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En el marco de las manifestaciones del orgullo gay que se llevan a cabo en el país, el ministro Juan Fernando Cristo, reconoce la necesidad de garantizar el derecho a vivir en una sociedad libre de discriminación, tolerante e incluyente.
“Hacemos una denuncia internacional, porque este ataque produjo el daño ecológico más grande que se haya producido en la historia de Colombia” aseveró el Presidente Juan Manuel Santos.
El senador Guillermo García Realpe, oriundo de Nariño y gran conocedor de la geografía, las gentes y la problemática de Tumaco, puerto del departamento de Nariño sobre el pacifico, se mostró indignado por las últimas acciones de las Farc en esa región del país.
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de proferir la legalidad del matrimonio entre homosexuales, fue calificado por el Presidente Barack Obama, como una victoria para ese país.
Un mínimo de coherencia le pidió a las Farc el Jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto De la Calle, quien no sólo condenó las últimas acciones de ese grupo insurgente, sino que criticó el pronunciamiento de esa guerrilla en el que invocan la encíclica del Papa Francisco sobre medio ambiente como una puerta a la paz, cuando en Colombia realizan atentados que lo destruyen.
El Ministro de justicia de Colombia, Yesid Reyes, sostuvo que la asistencia mundial en la lucha contra las drogas disminuyó, por ello, exhortó a la comunidad internacional a que se comprometa con esa causa.
Al pasar al tablero ante los congresistas de Estados Unidos, los funcionarios del Departamento de Estado del Presidente Barack Obama, reconocieron que el proceso de paz en Colombia se encuentra “en una etapa crítica, quizá la más difícil hasta ahora”.
“El Gobierno nacional exige el cumplimiento estricto de la ley de garantías por parte de los funcionarios públicos. Viene una tarea importante por parte de la Procuraduría General para vigilar la conducta de los funcionarios”, aseguró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al referirse a la ley 996 de 2005 que empieza este jueves 25 de junio y termina el 26 de octubre, un día después de elecciones.
El Gobierno Nacional, a través de mecanismos jurídicos, inició la persecución de los traficantes de cédulas y votos en todo el territorio nacional, con miras a darle garantía y claridad al proceso electoral que se llevará a cabo el 25 de octubre, donde los colombianos elegirán a sus gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.
Una tregua bilateral al fuego por un tiempo limitado, que permita destrabar el proceso de paz y bajar la intensidad al conflicto recomendó al Gobierno de Colombia el representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland.
