A la detención preventiva en Colombia, le quedan pocos días. El Congreso está a punto de aprobar la iniciativa que pretende acabar con el hacinamiento en las cárceles y que cada día es más incontrolable e inhumano.
El ministro de Justicia, Yesid Reyes, tiene todas las baterías puestas en el Congreso para que los legisladores aprueben el proyecto y dar solución, en parte, al hacinamiento carcelario que está en las cárceles del país cerca al 90 por ciento.
En el proyecto también se introducen modificaciones puntuales al procedimiento penal, con una acentuada orientación de apertura de garantías legales aplicables a la detención de las personas, respetando el valor superior de la libertad y los límites materiales al proceso.
En el Código de Procedimiento Penal se establecen once posibles medidas de aseguramiento: Presentación personal, caución, la prohibición de salir del país, la vigilancia electrónica, la obligación de observar buena conducta, la prohibición de concurrir a determinados sitios o de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas; al lado de ellas aparecen las de detención domiciliaria y, finalmente la detención en centro carcelario.
En el caso de la detención preventiva solo debe usarse cuando las demás medidas de aseguramiento resulten insuficientes o inadecuadas para garantizar sus fines.
Se fija un límite máximo a la detención preventiva: nunca podrá exceder el término de un año, salvo cuando se trate de casos cuya competencia sea de la justicia penal especializada, cuando sean tres o más los imputados o acusados, o cuando la investigación o juzgamiento versen sobre delitos de corrupción, los cuales el término no podrá ser superior a los dos años.
De ser aprobado el proyecto en su último debate, en la Cámara de Representantes, el cumplimiento de la pena, la preclusión, la absolución, la aplicación del principio de oportunidad, los preacuerdos y el vencimiento de términos, propiciarán la libertad del imputado.
