Opinión

Por Clara López Obregón*.- A América Latina llega la tercera ola de la pandemia cuando la cuarentena, el principal instrumento frente al coronavirus, se encuentra en vía de agotamiento. En los países que sufrieron la primera ola, China y el sureste asiático o la segunda, Europa y Estados Unidos, la cuarentena sirvió para contener la propagación acelerada de la covid-19, racionar los servicios de salud y reducir el número de muertes. Incluso con las cifras dramáticas de Nueva York, los fríos análisis de costo-beneficio encuentran que las restricciones adoptadas dieron resultados favorables. Una investigación para EE. UU. de Linda Thunström y otros autores, próxima a publicarse en el Journal of Benefit-Cost Analysis, encontró que “basados en la mejor información disponible al 3 de abril de 2020, (…) los beneficios económicos de vidas salvadas superan el valor de las pérdidas proyectadas del PIB en unos 5,2 billones de dólares, utilizando una tasa de descuento del 3 por ciento y un horizonte de planificación de 30 años”.

Aun cuando ese escenario puede cambiar con nueva información, adiciona un beneficio económico de la aplicación de las cuarentenas al principal imperativo moral de salvar vidas. De ahí que el Grupo de Puebla sostenga que “no existe dilema entre salud y economía, pues es inviable pensar en una reactivación del consumo, del ahorro y de la inversión con la amenaza latente de la pandemia”.

Con todo, no es lo mismo una cuarentena en los países europeos y EE. UU. donde hay seguro contra el desempleo o en China con su red estatal de apoyo que, en los países de América Latina y África, donde la informalidad laboral y la vulnerabilidad frente a la pobreza son elevadas y los servicios públicos de salud y de atención social demasiado precarios. Ello explica por qué en Colombia, la cuarentena se ha empezado a erosionar. La disciplina social se quebranta ante la insuficiencia de la compensación social ofrecida por las autoridades y la desesperación de las gentes confinadas en condiciones de hacinamiento y privación. Lo grave es que la mayoría de quienes salen no cumplen actividades productivas vedadas por la cuarentena, sino que buscan un precario sustento, con nulo distanciamiento social y sin uso de tapabocas.

La crisis se refleja en la pérdida de 8,7 millones de trabajos formales e informales, 37 en 100, si se suma la reducción de la ocupación de 5,4 millones de personas con el desempleo abierto que asciende a 3,3 millones, según el Dane. La subestimación de la magnitud del problema social se une a la frenada en seco de la economía, posiblemente de manera anticipada frente al comportamiento de la pandemia, haciendo prácticamente imposible la prolongación del confinamiento por doble partida, la resistencia humana y la económica.

Ahora que la región se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia, el país está abocado a la flexibilización de la cuarentena sin haber conseguido la reducción necesaria del ritmo de nuevos contagios. La Academia de Luohan, el tanque de pensamiento y monitoreo más avanzado en la materia ha calculado el umbral para flexibilizar las restricciones e iniciar la reactivación con el indicador DD, el número de días que toma la duplicación de nuevos casos diarios confirmados. La recomendación es de 19. En Colombia estamos en 17, un ritmo de contagio superior al recomendado. Al coincidir la progresión de la tercera ola de la pandemia con el cansancio psíquico y económico de la población, el riesgo de recaer y perder el sacrificio incurrido es muy elevado. Podría incluso significar convivir con altos niveles de contagio y pobre desempeño económico hasta cuando aparezca la vacuna.

Ya que el gobierno no implementó el ingreso básico de emergencia propuesto por 53 senadores durante la cuarentena, haría bien en hacerlo de inmediato para estimular la reactivación económica y la disciplina social. Para financiar el presupuesto sería menos oneroso y riesgoso que la colocación de bonos con acreedores privados, acudir a préstamos del emisor y a la moratoria temporal o restructuración de la deuda externa que ya acepta el presidente Duque, para destinar los fondos de su servicio a las acuciantes exigencias presentes.

Bogotá, D. C, 3 de junio de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá y exministra de Trabajo.

Por Guillermo García Realpe*.- La Costa Pacífica nariñense y especialmente Tumaco, ha sido objeto históricamente del abandono estatal que se traduce en marginalidad, pobreza, exclusión, desempleo, violencia, en fin; un círculo que se repite año tras año sin que medie acción efectiva por parte de los entes Nacionales y territoriales para contener esa bomba social que hace mucho estalló. El Pacífico Colombiano siempre ha estado en llamas y siempre ha estado en crisis, ya en varias decenas de años. 

