Opinión
Por: Mario Ramírez Arbeláez*.- Es indudable que el covid-19, ha traído unos fuertes cambios en el diario vivir de los habitantes del planeta.
Igualmente ha traído la ruina para unos y la riqueza para otros. Farmacéuticas, funerarias, centros médicos y empresas de ambulancias, entre otros, se han beneficiado económicamente de la pandemia, pero también a traído la oportunidad para que algunos políticos aprovechen la pandemia para llenarse los bolsillos y otros para quedarse en el poder, como la presidente de Bolivia cuyo paso era provisional ,debió convocar a elecciones y no lo ha hecho, para ganar tiempo, gastarse los préstamos internacionales y tratar de desprestigiar a Evo Morales , su antecesor.
América Latina, lleva más de 130.000 muertes por COVID-19, siendo así la zona más afectada del mundo, al superar a EE.UU. y a Europa en cantidad de contagiados, con unos 3 millones de casos, lo que representa más del 50 % del continente americano y un 26 % del total en el mundo.
Brasil es el país más afectado de la región, con 72.100 decesos (sobre 1.864.681 casos), es decir casi la mitad del total para América Latina. México (35.006), ubicarse en el cuarto lugar en el mundo, Perú (11.870) y Chile (6.979).
Aprovechando la pandemia Washington continúa fortaleciendo su influencia en los países de América Latina utilizando palancas políticas y económicas, así como otros medios "democráticos" para crear gobiernos leales a sus políticas.
Un claro ejemplo de ello, es lo que está implementando actualmente en Bolivia, con once millones de habitantes, donde tratan de imponer a los candidatos pro- estadounidense J. Añez, C. Mesa y L. Camacho a través de la manipulación informativa, financiera y política. Aprovechan la pandemia para robarse el erario y por eso los escándalos diarios por corrupción. La alianza entre Jeanine Añez, hoy con covid 19 y el expresidente Carlos Mesa busca evitar que el MAS movimiento al socialismo gane las elecciones, además acusando a Evo Morales de terrorismo.
La incapacidad de la administración provisional para resolver los problemas reales del país, no le impide justificar su debilidad por las acciones del liderazgo anterior de E. Morales y el legado supuestamente "malo" de tiempos de entonces. El equipo que llegó al poder como resultado de un golpe de estado, respaldado por la Organización de los Estados Americanos y los Estados Unidos, no tiene pretexto para ocultar su fracaso.
Sin ética alguna, el gobierno provisional utiliza la pandemia del coronavirus con fines políticos para llevar a cabo su campaña electoral. Por ejemplo, el gobierno en funciones, con la alianza "Juntos", utilizan la cuarentena como una oportunidad para hacer campaña en áreas rurales en las que las Fuerzas Armadas distribuyen ayuda material entre los residentes.
Finalmente, Chile es el sexto país más afectado por la pandemia a nivel mundial y el tercero en el ámbito regional. El presidente, Sebastián Piñera, rehusó declarar una cuarentena nacional pero sí ha ordenado el confinamiento por territorios en función de la incidencia del virus en cada uno de ellos.
Nuestro continente americano, sufre por el coronavirus y sufrirá muy pronto por los escases de alimentos. Llegará el virus del hambre y ese es más peligroso que el COVID.19.
Bogotá, D, C, 23 de julio de 2020
*Abogado y Periodista.
Por Jairo Gómez*.- El discurso del presidente Duque el pasado 20 de julio tiene una evidente carga neoliberal y, en lo político, de intolerancia a la pluralidad, además de concebirse con el claro propósito de desvirtuar la implementación del Acuerdo de Paz y certificar el desprecio por la matanza de líderes sociales, campesinos, indígenas, afros y desmovilizados de FARC.
Es más de lo mismo y quienes pensaban en un cambio de rumbo tras la crisis generada por la pandemia, se equivocaron. No se acercó siquiera a una rendición de cuentas; fue, más bien, la notificación de políticas apoyadas en el libre mercado sin los cambios de fondo que exigen las circunstancias.
Se nota a leguas que al presidente lo afectó el distanciamiento social, su mandato de salón a través de una cámara de televisión lo alejó de las necesidades de la calle y de las verdaderas angustias de la mayoría de los colombianos que, resignados a paliar la crisis viral, en su mayoría viven del rebusque y las empresas y el comercio vitales motores de la economía, quebrados y andando en los rines.
Inmerso en su burbuja, Duque habla de las bondades económicas tras una pandemia que la puso patas arriba, evidenció la desigualdad social, acabó con el empleo, le cerró las puertas a la economía de subsistencia -informal- y destapó las carencias infinitas en que se debate un sistema de salud controlado por el capital privado ineficaz y corrupto, al tiempo que destapó el abandono en que están los hospitales y el sistema de salud público al que acceden la mayoría de los colombianos.
Como si hiciera caso omiso de esa realidad, con añoranza cínica el presidente nos recuerda que la economía colombiana creció un 3,3 en 2019 por encima del promedio de la región, pero desconoce deliberadamente las cifras del DANE (2020) en las que demuestra una dramática caída de la economía, el desempleo por encima del 23 por ciento y el desplome en picada de la pequeña y mediana empresa, sector este que soporta sobre sus hombros la generación de empleo más importante del país (hoy son más de cinco millones sin trabajo).
