Internacional

Más de 547.000 venezolanos llegaron a Ecuador en 2018: ACNUR

Un total de 547.000 venezolanos llegaron a Ecuador en lo que va de año escapando de la crisis de su país, informó el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que anunció más ayudas para el país anfitrión.

"El éxodo de venezolanos desde su país es uno de los mayores movimientos masivos de población de la historia", señaló el portavoz Wiliam Spindler en una rueda de prensa en Ginebra.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirmó que sus datos de las últimas horas indican que desde inicios de este mes más de 5.000 venezolanos han entrado, a diario, en Ecuador.

"Nuestros reportes del terreno, de esta mañana, indican que desde inicios de agosto, en los primeros diez días, más de 5.000 venezolanos han llegando en condiciones precarias", dijo el portavoz de la OIM, Joel Millman, al comentar la declaración del estado de emergencia institucional en Ecuador para afrontar esta crisis.

A la luz de la crisis, ACNUR anunció que aumentará su ayuda a Ecuador, incluyendo asistencia en planificación en situaciones de emergencia y su presencia en los cruces fronterizos clave. Los refugiados llegan a Ecuador a través de Colombia. "Muchos de los venezolanos se desplazan a pie en una odisea de días e incluso semanas en condiciones precarias", dijo Spindler.

La mayoría de los venezolanos que llegan a Ecuador quieren continuar luego su viaje a Perú y Chile y en torno a un 20% se queda en el país. En torno al 40% son mujeres y niñas, que sufren un elevado riesgo de sufrir violencia sexual en sus viajes.

Según el ACNUR, de los ciudadanos venezolanos que llegan a Ecuador desde 2016, sólo 7.000 han pedido el estatus de refugiado.

Manta, 12 de agosto de 2018.-

Por redacción Ecos Internacional.

Todo parecía un relato de la mejor ciencia ficción, pero no lo es. Hace un año, cuando el Presidente Donald Trump anunció los primeros planes para crear un "Cuerpo Espacial" dentro de las fuerzas aéreas era un plan real y ya firmó la orden para crear de forma "inmediata" el Ejército Espacial de los EE.UU.

El Vicepresidente Mike Pence, durante un discurso en El Pentágono, anunció que esta nueva rama formará parte del Departamento de Defensa del país y llevará por nombre 'Fuerza Espacial de EE.UU. (US Space Force), la cual iniciará operaciones en 2020.

Pence también aprovechó su discurso para dejar ver los primeros detalles de esta fuerza, la cual sería la sexta rama del ejército estadounidense y se empezaría a crearse en 2019.

El Departamento de Defensa, señaló el vicepresidente, ya ha enviado al Congreso un informe donde se establece el plan para la creación del nuevo 'Departamento Federal de la Fuerza Espacial', programado para 2020. Este departamento estará encabezado por un nuevo Subsecretario para la Defensa del Espacio, el cual sería elegido a inicios de 2019.

El objetivo de esta nueva Fuerza Espacial, según Pence, sería detener los avances militares espaciales de sus adversarios, como Rusia o China, quienes, asegura, ya están trabajando desde hace algunos años en herramientas con las que buscan conquistar el espacio.

"Nuestros adversarios ya han transformado el espacio en un campo de guerra. La paz sólo llegará a través del uso de la fuerza y en el ámbito del espacio exterior, la Fuerza Espacial de los EE.UU. será esa fuerza en los próximos años".

Aunque Trump ya haya firmado la orden para la creación de esta nueva rama militar, el Congreso es quien deberá aprobar todo lo relacionado al presupuesto y su creación. Por ello, vemos a Pence ejerciendo presión a través de actos oficiales.

En los últimos cincos meses, algunos funcionarios del Departamento de Defensa han estado haciendo movimientos para la instalación de nuevas oficinas, así como fichajes y cargos centrados en tareas del espacio. Según Pence, esta nueva Fuerza Espacial contará con sus propias instalaciones, aunque "no se construirá de cero", ya que contará con el apoyo y recursos de la Fuerza Aérea.

Ante esto, algunos han sido críticos con esta decisión, ya que el recurrir a otras ramas debilitaría los recursos actuales de los departamentos de defensa, lo que pondría en riesgo al país ante un posible ataque o emergencia en la Tierra.