El conflicto armado que ha dejado más de 311 mil víctimas, sumado a otros factores como el narcotráfico, la minería ilegal, la presencia de grupos armados ilegales, son sin duda, ingredientes que atizan el desolador panorama, dejando una gran estela de pobreza y miseria que, para el caso de Nariño  según el DANE, supera el 72% de pobreza multidimensional más que triplicando la media nacional que hoy se ubica en 19%. 

Hoy en Tumaco y en los nueve municipios restantes de la Costa Pacífica Nariñense y dos del Piedemonte ha estallado también la bomba del covid-19, afectando de manera grave muchas poblaciones, entre ellas, la principal Tumaco, que al momento de escribir éste artículo, ya superaba los 600 casos y Mosquera que hoy lleva más de 45 casos, lo que evidencia el agravamiento enorme. 

El coronavirus  que avanza de manera preocupante, pero por la doble circunstancia de que no hay acueductos, no hay alcantarillados, no hay posibilidad de vivienda, hoy es la amenaza más grande creemos, mucho más grave que Leticia y Cartagena, sobre todo por la debilidad institucional en temas de salud, no existe la infraestructura, ni los equipos de atención médica, ni tampoco  existe el recurso humano. 

Circunstancia especial Tumaco y los municipios de la Costa Pacífica tienen una bajísima cobertura en servicios públicos. Es precaria la situación. La cobertura en acueducto incluyendo a Tumaco es de tan sólo 14,8% y sin incluir a la Perla del Pacífico es del 6,4%; mientras el promedio nacional es del 86% lo que impide hacer o cumplir los protocolos de aseo como el lavado de manos, etc. En alcantarillado la cobertura es del 4,3% mientras que la nacional se ubica en 76%. En vivienda sí que es crítica la situación, el déficit habitacional según el DANE, es del 98,7%, mientras que el promedio nacional es del 36.5%. 

Debido a ese gran déficit la población no tiene posibilidades de cumplir el aislamiento social porque el gran número de campesinos, indígenas y afro descendientes convive prácticamente en una circunstancia de hacinamiento en sus respectivos palafitos que no tienen más de una cocina y un dormitorio para una o varias familias, lo cual va a aumentar exponencialmente el contagio. 

Por otro lado, la circunstancia grave de la debilidad institucional tanto  pública o privada del sector de la salud, hace que evidentemente hoy estemos frente a la peor crisis de la salud en nuestro país. Esto es consecuencia del mal sistema de salud y por supuesto de la corrupción nacional y regional en estos aspectos de salud y también de las administraciones en general que es absolutamente politizada, pero también a grandes extremos permeadas en no pocos casos por movimientos armados ilegales. 

En estos momentos en toda la costa pacífica nariñense y caucana, donde se abrigan más de 600 mil habitantes no existe ninguna sala UCI funcionando, ninguna sala con ventilador mecánico, solamente existe en toda la región tres camas de cuidados intermedios. Por otro lado, no ha habido una presencia formal, ni el fortalecimiento por parte de organismos regionales, ni de la Nación. 

Hoy tenemos mil casos, el 80% están en Tumaco y los municipios costeros y no existe reacción efectiva del Gobierno Nacional y los Gobiernos regionales, por eso el Tribunal Superior de Pasto en su sala laboral falló una tutela, ordenando al Estado el cumplimiento efectivo para atender la crisis, lo que quiere decir que hoy los jueces de la República son los que van a garantizar el derecho a la vida y a la salud. 

Por eso, es urgente como medidas de choque;  establecer un Puesto de Mando Unificado funcional  permanente de los tres niveles, nacional, departamental y local. Instalar laboratorios especializados para análisis de muestras, darle manejo al orden social urbano, garantizar la seguridad alimentaria de la población, de igual forma aplicar tamizaje intensivo barrio por barrio. Diseñar un plan específico de recuperación económica y social que permita combatir el desempleo. Hoy la cifra de informalidad es del 95%. 

También es urgente que el Gobierno Nacional instale los respectivos hospitales de campaña como se ha comprometido tanto el Ministerio de Defensa, como el Ministerio de Salud. Y segundo, que acepte la propuesta de apoyo de misiones internacionales de salud, entre ellas del gobierno cubano, que tiene la disposición de apoyar con equipo humano y equipos especializados y medicamentos. Pensamos que el Gobierno Nacional debe dejar a un lado esas posiciones extremas de reñir en estos aspectos aún humanitarios con países que vienen apoyando al mundo entero y Colombia está en la obligación de aceptar ese apoyo si prefiere salvar el derecho fundamental de los colombianos a la salud y a la vida. 

Necesitamos del Gobierno Nacional resultados efectivos y no tantos pronunciamientos y comunicados, sino hechos reales de soluciones a la población.

