Giovanni Décola.-Celebro que el Consejo de Estado haya declarado la nulidad de la elección del Señor Procurador Alejandro Ordoñez, para un segundo mandato al frente del Ministerio Público.
Deploro que el garante de la sociedad civil haya hecho uso de todas las artimañas posibles, para dilatar el decurso del proceso, que según las voces de nuestra Constitución Política, tiene un término de seis meses para ser fallado cuando se trata de una sola instancia, como es el presente caso. Duró cuarenta meses.
Lamento que Alejandro Ordoñez pretenda hacer ver su separación del cargo como una consecuencia de los acuerdos de la Habana, asociada a presiones indebidas del Gobierno y de las FARC.
Se va, porque su elección estuvo atada a maniobras torticeras de quienes lo nominaron en la terna para Procurador en clara contravía con el Artículo 126 de nuestra Carta Magna, que reza que los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados.
Eso fue precisamente lo que hicieron tres Magistrados de la corte Suprema de Justicia, que a pesar de tener familiares trabajando en la Procuraduría, votaron a favor de la postulación de Ordoñez, lo cual fue determinante para lograr la mayoría calificada de 16 Magistrados.
Igual ocurrió con numerosos senadores, pero como obtuvo 80 votos de 102, los mismos no tenían la capacidad para mutar el resultado electoral, por tal razón, no prosperó éste cargo.
En términos coloquiales, su elección fue producto de la corrupción y su separación del cargo, nada tiene que ver con presiones del Gobierno y menos de las FARC, que hasta donde se sepa, no tiene ninguna influencia en el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En hora buena se ha ido, quien convirtió su cargo en trinchera de la oposición uribista y arbitrario perseguidor de quienes pensaban distinto a sus retrogradas visiones del Estado. Jamás fue capaz de separar sus ortodoxas orientaciones religiosas con la objetividad e imparcialidad que debe ostentar quien presida el Ministerio Público.
Fue un grosero y pendenciero contradictor del Presidente de la República a quien por obvias razones le debía respeto y consideración.
Fue un frágil investigador de quienes profesaban las tesis uribistas o conservadoras, pero impecable perseguidor de los personajes de la izquierda democrática.
No fue un defensor de la familia, sino un activista de proclamas tercermundistas, que la Corte Constitucional ha equilibrado con sensatos y modernos criterios constitucionales que garantizan los derechos fundamentales de personas naturales que tienen una opción sexual diversa, y que por cuya orientación, jamás pueden ser discriminados.
No fue un gestor de paz como se lo ordena la Constitución; fue un prende fuegos de odios y rencores que en nada ayudan a la paz y reconciliación nacional.
Usó el cargo público de manera descarada, no solo para intervenir en política a favor de su partido Conservador y el Centro Democrático, sino para hilvanar su propia candidatura presidencial; en donde se dio el lujo de inhabilitar a posibles contendores (Gustavo Petro, Piedad Córdoba. Etc) y exonerando a los posibles aliados o adherentes como Vargas Lleras y un sin número de parapolíticos.