Sin duda, Duque se tomó en serio el aislamiento social que exige el virus y lo desconectó del país real. A cambio de diseñar un escudo social para mitigar la crisis de millones de familias se viene con una reforma tributaria enfocada en tres frentes: enajenar los bienes del Estado (la venta de Ecopetrol etc.), aplicar austeridad en el gasto (cerrar puestos de trabajo-contratos) en momento en que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dice a los estados que en “medio de la pandemia gasten hasta donde más puedan y guarden los recibos”, y el empequeñecimiento del Estado, es decir comenzar a privatizar entidades y servicios estatales por doquier. Neoliberalismo puro y duro acompañado de una ampliación de la base gravable para poner a más colombianos a pagar más impuestos, provocando una creciente disparidad social y ahondando el modelo de lucha clases aparentemente ya superado; es decir, va camino a proletarizar la clase media y a lumpenizar a los pobres.
Mientras las previsiones del FMI y la CEPAL son negativas y dramáticas sobre el crecimiento de la economía, la desigualdad y la pobreza en la región, este gobierno pretende paliar la crisis con un subsidio mensual de 160 mil pesos para tres millones de familias que en promedio la componen cuatro personas (12 millones de pobres); un dinero que debe alcanzar para solventar gastos de alimentación, salud, educación, transporte etc. Qué daño le hizo a Duque el aislamiento social, pues no se enteró que en otros países acogieron la Renta Básica Universal permanente tasada en un salario mínimo mensual. 117 billones de pesos se han gastado en esta crisis pandémica y los colombianos no sabemos en qué se invirtieron, tampoco de dónde salieron y a quienes favoreció.
Lejos de haber encontrado un equilibrio en el manejo de la crisis, el presidente Duque parece estar convencido que las cosas van por buen camino, nada más falso. Se avecina una crisis social de inmensas proporciones, el trapo rojo se asoma a las ventanas, y las ollas comunales están comenzando a hacer parte del paisaje en los barrios más pobres de las grandes ciudades, la clase media se ahoga en deudas y las supuestas ayudas económicas, que en realidad son prestamos con intereses, colman la paciencia; El Gobierno debe recordar que el paro del pasado 21 de noviembre sigue presente y sus reclamos, hoy más profundizados por razón de la pandemia, siguen vigentes; en cualquier momento la inacción gubernamental volverá a marcar la pauta de las protestas y las movilizaciones.
Es tal el aislamiento social de Duque que su respirador artificial no le alcanzó para hablar con vehemencia en su discurso sobra la masacre contra los líderes, lideresas, indígenas, afrodescendientes y los desmovilizados de FARC que le apostaron a la paz, asunto que también convocará al país para que se respete el Acuerdo de Paz e impedir que el presidente y su partido el Centro Democrático lo vuelvan trizas.
Bogotá, D. C, 23 de julio de 2020
*Periodista y Analista Político.
@jairotevi
Por Alfredo Benavides C*.- En medio de esta pandemia ocasionada por el virus covid-19, las Universidades y todo el sistema educativo tienen un reto por delante, transformarse en lo fundamental; Alta Calidad Educativa a bajo costo con sostenibilidad, cuestión que desde siempre ha tenido la institución Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Haciendo honor a su nombre investigación y desarrollo es innovadora en ciencia y tecnología aplicada, sus características o fortalezas principales son; alta calidad académica ocupando según pruebas saber-pro, posiciones de privilegio en el Departamento de Santander y a nivel nacional con matrículas muy económicas.
Matricularse en una Universidad Privada es difícil para la gran mayoría de Colombianos, sumado a que seguramente habrá deserción a consecuencia del golpe económico provocado por el cese laboral a consecuencia de la pandemia.
La UDI tiene quizás las matrículas menos costosas de Universidades Privadas en Colombia, posee sedes en; Bucaramanga, Barrancabermeja, San Gil, y Villavicencio con 10 hermosos, modernos e inteligentes edificios y dos infraestructuras, su profesorado es de experiencias, con especializaciones y maestrías, cuenta con acuerdos y convenios internacionales, estudiantes y profesores de otros países.
Tiene pregrados presenciales; Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Publicidad y Marketing Digital, Comunicación Social, Ingeniería Electrónica, Negocios Internacionales, Criminalística, Psicología. Pregrados virtuales; Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Psicología y Maestrías presenciales en; Administración, Gestión de Tecnologías de la información, Gestión del Diseño. Especializaciones en; Alta Gerencia, Criminología y Política criminal, Diseño Publicitario, Telecomunicaciones, Gerencia Integral de Proyectos, Seguridad Informática, Sistemas Integrados de Gestión HSEQ, Neuropsicología Clínica. Posgrados virtuales; Maestría en Tic para la educación, Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo y Especialización en Logística.
