El jefe del Ministerio Público de Colombia, Fernando Carrillo Flórez, fue contundente en afirmar que “Uno no puede utilizar la Jurisdicción Especial para la Paz como 'violín prestado' para tratar de justificar cualquier tipo de actitudes que son absolutamente reprochables, y que se merecen todo el peso de la justicia ordinaria y no el de la JEP”.
Sostuvo que le ha solicitado a esa jurisdicción cerrar la puerta a quienes pretenden colarse, para recibir los beneficios de la JEP y que no tienen derecho. Se refirió a la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena de remitir el expediente de Enilce López a la JEP, e hizo un llamado a ser mucho más estrictos para establecer la relación de causalidad con el conflicto armado.
“Uno no puede pensar que un feminicidio puede ser la justificación para llegar los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. En eso vamos a ser sumamente estrictos. En el caso de la violencia contra los niños también hemos tratado de poner un filtro grandísimo”, enfatizó Carrillo Flórez, quien agregó que “Hoy la Procuraduría es una garantía en la Justicia Especial para la Paz, que será cada vez mayor porque le apostamos al éxito de esa jurisdicción”.
En la instalación del seminario “40 años de la Corte IDH y su impacto en Colombia”, el jefe del Ministerio Público resaltó el papel en América de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aseguró que sus decisiones han sido no solo la guía para los estados, sino la esperanza para las víctimas, que hoy constituyen la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Destacó que “La Corte ha sido una piedra en el zapato para las tiranías de la región, el ángel guardián de los derechos de las víctimas, sus decisiones no han sido bienvenidas por quienes se lucran de la impunidad, porque esta ha sido precisamente obsesión de esta corte y de este sistema”.
Señaló que la lucha de los magistrados del alto tribunal interamericano ha sido vital en la vigilancia, control y supervisión al cumplimiento por parte del Estado de las medidas impuestas por el sistema para garantizar la protección de derechos.
Recordó Carrillo Flórez que en lo últimos años la Procuraduría ha incrementado en un 205% el número de sanciones por violaciones a los derechos humanos y agregó que el 89% de ellas, fueron impuestas a miembros de la fuerza pública.
Al seminario asistieron la ministra de Justicia, Gloria María Borrero; los presidentes de la Corte IDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero Marino.
Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2018
Redacción Ecos Nacional
Fuente : Procuraduría General de la Nación.
