Opinión
Por Adriana Matiz*.- ¿Se están alineando los astros para que en Colombia se genere la tormenta perfecta y un populista llegue a la Presidencia?
Indiscutiblemente estos tiempos han modificado la forma de ver las cosas o por lo menos de adaptarnos a ellas conforme las circunstancias se fueron dando. Sin embargo, la incertidumbre se apodera cada día de más personas pues no solo existe el temor a no sobrevivir al virus sino de fracasar profesional o económicamente ante los cambios que se impusieron a cada una de las sociedades del mundo. Estas circunstancias, sin lugar a dudas, favorecen a los que se oponen a todo, a los que nada les complace o por lo menos no satisface. Abanderados de esa opción se encuentran indiscutiblemente los populistas.
La historia económica de los últimos 50 años tendrá que ubicarse, temporalmente, entre el antes y el después de la pandemia. De eso no cabe duda. Lo más peligroso es que va a ir de la mano de la historia política pues solo quienes en esta época pre-electoral encarnen el descontento ciudadano tendrán mayor afinidad a ellos y lograrán, seguramente, su voto en las próximas elecciones.
Sin embargo, eso no querrá decir que ese es el rumbo correcto, pues asumir posiciones sin responsabilidad política es hoy lo más fácil pero también lo más irresponsable.
Y es que el populismo es el remedio más peligroso ante cualquier crisis; no solo, no logra que se salga de ella sino que genera más problemas de los que inicialmente existían.
Dos ejemplos palpables los tenemos en vecinos próximos: Venezuela y Brasil. El primero con una crisis económica social y hospitalaria que hoy lleva a que el mundo no crea en las cifras que entrega sobre todo porque se cuenta con solo dos laboratorios que procesan las pruebas de todo el país. El retraso es evidente y se presume que los datos de contagios y muertes en nada concuerdan con la realidad.
El populismo y las historias de complot diarias quieren mostrar una Venezuela que no existe y que si está lejos de salir de la crisis económica y sanitaria en la que está inmersa.
Brasil, por su parte, con un gobierno de ideología diametralmente opuesta a la de Venezuela pero que también le apuesta al populismo, tampoco es un ejemplo positivo para mostrar. Por el contrario, se le equipara a un Chernóbil pero biológico, en la medida que la falta de liderazgo y políticas serias han incluso permitido que se convierta en un exportador de variantes del virus a todo el mundo.
La apuesta, entonces, para salir de la crisis debe ser un incremento y fortalecimiento de los procesos de vacunación en todo el país, especialmente donde se están presentando hoy más casos. Solo de esa forma se podría retomar el rumbo rápido del crecimiento económico con que se venía avanzando y la incertidumbre y el pesimismo obligatoriamente darían paso a posiciones menos radicales y esperanzadoras así sean menos populistas. De ilusión no se come, pero si se alimenta.
Bogotá, D. C, 21 de abril de 2021
*Representante a la Cámara por el Partido Conservador
Por José G. Hernández*.- Una vez más digamos -pues a veces se olvida- que el sistema al que se acoge el Estado colombiano es el democrático. No somos una monarquía, ni una aristocracia, ni una oligarquía, ni una organización política basada en el poder del dinero, o en una determinada fe religiosa. No nos gustan las dictaduras, ni siquiera la del proletariado. Nuestra organización política es democrática.
Desde su preámbulo expresa la Constitución Política vigente que sus objetivos y valores se deben alcanzar, no de cualquier manera sino “dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”. Así está reiterado en numerosos preceptos de la Carta Política, comenzando por el primero de ellos, que define nuestra organización estatal: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
Una de las características esenciales de la democracia, como lo enseñaron John Locke en 1690 (“Tratado sobre el Gobierno Civil”) y el Barón de Montesquieu en 1748 (“El espíritu de las leyes”), radica en la separación de poderes; en el equilibrio entre las ramas y órganos que desempeñan las funciones estatales; en un ordenamiento jurídico que contempla las atribuciones, funciones y facultades especializadas y definidas, en cabeza de cada uno de ellos, así como en un sistema de controles, frenos y contrapesos que eviten la concentración del poder político.
La práctica de la democracia y la vigencia del Estado de Derecho exigen, más que la existencia de normas -que las tenemos en Colombia, en abundancia- la verdadera y efectiva independencia de las ramas y órganos del poder público, y la plena conciencia y convicción -de aquellos a quienes transitoriamente corresponde ejercer las funciones- acerca de que su lealtad y compromiso es con la Constitución y con las reglas democráticas, no con una persona, ni con un partido, ni con un líder.
Como lo subraya Maurice Duverger, “la separación de poderes, en el sentido preciso del término, no solamente consiste en esta división del trabajo: implica también que los distintos órganos gubernamentales sean independientes unos de otros”. Es “una justificación ideológica para un objetivo muy concreto: debilitar a los gobernantes en su conjunto, haciendo que se limiten recíprocamente”.
