Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Ecos Media.- El 1% de la población no sólo posee la riqueza económica y financiera, las oportunidades y posibilidades de desarrollo, en todos los aspectos, (académicos, culturales, laborales, de ocio, etc) y el poder de influir, sino es además, dueña de uno de los derechos, que las constituciones legitimadas en los últimos 100 años, habían caracterizado como fundamentales, el Derecho a la Seguridad.
Esta realidad crea una nueva desigualdad social, ampliando las brechas entre los diferentes sectores sociales. La seguridad, en estos términos se ha convertido en una seguridad de élites, quienes pueden no sólo tener sofisticados sistemas de seguridad y de protección en vehículos, residencias, oficinas y demás espacios de cotidiano uso, sino trabajadores especializados, orientados a cuidar y proteger a las familias y grupos cercanos a estos privilegiados.
Paradógicamente, el negocio de la seguridad crece, especialmente, en los países en desarrollo y en las metrópolis de los países emergentes.
Como bien lo afirma Claire Provost, “al menos la mitad de la población mundial vive en países donde hay más empleados privados de seguridad que oficiales de policía, según un análisis publicado por The Guardian.
En este sentido, más de 40 países, entre los que se incluyen EE.UU., China, Canadá, Australia y Reino Unido, los trabajadores contratados para proteger personas, lugares y cosas superan a los oficiales de policía dedicados a proteger al público en general. Durante 2015, en Reino Unido hubo 232.000 guardias privados contratados frente a 151.000 policías de la fuerza pública.
Por ello, el mercado global de servicios de seguridad privada, que incluye la custodia, la vigilancia y el transporte armado, equivale a unos 161.000 millones de euros y se estima para el 2020, que representará unos 215.000 millones de euros.
Una cifra muy superior al Presupuesto total de Ayuda Internacional para terminar con la Pobreza en el mundo (25.000 millones de euros al año) y al PIB de más de 100 países, como Hungría o Marruecos.
Desde El Salvador hasta Vietnam, guardias de seguridad privados controlan el acceso a las zonas residenciales de las élites, aisladas de las ciudades que las rodean. En la capital comercial de Myanmar, guardias y detectores de metales regulan la entrada en los hoteles de lujo, levantados sobre la pobreza extrema de su alrededor.
Los perros guardianes ladran tras los altos muros y alambres de púas, que se han extendido por los barrios ricos de Sudáfrica. En 2015 había casi 500.000 guardias de seguridad en todo el país, dos veces más que todas sus fuerzas armadas y policiales.
Según Rita Abrahamsen, de la Universidad de Ottawa, la seguridad privada "cotidiana" se ha vuelto "tan extendida que apenas se detecta, se da por descontada. Uno deja de darse cuenta de que hay guardias por todas partes".
En la opinión de Abrahamsen, la expansión de guardias privados, vallas y puertas es una "muestra muy física de la desigualdad". Aunque también reconoce que la industria da empleo a una gran cantidad de personas. En varios países, es uno de los pocos sectores en crecimiento.
Desde una perspectiva social, Deborah Avant, de la Universidad de Denver, expresa que la industria de la seguridad privada explotó con los contratos de las Guerras de Irak y Afganistán lideradas por EE.UU., cuando "un ejército de trabajadores privados inundó esos países para hacer todo tipo de labores".
La Declaración Universal de los Derechos Humanos determinó que "todos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" y "nadie puede ser arbitrariamente privado de su propiedad".
Pero, hoy en día, una de sus agencias, El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, lanzó una advertencia ante la expansión de la seguridad privada en América Latina: "Este fenómeno aumenta aún más la desigualdad, teniendo en cuenta que los diferentes grupos sociales tienen capacidades diferentes para enfrentar el crimen".
Esta nueva desigualdad social debería ser otras de las cuestiones pendientes de la Agenda Política, sobre todo el año próximo, que muchos estados estarán eligiendo nuevos gobiernos.
