a las poblaciones afectadas, mejorar la legitimidad de las instituciones y crear oportunidades para la transformación social. Por eso, las Regiones y la Educación son cuestiones de la Agenda del Postconflicto para destruir la conexión entre violencia y supervivencia, porque no ha sido sólo adoctrinamiento, sino carencia de opciones.