Enfrentando el Coronavirus
La UDI está aplicando un riguroso protocolo de bioseguridad, virtualidad y semipresencial, es posible que haya sido la primera universidad privada en tener parqueaderos cubiertos y ahora está construyendo residencias estudiantiles para estudiantes de bajos recursos, suministrará bicicletas y computadores a estudiantes seleccionados, tiene beneficios económicos con mecanismos fáciles de créditos.
El constructor de todo esto es el Ingeniero Jairo Castro Castro, gran jugador de ajedrez y rector-fundador desde los inicios, ahora Presidente Institucional visionario pragmático que practica administrativamente lo que me atrevo a llamar “Gerencia Educativa Total” a semejanza del fútbol de la otrora selección de Holanda llamada la naranja mecánica en donde todos podían ser defensas, pero a la vez delanteros.
No tengo duda que esta sorprendente Universidad acreditada y vigilada por el Ministerio de Educación saldrá avante y fortalecida por el bien de Colombia, de la desestabilización educativa provocada por el coronavirus.
Bucaramanga 22 de julio de 2020
*Ingeniero.
Por José G Hernández*.- El 20 de julio -Día de la Independencia- debería ser celebrado por los colombianos con toda solemnidad y entusiasmo, exaltando y haciendo valer la soberanía popular, el imperio del Derecho, la libertad, la igualdad, la justicia, los derechos y los valores que fueron reivindicados hace doscientos diez años por el pueblo.
No es así, sin embargo, porque -en su gran mayoría- las familias, los establecimientos educativos, el Estado y los medios de comunicación han venido incumpliendo un deber cívico primordial: la divulgación y pedagogía -con miras a la formación de las nuevas generaciones- sobre los acontecimientos históricos que incidieron en la formación y desarrollo de nuestras instituciones democráticas. Para corroborarlo es suficiente recordar la pálida celebración -el año pasado, cuando no había coronavirus- de los doscientos años de las batallas del Pantano de Vargas y Boyacá.
Pensando en eso, a propósito de la proclamación de nuestra Independencia, vale la pena dedicar unos renglones a rememorar el sentido de la declaración consignada en Acta del Cabildo Extraordinario de Santa Fe del 20 de julio de 1810:
Ciertamente, la ruptura con la metrópoli no fue inmediata, ni contundente. Se reclamaba la libertad y la ruptura de las cadenas y los grillos a que se refirió ese mismo día el Tribuno José Acevedo y Gómez, y se declaraba la soberanía, aunque se seguía hablando del Reino y se protestaba “no abdicar los derechos imprescindibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado Monarca don Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros”. Y se depositaba el poder interinamente en una Junta de Regencia, “mientras la misma Junta forma la Constitución que afiance la felicidad pública”. Fernando estaba en poder de Napoleón, preso, y las tropas francesas habían invadido a España desde 1808, de modo que de ninguna manera querría ni podría haber venido a gobernar. Tanto es así que más tarde, cuando Bonaparte le devolvió el poder (Tratado de Valençay), se ocupó en la reconquista de las antiguas colonias y tuvo la amabilidad de enviarnos a Pablo Morillo, para “pacificar” estas tierras, cuando en realidad lo que se emprendió no fue otra cosa que una reconquista violenta y asesina a la que solamente pusimos fin con la campaña libertadora liderada por Bolívar y Santander.
La Constitución de Cundinamarca de 1811 seguía refiriéndose a Fernando VII como “Rey legítimo de España y de las Indias, llamado al trono por los votos de la nación”, y en su artículo segundo ratificaba “su reconocimiento a Fernando VII en la forma y bajo los principios hasta ahora recibidos y los que resultarán de esta Constitución”. En 1812, bajo el liderazgo de Antonio Nariño, el Serenísimo Colegio Revisor y Electoral, modificando ese texto, proclamó al Estado de Cundinamarca como “República cuyo Gobierno es popular representativo”. Más que una reforma, como se la llamó, la de 1812 fue una nueva Constitución, porque, desde el punto de vista material, no era lo mismo proclamar una independencia con reconocimiento del monarca extranjero y dentro de la concepción de pertenecer a un reino, que declararse de una vez por todas como República independiente, soberana y libre.
Bogotá, D. C, 23 de julio de 2020
*Expresidente de la Corte Constitucional.
Por Clara López Obregón*.- Está haciendo carrera amenazar y buscar castigar a quienes expresan opiniones que se apartan del consenso gobernante. El tema es de vital repercusión porque las sociedades donde se acalla la crítica y la oposición no merecen el calificativo de democráticas. La libre expresión lo es hasta en su forma, así los poderosos tomen ofensa por su contenido y talante. La actitud respetuosa de los poderosos ante a la crítica es una medida de su carácter democrático, así como la reacción vengativa, muestra de autoritarismo y debilidad argumentativa.
El clima de polarización hace difícil identificar la intolerancia y la censura. No es suficiente con admitir que todas las opiniones y posiciones son igualmente valederas. En la deliberación pública, debe ser posible expresar los diversos puntos de vista sin exponerse a las venganzas grandes y pequeñas del poder. A quiénes ponen la unidad nacional como mampara, se les debe recordar que, si bien todos atravesamos la misma tormenta, no todos vamos en el mismo barco. Hay intereses contradictorios entre sí, modos distintos de percibir cómo mejor servir el bien común y, también, distintos significados de las mismas palabras que se disputan la opinión.