Así que todo procedimiento o mecanismo orientado a eliminar esa independencia, comprando a los titulares de unos órganos para que se sometan a otro, es, por su misma definición, antidemocrático y, por tanto, en Colombia, inconstitucional.
Eso que se conoce entre nosotros como la “mermelada” -que no es otra cosa que un soborno- es antidemocrática e inconstitucional, y es corruptora y corrupta -porque corrompe las costumbres políticas y destruye las instituciones-.
No es leal con el pueblo -titular de la soberanía- que el Ejecutivo compre votos en el Congreso con puestos en la burocracia, o con asignaciones presupuestales.
Los denominados “auxilios parlamentarios” fueron proscritos en 1991. ¿Es legítima la “mermelada” a la luz de la Constitución?
Bogotá, D. C, 21 de abril de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G Ricardo*.- Desde la posesión del Presidente Joe Biden se han venido dando diversas transformaciones, no solo en estilo sino también en contenido de muy alta significación.
Como lo pudimos comentar en un artículo anterior, el Presidente Biden no sólo se alejó rápidamente de la administración anterior, a través de las medidas que ha tomado en el breve periodo que lleva de su mandato, sino que ha hecho los mayores esfuerzos para lograr que la vacuna contra el coronavirus llegue hasta el último rincón de los Estados Unidos, hasta tal punto que por ejemplo ya en varios Estados entre otros el de la Florida, ya se encuentran vacunando personas mayores de los 16 años. En cada Estado, las cifras varían pero la acción del Presidente americano ha logrado, el menor tiempo posible la vacunación masiva que poco a poco, aunque todavía falte mucho, vaya alcanzando la inmunidad a toda la población de uno de los países más grandes del mundo en términos de población. Además, con el fin de generar un progreso para apoyar a los afectados, presentó al Congreso de los Estados Unidos un plan que fue aprobado, por 1.9 billones de dólares.
Ha sido tan eficiente gestionado el tema de la vacunación en los Estados Unidos, que éste país no sólo ha vacunado a su propia población sino que poco a poco abre sus puertas al llamado “vaccine tourism”, esto es ofreciendo la vacunación a turistas y aprovechando con ello la gran oportunidad que esto genera para el sector de la hotelería y el turismo, tan gravemente afectado por la Pandemia. Además de ello, no debe perderse de vista que incluso personas que residen fuera de los Estados Unidos y viajan a dicho país de forma temporal han sido vacunados por esa gran potencia. Así entonces, no sólo han logrado vacunar a sus residentes sino también a una gran cantidad de personas más. Con esa estrategia, los Gobernadores de algunos Estados han logrado dinamizar la economía generando un boom turístico en el país. En otras palabras, además de inmunizar su población, están reactivando rápidamente sectores vulnerables de la economía, incluyendo en Estados que generalmente no reciben tanto turismo; como Arizona, Louisiana y Texas.
Por otra parte, hace pocos días el Presidente Biden lanzó un plan de infraestructura, especialmente de obras fundamentales, para superar las necesidades en sectores como aeropuertos, carreteras, puentes, redes de electricidad que se requieren modernizar y además que cumplan algunas medidas medioambientales, entre otras, que se van a realizar en un periodo de ocho años, por una cifra de dos billones de dólares americanos y así además de mayor desarrollo, crear empleos en los Estados Unidos y lograr recuperar la supremacía de rivales en el mundo como lo es la China.
Todo estos proyectos están pensándolos realizar, presentando un proyecto que aumente al 28% del 21% que actualmente tributan las empresas y que frente al cual los republicanos ya han anunciado que será tortuoso su camino en el Congreso para su aprobación, mientras que algunos demócratas han opinado que debería ser aún mayor este plan; los representantes de las grandes empresas han expresado que con esa subida de sus impuestos será más demorada la recuperación económica generada por la pandemia. El Presidente BIDEN ha respondido diciendo que él no tiene nada contra los ricos o millonarios americanos pero que estas acciones de desarrollo y de generación de empleos no dan espera.
Bogotá, D. C, 21 de abril de 2021
*Excomisionado de Paz
Por: Guillermo García Realpe*.- Soplan vientos difíciles para los colombianos, la pandemia no da tregua, el aparato productivo esta a media marcha, el desempleo continua en caída libre, la violencia se recrudece en las regiones y por sí fuera poco, el gobierno dará el tiro de gracia con la reforma tributaria que ya arrancó su trámite en el Congreso.
Un panorama, sin duda, nada alentador. Cuando todos creíamos que este año sería mejor, comparado con el mal recordado 2020, llega recargado de situaciones complejas que no esperábamos tan extremas, como, por ejemplo, el Proyecto de Solidaridad Sostenible, un eufemismo inventado desde el Ministerio de Hacienda para camuflar los verdaderos alcances de la cascada de impuestos que esta iniciativa trae en sus 163 artículos.
