La Directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Matilde Mendieta Galindo, aseguró que la entidad a su cargo sigue la ruta por la dignidad humana de la población privada de la libertad, basada en la legalidad, el emprendimiento y la equidad.
Al entregar el balance de sus gestión dijo que “en primer lugar, hemos venido realizando gestiones con el Municipio de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, para que se transfiera a título de donación, una porción de terreno del Departamento al INPEC y así ampliar el Establecimiento Carcelario de Villa Hermosa en Cali, generando más de 900 cupos”.
Sostuvo que tras un minucioso análisis a los contratos de salud, alimentación, y suministro de bienes, consolidó un documento de recomendaciones y lineamientos, para mayor eficiencia y transparencia en dichos procesos.
“En estos primeros tres meses del nuevo Gobierno, hemos hecho entrega de un total de 134 obras de mejora y mantenimiento en diversas áreas pertenecientes a 71 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional”.
Destacó que desde el primer día en que tomó las riendas de una de las entidades más polémicas en el país, tiene la convicción de que las cosas se deben hacer bien. "...hay que entregar resultados al Gobierno, al país, pero especialmente a aquellos que merecen una segunda oportunidad, a quienes han cometido acciones punibles, pero no han dejado ni dejarán de ser seres humanos”.
Mendieta Galindo precisó en su documento de balance que “es imprescindible mencionar otros logros como: la normalización en la prestación del servicio de vigilancia electrónica; la entrega anticipada de las obras de mejora y mantenimiento al Rancho del Complejo Carcelario y Penitenciario de Pedregal-Medellín, hecho clave en el proceso de normalización del servicio de alimentación en el establecimiento; y la reactivación de los proyectos de construcción de cupos en los proyectos de Sabanas de San Ángel (3.000 cupos), y en Pereira (1.500 cupos).
Aseguró que “estos logros expuestos previamente hacen parte de ese proceso en el que la garantía de los derechos humanos de la población privada de la libertad no es una opción, sino un deber del Estado, y por supuesto de todos los que estamos involucrados en el sector”.
Finalmente señaló que “en la medida en que la población privada de la libertad vea que el respeto a sus derechos humanos es una realidad, será más factible su incorporación voluntaria en un proceso de resocialización; y todo lo anterior se traduce en ‘construcción de sociedad׳, y a eso nos comprometemos hoy en la USPEC”.
Bogotá, D. C, 17 de noviembre de 2018
Por Redacción Ecos Nacional.
