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Por Redacción Ecos. Foto: El Clarin.- La justicia brasileña suspendió este miércoles la aplicación de un polémico decreto que autorizaba la explotación minera privada en una gigantesca área de la selva amazónica, sumando un nuevo cuestionamiento a los planes de apertura económica del Presidente Michel Temer.
El Juez de Brasilia, Rolando Spanholo, ordenó “suspender inmediatamente cualquier acto administrativo que apunte a extinguir la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (RENCA)”, una zona de 47.000 km2 (mayor que la superficie de Dinamarca), situada entre los estados de Pará y Amapá, indica el acta judicial.
El magistrado argumenta que el decreto no fue “precedido de la necesaria autorización del Congreso Nacional”, como lo impone la Constitución, y podría “colocar en riesgo la protección ambiental (…) y la protección de las comunidades indígenas locales”.
La Abogacía General de la Unión (AGU, que defiende los intereses del Gobierno) anunció que recurrirá la decisión.
El decreto fue publicado la semana pasada por Temer, que reemplazó por uno nuevo, con mayores precisiones sobre medidas de protección ambiental, ante el aluvión de críticas procedentes de grupos ambientalistas, de la Iglesia Católica y de varias celebridades.
El nuevo texto prohibía explícitamente la explotación minera en áreas donde haya “sobreposición parcial” de áreas protegidas o “tierras indígenas demarcadas”, “excepto si está previsto en el plan de gestión”.
Los grupos ambientalistas argumentan, sin embargo, que la extinción de Renca acelerará el avance de la minería privada y la deforestación sobre las áreas de preservación.
La decisión de extinguir Renca, así como otras medidas del gobierno, generaron un fuerte rechazo entre la población, que se sumó a través de las redes sociales a la campaña “Todos por la Amazonía”, impulsada con fuerza por la top model Gisele Bundchen. Artistas brasileños como Caetano Veloso y Anitta también se sumaron a la cruzada.
Los planes de Temer recibieron un golpe desde un organismo gubernamental, el Ibama, a cargo de la gestión ambiental, que amenazó con poner fin al proceso de autorización de prospección de petróleo en la desembocadura del Amazonas si la firma francesa Total, líder del proyecto, no ofrecía garantías de protección a una barrera de coral.
“La presión está funcionando. No podemos parar”, afirmó Greenpeace en las redes sociales luego de conocer la suspensión.
ONG y legisladores contra la extinción de la reserva realizaron un acto en el Congreso y celebraron la medida judicial. “Este es el momento para que digamos ‘ningún retroceso más"”, afirmó la excandidata presidencial Marina Silva, que fue ministra de Medio Ambiente de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 y 2008. “La sociedad brasileña debe movilizarse para no permitir la continuidad de estos retrocesos que desde 2012 sólo se profundizan”, agregó.
Marina Silva afirmó que para el gobierno de Temer, “la agenda ambiental, la agenda indígena y de derechos humanos se convirtieron en moneda de cambio”.
Silva recordó que Brasil redujo en 84% la deforestación entre 2004 y 2012, y que el país se comprometió -en el Acuerdo sobre el clima de París- a eliminar la tala ilegal para 2030 y reducir en 43% sus emisiones de carbono.
Desde 2012, sin embargo, la superficie deforestada volvió a aumentar, según datos del Ministerio del Medio Ambiente, aunque esta tendencia podría revertirse este año, sostienen las autoridades.
Ese aumento de los últimos años le valió a Brasil una advertencia del gobierno de Noruega, que, si la situación no mejora, podría reducir a cero su aporte financiero a un fondo brasileño para proteger la selva amazónica.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Jean-Marc Ferré/ONU.- En el contexto de las recientes protestas antigubernamentales en Venezuela se han cometido múltiples abusos y violaciones de DD.HH. que apuntan a la existencia de una política destinada a reprimir el desacuerdo político e infundir temor en la población para frenar las manifestaciones, asegura un nuevo Informe de la Oficina de DD.HH. de la ONU.
Dado que el gobierno de Venezuela no respondió a las peticiones de acceso de la Oficina, el documento fue realizado tras una investigación a distancia que compiló unas 135 entrevistas con víctimas y familiares, testigos, organismos de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos, personal de primeros auxilios y miembros del Ministerio Público.
El informe señala que el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos indica que no se trata de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados.