Es desconsiderado con los colombianos imponer nuevos impuestos, en tiempos donde vivimos una profunda crisis social y económica por cuenta de la covid-19. ¡Así no es señor gobierno!
Es cierto que el país necesita tener estabilidad fiscal, pero esta no debe garantizarse a punta de someter a la clase media tan agobiada ya de por sí, tampoco a los trabajadores que sólo les alcanza su salario para medio sobrevivir. Será una reforma que empobrecerá más a los colombianos, mientras los ricos cada vez se hacen más ricos.
Una verdadera reforma tributaria, equitativa y garantista sería la que no le meta la mano al bolsillo de la gente, la que no ataque el consumo, la que no persiga a la clase trabajadora y a la clase media, la que no le dé gabelas al sector financiero, al empresariado y a las multinacionales. Una verdadera reforma tributaria, sería la que ponga a pagar más impuestos a los que más capital tienen, la que combata la evasión y elusión, la que promueva austeridad en el gasto, la que elimine entidades innecesarias y la burocracia excesiva.
Es inexplicable que el gobierno presente una reforma que busca recaudar más de 25 billones de pesos y a renglón seguido anuncie la compra de aviones de guerra por 14 billones. Eso es miserable, irrespetuoso y bárbaro con los ciudadanos.
Unas perlas de la mal llamada Ley de Solidaridad Sostenible, es que los estratos 4, 5 y 6 verán subir en su factura, aproximadamente un veinte por ciento de los servicios públicos, habrá un impuesto nuevo para todos los vehículos, los asalariados de más de 2.6 millones declararán renta, pagarán impuesto con retención y a partir del 2023, los que devenguen 1.6 millones de pesos. Por sí fuera poco, viene con sobretasa a la gasolina hasta de 1200 pesos, eso es totalmente regresivo y afectará la competitividad en cada renglón de la economía.
Pero también este proyecto viene con gabelas y regalazos a los banqueros, a quienes le bajarán la tarifa de impuesto de retención en la fuente del 5 al 0% a quienes negocian con títulos financieros públicos y privados, los dueños de esos títulos son los banqueros con sus AFP y fondos de inversión, tal como lo denunció nuestro colega Wilson Arias.
Este gobierno, que por fortuna va de salida, en vez de despedirse por la puerta trasera, debería mejor combatir la corrupción que le roba a las arcas públicas 50 billones anuales, o ponerle coto a los 75 billones que le regala en exenciones tributarias a los poderosos y al gran empresariado de este país, hacia allá debería apuntar los expertos y los técnicos del Ministerio de Hacienda, en vez de estar atacando inmisericordemente al ciudadano promedio y a los pobres.
Es por esto, que NO acompañaré esa iniciativa y la votaré también negativamente. En nuestro caso, estamos del lado de las justas causas sociales, de la gente que con tanto esfuerzo le aporta y saca adelante al país, de los colombianos que luchan cada día para sacar adelante a sus familias, son ellos nuestra razón de ser.
Los invito a que salgamos a acompañar la justa causa de los trabajadores, de las centrales obreras, de los estudiantes, de nuestros campesinos, indígenas, magisterio, pensionados y de todos aquellos que se sientan vulnerados y afectados por este proyecto de reforma tributaria, para que salgamos masivamente a las calles de pueblos y ciudades el próximo 28 de abril. Sumémonos todos y todas a esta gran cruzada nacional en defensa de nuestra dignidad, en defensa de nuestra economía familiar, en defensa también de la vida. Demostrémosle a este nefasto gobierno la indiferencia del pueblo colombiano y hagamos valer nuestros derechos que como ciudadanos tenemos.
En la calle nos vemos, pero eso sí, salgamos con todas las medidas de bioseguridad para evitar la expansión del covid, recuerden que el gobierno tampoco ha podido garantizar un eficiente Plan Nacional de Vacunación, por ende, poco le debe importar la vida de sus ciudadanos. Sólo la movilización ciudadana en masa y las exigencias del pueblo unido, contendrán ese tsunami de reforma tributaria que ya sopla fuerte en los pasillos del Capitolio.
Bogotá, D. C, 22 de abril de 2021
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El juego de la pirinola que aplicó el profesor Mockus a la política, quería convencer a la gente que de las seis caras del juguete la única buena para todos era el “Todos ponen”. Que solo pongan uno o dos o, peor aún, que uno o todos quiten resultaba malo para la sociedad.
Lo que no imaginó Mockus es que el ingenio colombiano iba a inventar una nueva cara para la pirinola: la de “Ponen otros”. Es la que ya empezaron a usar en la discusión de la tercera Reforma Tributaria que acaba de presentar el Gobierno.
