Por Diego González.- Uno de los retos más grandes para el gobierno nacional y principalmente para el aparato Judicial del estado en el Postconflicto, será garantizar que el fenómeno de los falsos testigos no termine incriminando injustamente a los miembros de las Fuerzas Militares, dirigentes políticos o empresarios, en procesos penales cimentados en falsos testimonios de los desmovilizados.
Tal como ocurrió en el pasado cercano, con laley de Justicia y Paz que fue diseñada para garantizar la desmovilización de más de 30.000 paramilitares, en donde se estableció que podrían pagar un máximo de ocho años de prisión por los crímenes cometidos, también se les dio la opción de reducir su sentencia por delatar a sus superiores políticos o militares, lo que provocó que se proliferarán los testigos dispuestos a mentir a cambio de reducir varios años de prisión y mejorar sus condiciones de reclusión.
El testimonio de paramilitares desmovilizados llevó a los investigadores a formular cargos contra más de cien congresistas por tener presuntas alianzas con grupos al margen de la ley, sin embargo sólo un tercio de ellos fueron condenados y a la fecha se tienen dudas de muchas de esas condenas porque se ha demostrado que esos testigos fueron inducidos o han sido tachados de falsos en diferentes procesos.
Esta clase de temores resulta legítimo en un país como el nuestro en donde la justicia se ha desacreditado perdiendo credibilidad y confiabilidad, ahora nuestros fiscales y jueces se preparan para investigar y juzgar una avalancha de casos derivados de las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, y deberán garantizar que se aclaren los asesinatos, secuestros y crímenes de guerra entre el Ejército y las FARC y la participación de los diferentes sectores políticos y privados.
De acuerdo con la estadísticas de la Fundación Defensa de Inocentes, con base en la información de la Fiscalía, son por lo menos 20 mil personas las que han sido procesadas por cuenta de los falsos testigos y la Fiscalía adelanta investigaciones contra más de 3 mil 500 testigos falsos que actúan en diferentes procesos.
Es difícil calcular el viacrucis que deben atravesar las víctimas de los falsos testigos, quienes en su mayoría resultan ser políticos o miembros de las Fuerzas Militares, que no solo deben afrontar la condena, el matoneo y el juicio mediático que sirven para ambientar una posible condena, sino que deben someterse a desmentir versiones de perversos testigos que con oscuros intereses contribuyen al linchamiento moral de los implicados y sus familias.