Los contenidos cuentan y por eso los consensos no surgen de la imposición sino de la construcción compartida en la toma de decisiones. Cuando se habla de paz, por ejemplo, no todos la definen igual. Conforme al diccionario, unos la consideran una “situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas” y otros un “acuerdo para poner fin a una guerra”. Son dos miradas que llevan a conclusiones muy diferentes. Lo mismo pasa con la palabra “libertad”. En su acepción expansiva es promesa de más participación, mejores condiciones laborales, más educación pública, frente a su definición conservadora de privilegiar los derechos de propiedad y ampliar la libertad económica.
El problema surge cuando en el debate se quiere imponer un consenso a la brava, como aquel ¿por qué no se calla?” que le espetó el Rey Juan Carlos al presidente Hugo Chávez. Hay distintas formas de callar la crítica, la mayor parte de ellas, respaldadas en algún poder de hacer daño, ya sea oficial, mediático, económico, laboral o de ostracismo social. Tal es el caso de la afirmación, “la manera como a usted le han mandado a hacer las preguntas”, que utilizó el consejero presidencial Emilio Archila con la intención de deslegitimar elq ejercicio crítico del periodismo de María Jimena Duzán; o de la exigencia del senador uribista Gabriel Velasco, de trasladar lejos a Monseñor Darío Monsalve, la vozq censora de los pobladores postergados del Pacífico, por manifestar que el presidente Iván Duque sostenía una “venganza genocida” contra el acuerdo de paz. Mención especial merece la declaración del poder económico de la ANDI, tan afín al gobierno, que descalifica de inconstitucional, sin mencionarlo, el llamado a la desobediencia civil del opositor Gustavo Petro, quién sacó el 42 por ciento de los votos en las pasadas elecciones presidenciales.
De más en más, la respuesta a la crítica va envuelta en el empaque antidemocrático de la censura. Si no le gusta lo que oye, en vez de atender el fondo de asunto, se exige el despido del crítico o se deslegitima su ejercicio profesional o político, para que otros, por ejemplo, la fiscalía, hagan la tarea. Esa reacción es autoritaria pues los que ostentan poder o sus áulicos pretenden silenciar la libre expresión con la amenaza de consecuencias negativas para quién hace o permite la crítica, como en los casos del Instituto Hernán Echavarría Olózaga y del general Zapateiro, que mencioné en pasada columna.
Prefiero la lección del Padre Francisco de Roux ante las críticas de sesgo hechas a la Comisión de la Verdad que preside: “Nunca vamos a ganar la confianza de todos, pero es el momento de mostrar que estamos abiertos a la escucha plural, al contraste y la construcción de la convivencia entre diferentes.” Asumir la crítica para contrastar y crecer y no ceder ante el clamor de la censura son deberes propios de la deliberación democrática.
Bogotá, D. C, 22 de julio de 2020
*Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo
Por Víctor G. Ricardo*.- La instalación del Congreso de la República mediante los sistemas de teleconferencia resultó ser un gran éxito. Durante dicho acto de instalación, el país escuchó al Presidente de la República, Iván Duque Márquez, haciendo un balance de sus dos años de gobierno, del manejo que ha dado a la pandemia y la necesidad de que todas las instituciones del Estado actúen de manera coordinada y solidaria.
Así mismo, el Presidente del Congreso hizo un balance del último periodo, manifestando que a pesar de la pandemia, el Congreso de la República le ha cumplido al país sesionando de manera virtual e incluso estudiando y debatiendo proyectos de ley que fueron expedidos mediante tal mecanismo.
Por su parte, la vocera de la oposición también tuvo la posibilidad de hacer uso de la palabra y criticó varios aspectos de las ejecuciones del Gobierno y del acontecer nacional.
La instalación fue seguida por el Presidente y los Ministros del despacho, como por los altos funcionarios de las distintas ramas del poder público y altos mandos de las Fuerzas Armadas, además de los miles de televidentes.
Este mecanismo que se debió utilizar por el fenómeno que nos afecta del coronavirus, ya había recibido la bendición de la Corte Constitucional, lo que también fue básico para avalar el procedimiento que las Cámaras del Congreso habían utilizado para el estudio y aprobación de las Leyes expedidas en las sesiones pasadas.
Esto es una muestra de lo que nos va dejando la pandemia. Nuevas formas de trabajar y utilizar nuestro tiempo, sin necesidad de asistir a las oficinas o salones de reuniones, como es el caso del Congreso de Colombia.
Ahora se inicia un nuevo período de sesiones donde el país espera que los congresistas además de ejercer el control político, realicen debates sobre los temas de interés nacional y demuestren su trabajo estudiando, debatiendo y expidiendo las Leyes que el desarrollo y necesidades del país requieren.
