Un fenómeno perverso que ha impregnado a la democracia  desde hace varias décadas, ha sido la politización de la justicia y la judicialización de la política, que aún ronda los escenarios institucionales desequilibrando y polarizando, aún más, la democracia en Colombia.

Por Luis Fernando García Forero.- Un fenómeno perverso que ha impregnado el ambiente desde hace varias décadas en el país, ha sido la politización de la justicia y la judicialización de la política, que aún ronda los escenarios institucionales, desequilibrando y polarizando, aún más, la democracia colombiana.

El tema se reactiva a propósito de la decisión de la Fiscalía General de la Nación al imputar cargos contra el exgobernador de Antioquía y precandidato a la presidencia de la república, Sergio Fajardo, por presunta apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos en 2013, cuando ocupaba el primer cargo del departamento.

El mismo Fajardo tan pronto como fue notificado, respondió en su cuenta de twitter que está listo para responder por sus actuaciones: "En espera que la FGN me cite para entender la imputación. Como siempre, listo para responder por mis actuaciones, pero pediré formalmente al Fiscal General que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación".

La decisión del máximo ente investigador en materia penal, causa revuelo en todos los sectores políticos, principalmente en los partidos y movimientos de oposición, e inclusive en el Centro Democrático, partido del presidente Iván Duque, en momentos donde todas las colectividades prenden motores para las elecciones del nuevo Congreso en marzo del 2022 y dos meses después, las presidenciales.

Mensajes a los electores

"No suena bien que a meses de una elección presidencial la Fiscalía meta mano. La sustentación de la acusación debe ser mirada a profundidad por todos los abogados y abogadas demócratas del país", señaló el candidato presidencial Gustavo Petro, mientras que su colega, también de la oposición, María José Pizarro, destacó en las redes que “una Fiscalía politizada, está enviando mensajes a los electores”.

La decisión de la Fiscalía sobre el tema también se da pocos días de haberse revelado la Gran Encuesta Nacional donde Gustavo Petro está en el primer lugar con un 23 por ciento de intención del voto, segundo Sergio Fajardo con el  12 y la actual vicepresidenta de la república Marta Lucia Ramírez  con el 9.

“Confiamos en que la Fiscalía y la Corte Suprema actúen rápido, esto no puede morir en el sueño de los justos. Encabezaremos una gran movilización exigiendo garantías para Sergio Fajardo tanto de los organismos nacionales como de los internacionales. Suerte a Sergio Fajardo, pero aquí necesariamente y rápidamente debe brillar la justicia”, afirmó el excandidato presidencial liberal Humberto De la Calle, mientras que el expresidente Ernesto Samper en un mensaje por twitter fue más allá desde el punto de vista político y dijo que la Fiscalía al acusar a Sergio Fajardo y no prever los cambios volátiles futuros del dólar, al firmar un contrato público, “lo que consiguió fue relanzarlo al estrellato presidencial y, de paso, amenazar a quienes firmamos contratos públicos en divisas los últimos 25 años”.

Pero las reacciones de los congresistas de la bancada de Gobierno sorprendieron: "Es muy grave para el país que se siga judicializando la política. Urge una reforma a la Justicia que cree instituciones eficientes y confiables para todos. Toda mis solidaridad con Sergio Fajardo", señaló la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia mientras que su colega de la cámara de representantes Gabriel Santos afirmó que “es una locura imponer un estándar legal, como la volatilidad de la moneda, que no existe en ninguna parte del mundo", por eso pidió a la Fiscalía que rectifique esa medida.

Organismos de control sin independencia

Otro de los aspectos que incide en el tema, es el que tiene que ver con la falta de una total independencia de los organismos de control, fundamentales en el sostenimiento de las democracias.

“El gobierno del presidente Iván Duque ha puesto en grave peligro el orden constitucional, la democracia y el sistema de frenos y contrapesos a través de postulaciones y elecciones de quienes están a la cabeza de ciertos organismos de control, que asumen el cargo y sus funciones con reducida independencia, autonomía e imparcialidad”, sostiene la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, CCEEU, una organización con plataforma virtual en materia de temas sociales y políticos que lucha contra la impunidad, la vigencia del Estado Social de Derecho, así como la defensa y desarrollo de la democracia.