El Presidente Donald Trump pedirá al Congreso asignar 8.000 millones de dólares en los próximos cinco años para crear la Fuerza Espacial de Estados Unidos como la sexta rama del ejército, señaló el vicepresidente Mike Pence.

El Secretario de Defensa James Mattis estuvo en desacuerdo con la idea y argumentó el año pasado que se oponía a la creación de más burocracia en el Pentágono. En la actualidad, Mattis dijo que “el espacio es uno de nuestros intereses nacionales vitales” y “ya no es un dominio nuevo”.

EE.UU. ya cuenta con presencia militar en el espacio. El cielo está lleno de satélites espías y otras plataformas que apoyan la vigilancia gubernamental, las comunicaciones, los pronósticos meteorológicos y otras actividades. La Fuerza Aérea también tiene un avión súper secreto, el X-37B, construido por Boeing Co., que orbita la tierra por períodos prolongados.

Washington, D.C. 10 de agosto de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

El Secretario General de la ONU y el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, acordaron trabajar juntos en la plena implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, que imponen sanciones a la República Popular Democrática de Corea.

Durante su encuentro en Tokio, ambos líderes reafirmaron que tal implementación es necesaria para que Corea del Norte tome acciones concretas hacia su desnuclearización. 

“Estoy totalmente comprometido con la aplicación de todas las resoluciones pertinentes del Consejo y apoyo totalmente la negociaciones que tienen lugar entre los EE.UU. y Corea del Norte, con el objetivo de llegar a una desnuclearización total, que sea verificable e irreversible y para que ese país pueda ser un miembro normal de la comunidad internacional en esta región”, aseguró  António Guterres ante la prensa nipona.

El Secretario General  también señaló que apoya plenamente la iniciativa japonesa de diálogo con Corea del Norte y expresó su solidaridad con la situación de los secuestrados japoneses que aún permanecen en ese país, después de décadas, algo que considera “absolutamente inaceptable en el mundo de hoy”.

Iniciativa de desarme

El Secretario General se encuentra en Japón para hacer parte de actos de conmemoración en el marco del aniversario de los ataques a Hiroshima y Nagasaki.

"Estoy aquí para expresar mi profunda solidaridad con los japoneses que fueron víctimas de las dos únicas bombas atómicas que hasta ahora han explotado, para rendir homenaje a la capacidad de recuperación del pueblo japonés y especialmente de las víctimas y para decir que la voz de los hibakusha es un mensaje fundamental para la paz”, dijo. 

Guterres aseguró que su expresión de solidaridad llega en un momento muy importante para las Naciones Unidas, ya que además del proceso de diálogo de Corea del Norte, recientemente se lanzó una nueva iniciativa de desarme en Ginebra.

“Desarme para salvar a la humanidad, en el que, por supuesto, el objetivo central es tener un mundo totalmente libre de armas nucleares. Estamos completamente comprometidos a a asegurarnos de que no se ponga en tela de juicio la no proliferación y las situaciones de Corea del Norte e Irán son dos aspectos centrales de nuestras preocupaciones”, explicó.

Agregó Guterres que, para garantizar la no proliferación, se necesita de medidas progresivas de desarme en la dimensión nuclear, así como de armas químicas y biológicas.  

El titular de la ONU expresó además su profunda gratitud por el liderazgo nacional en estas cuestiones, pero también en relación en Cambio Climático, en la promoción de los DD.HH. y en todos los aspectos de las actividades de la organización. 

Tokio, 10 de agosto de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

Amnistía Internacional publicó en el New York Times y otros periódicos de 134 países un impactante anuncio en el que urge a los senadores de Argentina a aprobar la legalización del aborto en una votación histórica.

"Adiós", sostiene la publicación de Amnistía Internacional en la contratapa del New York Time, con una gran percha sobre un fondo verde, el color de la campaña a favor del aborto en el país sudamericano.

"Las complicaciones provocadas por abortos inseguros son la principal causa de la mortalidad materna en Argentina. El 8 de agosto, los senadores de Argentina pueden elegir cambiar esto si aprueban la ley para despenalización del aborto. El mundo está mirando", señala el anuncio.

La percha o gancho para colgar ropa es un símbolo asociado con abortos clandestinos y remite a los graves riesgos de vida que afrontan las mujeres que deciden interrumpir un embarazo por vías ilegales. "Recuerda a los legisladores que tienen el poder de salvar muchas vidas si votan por la interrupción legal del embarazo", sostiene la organización de derechos humanos.