En principio todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de una Reforma Tributaria que le dé más recursos al Gobierno, aunque se discute cuándo debe aplicarse, porque subir impuestos en medio de una recesión es como tratar de curar a un anémico con sangrías que le quiten sangre. El problema y las grandes diferencias surgen cuando se trata de acordar cuáles son los impuestos que se deben subir, y quienes deben pagarlos.
Más se demoró el ministro de Hacienda en radicar el proyecto de reforma en el Congreso que en salir los dirigentes de los gremios a rechazar el IVA a sus productos, o la eliminación de una exención particular, o que gravaran el patrimonio de sus afiliados. En una palabra, impuestos sí, pero que “Pongan otros”.
Si bien es entendible la defensa de los intereses particulares, lo que es reprochable es la irresponsabilidad fiscal de no proponer alternativas para generar los recursos adicionales que requiere el Estado. Lo mismo puede decirse de la postura de varios dirigentes políticos que con buenas razones se oponen a algunos impuestos regresivos, pero no plantean con que reemplazarlos.
La única y notable excepción fue la del presidente de la Andi quien propuso que para aumentar el recaudo del Gobierno, se pospusieran algunos de los beneficios que le habían dado en la pasada reforma tributaria: la devolución de los pagos por concepto del ICA y la reducción de la tarifa de impuesto a las empresas. Según el dirigente gremial aplazar estas dos medidas le daría al Gobierno el mismo monto de recursos que espera recoger con la extensión del IVA a la mayoría de los productos de consumo de los hogares.
Colombia necesita una verdadera reforma tributaria estructural que cumpla los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia. Para lograrla y no repetir los fracasos recientes se requiere un gran consenso nacional, un nuevo contrato social en el que se acepte no solo que “Todos ponen”, sino que deben poner más lo que más tienen.
Es difícil que eso lo logre cualquier gobierno en su último año y en medio de una profunda recesión, y más difícil si quiere hacerlo hablando solamente con sus aliados cercanos, o con sus hijos, y no tenga la apertura para construirla dialogando con todos los sectores políticos y sociales del país.
Cali, 19 de abril de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Hernán A. Olano*.- Hace 26 años conocí en la Universidad Complutense de Madrid al doctor Hernando Barreto Ardila y, transcurridos otros 26 años, gozo de su amistad y lo admiro por su disciplina académica y pedagógica, que lo ha llevado a producir un nuevo libro, que se suma a su amplia producción bibliográfica en materia del derecho penal, como profesor por treinta años en la Universidad Externado de Colombia.
Esta obra a la cual me quiero referir y que es producto de su trabajo docente y de la práctica como magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde 1999, se titula “La demanda de casación en materia penal”, que para muchos de nosotros, como abogados, puede llegar a ser un campo esotérico, pero, que para Barreto Ardila, no debe constituir un esfuerzo sobrehumano o corresponder a un agudo conocimiento de derecho penal, pues basta con tener seriedad en los señalamientos y demostración de los errores trascendentales en la aplicación de la ley, la apreciación de las pruebas, así como demostrar ante la Corte ponderación, cuidado, atención, concreción y claridad al exponer las razones por las cuales el accionante disiente de la decisión impugnada.
Cabe advertir que la casación, en sí misma, es un recurso extraordinario y que, no por el hecho de ser un experto puede prosperar el cargo de impugnación, tanto así, que el autor nos explica que, de 10 libelos, podría pensarse que sólo uno tiene éxito y, que de ser contraria la cifra, eso llevaría es a una presunción de desacierto e ilegalidad de las sentencias de los tribunales.
Todos los capítulos que incluye el autor son importantes, pero voy a referirme al séptimo, donde están las recomendaciones para redactar la demanda de casación, algo que las personas no tienen en cuenta, pues son ese manual de instrucciones que es lo primero que botamos cuando abrimos una caja de un equipo electrónico y pensamos que sabemos cómo opera. Allí aparece la forma como debe identificarse la persona y la condición que ostenta, así como la presentación formal de la demanda en computador (que parecería obvio, pero aún llegan a mano o en máquina de escribir); que sea en papel bond tamaño oficio; letra 14; interlineado 1,5; no formular muchos cargos contra la decisión a casar; evitar párrafos extensos, así como la transcripción innecesaria de jurisprudencia de casación o sentencias de tutela y exequibilidad de la Corte Constitucional, ya que muchos abogados abusan de esos insumos y, lo que no se quiere es ofrecer ampulosas argumentaciones alrededor de un tema recurrente.
También, Barreto nos incluye un listado de lo imprescindible en la demanda, junto con las recomendaciones estructurales sobre formulación de cargos, tanto en la violación directa como indirecta de las normas.