Dicha organización pone como ejemplo la elección del actual Fiscal, Francisco Barbosa, quien fue Alto Consejero para los Derechos Humanos de la Casa de Nariño y posteriormente propuesto en la terna integrada por el presidente Iván Duque, con quien tiene una evidente cercanía, lo que hace cuestionable su actuación.

Otro de los aspectos de cómo avanza la cooptación de los entes de control, en el sistema presidencialista en Colombia, fue la reciente elección de Margarita Cabello Blanco como Procuradora General de la Nación. Cabello se ha desempeñado principalmente en la Rama Judicial y llegó a ser magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Luego fue Ministra de Justicia de Duque hasta que renunció y, posteriormente, el jefe de Estado  la integró en la terna que conformó para la Procuraduría.

Concentración de poder

No se queda atrás la elección de Carlos Camargo como Defensor del Pueblo, considerado como amigo cercano al presidente Duque. “Lejos de favorecer el control de la función pública, colabora con la concentración de poder en el Ejecutivo”, destaca la CCEEU.

Dichas elecciones para quienes deben manejar los organismos de control son, a ‘ojo de buen cubero’, otro elemento que demuestra la judicialización de la política por la forma como se designan las ternas para ocupar los cargos que controlan los diversos campos de las instituciones en el país.

Se ve claramente la supremacía en Colombia del sistema presidencialista cuyos efectos negativos se observan en el desconocimiento de valores y principios constitucionales impactando directamente en los derechos ciudadanos y en la función pública.

Soluciones políticas en los jueces

Para Rodrigo Uprimny Yepes, Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad-DJS y Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, “El uso de las argucias judiciales para resolver complejos problemas sociales puede dar la impresión de que la solución de muchos problemas políticos no depende de la participación democrática, sino, de la actividad de jueces y fiscales providenciales”.

Uprymny sostiene que es una acción institucional grave, pues implica no sólo una acentuación de la desmovilización ciudadana, “sino incluso la puesta en cuestión de los propios principios democráticos, ya que son los funcionarios judiciales -no electos- a quienes correspondería defender las eventuales virtudes de la democracia. Los riesgos de salidas autoritarias y antidemocráticas son entonces importantes, pues cada vez más la sociedad comenzaría a confiar en hombres providenciales para la restauración de la virtud y la solución de los problemas”.

Politización y corrupción en la Justicia

De otra parte también es importante anotar que el manto de dudas que hay sobre la imparcialidad de la justicia colombiana no es nuevo. Desde hace varios años se cuestiona sobre sus decisiones y a esto se suman los escándalos de corrupción. Exmagistrados de la Corte Suprema de justicia y de otros tribunales, han sido condenados por corrupción en tramas de ventas de fallos en procesos contra algunos políticos.

“Pero no solo ha sido la influencia de la política la que ha generado un escenario propicio para la desviación de poder de los jueces y magistrados. También se han observado actos de corrupción, estructural o interna, que se relacionan con la función propia de la administración de justicia, tanto en la rama judicial como en la Fiscalía”, destaca un informe de una investigación de la Universidad Nacional, titulado Corrupción en la justicia: la criminalidad de los decentes.

En dicho documento se manifiesta, así como lo han registrado los medios de comunicación, que magistrados, abogados y funcionarios, han obtenido beneficios económicos por la manipulación de las decisiones: ‘Torcer Procesos’, lo que se conoció como el “Cartel de la Toga”.

La realidad nacional en la órbita política y judicial, avizora en el horizonte gran ineficacia para el desarrollo de las instituciones democráticas, por la poca preparación de los funcionarios, los mecanismos disciplinarios poco rigurosos, lentitud en los procesos de investigación y un aumento irracional de normas y delitos, no ajeno al ciudadano, porque de una u otra manera influye en la elección de sus mandatarios o representantes en las corporaciones públicas.

Todas estas falencias establecen un escenario indirectamente proporcional al Estado Social de Derecho, objetivo fundamental de la Constitución de 1991.

La reforma a la justicia no da más espera. ¡Lo exige la Nación!

Bogotá, D. E, 2 de abril de 2021

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