"Queremos enviar un mensaje a los senadores de Argentina: el mundo los está mirando. Está observando para ver si votarán en favor de las mujeres y para poner fin al grave sufrimiento causado por la criminalización del aborto", dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La Directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, señaló por su parte que "los millones de mujeres que tan apasionadamente luchan por sus derechos deben saber que gente de todo el mundo se solidariza con ellas". "Es hora de que los senadores demuestren que no les darán la espalda", urgió.

El proyecto de legalización del aborto recibió ya media sanción el 14 de junio en la Cámara de Diputados y será ley si es aprobado por el Senado. Sin embargo, las perspectivas no son favorables según los votos anticipados por los legisladores, ya que de los 72 senadores de la Cámara alta, 37 ya informaron que votarán en contra y sólo 31 lo harán a favor. 

En Argentina solo está permitido interrumpir un embarazo en caso de violación o de riesgo de vida de la madre. No obstante, cada año se realizan unos 354.627 abortos, según estimaciones oficiales divulgadas por el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. La cifra escala a cerca de medio millón de abortos clandestinos anuales, de acuerdo a otros cálculos no oficiales. La interrupción clandestina del embarazo es además la principal causa de mortalidad materna.

Amnistía Internacional destacó que "el debate en Argentina también es un rayo de esperanza para el resto de América Latina, donde actualmente solo Cuba, Uruguay y Ciudad de México han despenalizado el aborto en todas las circunstancias".

Buenos Aires, 8 de julio de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

El Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria Ferrer, señaló en un comunicado, que ha sido autorizado por el Papa Francisco I para introducir la nueva postura ante la pena de muerte, recogida en el artículo 2.267 del Catecismo Católico.

En el nuevo texto se subraya que "la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo".

En la modificación se señala que "durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común".

En la versión antigua del Catecismo no se excluía la pena de muerte "si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas".

El cambio se debe a que, según el nuevo texto, "hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves" y "se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado".

"En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente", se justifica en el nuevo texto.

El cambio, datado el 1 de agosto de 2018, entrará en vigor con su publicación en el Diario Oficial, L'Osservatore Vaticano y en el "Acta Apostolicae Sedis", que recoge los textos oficiales de la Santa Sede.

Ciudad del Vaticano, 3 de agosto de 2018.

Por Redacción Ecos Internacional.

Autoridades políticas y policiales de América Latina y la Unión Europea (UE) cerraron un convenio con el que buscan potenciar el intercambio de datos, entre ambas regiones, para combatir la delincuencia organizada a nivel trasnacional.

El documento fue firmado durante la XI Cumbre de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que se celebra en la capital argentina de en Buenos Aires, con el lema "Camino a la Institucionalización", por representantes de Bolivia, Ecuador, Panamá, Brasil y Argentina, a los que se espera que se adhieran más adelante Colombia, Perú y México.

"Para poder lograr este combate contra el crimen organizado, se necesita cada vez más colaboración entre las policías nacionales e intercambio de datos", destacó en una entrevista antes del acto la Embajadora de la UE en Argentina, Aude Maio-Coliche.

En ese sentido, la alta funcionaria europea destacó que el apoyo de esa región ha comenzado a articularse a través del denominado SIPA I (Sistema de Información Policial de Ameripol), focalizado en la problemática del tráfico de drogas y, gracias al convenio firmado este miércoles, "va a ser más fácil desarrollar la segunda fase", el SIPA II, que incluirá datos sobre trata, violencia de género y migración ilegal.

Maio-Coliche hizo hincapié en que este apoyo de la UE a la comunidad policial americana también va a permitir "reforzar" la colaboración entre las policías nacionales de Sudamérica.

"Solamente con la cooperación mayor entre las policías podemos ser más organizados que el crimen organizado", destacó sobre este proyecto, que ha financiado la UE mediante una inversión total de 6,45 millones de euros.

Por su parte, el Inspector Jefe de la Policía española y Coordinador General del proyecto de la UE en Ameripol, Marcos Alvar, celebró que la firma de este convenio se trata de un "momento histórico" y un "hito" para la región.

En declaraciones a medios internacionales, Alvar afirmó que, desde que se constituyó en 2007, la entidad policial americana no contaba con una herramienta para empezar a funcionar "en lo más importante, que es el intercambio de información de datos personales contra la delincuencia organizada trasnacional" y ahora podrá empezar a "institucionalizarse" con una personalidad jurídica propia.

