Opinión

Por Jorge Enrique Robledo*.-  Hace unos días, El Espectador, El Tiempo y Semana hicieron noticia con la respuesta del Fiscal Daniel Hernández a un derecho de petición del defensor de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en el proceso penal contra la corrupción del Consorcio Ruta del Sol 2 (Odebrecht y Corficolombiana-Grupo Aval). Los artículos dijeron que el Fiscal informó que los directivos corruptos de Odebrecht con los que él se reunió en Sao Pablo, Brasil, “no señalaron a Sarmiento”, una llamativa manera de absolverlo.

Hernández agregó que su visita a Brasil fue motivada por el debate de noviembre de 2018, debate que si no tumbó a Néstor Humberto Martínez fue porque, con el cambiazo provocado por el famoso video de Petro, le impusieron otro tema de conversación al país. Por lo que cuenta Hernández, nadie de la Justicia de Brasil asistió a la reunión, seguramente porque el Fiscal Martínez nunca celebró un acuerdo de colaboración con ella, como el que sí hizo Perú y con muy buenos resultados. ¿Puede usted, señor fiscal Hernández, mostrar el documento oficial de lo que pasó ese día o se trató de una charla informal?

La carta absolutoria del Fiscal Hernández cita a otro Fiscal delegado, que en diciembre de 2018 había señalado: “nunca se mencionó algún tipo de actuación con relevancia penal, relacionada con los representantes del Grupo Aval, salvo el nombre de José Elías Melo” (bastardillas aquí). ¡Apenas eso! Un asunto menor y sin relevancia que Melo fuera nada menos que el presidente de Corficolombiana, poderosa empresa del Grupo Aval, en ese momento con detención domiciliaria y acusado de ser coautor del soborno de 6,5 millones de dólares con el que el Consorcio Ruta del Sol 2 (Odebrecht-Grupo Aval) se compró ese contrato ilegal. Hernández además reforzó la absolución con una mentira: que el brasileño de Odebrecht, Luis Bueno, quien tomó parte en el soborno, no dijo nada que tocara a los Sarmiento en el juicio que condenó a Melo.

Como si fuera poco, la respuesta de Hernández al abogado de Sarmiento Gutiérrez tiene fecha del 1 de julio de 2020, 14 meses después de que hubiera sido condenado a casi 12 años de cárcel José Elías Melo, subalterno de los Sarmiento, hijo y padre. Otro hecho muy relevante silenciado por este fiscal en su carta absolutoria.

En su respuesta, filtrada por alguien a los medios, Hernández tampoco informó que el juez que condenó a Melo también le pidió a la Fiscalía que investigara a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y a los directivos del Grupo Aval Carlos Gustavo Ramírez, vicepresidente de Corficolombiana, y Mauricio Millán, uno de los directivos de Aval en el Consorcio, a la par que a María Victoria Guarín, la esposa de un alto directivo del Grupo Aval denunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por sus actos en la licitación de la Ruta del Sol 2 desde la Corporación Financiera Internacional, caso por el que la SIC también denunció a Sarmiento Gutiérrez en la Fiscalía.

Y que el Fiscal Hernández sí mintió en su respuesta al abogado de Sarmiento Gutiérrez lo prueba que el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Luis Bueno, le declaró al juez que Melo le pidió tratar la corrupción “exclusivamente con él, y que él iba a informarle a Luis Carlos Sarmiento Junior sobre el trato con Gabriel” García Morales, el viceministro de Vías que sobornaron con los 6,5 millones de dólares. 

Sobre Daniel Hernández debe agregarse que el Fiscal General Ad Hoc, Leonardo Espinosa –quien reemplazó a Martínez Neira en parte del proceso y cumpliendo él sí con sus deberes–, lo acusó formalmente por no haber denunciado a Otto Bula Bula por “los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir”.

En diciembre se cumplen cuatro años de estallado este escándalo, en el que la Fiscalía ha dicho que hubo sobornos por 32,5 millones de dólares, de los que solo se sabe quiénes pagaron 6,5 millones. Muy poco se ha demostrado sobre los altos funcionarios y políticos que los recibieron. Peor, bien difícil. Por la mediocridad de las investigaciones, este caso gravísimo tiende a terminar en que Melo pagó el soborno de su bolsillo y sin contarles nada a sus jefes, a quienes enriqueció con ese delito, o en que los de Odebrecht pagaron de sus arcas la parte que le tocaba al Grupo Aval, subsidiándolo en los 10,7 millones de dólares que les correspondía. Y no son chistes (wp.me/a99Bcq-2ST).

Coletilla: constituye una descarada agresión política a los colombianos que los duquistas se empeñen en imponer en la presidencia del Senado a Arturo Char, sobre quien la Corte Suprema dijo: “del acervo probatorio estudiado por la sala (sobre Aída Merlano) se da cuenta de la presunta realización de conductas punibles por parte del senador Arturo Char (…) se compulsarán copias para que se les investigue penalmente” a él y a otros.