No se trata de presentar más de 120 iniciativas, cómo se dice en el lenguaje popular sobre lo divino y lo humano, como anunció alguna fuerza política, sino de iniciativas importantes y trascendentales para el país.
Por otra parte, El Ejecutivo tendrá una agenda de iniciativas urgentes y básicas para el momento actual que vivimos, que el Congreso debe estudiar y debatir y así contar con las herramientas que permitan afrontar esta pandemia que crece todos los días y que se espera que el llamado pico solo llegue hasta el mes de septiembre, donde tendremos un número de contagiados bastante alto, cuando será necesario tener tanto el sistema hospitalario como los mecanismos sociales de ayuda y financiamiento a las empresas para lograr sobrevivir en estos momentos tan difíciles para la vida humana y el país, mientras esperamos que la vacuna que se anuncia desde Oxford, como en algunos otros lugares, tengan éxito en sus pruebas y puedan poderse implementar en el mundo y, así, llegar a nuestro país.
Colombia entera espera que nuestro Congreso demuestre gran trabajo en estos momentos tan difíciles -de consecuencias sociales y económicas- por los que estamos atravesando, eligiendo a los mejores como Magistrados de la Corte Constitucional que correspondan, al nuevo Procurador General de la Nación y al nuevo Defensor del Pueblo, quienes deben cumplir sus deberes en cada caso, más aún cuando se requiere castigar la corrupción y ejercer la defensa de los derechos humanos. Así cumplirán con objetivos que son fundamentales en la vida democrática de un país.
Bogotá, D. C, 22 de julio de 2020
*Excomisionado de Paz
Por Farid Escobar Pinedo*.- La muerte de cualquier ser humano me disminuye, afirmó John Donne, poeta inglés del Siglo XVI. En verdad nos debe disminuir si se tiene en cuenta que somos parte de un solo engranaje al que llamamos sociedad; todos cumplimos un rol, una tarea qué articulada, refleja la dinámica de la compleja máquina de la vida colectiva.
El 16 de marzo de 2020, una noticia originada en Cartagena debió disminuirnos profundamente: Arnold de Jesús Ricardo Iregui, fue contado como la primera víctima fatal del nuevo Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19). El despliegue informativo del fallecimiento del humilde taxista fue bastante amplio en los días siguientes, sin saber que entre el 15 y 26 de febrero, otras dos personas habían sucumbido ante el letal “francotirador” invisible.
Al momento de escribir esta columna, los informes oficiales dan fe de 7.000 personas muertas a causa de las complicaciones de salud que produce La Covid -19. Es decir, cada día mueren en Colombia, en promedio, 58,3 contagiados; cada 25 minutos un compatriota nuestro deja de respirar y emprende el camino del no retorno; lo peor es que el número de decesos aumentará en los próximos días, según advierten los expertos.
Para atender esta aterradora cifra de muertes diarias, el Ministerio de Salud, mediante las ORIENTACIONES PARA EL MANEJO, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE CADÁVERES POR SARS-COV-2 (COVID-19) – VERSIÓN 05., ha dispuesto un protocolo estricto sobre los cadáveres – Covid o Sospechosos del virus. Bajo este rigor, los fallecidos deben ser trasladados en el menor tiempo posible a un crematorio o a un cementerio, para su inmediata sepultura, evitando “la realización de rituales fúnebres que conlleven reuniones o aglomeraciones de personas”; mujeres, hombres y niños sin dolientes presentes, sin quien de manera próxima les de el último adíos. Muertos silentes que le gritan a los vivos la importancia y urgencia de cuidarnos, de cumplir con las medidas sanitarias y de bioseguridad.
La otra cara de la moneda la representan los deudos, los familiares o amigos impotentes a los que no se les permite ver los cuerpos de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, de sus esposas, de la persona que gozaba de su afecto. El asunto no es nada fácil; la representación sociocultural y psicológica del Duelo en nuestro país tiene una marcada connotación. Despedir a nuestros muertos es sagrado, es imperante y si se quiere, parte de la sanación emocional que necesita quien ha perdido un ser querido. Cambiar en 120 días las costumbres y ritos mortuorios que se practican hace cientos de años, produce un impacto psicosocial de gran consideración.
La situación enmascara un problema complejo y preocupante; la falta de solidaridad, de sensibilidad, de sentirnos disminuidos por la muerte de un ser humano ha tenido como respuesta la representación del estado “vivo” de quien ha dejado de existir; el entorno inmediato del difunto, no quiere que sea parte de una estadística fría, así no tenga conexión con la epidemia; no quiere que se “vaya” sin honores y por tal motivo es despedido con Champeta y licor, como en Codazzy – Cesar; con parranda y acordeón, como en Distracción – La Guajira o “marcando” un gol, como en Tunja. A esta tragedia que aflige a muchos colombianos, el Gobierno de Duque responde con días sin IVA, que muestran manadas de compulsivos compradores que posiblemente reafirmarán en corto tiempo EL GRITO SILENTE DE LOS MUERTOS – COVID.
Bogotá, D. C, 21 de julio de 2020
*Abogado y Periodista.
