Por Parmenio Cuellar Bastidas.- El Presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, ha denunciado reiteradamente en los últimos años, “una situación muy grave en los municipios y departamentos porque a mayor inversión es mayor la corrupción”. Que lo reconozca es importante, aunque su denuncia no es un descubrimiento, y además es incompleta.
En efecto, desde hace muchos años que la descentralización ha sido gravemente falsificada por la política tradicional, burlando el espíritu innovador del constituyente de 1991. En el viejo orden constitucional la clase política -especialmente parlamentaria- que era dueña de los gobernadores, se repartía las alcaldías, sin que los habitantes de los municipios pudieran siquiera protestar. La reforma constitucional mencionada, quiso corregir esta aberrante situación, entregándoles a los habitantes la facultad de escogerlos a través del voto. Vana ilusión, que fuera flor de un día, pues desde las elecciones de octubre de 1992 empezaron a aparecer las famosas “coaliciones programáticas”: un grupo de parlamentarios, con la ayuda de sus gobernadores, alcaldes, diputados y concejales presentan un candidato, y el grupo contrario postula otro, y el que gane se reparte presupuesto y cargos públicos, como si fuera un botín. Famosa es la frase de un exgobernador del Valle del Cauca “a mi me escogieron como candidato porque tengo fama de buen repartidor”.
El pueblo, convertido en clientela, se volvió a ser un convidado de piedra que simplemente refrenda lo que los jefes políticos han acordado. Pero la degradación no terminó allí; poco a poco a la gran mayoría de municipios y departamentos fueron llegando, como una bandada de langostas, los contratistas. La negociación es sencilla: conocen el presupuesto de cada entidad territorial y, por lo mismo, su capacidad de contratación. Y como en la mayoría de municipios y departamentos terminan al menos dos candidatos, los contratistas tienen siempre por quien apostar. El método es sencillo: les entregan a los candidatos hasta el 10% del presupuesto de contratación, para que financien la campaña y les prometen que, cuando sean alcaldes, por cada contrato que firmen llevarán otro 10%, pero ya para su bolsillo (si es que no pactan un porcentaje mayor). De esa manera encarecieron las campañas: municipios pequeños donde hace 10 o 12 años los candidatos gastaban 20 o 30 millones de pesos, ahora el llamado gasto electoral no es menor a 400 o a 500 millones. Los dirigentes políticos siguen siendo importantes, pero poco a poco van pasando a un segundo plano; ahora eligen las chequeras, salvo que, como ocurre en algunos casos, la contratación la hagan directamente los políticos, pues hay algunos que también son contratistas, a través de testaferros. Ñoños existen por todo lado.
Sobra decir que al desembolsar el primer 10% la contratación ya “tiene dueño” en el municipio: los financiadores de la campaña, quienes conocen al dedillo toda la legislación sobre contratación administrativa; y, además, tienen una red de empresas que luego aparentan competir en cada licitación, encubriendo la contratación a dedo. Por eso el doctor Caicedo Ferrer dice: “La mayoría de las obras contratadas de esta manera terminan siendo fallidas o inconclusas. Como una porción del presupuesto se destina a pagar la corrupción y las mordidas, el contratista en vez de hacer diez kilómetros de vía hace cinco, o la hace toda, pero de muy mala calidad”.
Desde luego que ahora, los recursos de regalías hacen aún más preocupante este penoso proceso en municipios y departamentos, como lo señala el doctor Caicedo Ferrer. Pero la solución no está en recortarlos para que los maneje el gobierno nacional, porque el mal ejemplo, cabalmente, viene de a arriba. Lo sabemos muy bien los nariñenses que hemos tenido que soportar a contratistas de INVIAS o de ANI que jamás terminaron las obras contratadas para interconectarnos con el interior del país y con el Ecuador, pero que, sin embargo, fueron premiados con negociaciones de terminación de mutuo acuerdo, pero lesivas del patrimonio público, argumentando que se buscaba liberar los corredores viales que usufructuaron por 10 años sin hacer las obras, para entregarlos a otros contratistas.
Además, los emisarios de la corrupción en la contratación pública en las regiones, fueron los parlamentarios, quienes en un 80% vacunan las partidas de la llamada mermelada. De esta manera, los llamados “congresistas enmermelados”, que se pavonean de traer recursos a la región, no solo consiguen la sumisión electoral de los moradores de los municipios donde se hacen las obras, sino que se llenan de dinero mal habido.