Bogotá, 17 de julio de 2020.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- En medio de la pandemia, la gran industria láctea ha vuelto con una estrategia conocida, o mejor, sufrida desde siempre por los ganaderos: Una de sus empresas oprime el botón rojo de ¡ENLECHADA!, para justificar una reducción del precio y la disminución de las compras a los ganaderos, lo cual arrastra a todo el mercado formal y al inmenso mercado informal de leche cruda, en el que ya el ganadero recibe un precio que no retribuye su esfuerzo.

Los economistas llaman “oligopsonio” al mercado imperfecto en que muchos compradores tratan de venderle a muy pocos vendedores, convertidos en “dioses” de la plaza, haciendo, literalmente, lo que “les viene en gana” decidiendo a quién comprar y a quién no, cuánto comprar y a qué precio; en fin, decidiendo quién vive y muere en el mercado.

Esa ha sido la posición de la industria láctea frente a sus proveedores, los ganaderos. El esfuerzo de 320.000 de ellos, la mayoría pequeños productores, saca al mercado más de 7.300 millones de litros de leche, pero la industria formal acopia menos del 50%; apenas 3.241 millones en 2019, concentrado en seis grandes empresas con el 60% del acopio formal.

No obstante, la industria no está interesada en aumentar su capacidad de procesamiento, porque solo comprando la mitad de la producción “mangonea” en el mercado, y ese enorme margen de leche que se distribuye y consume cruda, sin higienización ni garantía de inocuidad, siglo y medio después del descubrimiento de Pasteur, le sirve para gritar en cualquier momento ¡ENLECHADA! y cuadrar sus utilidades a costa del ganadero.

Pero –ya lo dije– la industria no está interesada en crecer, sobre todo con productos diferenciados para sectores menos favorecidos, con menos empaque, publicidad y menor precio. Tampoco tiene mayor presión para hacerlo, mientras que los gobiernos sí han cedido a la de los “cruderos”, que bajo el argumento de “lo social” esconden verdaderas mafias que se lucran del esfuerzo ganadero. En Colombia, en pleno siglo XXI, la comercialización de leche cruda debería estar prohibida en ciudades de más de 100.000 habitantes, pero la política pública se detuvo en este aspecto durante la era Santos.

El Decreto 616 de 2006 estableció el reglamento técnico para la leche “que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país”. La idea era modernizar el sector frente a la suscripción de TLC con productores mundiales como USA y la UE, pero los Tratados se firmaron y la modernización y ampliación del procesamiento nunca se dio, con argumentos populistas bajo la presión de los cruderos y el desinterés de la industria, que veía en los TLC la oportunidad para importar leche barata y anunciar falsas enlechadas. Para mayo ya habían comprado ¡40.000 toneladas!; cerca de 400 mil litros que dejaron de comprarle al ganadero colombiano.

El argumento de “enlechada” para bajar 5 % el precio al ganadero y reducir 10 % el acopio, como pretende la gran industria, además de falso, pues no hubo déficit de oferta en el verano, ni hoy hay exceso –si lo hubiera, para qué importar–, pone al borde de la quiebra a cerca de 300.000 familias, una verdadera infamia en medio de la pandemia.

Hoy la utilidad de la cadena se concentra en la industria y el comercio, cuando lo que necesita el país es leche colombiana para todos, a precio asequible, con utilidad razonable para esos eslabones, y un precio decente para el ganadero, porque sin él…no habría nada.

Por ello, en representación de los campesinos que a diario madrugan al ordeño, lanzamos al Gobierno un SOS lechero.

Bogotá, D. C, 18 de julio 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- Esta pandemia que castiga a un mundo insensato, destructor, indolente, inequitativo, atropella a Colombia con mayor virulencia, porque ha encontrado terreno abonado para que coronavirus haga de las suyas. El frenesí lleva, sin control y sin mesura, a nuestra dirigencia a olvidar su misión, porque la sabiduría se resquebrajó. El liderazgo camina sin rumbo certero; a brincos estimulados por una despistada turba que absorbe, sin hastiarse, odio y desenfreno. Gravitamos entre covid-19, el tropel sin IVA de junio-19 que tantos muertos y contagiados sigue dejando, el malogrado julio-19 y el Populismo-19.  

Con la mirada perdida, esta comunidad a la que le han saqueado la esperanza, cree enfocar sus ojos en una vacuna para derrotar la plaga, mientras otros montan bacanales para lucrarse del descontrol.

Los científicos no desmayan. Sus encierros son herméticos e interminables. Quieren inyectar coraje a un mundo que transita con desánimo y angustia.

Aquí se nos fue la mano. Cuando llegó la plaga, se actuó con el egoísmo que reina cuando la corrupción extiende sus alas para llegar a la presa.