Por Guillermo García Realpe*.- Inicia la tercera legislatura del Congreso de la República con enormes retos y grandes desafíos en materia de agenda legislativa y, aunque las sesiones virtuales se mantendrán por ahora debido a las obvias razones de la actual contingencia, el legislativo no puede ser inferior a sus grandes responsabilidades con el país.
Colombia necesita avanzar en las grandes transformaciones sociales, económicas, políticas, de salud, de lucha contra la corrupción, de defensa de la naturaleza y el medio ambiente, en garantizar los temas de paz y que los programas del posconflicto se lleven a feliz término, en fin, necesitamos avanzar como nación en resolver los grandes problemas que hoy aquejan a la población y que se han agudizado en materia de productividad y empleabilidad por culpa de la pandemia generada por la covid 19.
Se requiere entonces de un gran pacto nacional y de un acuerdo político entre los diversos sectores para reconstruir al país, para que Colombia recupere su vida productiva y para que los compatriotas que perdieron sus empleos, vuelvan a sus fuentes laborales.
En ese orden de ideas, necesitamos despertar entre la población un sentimiento nacionalista, que compremos los productos hechos en Colombia, que apoyemos a nuestros campesinos, que evitemos las grandes superficies y volvamos a la tienda de barrio, que cambiemos las grandes marcas por el sello nacional que también es de muy buena calidad, que consumamos lo nuestro primero; en resumen, que colombiano compre colombiano. Pero también necesitamos que el Gobierno Nacional emprenda una gran cruzada que permita combatir a fondo el contrabando, ese grave flagelo que tanto mal le hace a nuestra economía y a muchos sectores nacionales.
Es absolutamente indispensable el concurso de todos en esta nueva etapa que hoy afrontamos, estamos seguros que de esta situación salimos, pero necesitamos del compromiso de cada colombiano, desde las distintas esferas en que nos encontremos debemos ser propositivos y aportar a la recuperación del país.
El Congreso de la República, así sea desde la virtualidad debe también ser protagonista en las grandes decisiones nacionales, debe apostarle a tramitar las grandes reformas que hoy necesita el país, por ejemplo, en materia de salud, es urgente hacerle profundos cambios al actual sistema que se convirtió en un negocio y no en un derecho de los usuarios. Hay que hacer una reforma política que permita combatir la corrupción electoral, donde se implementen las listas cerradas, el voto obligatorio y electrónico, donde haya financiación estatal de campañas y donde tengamos un órgano electoral independiente.
Tenemos que avanzar en leyes fuertes que permitan combatir a fondo la corrupción, ese grave flagelo que sigue carcomiendo no sólo el sector público, sino privado. En la legislatura anterior se aprobó el proyecto de los pliegos únicos y ese es una revitalizadora noticia, pero hace falta más.
Estaremos del lado de las buenas iniciativas, las que vayan encaminadas a defender los intereses de todos los colombianos, las que apoyen a los pequeños y medianos empresarios, al pequeño productor, al campesinado en general, a los sectores informales, a los transportadores, a los taxistas, a los peluqueros, a los restaurantes, al sector hotelero, en fin, a quienes día tras día mueven nuestra economía desde sus emprendimientos.
En temas legislativos de nuestra propia cosecha, seguiremos impulsando distintas iniciativas encaminadas sobre todo a la defensa de nuestra naturaleza y medio ambiente. Por ejemplo, insistiremos en el proyecto de NO al fracking en Colombia, por considerar que es una practica nociva que no sólo atenta contra la salud humana, sino porque es una seria amenaza para nuestros ecosistemas, para las fuentes hídricas, para el medio ambiente en general.
Vamos a presentar nuevamente el proyecto que prohíbe el uso del glifosato en Colombia, creemos que el herbicida no es la salida, hay alternativas más eficaces para la lucha contra el narcotráfico, como son la sustitución voluntaria de cultivos y la erradicación manual, donde se pase de la economía ilegal a una cultura de legalidad con proyectos productivos rentables y donde se recupere el tejido social.
Insistiremos de la misma manera en la prohibición de plásticos de un único uso, necesitamos proteger nuestros mares, nuestra naturaleza, de esa amenaza latente que tanta contaminación le genera al planeta. Ya Colombia cuenta con la ley 1973 de 2019, una ley piloto que impulsamos desde el Congreso con sendas ponencias nuestras y que le permiten hoy al archipiélago de San Andrés y Providencia, Santa Catalina e Islas Menores la prohibición de plásticos de un único uso en suelo isleño, necesitamos replicar esta iniciativa en otras regiones del país.
La reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales CAR´S, también volveremos a tramitarla, estas entidades han sido politizadas y muchas de ellas perdieron su verdadera misión para la cual fueron creadas, siendo también blanco de corrupción.
Otro importante proyecto que hoy goza de buen ambiente en el Congreso y del cual soy su ponente es el acto legislativo que reforma el actual sistema de distribución de las regalías, necesitamos que lleguen más recursos a las regiones, necesitamos que el daño ambiental sea compensado de alguna manera.
