Por: Ivan Diaz Mateus.- Quienes tienen reparos a los acuerdos de la Habana cuestionan principalmente la participación política, la justicia transicional y el tribunal de paz, y los beneficios económicos para los guerrilleros desmovilizados. Quienes defienden los pactos se aferran a la convicción de que la paz es un bien superior y una aspiración legítima de toda sociedad, mientras la guerra es inútil desgarradora y costosa.
No cabe duda acerca de que, en caso de implementarse los acuerdos, las Farc se convertirán en un partido político que verá la luz con condiciones bastante favorables: cinco curules en el Senado y cinco curules en la Cámara de Representantes.
Lo que si no está claro y genera dudas son las circunscripciones especiales que en el papel no van dirigidas directamente a las Farc pero parecen ser un espacio que solo ellos podrán copar, de ser así asegurarían 16 curules adicionales en la Cámara; igualmente su partido accederá al 10% de la financiación estatal que se presupueste y está decidido que podrán manejar 31 emisoras comunitarias. En términos sencillos son prebendas políticas que recibirán a cambio de cesar la violencia.
Preocupa la justicia transicional que no es un tema extraño a otros procesos de paz, pues el riesgo de que delitos graves puedan quedar en una impunidad total o ser castigados con unas penas disfrazadas, se supone un mal precedente para las generaciones presentes y futuras cuyo temor a la ley y su respeto dependen de la capacidad del estado para sancionar los infractores.
De otra parte la creación de un tribunal especial que reemplazará la justicia ordinaria en lo penal y será conformado de una manera sui generis, con magistrados postulados por diversas instituciones, no refleja claridad en cuanto a sus competencias, su funcionamiento, su duración y el alcance de las decisiones que ha de tomar. Sacrificar justicia para obtener paz puede ser válido, pero suplantar justicia para consolidar paz deja muchas dudas.
Para muchos resulta difícil entender que el estado deba acoger a personas que antes se dedicaron a ejercer la violencia en todas sus expresiones (secuestro, asesinato, extorsión, narcotráfico), perdonarles sus delitos y además pagarles un sueldo durante un tiempo determinado, siempre y cuando no tengan otro trabajo remunerado, esto con el fin de que se reincorporen de manera amable y con alguna seguridad económica a la vida normal. Otro costo de la paz difícil de entender.
Solo esas tres cosas le bastarían a cualquiera para pronunciarse en contra de los acuerdos. Pero como en todo hay que hacer un balance, si la paz se consolida y resulta estable y duradera nos ahorraremos mucho más de lo que nos cuesta en vidas humanas, personas mutiladas e incapacitadas, tierras improductivas, destinos turísticos imposibles de visitar, inversiones foráneas que no llegan, hombres y mujeres armados en la defensa del estado, estigmatización internacional por cuenta del narcotráfico y la violencia, dotaciones, municiones y equipos de guerra, ingobernabilidad en muchos lugares de Colombia, desconfianza para crear empresa, y en general todo lo que significa que una guerrilla, con los métodos más impredecibles y sangrientos, esté amenazando a diario a toda la población indefensa e impotente que soporta casi siempre las consecuencias de la barbarie y la irracionalidad.
En esto llevamos 50 años. Si usted como yo considera que ésta es una buena ocasión de parar vote SI al plebiscito, muy a pesar de que muchas cosas como las acordadas nos causen desazón. Todos merecemos una oportunidad y dársela a la paz probablemente sea difícil y arriesgado, pero hay que hacerlo.