Las primeras órdenes fueron anteponiendo sanciones, castigos, encierros y peroratas irreflexivas. Olvidaron que la humanidad requiere educación, instrucción y ejemplo para actuar correctamente. Presidente y alcaldesa de Bogotá, entraron en controversias permanentes que confundieron a la comunidad y la impulsaron a la desobediencia. Aparecieron las primeras encuestas que hacen las veces de los tres poderes. Gobiernan y determinan los caminos a seguir. El Jefe de Estado se desbordó con sus atardeceres pregones televisivos, de los que ningún mandatario anterior había abusado. Eran repetición y repetidera. Con menos intensidad y sin tanta pantalla, lo hacía la Alcaldesa. Ambos  Intimidaban con “falta esto y falta aquello, no hay esperanzas de un medicamento. Quien incumpla paga”. Ninguna campaña educativa, ni orientadora. Decretos, resoluciones, directrices y protocolos, sin ton y poco son, eran el plato diario.

Como el gobierno Duque quiso “defender a los abuelitos”, encerró la sabiduría y con sus millares de Altos Comisionados y Consejeros, creyó acertar. Tarde, muy tarde vino a percatarse del error, pero no lo acepta. Se lo cobrará, lo que quede de la “rebelión de las canas”, con millones de votos al CD, Centro Duque. Las cosas seguirán tal cual, porque el populismo-19, y demás 19, reinarán hasta que aparezca la vacuna o desaparezca la ñeñe política.

BLANCO: El país ha respondido a la prensa libre. Apoyó a El Espectador, como lo hizo con Noticias Uno. Justo homenaje a don Guillermo Cano.

NEGRO: La virtualidad será el covid-19 del Congreso.

Bogotá, D. C, 17 de julio de 2020

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.  

Por José G. Hernández*.- Como es sabido, la Corte Constitucional ha declarado inexequible el artículo 12 del Decreto Legislativo 491 de 2020, expedido por el presidente de la República en ejercicio de las facultades excepcionales propias del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por calamidad pública -ni más ni menos, la generada por la expansión del Covid-19-. Según el precepto hallado inconstitucional, “…sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales…”

No era un decreto exclusivo para el Congreso, como equivocadamente se difundió en los medios. Éstos, -por carecer en su momento de la información completa- presentaron el fallo diciendo que habían caído las sesiones virtuales del Congreso. Mejor dicho, le quedaban prohibidas, y desde el 20 de julio debían ser presenciales, lo cual, aparte de no ser verdad, habría sido absurdo, grave y peligroso. Implicaba poco menos que lanzar al riesgo de contagio a los integrantes de todas las instituciones a las que se refería la norma (órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales).

El motivo de la inconstitucionalidad se explicó después mediante comunicado: no eran inexequibles las sesiones virtuales en sí mismas (la sentencia se profirió por vía virtual) sino que, con la expedición del decreto fue lesionada la autonomía del Congreso para determinar cómo ejercer sus competencias. Y no era necesaria la expedición del decreto, porque las corporaciones y órganos aludidos gozaban de plena autonomía para resolver cómo llevar a cabo sus sesiones. Argumento contradictorio.

Aunque hemos criticado varias de las medidas dictadas durante esta crisis, el pésimo manejo del confinamiento y el uso abusivo de facultades, lo cierto es que esta norma no violaba la Constitución. No afectaba la autonomía del Congreso ni de institución alguna porque era apenas una autorización para que los órganos respectivos resolvieran dentro de la órbita de sus competencias.

La votación fue apretada en la Corte. Cuatro magistrados, con buenas razones, salvaron su voto. Coincidimos con ellos. Era una disposición con fuerza de ley que podía, por conexidad con los hechos invocados al declarar el Estado de Emergencia, hacer claridad y poner fin a la polémica que se había suscitado entre miembros del Congreso acerca de si los reglamentos vigentes permitían o no sesionar virtualmente.

Además, como dijeron los disidentes, a diez días del inicio de las sesiones ordinarias, se ha generado “una incertidumbre institucional de inmenso calado. La decisión no aclara si el Congreso puede sesionar de manera no presencial al menos para reformar su propio reglamento”. Y se preguntan: “¿Qué ocurrirá si -por razones de salubridad o logísticas- no puede conformarse el quórum presencial para deliberar o para decidir? En este escenario, ¿quedará entonces la República sin un Congreso que pueda funcionar?

Añadimos: ¿Cómo funcionará el Congreso desde el 20 de julio si antes no se publica la sentencia firmada por todos los magistrados y con los salvamentos de voto? Porque el comunicado carece de toda fuerza jurídica.

Bogotá, D. C, 17 de julio de 2020

*Expresidente de la Corete Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- Las nuevas medidas de restricción, especialmente en las distintas zonas de la capital, llenan nuevamente de incertidumbre tanto a la ciudadanía como a la industria, el comercio y, en general, a la clase empresarial.

Mucho he venido insistiendo, a través de esta columna, en que hay estudios que demuestran que el coronavirus se previene más con medidas de disciplina social que de cuarentena. Si todos los ciudadanos usáramos tapabocas, cuidáramos de las distancias entre unos y otros, saliéramos cuando realmente se requiere, respetáramos los consejos que dan las autoridades y cambiáramos nuestras costumbres sociales de manera extraordinaria mientras se descubre la vacuna contra este virus, otra sería el desarrollo de esta pandemia.