De tal suerte que estos son algunos proyectos que impulsaremos en esta nueva legislatura y la virtualidad no será impedimento para sacarlos adelante, esperamos que el Congreso esté a la altura para que los ciudadanos confíen en su poder legislativo.
Bogotá, D. C, 20 de julio de 2020
*Senador Liberal
@GGarciaRealpe
Por Juan Camilo Restrepo*.- De no ser por los informes del Cerac y del Instituto Kroc (centro de investigación sobre procesos de paz anexo a la Universidad de Notre Dame) que tienen el mandato de evaluar la implementación de los acuerdos de paz, quedaría la sensación que todo marcha a las mil maravillas.
Aunque las declaraciones del presidente Duque o de su consejero Archila sobre los acuerdos finales de paz suelen tener un plausible tono de compromiso en el que no se adivina ningún ánimo para hacer trizas los acuerdos, cuando se desciende a los hechos concretos se evidencia un bache grande entre los dichos y las realidades.
El último informe del instituto Kroc (dice la Silla Vacía de julio 10 de 2020) “revela un panorama desalentador. Si el ritmo de la implementación continúa igual durante los dos últimos años del gobierno Duque, sólo la mitad de las disposiciones contempladas para implementarse entre 2020 y 2022 estarán completas al final de su mandato. Esto significa que para entonces la construcción de la paz estaré en cuidados intensivos. Solo el 25% de las disposiciones del acuerdo se han implementado completamente. Sin embargo, el 23% se habían completado para agosto 2018, lo que quiere decir que en 2019 solo se completó un 2% de las disposiciones”, concluye.
Algunas informaciones gubernamentales parecen buscar más la propaganda que la realidad. Por ejemplo, hace poco se divulgó con bombos y platillos por la agencia de tierras la noticia de que ya se había completado un millón de hectáreas (30%) del fondo de tierra creado por los acuerdos finales de paz.
Pero se dejó de informar que 400.000 hectáreas de ese millón es un predio denominado curiosamente “el baldío”, que desde hace más de 40 años está ocupado por cerca de 2.000 familias. Y que por lo tanto carece de vocación para ser entregado a campesinos “sin tierras o con tierra insuficiente” como rezan los acuerdos de La Habana. Por otra parte, este fondo de tierras apenas ha distribuido -según ha trascendido- 1.700 hectáreas. O sea, nada. Esto sería bueno que lo clarificaran los responsables de la agencia de tierras.
Las leyes necesarias para impulsar el acuerdo sobre política agraria integral de que trata el punto número uno de los acuerdos de paz también ha tenido un desarrollo melancólico. Esta es la hora, por ejemplo, que ni la ley de tierras ni la que tiene como propósito actualizar las normas sobre riego y drenaje (que tanto necesita Colombia) han podido avanzar en sus respectivos trámites parlamentarios.
Se habla frecuentemente de la suerte de los Pdet: se informa puntual y profusamente sobre la más mínima inversión que allí se hace. Olvidando que esta figura territorial, aunque valiosa, es apenas una mínima porción de los acuerdos de paz que permite focalizar la inversión del Estado en los 172 municipios más pobres y marginados del país. Los Pdets son importantes, pero no son el todo del asunto.
Todo esto es bueno ponerlo en la perspectiva del coronavirus. Como ya lo han señalado todas las estimaciones serias que están saliendo, la crisis de la pandemia va a dejar en el país una cantidad de pobres mayor que la que hoy hay; y unas condiciones de indigencia aún mayores.
Dicho de otro modo: la pandemia va a exacerbar la mala distribución del ingreso en Colombia. Y puede agrietar por lo tanto la seguridad alimentaria que, recordémoslo, no solo consiste en restricciones que puedan darse en la oferta de alimentos en un momento dado sino también en la incapacidad de segmentos débiles y empobrecidos de la población para adquirir la cantidad requerida de calorías. Ya entidades como la FAO empiezan a alertar sobre este grave riesgo que plantea el coronavirus.
De allí que el cumplimiento cabal (dentro de los cronogramas que exige el posconflicto que se extienden naturalmente en varios años) de los programas y objetivos que contempla la “reforma rural integral “que aparece en los compromisos de La Habana debe ser uno de los referentes fundamentales de las políticas públicas del país en adelante.
Infortunadamente, como lo advierten informes independientes como los del instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame ya citado, nos estamos quedando rezagados en el cumplimiento de metas.
El manejo del día a día de la pandemia no puede hacernos olvidar que existen también otros aspectos de políticas públicas -como la implementación de los acuerdos de paz- que no pueden dejarse de lado.
Bogotá, D. C, 29 de julio de 2020
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Se repite la historia. En el año 2011 se aprobó una reforma al régimen vigente de las regalías mediante el Acto legislativo 05 de ese mismo año. Según el entonces Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri, los ingresos provenientes de las regalías iban a “aumentar de manera sustancial” y que por lo tanto había que “cambiarle la gobernabilidad y esparcirlas en todo el territorio nacional y no sólo focalizarlas en ciertos sitios”. Según sus cálculos, después de haberse recibido por dicho concepto $46.6 billones en el lapso comprendido entre 2000 y 2011, se esperaba recibir $94.8 billones entre 2012 y 2020.