Buenos Aires, 3 de agosto de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

El número de nicaragüenses que solicitan asilo se ha disparado en la vecina Costa Rica, donde las desbordadas autoridades migratorias reciben apoyo de ACNUR para incrementar el registro de los desplazados. En la actualidad, se están procesando 200 solicitudes de asilo diarias, pero se espera aumentar la capacidad a 500.

Mientras miles de nicaragüenses huyen de la violencia y los abusos a sus derechos humanos, la Agencia para los refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) ha pedido solidaridad internacional y apoyo a Costa Rica y el resto de los países que albergan a los desplazados del país centroamericano.

Así se ha disparado el número de nicaragüenses que piden asilo en la vecina Costa Rica, lo que ha desbordado a sus autoridades migratorias, explicó William Spindler, portavoz de la agencia.

“Actualmente, un promedio de 200 solicitudes de asilo se presenta diariamente en Costa Rica. De acuerdo con las autoridades del país, cerca de 8000 peticiones de asilo de ciudadanos nicaragüenses han sido registradas desde abril, y unos 15,000 más tienen cita para su registrarse más adelante, ya que la capacidad del país para procesarlas está desbordada”, acotó Spindler.

De acuerdo con Spindler, muchos de los ciudadanos de Nicaragua que abandonan su país son acogidos por las entre 100.000 y 150.000 familias nicaragüenses que ya viven en Costa Rica y que ofrecen una "red de seguridad inicial".

La violencia se destapó en abril cuando los nicaragüenses protestaron contra los recortes propuestos a la seguridad social. Las manifestaciones iniciales fueron reprimidas violentamente por fuerzas de seguridad y otros elementos armados y grupos violentos. Pese a ello, las protestas y la represión continuaron.

La Agencia para los Refugiados estima que con su apoyo los servicios de inmigración costarricense podrían aumentar su capacidad de procesamiento de 200 solicitudes diarias a por lo menos 500.

ACNUR está fortaleciendo su presencia en la región fronteriza del norte de Costa Rica y, junto con el Gobierno costarricense, otros organismos de las Naciones Unidas y las ONG que colaboran con ellos están preparando su capacidad de respuesta para proporcionar protección y asistencia inmediata a miles de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses, tanto en la región norte como en el área metropolitana de la capital, San José.

Si bien Costa Rica recibió la mayoría de las solicitudes de asilo, el número de nicaragüenses buscando asilo también subió en Panamá, México y Estados Unidos. ACNUR dijo que el alza llegó a su punto más alto en junio.

Managua, 31 de julio de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

Un grupo de expertos de DD.HH. de la ONU, liderado por Bernard Duhaime, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, celebró la propuesta del Gobierno de España de crear una Comisión de la Verdad y llevar a cabo planes de búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. También recomendaron que se implique a las familias de las víctimas en las propuestas y se ofrecieron para colaborar en el proceso.

“Esta decisión es fundamental para hacer realidad el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de DD.HH. y también para cumplir con las medidas de reparación que son importantes”, explica Fabián Salvioli, uno de los tres relatores especiales que publicaron un comunicado conjunto este celebrando la iniciativa del Gobierno español.

La Ministra de Justicia de España anunció ante el Congreso de los Diputados una serie de medidas en el marco de su propuesta de revisión de la Ley de Memoria Histórica, que permitirá la creación de la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones ocurridas durante ese período de la historia española.

La revisión legislativa también incluye una propuesta de retirada de los símbolos de exaltación de la Dictadura y la resignificación del Valle de los Caídos, erigido durante la Dictadura Franquista y en el cual se encuentran los restos de Francisco Franco.

En 2014, el predecesor de Fabián Salvioli, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición,  solicitó a las autoridades españolas atender de manera urgente las demandas de las víctimas en términos de la verdad y establecer un mecanismo con ese propósito.

¨Nosotros sostenemos que falta implementar las recomendaciones que hicieron el Relator Especial en ese momento y el Comité sobre Desaparición Forzada, sobre todo la falta de avances en la investigación de las graves violaciones de DD.HH. Para esto la creación de la Comisión de la Verdad es fundamental”, asegura Salvioli, agregando que ni siquiera los órganos jurisdiccionales españoles han impulsado investigaciones en este sentido y esto es "muy preocupante" en términos del cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado, mucho más por la edad avanzada de muchos testigos y familiares.