Lo que sí es muy molesto para la ciudadanía y extremadamente malo para la institucionalidad es la forma como la alcaldesa de Bogotá pretende manejar la ciudad frente a este tema. Siempre que da declaraciones está expresando pullas contra el Gobierno nacional, jugando con la sicología de la capital y haciendo política de una forma que no es admirable ni admisible.

Sobre todo, cuando fácil resulta para la Alcaldesa criticar a un Gobierno que, entre otras cosas, ha sido escogido en el mundo entero como uno de los ejemplos de manejo serio y responsable del coronavirus. La Alcaldesa pretende volver una pandemia en un tema político y sobretodo, irresponsablemente en un acto de populismo personal frente a sus notorios intereses políticos.

Esta actitud no sólo es grave y debería ser controlada por los órganos competentes, sino que ya está causando un malestar general.

Intentar mostrarse como que ella es la que toma medidas en defensa de la vida de los colombianos, entrega soluciones de salud pública para la pandemia y reparte mercados y ayudas, que lo único que le falta es mandarlos con una tarjeta personal con su nombre, como si fueran regalos personales y no programas de Estado con recursos públicos, es por decir lo menos, engañoso y oportunista.

En días pasados llegó a afirmar que los respiradores que con tanto esfuerzo y dificultad ha adquirido el Gobierno nacional y que fueron entregados a las autoridades de Bogotá, en su mayoría no servían, lo que además de ser una afirmación mentirosa e irresponsable, resultó ser una manipulación mayúscula con intereses políticos, cuando lo único que había de por medio era la necesaria calibración de unos equipos requerida por la altura en que se encuentra la capital.

La Alcaldesa ha tomado como actitud desconocer la labor de los demás y mostrarse como la ejecutiva que siempre tiene la razón. Gran equivocación está cometiendo. El país y la comunidad internacional ya tienen claro que lo que sucede es que ella tiene una agenda personal política frente a la cual no le importa desdibujar la verdad y aprovechar toda circunstancia para sus propios intereses políticos.

Lo que hoy requiere el país es unidad de gobierno, apoyo entre autoridades y cumplimiento de las acciones públicas.

No solamente hay que cuidar de la salud de todos. También hay que cuidar que la economía no sufra una herida mortal. Si así fuera, la gente no se morirá de coronavirus sino de hambre.

Por esto hay que ser estadista para entender que las medidas que se tomen sean las mejores para la salud de los colombianos, como para la salud de la patria.

Bien ha hecho el Presidente de la República en no polemizar ante afirmaciones irrespetuosas y a veces salidas de la verdad de la Alcaldesa contra su administración. Pero todo tiene su límite.

Tenemos que exigir respeto institucional a los empleados públicos.

Bogotá, D, C, 17 de julio de 2020

*Excomisionado de Paz.

Por Jairo Gómez*.-  Para El Gobierno Duque el proceso de paz es sucio, dañino, embaucador, mentiroso, traicionero y, si siguiésemos buscándole sinónimos, las palabras no le alcanzarían para seguir desprestigiándolo hasta lograr hacerlo trizas, como evidentemente lo está haciendo.

Maliciosamente ha utilizado la tragedia viral que azota al mundo para embaucar a los colombianos en un discurso de prioridades deshonesto y abandonar a los exguerrilleros que dejaron sus armas, y le apostaron a un nuevo futuro para ellos y sus familias. Las desgarradoras imágenes de cerca de cien desmovilizados de FARC huyendo de Ituango, Antioquia, de la violencia paramilitar es  prueba fehaciente de que los quieren obligar a regresar a la guerra.

Duque con su premeditada decisión de negar el Acuerdo de Paz es el que incita y promueve la polarización frente a un tema que, aunque no lo valore, silenció muchos fusiles y le devolvió la esperanza a muchas regiones afectadas por el conflicto; sin embargo, nada hace a favor del Acuerdo, y en una actitud pusilánime permite que en los territorios de paz la extrema derecha paramilitar, bien armada, asuma el rol del exterminio de todo lo que huela a Líderes sociales, indígenas y excombatientes que dejaron sus armas y se reincorporaron a la vida civil.

“Todos los días despertamos con (la) noticia de una persona negra o indígena, que guardia indígena o cimarrona han sido amenazados. Desde la firma de Acuerdo de Paz han sido asesinadas 686 personas firmantes del acuerdo, líderes y defensoras (de los derechos humanos)”, dice preocupada en un trino Clemencia Carabalí, lideresa Social, defensora de Derechos Humanos y actualmente Presidenta de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM).

Es el común denominador en medio de la pandemia; es como si esto hiciera parte de un plan macabro para callar a los líderes que se oponen a las estructuras mafiosas alentadas por políticos y terratenientes aliados al narcotráfico que, acompañados de amenazas, buscan aislar las voces disidentes, críticas y opositoras a esa estrategia perversa. (A propósito sería importante que “el hombre mejor preparado de su generación”, el Fiscal General, asumiera con decisión la tarea de erradicar estos fenómenos violentos que azuzan la guerra).  