“El Presidente fue elegido por la gente, pero desde entonces ha habido erosión de la democracia. Pediremos al Consejo de DD.HH. de la ONU que considere la posibilidad de tomar medidas para prevenir el agravamiento de la situación de las garantías fundamentales en Venezuela, país que en la actualidad es miembro de este órgano de la ONU”, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., Zeid Ra’ad Al Hussein.
“Basados en los informes del Ministerio Público y nuestras propias entrevistas, pudimos determinar que al menos 46 de las muertes registradas pudieron haber sido responsabilidad de las fuerzas del Estado y que al menos 27 personas murieron por responsabilidad de los colectivos armados”, agregó Carlos de la Torre, oficial de DD.HH., en una entrevista con Noticias ONU.
Grupos de manifestantes antigubernamentales serían también responsables de al menos cuatro muertes al emplear medios violentos como cócteles Molotov y morteros de fabricación casera. Hasta el 31 de julio, nueve miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela habían sido asesinados. El informe recomendó a la oposición condenar todo acto de violencia.
El Consejo de DD.HH. de la ONU se reunirá el 11 de septiembre. Esa instancia podría establecer una comisión o un mecanismo de monitoreo para investigar los supuestos abusos.
Zeid aseguró ante la prensa este miércoles que su oficina está dispuesta a mantener un diálogo con el gobierno venezolano.
Redacción Ecos.- Los escándalos de corrupción en las diferentes esferas de Estado, fundamentalmente en la justicia, reviven la figura del Tribunal de Aforados en la Reforma Política que estudia y discute el Congreso de Colombia.
Así lo dio a conocer el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, luego de conversar con el presidente Santos, quien sostuvo ante los medios que la idea es aprovechar el debate que se está dando en la Cámara de Representantes e incluir esa figura en momentos de la indignación nacional por los recientes escándalos de corrupción en la justicia.
Se trata de incluir en el proyecto de Acto Legislativo los artículos necesarios para crear dicho tribunal para juzgar a los altos funcionarios del Estado, función que cumple actualmente la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
“Claramente estoy de acuerdo con esta necesidad, el presidente me consultó al respecto y celebramos si este tema se incluye en la reforma política (…) El otro tema es quitar las funciones electorales a las cortes (...) Sin lugar a dudas el fiscal también necesita quien lo ronde y por eso creamos mecanismos de auditoría y veeduría para la Fiscalía y son temas que deben estar en la agenda de estas reformas”, afirmó el Fiscal Martínez.
Redacción Ecos.- El Gobierno de Colombia envió una nota de protesta a su homólogo venezolano por la incursión de la guardia del vecino país en el departamento de La Guajira, territorio patrio.
Por ese hecho el Ministerio de Defensa Nacional y la Cancillería están coordinando acciones para establecer medidas al frente de esa acción militar del Gobierno de Maduro.
Como resultado de esa acción en La Guajira, cuatro personas fueron heridas con perdigones durante la incursión, según lo informó el gobernador del departamento Weildler Guerra Curvelo.
Redacción Ecos. Foto: Mininterior.- Con el objeto de disminuir la inseguridad en el territorio nacional, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, presentó como alternativas a las gobernaciones los “Centros de Escucha (Zonas de Encuentro e inclusión social)”, para reconstruir el tejido social y la confianza que establezca la convivencia ciudadana.
El viceministro del interior Héctor Olimpo Espinosa, a través de dos experiencias exitosas de inclusión social que permitieron la transformación de las realidades sociales en comunidades vulnerables de Bogotá, mostró dicha experiencia a los mandatarios regionales, como una de las alternativas para fortalecer la seguridad y la convivencia con enfoque de inclusión social teniendo en cuenta el acompañamiento del género femenino.
“Queremos darle un nuevo enfoque a la política pública de seguridad y convivencia. Debemos trabajar no solamente desde la parte policiva, coercitiva y reactiva; sino desde la parte civilista que busca intervenir los contextos sociales, que busca cambiar las dinámicas sociales que producen y reproducen los delitos”, advirtió el Viceministro Espinosa.
Los “Centros de Escucha (Zonas de Encuentro e Inclusión Social)”, como dispositivos de intervención que propone el Viceministro Espinosa, fueron dados a conocer con la experiencia de Daniela Maldonado y Alberto López, dos líderes que hallaron en esta herramienta de trabajo comunitario una nueva oportunidad de vida que genera impacto en sus propias comunidades.
“Los espacios de escucha dignifican la vida y la inclusión. Las dinámicas de violencia cambian cuando se trabaja de la mano de la población. En el posconflicto la escucha es la única forma de lograr la paz”, aseguró Daniela Maldonado, quien dirige la Red Comunitaria Trans y que luego de participar en un proceso de transformación social, se convirtió en activista.