Seguramente, algunos estudiosos querrán tener contacto con el magistrado Barreto, quien ha autorizado incluir aquí su correo electrónico
Bogotá, D. C, 20 de abril de 2021
*Doctor en Derecho Canónico y catedrático de la Universidad de la Sabana
Por Juan Camilo Restrepo*.- Por fin, luego de inmensas dilaciones, aterrizó el proyecto de reforma tributaria en el Congreso. Pero aterrizó de barrigazo. Por una simple razón: al gobierno se le ha agotado el tiempo y el combustible político para hacer un buen aterrizaje en estas espinosas materias. Veremos qué sucede a lo largo de la discusión parlamentaria. Una cosa es clara, sin embargo, el Congreso -como siempre sucede- terminará aprobando una ley de reforma fiscal, pero ciertamente no será la propuesta por el gobierno ni en monto ni en contenido.
Es realmente curioso lo que ha sucedido con este proyecto de ley. Los cambios y volteretas del gobierno fueron incontables. Y ello conduce a que esta reforma comienza su andadura parlamentaria con un gigantesco déficit de credibilidad. Veamos solamente algunos ejemplos. Primero dijo que se iban a gravar con IVA todos los productos de primera necesidad. Después que ninguno. Más adelante que solo el café, el azúcar, el chocolate y la sal. Y finalmente que tampoco estos. Según se ha sabido, como consecuencia de una extraña visita de los hijos del expresidente Uribe a la casa de Nariño para discutir con el presidente Duque los contenidos de la reforma.
Dio la sensación durante los largos prolegómenos que el gobierno quería quedar bien con todo el mundo. Cosa que es imposible en materias tributarias. Y de allí los cambios constantes. Es normal que a lo largo de las discusiones parlamentarias todo gobierno que presente una reforma tributaria tenga que hacer transacciones. Pero lo que no es usual es que esas negociaciones se hagan antes de que comience el debate parlamentario. Con lo cual el gobierno entra a la discusión con su capacidad negociadora muy disminuida.
Otra razón que obligó al barrigazo es que a este gobierno se le acabó el combustible político. Si no apresuraba la presentación ya, probablemente no tendría otra ocasión de hacerlo cuando ya empieza a recibir los primeros rayos del sol quemante a sus espaldas y cuando se oyen las acuciosas preguntas de las agencias calificadoras. Quizás el gobierno se equivocó de tiempo. La reforma tributaria debió presentarla hace por lo menos un año cuando apenas comenzaba la pandemia. Las reformas tributarias hay que presentarlas en la primera mitad de los mandatos, no en el tramo final. Tal como lo acaba de hacer el presidente Biden que antes de cumplir sus primeros tres meses de mandato anunció los rasgos generales de una gran reforma fiscal que echa marcha atrás con la aprobada en tiempos de Trump. Las reformas deben presentarse cuando el desgaste aún no pasa su cuenta, y cuando el debate electoral no está prendiendo motores con intensidad y virulencia. Como sucede en Colombia. La OECD consideró esta semana que el gobierno ya no tendrá espacio para liderar una verdadera reforma estructural.
El tiempo se le está acabando también a este gobierno -consumido por la batalla contra el coronavirus- en otras muchas materias. Llamó mucho la atención por ejemplo que después de haber convocado una comisión de expertos para que estudiara fórmulas sobre la situación laboral, a la cual le hizo mucha alharaca, el ministro del Trabajo, y ya cuando las recomendaciones de la misión del empleo estaban listas, anunciara intempestivamente que ellas pasan a los consabidos anaqueles. Porque según el ministro del ramo no hay tiempo para estudiarlas.
En las semanas que vienen se hablará mucho de impuestos, de equidad y de progresividad. De las agencias calificadoras. De impuesto al patrimonio y de dividendos. De tributos a las personas naturales y a las sociedades. Del IVA, y de cómo levantar recursos frescos para financiar los gastos sociales que los estragos de la pandemia plantea. Desde esta columna también lo haremos por supuesto.
Por el momento solo cabe destacar que estamos frente a una tardía maniobra con resultados desconocidos. Ojalá la salud fiscal del país salga bien librada de este aparatoso barrigazo.
Bogotá, D. C, 19 de abril de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Carlos Villota Santacruz*.- En la última década, la democracia en el Perú y su sistema institucional ha sido asaltado hasta sus cimientos por el flagelo de la corrupción. Prueba de ello, es que este país observó con sorpresa como ex presidentes eran privados de la libertad. Incluso, uno de ellos, Alan García se suicidó antes de vivir el “espectáculo” de pasar la recta final de su vida tras las rejas.
En la puerta de la segunda vuelta presidencial, está en juego no solo el futuro del país, sino de interpretar la esperanza de los ciudadanos que a través de múltiples marchas en las calles han dejado su voz y su malestar por la presencia de la corrupción. Mirando los indicadores económicos de esta nación suramericana, donde 6 personas de 10 están sumergidas en la pobreza, la corrupción se ha constituido en un obstáculo enorme para el desarrollo.