Pero sabemos que eso no va a ocurrir; al contrario, como si se tratara de imponer la sobredosis religiosa, ahora aparecen los macarras de la moral, los responsables de los tocamientos impuros a crucificar a monseñor Darío Monsalve, una voz disidente comprometida con la paz como pocos prelados, porque se atrevió a decir lo que otros ocultan desde sus púlpitos y denunciar la perversa, negligente y deliberada política del gobierno Duque contra el acuerdo de paz: “…el gobierno (Duque) tiene un espíritu de venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales, la democracia” y lamentó que “le haya dado un manejo partidista-electoral a los acuerdos de paz, lo que ha hecho que se recrudezca la violencia contra los líderes sociales y desmovilizados”.

Nada es aislado y los francotiradores contra el Acuerdo de Paz, de manera estratégica, desde todos los flancos le disparan sin tregua; así lo hizo recientemente el exministro Pinzón Bueno, de quien conocemos sus ingentes esfuerzos, desde la cartera de Defensa, por destruir las negociaciones de paz que se adelantaban en La Habana.  

Si el exministro desconfía de las instituciones creadas a la sazón del Acuerdo de Paz, como lo dice en un escrito, hoy seguro desconfiará de su jefe, el Expresidente Santos, cosa que no es extraña en un personaje que se quiere convertir en el acólito más fiable para los intereses uribistas, alineándose con los postulados de la derecha extrema para lograr perversamente su fines políticos.

No le queda bien afinar su batería contra los miembros de la Comisión de la Verdad, cuya única tarea es precisamente develar la verdad de este conflicto armado; ¿A qué le teme? ¿A que se sepa la verdad de los falsos positivos, por ejemplo? ¿Esos que él mismo ayudo a ocultar durante su nefasto paso por el ministerio de Defensa?

Pero bueno, a estos enemigos agazapados de la paz, incluido Duque, les recordamos lo que sabiamente dice el historiador Ian Kershaw en su texto Ascenso y Crisis “…Solo aquellos que han sido testigos de primera mano de los horrores de la guerra comprenden en su plenitud lo que significa vivir en paz”.

Bogotá, D. C, 16 de julio de 2020

*Periodista. Analista Político.  

@jairotevi

El viacrucis del Senador Pulgar. 

Por Giovanny Décola*.- Sectores de opinión se han escandalizado ante los infortunados audios, donde presuntamente el Senador Eduardo Pulgar sirve de intermediario para sobornar a un Juez de la República. 

Como en Colombia, condenan primero los medios y luego las redes sociales, yo le tengo otra lectura a esos oscuros episodios, sin pretender justificar los mismos. Empiezo por decir, que jamás he votado por Eduardo Pulgar, ni he militado en su grupo político. 

De las informaciones hasta ahora conocidas, el Senador no es quien busca al Juez, es éste quien acompañado de la primera autoridad de su municipio (Alcalde de Usiacurí, Atlántico), van a su encuentro. El Juez al olfatear algo non sanctus, en la invitación que le hace el Alcalde, si de verdad era honesto, debió negarse acudir a la cita, tal como lo hace una dama decente, cuando huele una coartada… 

El juez, que en este caso, actúo como agente provocador de un delito que jamás se consumó, debe saber de antemano, que el grabar de manera oculta con su interlocutor, una conversación privada, es una vulneración a los derechos fundamentales, y que de utilizarse en un proceso administrativo o judicial, va en contravía del debido proceso, y que el juez como agente del Estado, hizo muy mal, al arroparse en su investidura para promover un juego sucio, que en este caso, lo convierte en el inductor de la conducta punible, pues es él quien a la larga va llevando a su interlocutor, con su pasividad o silencio cómplice, a que le propongan “un negocio” perturbador de las buenas costumbres. 

La intención del Juez, claramente no es evitar la consumación de un delito (Cohecho), pues era precisamente él, quien tenía la autoridad para fallar el proceso. Su intención, era constituir una prueba, que luego pudiera usarse para protervas intenciones, que podrían ir desde la primitiva extorsión hasta la incriminación y punición del provocado, o simplemente alimentar su ego, promoviéndose como un funcionario incorruptible, que a todas luces, es obvio que no lo es. 

Es el Juez, quien en este caso, despierta en el Senador, la idea de cometer un delito, cuya ejecución no se habría llevado sin la intervención de aquél. La Prueba provocada, obedece a una obtención ilegal de medios probatorios, que solo es plausible en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y lavado de activos, puesto que al aplicar en el campo penal el principio venire contra factum proprium, esto significa que el Estado no puede castigar a quien él mismo ha llevado al cometimiento del delito, que en este caso, quedó en una simple tentativa. La jurisprudencia alemana y luego la española, han considerado la prueba provocada como nula de pleno derecho, y cada día esa postura tiene más adeptos en jueces y doctrinantes. 

Será válida la prueba que provoca una mujer; quien le entrega el número de celular de su esposo a una dama muy seductora y despampanante, para que lo enamore, y luego con vídeo en mano de la infidelidad, presenta demanda de divorcio? Obvio que esa prueba será nula de pleno derecho, una vez se demuestre, que la misma, fue provocada. 