Bogotá,D, C, 1 de junio de 2020

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La palabra “abuelito”, cariñosa y tierna en boca de esos nietos que nos alegran la vida, se ha convertido en un calificativo despectivo y discriminador por la forma como la usó el presidente cuando anunció por primera vez la muy cuestionada medida de confinamiento total para los mayores de 70 años. Ya desde el gobierno no repiten la palabreja, pero han extendido la medida por otros tres meses, haciéndola todavía más discriminatoria, dado que en la práctica ya se levantó la cuarentena para el resto de la población.

De manera espontánea e inesperada se levantó una masiva “rebelión de las canas” contra la medida. Trinos y chats en redes sociales, columnas de prensa, debates radiales, y hasta un webinar organizado por el centro de pensamiento LIDES con la participación de Rudolf Hommes, Clara López y Humberto de la Calle han propiciado un amplio debate público que se ha trasladado al ámbito judicial con tutelas, demandas y acciones populares contra esa medida.

Mientras los jueces deciden sobre suconstitucionalidad, es conveniente analizar su conveniencia y utilidad. La conclusión es que se trata de una respuesta poco eficiente frente a un problema real.

La intención del gobierno es correcta. Los mayores de 70 años son más vulnerables a la amenaza del coronavirus, y por eso el 49.3% de los muertos por el virus pertenecen a este grupo etario; además su posibilidad de supervivencia frente al contagio es menor, dado que fallecen el 26% de los adultos mayores infectadas mientras que solo mueren el 4% de las personas entre 30 y 70 años que se contagian.

No es posible disminuir esa vulnerabilidad porque se debe a factores propios del envejecimiento y a la mayor presencia de comorbilidades, es decir otras enfermedades que se complican con el coronavirus. La estrategia adecuada es reducir el número de setentones infectados. Pero para saber si el confinamiento total sirve para ello, hay que responder la pregunta que titula esta columna: ¿Dónde se contagiaron? ¿en la calle, o en sus propias casas?

Una primera pista es que su tasa de contagio es similar que la de los más jóvenes. En Colombia hay 3 millones de personas mayores de 70 años, el 6% de la población, de los cuales se han contagiado 1.802, es decir 610 por millón, mientras que para el grupo de 30 a 70 años era 630 por millón. La estrategia de confinamiento total no parece haber servido para reducir la tasa de infección entre los mayores.

Hay dos posibles explicaciones a esta inutilidad. Que los adultos mayores no hayan cumplido la orden y siguieron saliendo a las calles sin ninguna protección como algunos jóvenes irresponsables, o que los hayan contagiado en sus casas. Parece más probable la segunda, sobre todo en los mayores de 80 años.

La estrategia debe cambiar: permitir la salida de los mayores, pero educar a los jóvenes para que se cuiden más y no lleven el virus a sus casas donde están infectando a sus “abuelitos”.

Cali, 31 de mayo de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Camilo Restrepo*.- El mes de junio del 2020 será clave para calibrar tanto en Colombia como en el resto del mundo la profundidad de la crisis del coronavirus. Y el curso que van a tomar las cosas de ahora en adelante.

De lo que suceda en el mes de junio va a depender que esta crisis adopte la trayectoria de la gran recesión de los años treinta del siglo pasado que duró cerca de cuatro años. O que se transforme en una crisis en forma de “V”, con una recuperación que empieza poco después de alcanzar el punto más bajo del colapso...

¿Por qué? Porque en casi todo el mundo las medidas de desconfinamiento de la ciudadanía y la reapertura de la mayoría de los sectores económicos están anunciadas, con variables de una y otra índole, a partir de junio.

Marzo, abril y mayo fueron los meses negros de la cerrazón. A partir de junio empieza la descompresión. Más rápida para unos sectores, más lenta para otros: pero casi toda la actividad empieza a descomprimirse a partir de junio.

Recordemos que el hachazo bíblico que cayó sobre el empleo, sobre la caja de las empresas, sobre el transporte nacional e internacional, sobre la educación, sobre el comercio, se dio durante el trimestre marzo-mayo. A partir de junio los países reabrirán sus economías. Y han reiniciado la movilidad ciudadana, escolar y deportiva.

De allí que lo que empiece a suceder a partir de junio sea tan importante: el empleo, la caja de las empresas, el transporte, el comercio y por supuesto el crecimiento económico, se fueron a pique porque la actividad económica se cerró abruptamente en el segundo trimestre del 2020.

La OIT calcula que entre marzo, abril y mayo se destruyeron cerca de 310 millones de empleos en el mundo. El PIB de países claves como China, Estados Unidos, Alemania y los demás miembros de la Unión Europea, ha entrado en el terreno de las cifras negativas en el segundo trimestre del año. Las compañías aéreas con sus flotas inmovilizadas en tierra desde hacer tres meses han tenido que recurrir al capítulo 11 de la ley de concordatos de los Estados Unidos. Las remesas hacia los países receptores se han desplomado, y así por el estilo... la lista de penurias es interminable.

