El Ministerio de Defensa reconoce que la principal amenaza a la seguridad interna del país, está en la frontera con Panamá porque existen “vacíos y territorios de precaria institucionalidad”, ya que en esa zona “convergen múltiples factores de inestabilidad que registran altos índices de criminalidad e inseguridad”.

El Ministerio de Defensa reconoce que la principal amenaza a la seguridad interna del país, está en la frontera con Panamá porque existen “vacíos y territorios de precaria institucionalidad donde convergen múltiples factores de inestabilidad que registran altos índices de criminalidad e inseguridad”.

En un informe presentado al Congreso de la República por el Ministerio de Defensa, se destaca que dentro de las Políticas de Defensa y Seguridad, es de suma importancia desplegar acciones orientadas a generar en esa zona “condiciones irreversibles” que permitan la seguridad y establezcan la legalidad como punto de partida en esa región fronteriza.

Dentro de las respuestas a un cuestionario para el debate sobre la crisis migratoria, humanitaria y de seguridad en la frontera con Panamá, el Ministerio de Defensa Nacional sostiene que para alcanzar la seguridad en ese territorio es fundamental cerrarle el paso a los delincuentes, con el fin de responder a las amenazas del crimen trasnacional y a las organizaciones ilegales.

Contra el crimen organizado

En el documento el Ministerio de Defensa señala que en la “actualidad la cooperación en seguridad y defensa con el Gobierno de Panamá es una de las más robustas de la región por los resultados logrados a través de los Planes Operativos Anuales Binacionales (POAB).

“Este instrumento se ha consolidado como la principal herramienta para articular de manera eficaz estrategias, en contra de las manifestaciones del crimen organizado que afrentan la seguridad fronteriza, incluido el delito de la trata de personas derivado del fenómeno de la migración irregular. Este esfuerzo se refleja en los resultados operacionales logrados a partir de la estrecha coordinación entre las Fuerzas Armadas de ambos países”, se lee en el informe.

Así mismo se establece que el POAB involucra compromisos específicos entre ambas naciones contra el narcotráfico, extracción ilícita de minerales, tráfico de migrantes y trata de personas, entre otros delitos.

Compromisos en inteligencia

En el informe, de nueve páginas, se establece que la Policía Nacional realiza diferentes actividades operativas como “estrategias de análisis, investigación y judicialización, participación de mecanismos y compromisos en materia de inteligencia, entre otros, con el propósito de identificar las causas que permitan generar políticas en materia de seguridad ciudadana y pública.

En el documento se considera que en la Región de Urabá el control de las rutas para el tráfico de migrantes está a cargo de dos subestructuras del Clan del Golfo: Efrén Vargas Gutiérrez en Acandí y Unguía, y Pablo José Montalvo Cultiva en Riosucio y Carmen del Darién.   

Se establece que la Policía Nacional ha identificado que las redes de migrantes ubicadas en Colombia cuentan con contactos en Brasil, Ecuador, Panamá, Cuba, Costa Rica, México  y E.E.U.U, coordinando el traslado de personas procedentes de Afríca, Asía y Centro América, hacia los Estados Unidos, especialmente desde Turbo, en el departamento de Antioquia.

Destacan la operación SINGAPUR de la Fuerza Pública que dio como resultado desarticular una organización criminal que captaba y trasladaba personas hacia Singapur, Hong Kong, Panamá y Chile, donde se emitieron 7 órdenes de captura por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.

Según el documento, se han desplegados 249 hombres de la Fuerzas Militares en esa zona fronteriza, realizando labores de registro y control territorial, particularmente en los pasos no formales, para disminuir los flujos de migración irregular.

Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2021

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