La Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, destituyó a ocho concejales de Barrancabermeja y los inhabilitó entre 14 y 12 años para ejercer cargos públicos.
Según el Ministerio Público, los cabildantes cometieron irregularidades al elegir las mesas directivas de la corporación si tener el quórum decisorio y por suscribir y votar el acto administrativo para dicha elección, actuación para la cual no estaban facultados.
En este caso se determinó que la voluntad de los funcionarios investigados sabía que estaban incurrieron en una falta disciplinaria, puesto que 17 de los ediles no ostentaban esa condición debido a la pérdida de investidura proferida por el Consejo de Estado.
Quedaron destituidos e inhabilitados los concejales Miriam Guerrero Tovar y Rogelio Adolfo Scarpeta Díaz, por el término de 14 años; y a Alfonso Baeza Acuña, Carlos Andrés González Mebarark, Jaime Enrique Quintanilla Archila, Kelly Zulima Ortiz Calao, Roberto Quiroga Garcés y Luis Eduardo Velásquez, por un periodo de 12 años.
