Bogotá, D.C. 18 de febrero de 2018. Por Redacción Ecos. Foto: comitédesolidaridad.com.- Un informe elaborado por la organización internacional Front Line Defenders, muestra que 312 defensores de DD.HH. han sido asesinados, 212 de los cuales se localizan en América Latina. De estos, 156 en Brasil y Colombia.
A pesar que el reporte de esa organización registró crímenes en 27 países, el 80% de estos, se concentraron en Brasil, Colombia, México y Filipinas.
El análisis subraya que el 67% del número total de activistas asesinados, defendían derechos sobre la tierra, al medioambiente y de los pueblos indígenas, casi siempre en el marco de actividades de industrias extractivas, megaproyectos y grandes empresas.
Para Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana por la Defensa del Ambiente (AIDA), se trata de una situación “multifactor y de alta complejidad”.
“América Latina es la región más desigual del planeta, esto implica que hay poblaciones en situaciones de vulnerabilidad económica, política y social extrema”, apunta Puentes, recordando que se trata de una “de las regiones con mayores índices de impunidad y débil estado de derecho donde la aplicación de las normas también es discriminada”.
Billy Kyte, jefe de campañas de Global Witness, agregó que la corrupción y la gran riqueza de recursos naturales que alberga la región facilita que proyectos vinculados a hidroeléctricas, minería y agroindustrias puedan conseguir licencias. “Hay altos índices de poblaciones indígenas que históricamente han sido marginalizadas, las empresas pueden llegar a sus tierras y saquear sus recursos”, asegura. No obstante, las manifestaciones que llevan a cabo para denunciar los abusos que sufren, aumenta su visibilidad y, por eso “están expuestos a ser asesinados”.
Precisamente, en Brasil, la mayoría de los asesinatos están relacionados con la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, según el informe de Front Line Defenders. “Hay una crisis económica y política y el Gobierno necesita desesperadamente soluciones rápidas de acceso a la Amazonía, el desarrollo de grandes extensiones de tierra para la agricultura de monocultivo y la explotación despiadada de los recursos naturales”, analiza Jim Loughran, Jefe del Proyecto Memorial de los defensores de DD.HH. de esta organización. “Dos iniciativas clave del Gobierno han tenido como objetivo restringir la demarcación de tierras indígenas y abolir las agencias que trabajan para protegerlas”, agrega.
La tierra también es letal en Colombia. A pesar de los acuerdos de paz, la violencia no ha cesado en el país. “Miles de colombianos con títulos legales sobre sus tierras han sido desplazados. Mientras trabajan para reclamar sus tierras, se convierten en objetivos para los acaparadores que pueden haberse apoderado ilegalmente de sus terrenos, así como para la nueva generación de paramilitares después de las FARC que quieren tomar el control. Los defensores de los derechos a la tierra se encuentran en peligro crítico", dice Loughran.
La escalada de la violencia en México ha llevado a Global Witness a situarlo en el cuarto lugar de mortalidad. “Los Gobiernos federales y estatales no apoyan como deberían la labor de las personas defensoras y en ocasiones incluso se unen a los señalamientos contra su labor”, criticó Puentes Riaño recordando la “impunidad existente” en el país.
