*Por Giovanni Décola.-La consulta anticorrupción convocada para el próximo 26 de agosto, podría tener muy buenas intenciones, pero los efectos reales son más nocivos que bondadosos. Miremos someramente lo preceptuado en sus siete preguntas:
1. De reducirle el salario a los congresistas y altos funcionarios, la consecuencia sería que los buenos perderían interés en aspirar a corporaciones públicas u ocupar altas posiciones, en el Estado, prefiriendo la empresa privada, y los que son malos, estarían tentados a arañar partidas del erario público.
2. La cárcel para personas condenadas por corrupción ya rige en nuestro código penal. Y en Colombia no existen penas imprescriptibles. Debe haber sanción, pero también resociabilización. Una inhabilidad perpetua para contratar o ser servidor público, por haberse cogido una hoja, por ejemplo, para hacer un oficio particular, no tendría explicación en un Estado Social de Derecho, y sería francamente desproporcionada.
3. El principio de transparencia ya está consagrado en la ley, y en cuanto a los pliegos tipo, ya existen para los contratos de infraestructura. Si se quiere, con otra ley o Decreto, se puede hacer la cobertura para toda clase de licitaciones públicas.
4. No me imagino un presupuesto donde todo el mundo pretenda meter mano. Sería una locura. Para eso elegimos a los congresistas, diputados, concejales y ediles.
5. En la página de congreso visible, puedo mirar la gestión de cada congresista.
6. Todo servidor público al momento de posesionarse y al retirarse y cada año, debe presentar su declaración de bienes, patrimonio, y rentas. ya eso está en la ley.
7. Limitar el número de período de los corporados, para lo único que serviría es para graduar al testaferrato político. Entonces, el que tiene los votos, elige a su familiar o amigo, y a éste le va a tocar, buscar contratos y puestos, ya no solo para él, sino para el dueño de los votos, entonces habría más corrupción y más burocracia.
Adicionalmente a su contenido, el riesgo de que no se alcance el umbral de 12.270.000 votos es grande y se perderían más de 300.000 millones de pesos, que se gastarían solo a nivel de Registraduría, para no hablar de los costos en que incurrirían en dicha consulta, nuestras fuerzas militares y de policía y de otros organismos del Estado.
Obviamente, estamos en contra de todo vestigio de corrupción, y también de aquella famosa frase del expresidente Turbay Ayala, de que: “la corrupción hay que llevarla a sus justas proporciones”. Lo que se trata es de erradicarla.
Entiendo y valoro los esfuerzos de la senadora Claudia López por luchar a favor de la ética y moral pública, pero quisiera encontrar una legislación, que, de veras, haga temer al servidor público, de las nefastas consecuencias que tendría, en caso de nadar en las apestosas aguas de la corrupción. Y lamentablemente esta consulta, no tiene, ni esos dientes, ni los votos. Ya lo verán…
*Abogado y Periodista. Especialista en Derecho Administrativo
Barranquilla, 25 de junio de 2018.