Un juez honesto, como lo pretende hacer ver el periodista Daniel Coronel, en su columna llamada “Pulgarcito”, está distante del que nos coloca como ejemplo. Un juez honesto, no se deja manosear de un Alcalde para ventilar procesos asignados a su despacho con ninguna persona. Si llevaba grabadora en mano, es porque ya sabía del tema que le podían tratar y dio pie, para que eso ocurriera. 

Ahora bien, suponiendo que el Juez, fue asaltado en su buena fe, y el encuentro se trató de alguna encerrona, él debió darlo por terminado ante la primera insinuación. Es más, como abogado que soy, sé que a un Juez pulquérrimo, ni siquiera le llegan insinuaciones perversas, pero este Juez, no solo dejó que se le insinuaran, sino que le dibujaran “el negocio”. 

Este episodio, me recordó a un Policía que fue condecorado por reprimir un delito y denunciar que lo intentaron sobornar, y al recibir el premio, dijo: “Me ofrecieron tan solo un millón por un delito tan grave…”. 

Será que el Juez, quería más de los 200 “barras” que le pintaron?

Bogotá, D. C, 16 de julio de 2020

*Abogado y Periodista.

Por: Guillermo García Realpe*.- La Corte Constitucional  durante más de tres días debatió la constitucionalidad o no de las sesiones virtuales del Congreso y de paso de otros órganos colegiados como las Asambleas Departamentales y Concejos distritales y Municipales, al final en una decisión mayoritaria de cinco votos a favor y cuatro salvamentos, tumbó dichas sesiones amparadas en el artículo 12 del Decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020. 

La decisión del alto tribunal es una buena y revitalizadora noticia para nuestra democracia, porque garantiza la autonomía del Congreso de la República para determinar el ejercicio legislativo como cabeza de uno de los órganos del poder público de nuestro país. 

Ahora, con la decisión de la Corte se ordena la realización de las sesiones presenciales  del Congreso de la República, se nivelara la cancha de los poderes públicos, habrá más y mejores debates legislativos y de control político, habrá información pública y abierta. Queda entonces a salvo la defensa de la democracia, el equilibrio de poderes, la división tripartita, cada poder tiene su propia forma de gobierno. Se restablece el estado social de derecho, el debate, el control político, etc, la decisión de la Corte Constitucional trae enormes bondades. 

La sentencia solo surte efectos hacia futuro, las deliberaciones y decisiones virtuales del legislativo se entienden legítimamente emitidas por cuanto se presumía su constitucionalidad. Es decir, que toda esa cascada de proyectos e iniciativas de origen gubernamental y congresional aprobadas en jornadas maratónicas tienen plena validez, pues la Corte no declaró inexequibles las sesiones virtuales ya realizadas y menos los proyectos aprobados. 

La actual situación generada por la crisis del covid19, literalmente obligó al Congreso de la República a legislar desde una orilla distinta que nunca en los 209 de historia se había visto. Sin embargo se perdió prácticamente un mes de sesiones, porque por Ley 5ª es claro que el inicio de sesiones es a partir del 16 de marzo, pero por la pandemia y mientras se organizaba el tema logístico, las sesiones virtuales sólo empezaron a partir del 13 de abril. 

Durante casi los dos primeros meses virtuales el Congreso sólo desarrolló debates de control político, sin votaciones de proyectos, lo que no produjo alguna sensación positiva dentro de la opinión pública nacional, ni para la mayoría de los colombianos que vieron a un Congreso distraído de los grandes temas nacionales y poco protagonista en medio de la actual contingencia. 

Sin embargo de forma virtual se realizaron cerca de veinte sesiones plenarias donde se aprobaron al final de legislatura más de 25 proyectos, la mayoría, iniciativas de interés nacional. El Congreso en últimas pasó el examen, se le cumplió al país en proyectos muy importantes, se hizo el debate y el control  político, se aprobaron reformas constitucionales, en fin, el legislativo superó el reto de la virtualidad que para muchos de nosotros era un verdadero desafío. 

A partir del 20 de julio retornaremos al Capitolio nacional a las sesiones presenciales, recobraremos nuestro espacio habitual porque es allí donde vive la democracia, es éste el epicentro natural del debate político y porque es el escenario que reúne las distintas convergencias de opinión y de contraste de las ideas. En fin, es el lugar donde quienes representamos la voluntad popular debemos estar, para legislar por sus intereses. 

Eso sí, asistiremos con las debidas medidas de bioseguridad impartidas por el Ministerio de Salud Nacional, cuidando nuestra salud y la de los demás y legislando de forma juiciosa como siempre lo hemos hecho, necesitamos que esta tercera legislatura que inicia arroje buenos frutos para el país, que entre todos procuremos la recuperación social y económica y que la vida productiva y la empleabilidad de Colombia retornen a la normalidad, un reto nada fácil, pero no imposible. Esta es la gran tarea que todos los colombianos tenemos, ponernos la camiseta de Colombia y sacar al país de esta crisis tan aguda a la que nos sumió la actual pandemia. ¡De nuestra parte estamos más que listos!