“Los Centros de Escucha permiten la participación social y ofrecen a los habitantes de calle una oportunidad. Educar a la sociedad con diálogo y encuentro, hace mucho por la seguridad”, manifestó Alberto López presidente de la Cooperativa de Recicladores COPETÍN y quien adelanta campañas de prevención del uso de sustancias psicoactivas, a través de esta asociación.
El Ministerio del Interior, a través del Viceministerio de Relaciones Políticas, trabajará de la mano con las gobernaciones de Colombia para activar estos Centros de escucha como zonas de encuentro e inclusión social en diferentes regiones del país, y de esta forma avanzar en el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia con aliados institucionales y actores comunitarios.
Por Redacción Ecos. Foto: Museo Internacional de la Esclavitud de Liverpool.- Recordar la lucha histórica contra todas las formas de opresión y racismo que perviven en la actualidad es uno de los objetivos del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, que se celebra cada 23 de agosto.
Naciones Unidas conmemora el levantamiento de los esclavos en Haití en 1791, un suceso de capital importancia para la abolición del comercio transatlántico de esclavos.
En su mensaje para la jornada, la Directora General de la UNESCO identificó la “ignorancia” como nuestro gran enemigo en relación a la trata de esclavos ya que “sirve de coartada a los indiferentes que afirman que “no podemos cambiar nada” y respalda las mentiras de quienes aseguran que “no lo sabían”.
Irina Bokova destacó la amplia repercusión que tuvo esa revuelta, que marcó la ruta de las luchas para la liberación de los pueblos y de los movimientos de defensa de los derechos humanos y civiles desde hace más de 200 años.
Como muestra de que la revuelta del 1791 desencadenó un movimiento de largo recorrido, Bokova recordó la reciente aprobación de dos nuevos sitios, en Angola y Brasil, que rememoran el legado de este día.
El reconocimiento a este patrimonio, recordó Bokova, forma parte de una riqueza fundamental para la sensibilización de las personas, la educación de los jóvenes y los procesos de reconciliación y cohesión social.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: ONU Press.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) contará en su plantilla de expertos una defensora de los Derechos de las Víctimas de Abuso Sexual. Esta era una promesa de su Secretario General, António Guterres, para responder a esos crímenes polémicos y aún no bien legislados a escala global.
Guterres nombró a Jane Connors, de Australia, como la Primera Defensora de las Naciones Unidas para los Derechos de las Víctimas de abusos sexuales.
El líder de la ONU había prometido en su informe sobre el Nuevo Enfoque contra la Explotación y el Abuso Sexual, que los derechos y la dignidad de las víctimas serían la prioridad en la respuesta de la ONU a esos crímenes.
EL trabajo de Connors, para apoyar la estrategia de asistencia a las víctimas, estará orientado a: "Trabajar con instituciones gubernamentales, sociedad civil y organizaciones nacionales y legales de DD.HH. para construir redes de apoyo y ayudar a garantizar que se cumplan las leyes locales, al igual que las compensaciones para las víctimas", explicó Stephan Dujarric, portavoz del Secretario General.
Connors, con una larga y multifacética carrera en la defensa de los derechos humanos, es Directora de Leyes y Políticas en Amnistía Internacional. También fue directora de la División de Investigación y Derechos en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH.
También esta alta funcionaria ha trabajado en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU y fue Profesora de Leyes en varias universidades británicas y australianas.
La Defensora Jane Connors tiene una Maestría en Derecho y se licenció con honores en la Universidad Nacional de Australia.
En ese sentido, como defensora de los derechos de las víctimas, Connors buscará dar una respuesta estratégica integrada para la asistencia de las víctimas, en coordinación con los agentes del sistema de la ONU encargados de prestar apoyo a las personas afectadas.
Asimismo, la funcionaria trabajará con instituciones gubernamentales, la sociedad civil y organizaciones nacionales y de derechos humanos para crear redes de apoyo y para ayudar a asegurar que se garantice la aplicación plena de las leyes locales, incluyendo compensaciones para las víctimas.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Expansión.- Este 24 y 25 de agosto de 2017 los principales Jefes de los Bancos Centrales del mundo se reúnen en el pueblo de Jackson HOle, en las Montañas Rocosas. El tema de la cita es muy candente: la futura política monetaria.
Con el lema "Apoyo a una economía global dinámica", el evento, que ha sido organizado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas desde 1978, es considerado como el más importante encuentro periódico en el ámbito de la política monetaria mundial.