Es decir, el Perú tiene la posibilidad de corregir el rumbo, a través del segundo tiempo de la campaña electoral que dejó a Pedro Castillo y Keiko Fujimori, para disputarse un cargo, desprestigiado y en la mira de la opinión pública nacional e internacional.
Los ciudadanos están reclamando un líder. Un presidente inspirador Con capacidad de soñar. De orientar la gestión del Estado a resultados. Que tenga pasión. Disposición al riesgo. Que sea inteligente, organizado. Que tenga coraje para tomar las decisiones en los meses por venir. Que tenga audacia para navegar en las “aguas desconocidas de la emergencia sanitaria”.
Quién resulte electo, debe tener una alta cuota de sacrificio en procura de darle una “bocanada de aire fresco” a la democracia y a la política. Solo bajo esta hoja de ruta, recuperara su verdadero sentido. En otras palabras, en un escenario adverso –donde está en juego la vida de los peruanos- será responsabilidad del entrante Jefe de Estado dejar de lado los intereses particulares y colocarse en los zapatos de los ciudadanos y del país.
Recorriendo las calles de Lima y Arequipa, se comprueba que sus habitantes demandan un cambio. Ese cambio, es la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Una tarea que debe ser de largo aliento. Acompañada de una reforma judicial y político. Se podría decir, que una restructuración de la democracia.
El Perú no tiene derecho a equivocarse nuevamente, a la hora de votar. Si los candidatos a la presidencia Pedro Castillo y Keiko Fujimori le preguntan a los ciudadanos: ¿en qué país quieren vivir? La respuesta es: “cambiar de página y decirle no a la corrupción. Con decisión y acción. Colocando en la cárcel a los responsables del saqueo del erario público”.
Lo que reclaman los ciudadanos en las calles, es un llamado a la acción –de quién resulte ganador o ganadora- Con capacidad de construir una agenda de Gobierno basada en la trasparencia, la rendición de cuentas y de responsabilidad “De cara al futuro, estén dispuestos a apoyar nuevos acuerdos internacionales que establezcan normas y sistemas que mejoren el intercambio de información entre el Perú y sus homólogos en América Latina, Europa, Asía. El mismo Estados Unidos. Así se cortará la “cadena” del flujo ilícito de fondos.
Conociendo lo que hay que hacer, el entrante mandatario o mandataria, está llamado a usar la innovación y la tecnología para impulsar el cambio en el manejo del Estado. La tecnología –será vital- para ayudar a mejorar la prestación de servicios y aumentar el escrutinio de cómo se usan los fondos públicos.
No en vano, el uso de tarjetas inteligentes biométricas en India ha dado lugar a que se desvíen menos recursos de sus fines previstos, los titulares de esas tarjetas recibieron 35 % más dinero en relación con un programa público de empleo y recibieron sus pagos un 30 % más rápido que otros beneficiarios del programa. En Mindanao (Filipinas), el seguimiento geoespacial y la fotografía digital han contribuido a la construcción oportuna de caminos en zonas sumidas en conflictos.
En la investigación de la consultoría política en el continente, he podido establecer que los activos “mal habidos suelen guardarse en países desarrollados, lo que empobrece más a los países en desarrollo”. Y eso, es lo que los ciudadanos en el Perú, quieren que se coloque fin. Si no se hace a tiempo, el país será una “caldera” social y económica. Escoger un nuevo presidente, se habrá convertido en más que una solución en un nuevo problema. A propósito de este comentario usted que piensa. E mail
Bogotá, D. C, 18 de abril de 2021
*Internacionalista, experto en marketing político, marketing de ciudad, comunicador social y periodista. Escritor. Coautor del libro “Gobierne bien y hágalo saber” –edición en Colombia y México-
Por Amylkar D. Acosta M*- Los aniversarios constituyen una ocasión propicia para volver sobre los pasos de la historia, pues al fin y al cabo, al decir del Quijote, el Hidalgo de la triste figura, ella es “émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente y clara advertencia de lo porvenir”. Desde la perspectiva de los años transcurridos y el discurrir de los acontecimientos sobre los cuales pretendemos discernir, constatamos el aserto de Engels cuando afirmaba que hay años en los que sólo transcurren días de historia, de la misma manera que hay días, cargados de años, en los cuales transcurren años de historia.