Bogotá, D. C, 13 de julio de 2020

Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Juan Camilo Restrepo*.- El viceministro de Hacienda, Dr. Londoño, anunció que se necesita una reforma tributaria para "cuando termine la pandemia", y que con ella se deben recaudar dos puntos del PIB. Lo que corresponde aproximadamente a veinte billones de pesos. No se sabe por supuesto cuándo terminará la pandemia. Pero lo que sí se conoce es que, a nivel gubernamental, poco o nada se ha estudiado todavía sobre cuál será el contenido que deba tener dicha reforma.

Por eso resulta útil empezar a estudiar desde ahora, así sea a nivel académico, algunas ideas generales sobre los contenidos deseables que debe contener la reforma que se viene. Por lo menos para que estén sobre la mesa del debate público cuando la reforma empiece a tomar forma.

Algo que es evidente y que lo ha puesto de relieve la pandemia es que la nueva reforma tributaria que se adopte -cualquiera que ella sea- debe buscar unos perfiles de equidad y de progresividad mucho más definidos de los que tiene nuestra legislación tributaria. Los estragos causados por el coronavirus han descubierto con patetismo los déficits inmensos de equidad de que adolece nuestra sociedad en muchos sentidos. Y uno de ellos, por supuesto, es el tributario.

Dicho examen académico puede comenzar con el tema fundamental del IVA: el tributo más importante de nuestra legislación fiscal junto con el impuesto a la renta. De la manera como se reformulen estos dos tributos dependerá el éxito o el fracaso que tenga la próxima reforma tributaria. Y si ella se aproximará o no a los objetivos de progresividad y de equidad.

Hay que empezar por recordar que el IVA responde en la actualidad por el 42% de los recaudos de las rentas nacionales y representa aproximadamente el 5,8% del PIB. No es, pues, un tema menor.

Una primera decisión que habrá que tomar es si en el escenario de la pospandemia se justificará mantener una tarifa general del 19% del IVA como la que rige actualmente. O si se debe retornar a la tarifa del 16% que existió hasta la ley 1819 de 2016.Cuando superemos el coronavirus y cuando esté sobre el tapete, el debate sobre cómo reanimar la economía y estimular el consumo (no a través de efímeras inyecciones consumistas como las que brindan los tres días sin IVA) sino de manera permanente, la reducción de la tarifa general del IVA es una opción que sin duda debe considerarse.

El aumento de la tarifa general del 16% al 19% fue en su momento una decisión desafortunada. Pero más desacertada sería mantenerla indefinidamente. Un documento reciente de Planeación nacional ("Estrategia para la implementación del mecanismo de compensación del impuesto a las ventas (IVA) a favor de la población más pobre y vulnerable", febrero de 2020), demostró que quienes resultaron más afectados negativamente con este aumento de la tarifa fueron los deciles inferiores de la población, es decir las personas menos favorecidas. Fue, pues, una medida regresiva.

Aunque se ha avanzado algo en corregir la dispersión tarifaria del IVA, ella sigue siendo muy alta. Esto favorece la evasión que contra lo que se buscó inicialmente cuando en 1985 el anterior impuesto a las ventas se transformó en impuesto al valor agregado durante el gobierno del presidente Betancur, los índices de evasión siguen siendo muy altos: cercanos al 40%.

Las actividades exentas y excluidas siguen siendo frondosas y casuistas. Una labor de simplificación se impone. En no poca medida el impuesto es extremadamente regresivo y propenso a la evasión por virtud de estas listas de exentas y excluidas, que más que a criterios predeterminados son el resultado de las capas acumuladas de decisiones apresuradas en múltiples reformas tributarias que se han ido superponiendo unas a otras. De hecho, cuando se analizan las minoraciones más costosas del sistema fiscal colombiano aparecen en primerísimo lugar las que se conceden a través del IVA.

El IVA debe tender hacia la mayor universalidad posible. Esta sería la mejor cura contra la preocupante evasión que hoy alcanza. Sería preferible una ampliación como ya se ha ensayado en el pasado sin éxito de su base (incluidos géneros de primera necesidad con una tarifa baja del 2% o 3%), que el tosco mecanismo de devolución a ciertos estratos que hoy se está ensayando.

Capítulo aparte merece la experiencia de los días sin IVA. Ha sido un festival consumista con un costo fiscal muy alto y de utilidad discutible. El fisco termina beneficiando a los consumidores con alta capacidad de gasto que ciertamente no son los más pobres. O sea, los días sin IVA terminan acentuando, en vez de atenuar, el carácter regresivo propio del impuesto indirecto al valor agregado (IVA).

Todos estos temas valen la pena empezar a desbrozarlos desde ahora, para que cuando llegue el momento de iniciar la discusión de la próxima reforma tributaria estén digeridos. Y nos evitemos nuevas y costosas improvisaciones.

Posdata: La visita de López Obrador esta semana a Trump, llena de innecesarias zalamerías del primero para con el segundo, me ha hecho recordar la ofensiva estatua que preside la entrada al edificio de la OEA en Washington: la del presidente norteamericano TAFT, el mismo que le arrebató a Méjico la mitad de su territorio en el siglo XIX. Ahora que se están derribando estatuas por todas partes, la primera que habría que derribar en un gesto de dignidad es la de TAFT que, inexplicablemente Méjico y los demás países miembros de la organización, permiten que sea la primera visión que tengan los visitantes de la OEA.