“Nos complace ver que las autoridades españolas decidieron dirigir sus esfuerzos a la realización de esta importante meta, colocando el derecho a la verdad en un lugar privilegiado de la agenda política”, expresa la declaración.

Los relatores resaltaron la importancia de los procesos de construcción y significación de la memoria histórica sobre violaciones de los DD.HH., y recordaron que dichos procesos deben suceder en un marco de transparencia y participación de la sociedad civil, centrarse en las víctimas y aportar el espacio necesario para exponer sus relatos, así como promover el pensamiento crítico sobre eventos pasados.

La Dirección General para la Memoria Histórica también se encargará de establecer planes de búsqueda de desaparecidos y hará públicos los datos de las exhumaciones, creando y manteniendo un censo de las víctimas.

“En lo que tiene que ver con la exhumación de cuerpos e identificación de personas desaparecidas, es algo que ha quedado librado hasta la actualidad por la buena voluntad de los propios familiares de las víctimas, lo cual naturalmente genera un problema”, resalta Salvioli.

En 2013, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias había criticado que no existiera un plan nacional para este cometido. En su comunicado, los relatores saludaron la intención del Gobierno de asumir su responsabilidad y ejercer un rol activo en la búsqueda de víctimas desaparecidas y lo instaron a adoptar inmediatamente las medidas legislativas, administrativas y financieras necesarias para ejercer efectivamente esta función. El tiempo para lograr esto es crítico, explica Salvioli.

“Lo que estamos instando es a hacerlo con mucha premura por la edad tan avanzada de familiares y testigos de esas personas y esperamos que el nuevo procedimiento tome al Estado haciéndose cargo decididamente de esta cuestión y que no delegue la responsabilidad de las exhumaciones a comunidades autónomas o a familiares de víctimas, sino que lo hagan directamente desde los órganos del estado como esto debe realizarse. También hay que permitir el acceso a los archivos, particularmente a los archivos militares”, resalta.

Los relatores dicen que esperan que todas las iniciativas anunciadas estén acompañadas por avances judiciales, que incluyan los procedimientos penales que se lleven a cabo en cualquier otro país por las desapariciones forzadas cometidas en España.

Finalmente, los expertos independientes alentaron al Gobierno a que involucre a las familias de las víctimas y sus asociaciones en la implementación de las propuestas.

“No hay ningún proceso de verdad y justicia que se lleve adelante sin participación de las víctimas, no darles participación es re victimizarlas”, asegura Fabián Salvioli.

El Relator Especial aseguró que, si bien la revisión legislativa es una iniciativa valiosa e importante, aún existen otras preocupaciones.

“Nosotros hemos manifestado nuestra preocupación por la no derogación de la Ley de Amnistía de 1977 que impide efectivamente investigaciones particularmente en torno a delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias cometidas durante la guerra civil y el franquismo¨, expresó. Agregó que tanto él como sus colegas están disponibles para colaborar con el Estado español en estos procesos.

“Los procedimientos especiales tienen una fase de trabajo que tiene que ver con cooperación y asistencia técnica. Estamos dispuestos a cooperar y a brindar toda nuestra ayuda para que España cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales.”

Para los relatores, los esfuerzos por promover la verdad, la memoria y las garantías de no repetición son esenciales para la efectiva realización de los DD.HH. de las víctimas y para fortalecer la confianza de los ciudadanos entre sí y en sus instituciones.

Ginebra, 27 de julio de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, aseguró que la represión en Nicaragua ha entrado en una tercera fase, la que calificó como "represión burocrática".

"Estamos viendo una transformación de la represión más cruda hacia un proceso de represión burocrática, que utiliza el Sistema Penal y de Justicia para detener a las personas y promover procesos criminales y judiciales en su contra y mantenerlos dentro de un ambiente de acusaciones terroristas", manifestó Abrão en rueda de prensa en Washington.

Según el funcionario, hay tres fases en la Crisis Nicaragüense. Estas son: la primera fase de "represión tradicional", marcada por el uso desmedido de la fuerza de la policía contra los manifestantes; la segunda fase fue la que estuvo marcada por la "Operación Limpieza", que el Gobierno de Daniel Ortega puso en marcha para eliminar barricadas en feudos opositores; y la tercera fase de "represión burocrática”.