Pero, justamente ese mismo año sirvió de punto de inflexión, a partir del cual empezaron a derrumbarse los precios del carbón, el oro y el ferroníquel primero y posteriormente, a partir de mediados de 2014, cayeron también los precios del petróleo, después de un largo ciclo de precios altos de las materias primas. Ello, como era de esperarse, repercutió en una sensible reducción de las regalías, de tal suerte que entre 2012 y 2018 se recibieron, a duras penas, $52.1 billones.
A consecuencia del “cambio de gobernabilidad” de dicha reforma, los departamentos y municipios productores y portuarios vieron reducirse drásticamente las regalías directas que recibían, afectadas por partida doble, toda vez que después de recibir en promedio por dicho concepto el 74% de la totalidad de las regalías a percibir sólo el 10% como asignación directa y de contera, tal porcentaje se ha venido aplicando sobre un monto menor de regalías con respecto al 2011 y los años anteriores.
Ello, desde luego, provocó un gran descontento y una gran inconformidad en las regiones en donde operan las empresas que extraen los recursos naturales no renovables (RNNR), exacerbando la conflictividad social y el rechazo de dicha actividad, poniendo en riesgo la viabilidad de los proyectos extractivos. La saliente Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez, lo percibió y lo dijo claramente, “las regiones productoras no están satisfechas con las regalías que reciben hoy”. Lo propio manifestó la ex directora del DNP Gloria Alonso, “si no les hacemos ver a las regiones productoras los beneficios que puede traer la explotación de los recursos naturales no renovables, ni los productores ni los no productores van a ver las regalías”.
Este es el origen del Acto legislativo 05 de 2019, modificatorio del Acto legislativo 05 de 2011. Se dispuso, entonces, barajar para volver a repartir las regalías, redistribuyéndolas de tal forma que a los departamentos y municipios productores y portuarios se les mejorara su participación. En efecto, en virtud de esta reforma se le duplica dicha participación pasando la asignación directa del 10% al 20%. Como lo afirmó la ex ministra de Minas y Energía, con esta reforma “estamos devolviendo el péndulo y yo espero que esta reforma sea el equilibrio justo, en donde hay más plata para los productores de manera importante y para los no productores también”.
Pero, cabe preguntarse, cómo hacer para lograr que haya “más plata para los productores y para los no productores también”. Ímproba tarea esta, tan difícil como lograr la cuadratura del circulo. Pero, este acertijo lo resolvió la ex ministra: la respuesta está en el desahorro de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías (SGR), que después de contar con el 30% de este y verse reducido al 20% en el Acto legislativo 04 de 2017, ahora se ve reducido a su mínima expresión, del 4.5%. Como dijo la Ministra,“se ahorra menos”, “ese es el sacrificio” remató diciendo. Preocupa sobremanera que, en adelante, las regiones no van a ahorrar, como lo venían haciendo, parte de los recursos provenientes de las regalías para cuando sobrevengan las épocas de vacas flacas.
El hecho cierto es que este incremento del 10% al 20% de la asignación directa de las regalías para los departamentos y municipios productores y portuarios no se va a sentir porque, coincidencialmente, tal como sucedió con la reforma de 2011, las regalías se están viendo afectadas por la caída tanto de los precios como de la producción del carbón y del petróleo, los cuales contribuyen con el 85% de las regalías que se generan por la explotación de RNNR. Huelga decir que las regalías son los únicos recursos ciertos con los que cuentan las regiones para financiar sus proyectos de inversión.
Aunque con esta reforma se dio un paso importante al simplificar el SGR, queremos plantear le algunas acotaciones. Si bien se suprimieron los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD), que nunca funcionaron de la mejor manera, pervive el del fondo de “inversión regional”, en el que se fusionan el Fondo de Desarrollo Regional (FDR) y el Fondo de Compensación Regional (FCR) del SGR. Y, lo que es más grave, se establece que la viabilización de los proyectos que se financien con tales recursos se mantendrá en cabeza de los ministerios y de los departamentos administrativos del orden nacional, menoscabando la autonomía territorial consagrada en los artículos 1º , 3º y el 287 de la Constitución Política.
La oportunidad para introducirle los ajustes requeridos, entre ellos la supresión del odioso veto, es el proyecto de ley que reglamentará el Acto legislativo 05 de 2019, el cual, por omisión del Congreso, al no darle trámite en las sesiones que se clausuraron el pasado 20 de junio, habilitó, como lo prevé el Parágrafo 2º transitorio del artículo 1º de dicho Acto legislativo, al Presidente de la República Iván Duque para expedirla mediante Decreto – Ley, en orden a garantizar “la operación del Sistema según el nuevo marco constitucional”. Dada la importancia, trascendencia y la sensibilidad regional que despierta esta Ley, es de esperarse que su texto sea concertado con las regiones, las cuales al fin y al cabo son las titulares de los recursos provenientes de las regalías.
Cota, julio 18 de 2020
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
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