Bogotá, D. C, 12 de julio de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Ningún conglomerado humano resistiría más de 5 días sin contar con el servicio de electricidad, si esta llegara a fallar: en una 1 morirían todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en 15 horas se agotaría la insulina para inyectar a los pacientes que la requieren, en 20 horas dejaría de llegar el agua por la red de acueductos, en 1 día se descompondría la comida que se conserva en las neveras, en 2 días fallecería los bebes que estén en las unidades de neonatos, en 3 días el agua que permanece almacenada dejaría de ser potable y a partir del 5º día morirían los pacientes que requieren diálisis. Así de importante es la seguridad energética para un país.

Es sumamente importante la integralidad en el abordaje del sector y de la seguridad energética, tomando en consideración todas las fuentes primarias y secundarias de energía, sean ellas renovables o no renovables. Se requiere tener una visión holística, partiendo de la premisa de su interés estratégico nacional.

En el corto plazo Colombia debe hacer un gran esfuerzo tendiente a frenar la caída de las reservas de petróleo y gas, que ponen en riesgo el autoabastecimiento del país, pero se debe ser consciente de que, como lo dijo la ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CCMNUCC) Christine Figueres, refiriéndose a la industria petrolera pero que puede hacerse extensivo a la industria del carbón, a ellas les “llegó la hora de reconocer que es una actividad que tuvo su momento de sol, pero hoy ya está en el atardecer y tenemos que prudentemente buscarle alternativas rápidas ya”.

El año 2015 se constituyó en un hito histórico para la energía, pues ese año el Papa Francisco hizo pública su Encíclica Laudato sí´, sobre “el cuidado de la Casa común, de corte ambientalista, las Naciones Unidas acogió la iniciativa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) promovida por Colombia, a través de la cual se promueve la protección del medioambiente y tuvo lugar la Cumbre de París, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP21), suscribiéndose un Acuerdo por parte de 195 presidentes y jefes de Estado, entre ellos Colombia, que adquirió el compromiso de reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el2030.

La electricidad en Colombia apenas participa con el 17% de la matriz energética, es prioritaria la electrificación de la economía, sobre todo el transporte y la industria. Hay que promover el ahorro y la eficiencia tanto en la generación como en el transporte, la distribución y en el uso de la energía, incentivando la modernización y reconversión tecnológica de equipos y electrodomésticos.

Colombia cuenta con una arquitectura energética de clase mundial y un sistema regulatorio maduro. Se debe preservar la institucionalidad, pero sin caer en la autocomplacencia. Ha llegado la hora de salir de la zona de confort y prepararse para los cambios disruptivos propios de la Transición energética. Es clave la modernización del sector energético, que pasa por la digitalización la inteligencia artificial (IA) y la Big data de la operación y los procesos, teniendo al usuario y al consumidor en el centro.

La Transición energética se deberá traducir en una mayor diversificación de la Matriz energética integrando a esta las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), entre ellas la biomasa, que sirve de materia prima para la producción de los biocombustibles y para la generación de electricidad. Gracias a las leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, desde el año 2005 se estableció la obligatoriedad de las mezclas de etanol y biodiesel con el combustible motor y con la Ley 1715 de 2014 se le desbrozó el camino a las FNCER.

A los biocombustibles se debe la reducción de 2.5 millones de toneladas de CO2 y 130 toneladas de material particulado a la atmósfera anualmente. Adicionalmente contribuye con una capacidad instalada de generación de energía con la biomasa como insumo de más de 800 MW de potencia. Con la adjudicación el año pasado de 2.400 MW, aproximadamente, entre granjas solares y parques eólicas Colombia está dando un salto desde el 5% de participación actual de las FNCER en la matriz energética al 11% en 2023.

Las FNCER no deben considerarse como sustituto sino como complemento de las fuentes no convencionales, de tal suerte que las FNCER sirvan de respaldo a las fuentes convencionales y estas a aquellas. De esta manera se tendrá una matriz más robusta, más confiable y más resiliente frente al Cambio climático.

Se requiere que la seguridad energética se asuma como una política de Estado y no como política de gobierno. Este es un objetivo de largo aliento, en el que hay que perseverar para poder alcanzar sus objetivos. En el último Plan Nacional de Desarrollo (2018 – 2022) se dio un paso de la mayor importancia, al dejar claramente establecido que “la biodiversidad y la riqueza natural como activo estratégico de la nación”. Se sigue de lo anterior que la política y la acción  en materia de seguridad energética debe ser agresiva y continuada.

El sector energético está llamado a servir de dinamizador y apalancamiento de la reactivación económica en la post pandemia y con tal fin, a guisa de ejemplo, debe acompasarse el programa de vivienda que va a emprender el Gobierno Nacional con soluciones energéticas renovables. El Gobierno debe condicionar sus ayudas y apoyos a la empresa privada al compromiso de esta con los programas de transición energética.

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.  

Cota, julio 11 de 2020

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