No obstante las múltiples advertencias de muchos opinadores, editorialistas y medios de comunicación, el Congreso aprobó la mal llamada reforma a la justicia, con un texto redactado por la comisión de conciliación de Senado y Cámara en el que abundan temas diferentes a los aprobados por cada corporación y que consagra odiosos privilegios.
La reacción popular contra el adefesio aprobado fue de tal magnitud que el gobierno, coautor e impulsor del proyecto, corrió a desmontarse y a repudiar la iniciativa acudiendo al expediente novedoso y atrevido de devolverla con objeciones.
El futuro del proyecto de este Acto Legislativo nos depara más preguntas que respuestas: la Constitución señala el camino de publicarla y demandarla por inconstitucional, o proponer convocar a un referendo derogatorio, por lo menos, en los artículos que hacen relación al Congreso de la República, pero al publicarla, entraría en vigencia con todos los efectos legales y judiciales, aunque meses después fuera derogado. El camino para eludir este verdadero callejón sin salida podría ser que el Congreso, los medios y la opinión pública, “pasen de agache” las objeciones anunciadas por el Gobierno.
Es un trago doble y amargo para el presidente Santos: ver caer a un Ministro serio y jurista por confiado e ingenuo, y tratar de apaciguar una opinión pública indignada por los nuevos privilegios consagrados para congresistas y magistrados de las altas cortes.
La Comisión de conciliación de senadores y representantes a la Cámara le debe una explicación al País. Excedieron sus funciones al redactar verdaderas reformas, cuando su competencia es escoger uno de dos textos disímiles puestos a su consideración, cuando hubiere divergencia en los aprobados por ambas cámaras. Es necesario poner en cintura estas comisiones, pues se han convertido en una instancia definitiva en la redacción de las leyes y de las reformas constitucionales.
Otros que deben una explicación a la militancia y al país, son el jefe del partido Liberal, doctor Simón Gaviria Muñoz y la inmensa mayoría de los parlamentarios del partido. Gaviria, joven promesa de su partido, ha sido errático en el trámite de esta reforma. No está claro el sistema aplicado para nombrar conciliadores ni para excluir a algunos de los ponentes del proyecto, que se oponían a los temas espinosos; reconocer públicamente que no leyó el proyecto una vez conciliado, no es explicación digna de alguien con tan altas responsabilidades. Y extraña ver algunos parlamentarios liberales que durante los ocho años de oposición al gobierno del expresidente Uribe Vélez enarbolaron banderas de oposición con seriedad, ponderación y estudio, convertidos ahora en corsarios constitucionales al servicio obsecuente del gobierno y de intereses subalternos. No hay necesidad de citar nombres que son de dominio público.
Notícula. Muchos habían ensillado sin traer la mula, como dice el refranero popular. Algún dirigente conservador ya había “reservado” en Bogotá el aval para un candidato de ese partido a la gobernación de Antioquia. Nos alegra por el Departamento el fallo de primera instancia sobre la permanencia del doctor Sergio Fajardo al frente de sus destinos.