Entre los invitados polémicos estarán Janet Yellen, Presidenta de la Fed de Estados Unidos y Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo (BCE), quienes expondrán sus puntos de vista en Jackson Hole.
Draghi hablará de los retos a largo plazo de la política monetaria y solo se pronunciará sobre la actual política monetaria cuando la haya discutido el Consejo Central del BCE.
Diversos analistas señalan, como Folker Hellmeyer, jefe del Landesbank de Bremen, que este año no habrá señales que ofrezcan a los inversores financieros nuevas pistas sobre la futura dirección del BCE.
"Sabemos que Mario Draghi no quiere hablar expresamente de la tasa de interés y la política monetaria del BCE", escribe Hellmeyer en el portal financiero "Investing.com". Tampoco se espera que en Jackson Hole haya declaraciones con respecto a la futura evolución de los ajustes del tipo de interés en Estados Unidos.
Pero en Jackson Hole se va a hablar más de los desafíos a largo plazo que afectan a los bancos centrales y sus estrategias de política monetaria. Los economistas ven años de crecimiento económico moderado, con una inflación sorprendentemente baja.
El crecimiento de la productividad ha estado disminuyendo desde los años 50 del siglo pasado: la revolución digital de las dos últimas décadas aún no ha afectado significativamente el crecimiento de la productividad.
Además, Estados y empresas están acumulando altas deudas, a bajos tipos de interés. Si el cambio demográfico en muchos países industrializados arrojará dividendos o creará costos adicionales no está claro todavía. Todas las preguntas, que, además de a muchos economistas, también interesan a los encargados de la política monetaria.
En Jackson Hole se hablará más de la evolución a largo plazo. Pero el tema será candente.
Por Redacción Ecos. Foto: martinoticias.com.- El Presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, invitó "oficialmente" a la Fiscal venezolana Luisa Ortega a la plenaria de la corporación y apoyó que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos le conceda el asilo político a ella, a su esposo, Germán Ferrer y a sus colaboradores cercanos.
"Apoyo el asilo para la fiscal Luisa Ortega, su esposo y asesores cercanos. Le tenderemos la mano a los defensores de la democracia", escribió este lunes el congresista conservador Cepeda en la red social Twitter.
El titular de la Cámara Alta opinó en respuesta al trino en el que Santos informó a través de esa misma red social que Ortega está "bajo protección del Gobierno colombiano" y asegura que si la funcionaria venezolana "pide asilo se lo otorgaremos".
Cepeda, del Partido Conservador, señaló en otro mensaje, que invita "oficialmente" a Ortega, quien fue destituida del cargo el pasado 5 de agosto por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de su país, integrada solo por oficialistas, a acompañarlos "el martes 22/08 en la Plenaria del Senado".
"Bienvenida Fiscal", añadió el titular del Senado Colombiano.
Redacción Ecos.- Foto: trapichitoghp.blog- El inicio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2018 empezó a generar críticas al interior del congreso. El representante a la cámara Carlos Eduardo Guevara denunció que los subsidios estatales para estos servicios se reducirían de $1.7 billones a $1 billón.
El congresista del Partido MIRA dijo que ese porcentaje que reduce dichos subsidios de pesos, asciende a $700.000 millones, afectando a los 10 millones de usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en el servicio de energía y a 5.5 millones del servicio de gas.
Resaltó Guevara que un ciudadano que reside en estrato 1, el subsidio que recibe en la actualidad del 70 % se reducirá al 30%, es decir que su factura se puede incrementar hasta en un 133%, en momentos de recesión económica. Dijo que un colombiano de estrato 2, que hoy recibe un subsidio del 40%, se reducirá al 17%, es decir que su factura se puede incrementar hasta en un 38%, mientras que un habitante de estrato 3 que hoy recibe un subsidio del 15%, se reducirá al 6,5% es decir que su factura se puede incrementar hasta en un 11%.
Destacó que las diferentes agremiaciones del sector eléctrico y gas aseguran que el déficit para este año puede ascender a $1.03 billones y estiman que para la vigencia de 2018 se requieren alrededor de $2.37 billones.
El parlamentario Carlos Eduardo Guevara exhortó al Ministro de Hacienda y a sus colegas en el senado y la cámara para que se realicen los ajustes en el Presupuesto General de la Nación y no se disminuyan los subsidios destinados a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable.
“De acuerdo con estas cifras, el déficit para el próximo año puede alcanzar el 130%”, advirtió el congresista Guevara.