Esta vez conmemoramos el quinquagésimo aniversario de la gran gesta del Movimiento estudiantil de 1971, el cual marcó un hito histórico en la lucha reivindicativa en defensa del fuero universitario. El más remoto antecedente de este gran movimiento, que tuvo su clímax, su punto más alto, en dicho año, fue el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba (Argentina) en 1918, que plasmó en su proclama del Manifiesto de Córdoba los que se constituirían medio siglo después en los objetivos por los cuales lucharía a brazo partido el estudiantado colombiano. Nos referimos a la autonomía universitaria, al cogobierno, la libertad de cátedra y la educación gratuita.
Esta misma fue la divisa de la Unión Nacional de Estudiantes de Colombia (UNEC), fundada en junio de 1957 en el marco del primer Congreso Nacional de Estudiantes, la cual lideró Antonio María Larrota González, considerada como una de “las primeras referencias a una organización universitaria nacional que se conocen en la historiografía de mediados del siglo XX” (Acevedo & Gómez, 2000). La misma se reconoció como una “organización gremial estudiantil de carácter nacional”. Además, enarboló la bandera antimilitarista, explicable por el execrable asesinato por parte de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla de 11 estudiantes que marchaban en medio de una gran manifestación en contra del sátrapa usurpador de la Presidencia de la República el 8 y 9 de junio 1954 en la carrera 7ª en Bogotá. Desde entonces se conmemora por parte de los estudiantes en esta fecha el Día del estudiante caído.
El descontento y la inconformidad de los estamentos universitarios tuvo como catalizador el Decreto 3157 de 1968 expedido por el ex presidente Carlos Lleras Restrepo “por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo de la Nación”. Este Decreto le atribuyó al Presidente de la República y a los gobernadores, que eran nombrados por él, la facultad de nombrar y remover a los rectores de las universidades públicas. De modo que estos quedaron reducidos a la condición de agentes del gobierno nacional o departamental, designados de manera inconsulta con los estamentos universitarios, convirtiendo las universidades públicas en coto de caza de los políticos tradicionales.
La arremetida contra el movimiento estudiantil, que realizó marchas y mítines en todo el país en rechazo a la injerencia de fuerzas externas y extrañas a la universidad en la dirección de la misma no se hizo esperar y a consecuencia de ella se terminó disolviendo y descabezando la Federación Universitaria Nacional (FUN), que había sido creada en noviembre de 1963. Los consejos estudiantiles fueron prohibidos y proscritos en las universidades y con ello vino una dispersión del movimiento estudiantil, que entró en un largo letargo, el cual se prolongó hasta el año 1968, cuando se dieron sus primeras movilizaciones. Estas se dieron en rechazo a la visita de “buena voluntad” al país del magnate estadounidense Nelson Rockefeller, mientras resonaban en Latinoamérica los ecos de las célebres jornadas de mayo en Francia con su eslogan “seamos realistas: pidamos lo imposible” y su lema “prohibido prohibir”.
Este año el movimiento estudiantil se reactivó, se reagrupó y organizó, los consejos estudiantiles revivieron y a poco andar se presentarían los primeros escarceos en la Universidad del Valle, en donde profesores y estudiantes rechazaron la imposición de un Decano en la Facultad de economía, ignorando la terna que ellos habían integrado. Y ahí fue Troya (¡!). El 2 de febrero de 1971 estalla la huelga, la cual fue duramente reprimida y cobró la vida de 7 estudiantes a manos de las fuerzas del “orden”, lo cual exacerbó aún más los ánimos. Este enfrentamiento con la fuerza pública terminó con el allanamiento de la sede de la Universidad por parte de esta (episodio este que se repetiría después en la Universidad de Antioquia el 21 de abril del mismo año), con un toque de queda y la declaratoria del Estado de sitio (artículo 121 de la Constitución Política de 1886), al amparo del cual se tomaron medidas draconianas por parte del Gobierno para tratar de sofocar la protesta.
Lejos de ello, lo acaecido en la Universidad del Valle atizó el malestar y el emplazamiento al Gobierno Nacional que se venía incubando en rechazo a la imposición del Plan Básico de la Educación Superior, promovido por Rudolph Atcon, asesor de la UNESCO, el cual venía atado como una de las condicionalidades de un crédito del BID para el financiamiento de varias ciudadelas universitarias y conllevaba unas reformas antidemocráticas tanto en el plano académico como en el administrativo.
Ello rebosó la copa y desató el mayor y más fuerte movimiento estudiantil en el siglo XX, el cual llegó en algunos momentos de paroxismo a paralizar al país. Este movimiento recogió y reivindicó las banderas del Manifiesto de Córdoba: la autonomía de la universidad, el cogobierno, la financiación estatal y la libertad de cátedra. Ello tomó cuerpo en el Programa mínimo de los estudiantes colombianos, el cual fue aprobado por el V Encuentro Nacional de estudiantes el 25 de marzo de 1971. La consigna central de este Movimiento fue la lucha por una universidad nacional, científica y al servicio del pueblo. En desarrollo del mismo, se reclamó al Gobierno Nacional que el Consejo Superior de las universidades públicas estuviera integrado sólo por la representación de los estamentos universitarios, lo cual implicaba la salida de los representantes de la ANDI, de FENALCO y de la Curia, entre otros.