Abrão expresó su preocupación por la posibilidad de que esta tercera fase se convierta en una tendencia. En esta etapa se enmarcan las denuncias de secuestros recibidas por la Comisión, sobre personas detenidas en sus casas que se enteran de que están siendo acusadas penalmente cuando llegan a dependencias policiales.

El Secretario de la CIDH, avanzó que la próxima semana habrá una nueva actualización de cifras de víctimas fatales a través del Mecanismo Especial de Seguimiento creado por la CIDH para monitorear la situación en el país centroamericano.

Las cifras de la CIDH son las más conservadoras en comparación con los organismos y organizaciones de derechos humanos que contabilizan los muertos en esta crisis. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) dio este jueves, coincidiendo con los 100 días de protestas, que el número de fallecidos es de 448.

Abrão argumentó la disparidad por las diferencias de metodología y protocolos aplicados, pero no restó validez al número de muertos que dan las organizaciones de la sociedad civil. "Es muy probable que la cifra sea más alta de la que la Comisión presenta, que esté más cerca a la que las organizaciones de derechos humanos están anunciando", apuntó.

Washington, D.C. 27 de julio de 2018.-

Por Redacción Ecos Internacional.

Cuba apuesta a aprobar una Nueva Constitución Política que sustituya su actual Carta Magna de 1976, aprobada en medio de la Guerra Fría y persigue, sobre cualquier orden, respaldar las reformas económicas y una nueva institucionalidad, más acorde con realidad actual de la isla. El texto será debatido durante tres meses por la población y deberá ser ratificado en un referéndum.

La nueva norma abrirá las puertas al mercado y la inversión privada, sin abandonar su cauce socialista, pero no ya comunista.

El proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional y será llevado a consulta popular entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre y luego sometido a un referéndum.

Las reformas económicas emprendidas por Raúl Castro (2008-2018) abrieron paso al trabajo autónomo, que hoy emplea a más de medio millón de personas y representa un 13% de la economía nacional.

Muchos de estos "cuentapropistas" son falsos autónomos que dirigen pequeñas y medianas empresas. Pero la Constitución de 1976 solo reconocía la propiedad estatal y la cooperativa agropecuaria. Ahora se incluirá en el nuevo articulado "otras formas de propiedad como la cooperativa, la propiedad mixta y la propiedad privada".

El sistema político, social y económico de Cuba seguirá declarándose socialista pero eliminará de su texto la consigna de trabajar para el "avance hacia la sociedad comunista".

A pesar de la modificación de la Carta Magna se seguirá reconociendo al Partido Comunista de Cuba (PCC) como el único legal en el país.

Para institucionalizar la política del país y alejarse de los mandatos personalistas del pasado, la Constitución regulará que el futuro Presidente ejercerá el cargo tan solo dos mandatos, de cinco años cada uno.

Asimismo, el proyecto reconoce en su articulado que el capital foráneo no es algo coyuntural para paliar problemas, sino un elemento importante de desarrollo para el despegue de la economía nacional cubana.

En este sentido, las autoridades cubanas han manifestado que el país tiene que atraer más de 2.500 millones de dólares anuales para crecer.

En el orden social, hasta ahora el texto solo reconoce el matrimonio entre el hombre y la mujer, mientras que el nuevo artículo 68 dirá que es entre personas, sin más especificaciones, en respuesta a la demanda de la comunidad LGBTI, abanderadas por la sexóloga Mariela Castro. Las iglesias evangélicas se oponen a la medida.

En cuanto a la máxima magistratura, hasta ahora no existía un presidente de la República y la jefatura del Estado la ejerce el presidente del Consejo de Estado, que es un órgano del Parlamento. Para aspirar al nuevo cargo de Presidente el candidato deberá tener mínimo 35 años y máximo 60 años de edad, haber nacido en Cuba y no tener doble nacionalidad.

En lo referente a la administración territorial y del Estado, se eliminan las Asambleas Provinciales y se crearán gobiernos provinciales, dirigido por un gobernador nombrado por el parlamento nacional. También se creará la figura del primer ministro, eliminada en 1976, que será el encargado de dirigir el Consejo de Ministros.

Quedan de ustedes, queridos lectores observar si fue un cambio o sólo un retoque de oportunidad.

La Habana, 24 de julio de 2018.

Por Redacción Ecos Internacional.