Primeros resultados de la gestión del Contralor General de la República, Jorge Laverde, revelan un incremento del 50 % en la contratación directa tras la Ley de Garantías, amenazando la estabilidad financiera del Presupuesto General de la Nación.
Un severo impacto fiscal y político sacude al país tras la revelación de hallazgos en inéditas inspecciones de policía judicial, adelantadas por la Contraloría General de la República, en el Ministerio de Hacienda y diversas entidades del nivel central, resultados que van directamente proporcional a los objetivos del contralor general de la República, Jorge Laverde: “prevenir y controlar los recursos del erario público”.
En entrevista concedida a Caracol Radio, la contralora delegada para la Economía y las Finanzas del Estado, Jenny Lindo Díaz, expuso un escandaloso panorama de gasto acelerado y sin sustento presupuestal sólido en el tramo final del Gobierno de Gustavo Petro, comprometiendo más de 4 billones de pesos en un lapso de tan solo cuatro semanas.
Las actuaciones preventivas y las visitas de inspección —catalogadas como históricas e interinstitucionales junto a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI)— marcan los primeros y contundentes resultados del equipo de fiscalización del contralor general Laverde en su determinación por frenar la indisciplina fiscal y el presunto uso indebido de los dineros públicos.
Desde que está como contralora delegada para la Economía y las Finanzas del Estado, Lindo Díaz, ha estado al frente en dicha investigación, por ello le dijo al nuevo contralor, Jorge Laverde, que los resultados en dichas inspecciones fiscales y lo que acontecía en la Fiduprevisora, deben ser catalogado como “una serie de hechos de impacto nacional”.
Los $4,4 billones se fueron aparentemente en pagos a proveedores de salud del Fondo del Magisterio (Fomag), pero la contralora delegada encontró que dichas transacciones carecen de soportes y evidencia. Destaca que se encontraron giros en el aplicativo de tesorería de Fiduprevisora durante esas cinco semanas finales, pero no encontró la carpeta contractual, ni facturas, ni actas de supervisión, ni NIT asociados que permitieran identificar a los proveedores.
En ese sentido, se mandó a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción con custodia especial de la información, es decir, reserva sumarial.
Cifras alarmantes
De acuerdo con lo denunciado por la contralora delegada el rastreo de los compromisos presupuestales asumidos en el último mes, arrojó cifras alarmantes para la caja del Estado: “En principio, la contratación y los compromisos presupuestales de estas últimas semanas que oscilan en más de 14.000 contratos firmados, más de 11.000, han sido a través de contratación directa y suman $4 billones, comprometidos en tan solo cuatro semanas”.
Frente a lo narrado por el Gobierno anterior que justifica dichas actuaciones “como procesos normales de transición”, la Contraloría lo desvirtuó al hacer análisis comparativo frente al empalme de 2022 entre los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro.
“En esta ocasión encontramos un incremento del 50 % en la contratación directa durante el mismo periodo de tiempo. Y en términos presupuestales, trayéndolo a tiempo presente los compromisos firmados hace cuatro años, hay un incremento del 25 %”, destacó la contralora delegada Lindo Díaz.
En la lupa de control
El reporte del órgano de control fiscal se enfocó exclusivamente en el Ejecutivo central. Dentro de este acelerado ritmo de contratación, la funcionaria dijo que en la función de advertencia se destaca “la Agencia Nacional de Tierras que ha suscrito 1.866 contratos en cuatro semanas. También el Ministerio del Interior los contratos que han suscrito oscilan en más de $140.000 millones en las mismas cuatro semanas».
Adicionalmente, las autoridades indagan la veracidad de los compromisos, asignaciones y transferencias presupuestales recientes: A la par de estos operativos, la Contraloría continúa la pista de investigaciones previas enviadas a la Procuraduría que involucran a Germán Ávila y al director de Crédito Público por el manejo de la deuda pública.
Peligra cierre fiscal del PGN
El aspecto más crítico de las advertencias del órgano de fiscalización radica en la asfixia a la liquidez del país. La contralora Lindo advirtió sobre la grave condición que atraviesa la caja de la Nación para culminar el año fiscal: “Hay una condición especial en el presupuesto general de la nación de este año que lo hemos venido advirtiendo en la Contraloría General, casi como desde febrero, marzo de este año y es el del déficit para garantizar el cierre que se necesita del presupuesto general”.
Agregó que “el presupuesto general del 2026 es de 555 billones, en julio la Contraloría logró identificar que se han recaudado 250 y quedan cinco meses, es decir, sumado a eso y entre más contratos se suscriban, pues más presión a la caja del presupuesto general se le está haciendo en este segundo semestre donde hay que garantizar que se terminen de reunir los recursos que hacen falta”.
Destacó Lindo Díaz que “es muy atípico las visitas de policía judicial y esto se hace cuando se identifican riesgos inminentes. En este caso, con el equipo de la DIARI y de la Contraloría General se logró articular este esfuerzo, producto de la función de advertencia que se notificó al ministro de Hacienda, pero se hace extensivo a todos los ordenadores del gasto de las entidades del gobierno nacional”, señaló y dijo, “para frenar la escalada de gasto el equipo del contralor general, Jorge Laverde, activó instrumentos jurídicos extraordinarios”.
“La Contraloría actuará con la mayor celeridad para procesar el material recaudado durante las inspecciones en el Ministerio de Hacienda”, concluyó la contralora delegada para la economía y las finanzas del Estado, Jenny Lindo Díaz.
Bogotá, D. C, 18 de septiembre 2026
Redacción Ecos Economía
