Redacción Ecos. Foto: Impacto.mx. Los senadores mexicanos aprobaron la llamada Ley 3de3, que obliga a los funcionarios a presentar y publicar sus declaraciones de patrimonio, impuestos e intereses. El Oficialismo, ante el inminente peligro político de tal iniciativa, introdujo excepciones que la debilitaron.
Los congresantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista cambiaron el proyecto para permitir que, en el caso de declaraciones patrimoniales y de intereses, los funcionarios no estén obligados a publicar información que pueda "afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución".
La iniciativa original, respaldada por 640.000 ciudadanos, proponía un formato de declaración que obligaba a los funcionarios a hacer públicos sus inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, sus obligaciones fiscales y posibles conflictos de intereses, para lo que deberían incluir información de su cónyuge y dependientes económicos.
Con las modificaciones introducidas por el Oficialismo, en una larga sesión que se prolongó hasta la madrugada, los funcionarios solo deben probar que cumplieron con su declaración fiscal y pueden omitir información clave sobre sus bienes y el crecimiento de sus fortunas. En otras palabras, hacer un mero saludo a la bandera.
El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, ambos parte del Sistema Nacional Anticorrupción, "emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de los aludidos queden en resguardo de las autoridades correspondientes", señaló la Cámara alta en un boletín.
Interés social y público
El senador Raúl Morón Orozco, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que la iniciativa aprobada "no cumple con las exigencias de la sociedad mexicana, más bien ha traicionado su voluntad".
Por encima del derecho a la privacidad en la información personal debe prevalecer la supremacía del interés social y público, por lo cual es necesario generar un sistema de rendición de cuentas que permita la transparencia y el combate a la corrupción, aseveró.
La iniciativa pasa ahora a debate a la Cámara de Diputados, donde la oposición confía en que sea modificada y aprobada como se planteó inicialmente, es decir, con la publicación completa y sin reservas de las tres declaraciones.
"Aún podemos hacer de la política un instrumento digno al servicio de la gente, y no uno del cual los políticos se sirven", dijo el senador Zoé Robledo, también del PRD.
Destacó que si bien la Ley 3de3 no es el elemento más importante del Sistema Nacional Anticorrupción, sí es el "más legitimador de nuestra acción política", el más simbólico y que le da más significado a la existencia de todo el sistema.
Respaldo ciudadano
La senadora Marcela Torres Peimbert, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), también planteó la necesidad de volver a la propuesta original, respaldada por 634.000 ciudadanos que la firmaron antes de que llegara al Legislativo.
“Las declaraciones patrimoniales no son un capricho de los ciudadanos, sino la gran deuda pendiente en este país”, afirmó Torres.
El senador independiente Manuel Cárdenas propuso que los empresarios que tengan contratos con el Gobierno, bajo cualquier modalidad, estén obligados a presentar sus declaraciones al órgano de control del ente público del que recibió los recursos.
Cárdenas, cuya propuesta fue aprobada por el pleno del Senado, subrayó la necesidad de impulsar la transparencia en toda transacción en la que interviene el patrimonio del país y atacar la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones.
"Basta ya que empresarios se beneficien ilegalmente del patrimonio de los mexicanos en contubernio con servidores públicos", aseveró el senador independiente.