Este movimiento no fue en balde, además de caracterizarse por su organización y la seriedad de sus planteamientos, producto de la deliberación y el debate ideológico al más alto nivel, conquistó efectivamente la autonomía para las universidades, la misma que hoy nadie pone en duda. El cogobierno al que aspirábamos se hizo realidad: el entonces Ministro de Educación, el inmolado Luis Carlos Galán, expidió el 23 de octubre de ese año el decreto 2070 mediante el cual se modificó la integración de los consejos superiores de las universidades públicas, en los cuales en adelante sólo tendrían asiento representantes de los estamentos universitarios. Estos meses de lucha frenética con sus días lograron lo que por años había sido una aspiración largamente acariciada por parte de la universidad pública y sentó las bases de la Universidad del futuro.
Santa Marta, abril 17 de 2021
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
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Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Ese era el decir de los abuelos cuando algo no solo era suficiente, sino que sobraba, como sucede con la carne bovina en el mercado nacional, aunque algunos sectores estén sembrando alarmas de presunta escasez y mayores precios por cuenta de las exportaciones, lo cual es totalmente falso.
Los frigoríficos rechazan la exportación de animales porque quisieran sacrificarlos. Hace unos años, cuando el Fondo Nacional del Ganado controlaba los de Friogán –un patrimonio ganadero del que gran parte se perdió por decisiones irregulares del gobierno Santos–, nos atacaban dizque por no apoyar las exportaciones para favorecer a Friogán, lo cual era falso, y hoy, paradójicamente, nos atacan por apoyarlas.
Algunos sectores de alimentos denuncian escasez y encarecimiento de cortes finos, y claro, los animalistas, ambientalistas y otros “istas”, atacan también las exportaciones, y a la ganadería en general, que quisieran ver barrida de la faz de la tierra.
Pero la ganadería no desaparecerá porque unos quieran, ni se detendrá porque a otros les interese. “No pueden ver a un pobre acomodado” –otra de los abuelos–, pues nuestra actividad pasa por un buen momento, es cierto, pero no ha sido gratis. Nos lo merecemos, porque FEDEGÁN y los ganaderos recogemos el fruto de un trabajo arduo, perseverante y coherente, durante años de “vacas flacas”.
Aclarando que la carne bovina tiene un precio relativo más alto, porque es más costoso criar y levantar un novillo que un pollo o un cerdo; y entendiendo la producción como un continuo en el que todos los días nacen, crecen y mueren animales, intentaré, en números gruesos, una especie de “ceteris paribus”, que así llaman los economistas al ejercicio de congelar variables y considerar una sola para entender mejor un momento económico.
1.- El hato nacional bordea los 30 millones de animales, en parte porque, solo entre 2016 y 2018, entraron más de cinco millones de contrabando… y siguen entrando.
2.- De ese total, cerca de 14 millones son hembras mayores de 2 años que, con una tasa de natalidad del 53% –muy baja–, suman más de 7,4 millones de nacimientos.
3.- El sacrificio formal en 2020 fue de 3.270.000 cabezas, que, sumadas al clandestino, estimado en 15% del formal, nos da un total de 3.760.000 animales. Castigando esa cifra con un incremento del consumo de 10 %, que no se dará en la pandemia, llegaríamos a un sacrificio total de 4.137.000 animales que, restados de los animales nuevos, arrojan un aumento neto del inventario de 3,3 millones de cabezas.
4.- Sigamos restando, pues con la actual dinámica exportadora se estima un crecimiento, entre carne y animales, del 10%, equivalente a otras 512.000 cabezas menos.
Sin contar factores como la dinámica del mercado, la mayor retención de hembras, la mayor productividad de los Sistemas Silvopastoriles en auge, y la persistencia del contrabando, entre sumas y restas el hato crecerá, durante 2021, en 2,8 millones de animales como mínimo, y conservará esa tendencia creciente en los próximos años.
Conclusiones: 1. No hay ni habrá desabastecimiento, por la inercia de crecimiento del hato, combinada con una tasa de extracción (sacrificio) que continuará baja por la lenta recuperación del consumo. 2. Si bien el precio al ganadero repunta, lo que hay hasta ahora es recuperación de pérdidas y, aun así, es todavía bajo y competitivo en los mercados internacionales. 3. Así las cosas, los precios al consumidor muy por encima de la inflación, no son otra cosa que especulación que enriquece intermediarios en época de pandemia.
En suma, Colombia tiene carne “para dar y convidar”, o mejor, para comer y exportar.
Bogotá, D. C, 17 de abril de 2021
*Presidente de FEDEGAN