Ahora bien: ¿cómo responderá el aparato productivo y el empleo a partir de junio? Recordemos que la cerrazón durante el segundo trimestre del 2020 fue total mientras que la reapertura de la actividad económica y laboral será gradual .A veces inclusive muy cautelosa.

La recuperación que se empezará a ver a partir del segundo semestre será lenta. Algo parecido a un tren que se pone en movimiento: al principio irá lentamente para luego, poco a poco, ir tomando velocidad. Lo importante será romper la tendencia fatídica del segundo trimestre cuando todo se fue al suelo.

No debe esperarse en consecuencia que las grandes pérdidas que se contabilizaron entre marzo y mayo vayan a recuperarse instantáneamente. Tomará tiempo, acaso todo el segundo semestre del 2020. Habrá empresas y actividades que quizás nunca se recuperarán. Habrá empleos que tal vez nunca reaparecerán. Habrá cadenas productivas que quedan con eslabones empresariales gravemente averiados.

Y todo esto sin contar que pueda haber recaídas en la furia de la pandemia que requiera nuevos confinamiento y nuevas cerrazones económicas. Si esto se diera la trayectoria de la crisis se empezaría a parecer más a lo que fue la gran recesión de los años treinta del siglo XX. Y habría que olvidarse que la recuperación se inicie a partir de junio.

La declaración de la Organización Mundial de Salud de esta semana según la cual no es probable que se dé un nuevo brote de la peste es esperanzadora .La disciplina social resulta entonces fundamental. Nunca se había necesitado tanto de ella para que las cosas comiencen a cambiar de tendencia a partir de junio. Y para que no se descarrile el pesado tren de la recuperación.

Bogotá, D. E, 31 de mayo de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como bien dijo el Papa Francisco, “prepararnos para el después es importante”, lo urgente no nos debe llevar a obnubilarnos y a desentendernos de lo importante. Es entendible que no estuviéramos preparados para afrontar y enfrentar esta contingencia, como no lo estuvo ningún país, pero sería imperdonable que una vez superada la pandemia no lo estemos. Tenemos, entonces, que prepararnos para el día después, que no será estar de vuelta al ayer, que quedará atrás con toda su pesadilla y su pesadumbre.

Lo ha dicho claramente la Directora del FMI Kristalina Gueorguieva, “gasten todo lo que puedan, pero guarden las facturas, pues más adelante hay que pagarlas”. El Ministro Carrasquilla anunció la reforma tributaria que será necesaria para pagar la factura, lo dijo muy claro: “esto significa mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superemos esta tragedia…Será necesaria una reforma tributaria”.

Así el Presidente Iván Duque lo desautorizara, por considerar su declaración políticamente incorrecta en este momento, diciendo que “pensar en cómo aumentamos los ingresos no solo es inconveniente sino inviable”. Bien dijo Benjamín Franklin, que lo único seguro es la muerte y los impuestos y ante la encrucijada que se abre con la postpandemia, la única forma de servir la creciente deuda pública será mediante el aumento del recaudo. Ello se predica tanto para los tributos nacionales como para los territoriales.

Ahora bien, de lo que se trata es de establecer cómo se repartirán las cargas impositivas entre los contribuyentes. Al país se le ha venido tomando del pelo hace muchos años, cada vez que se presenta al Congreso de la República por parte de los gobiernos de turno su proyecto de reforma tributaria se dice que esta será “estructural”, sin embargo todas terminan siendo más de los mismo, crear nuevos impuestos y/o aumentar las tarifas de los que están vigentes para aumentar el recaudo y así tapar el hueco fiscal, sin lograrlo. Y no se ha podido corregir el déficit fiscal, ni siquiera se pudo o se quiso aprovechar para lograrlo el largo ciclo de precios altos y el gran auge de los commodities (petróleo, carbón, oro y ferroníquel, entre otros), por la erosión de la base impositiva, la cual se debe al cúmulo de gabelas impositivas (descuentos, deducciones, exclusiones y exenciones) a favor, como diría Jacinto Benavente, de los intereses creados.

Por lo tanto, la reforma estructural pendiente es aquella que permita que el Sistema tributario cumpla con lo que manda la Constitución: que sea equitativo, eficiente y progresivo y ello sólo se puede lograr empezando por el desmonte de todos los beneficios tributarios injustificados. Y, de esta manera tendremos un Estatuto tributario más justo, equilibrando las cargas, que contribuya a ir cerrando la enorme brecha de desigualdad que agobia a la gran mayoría de los colombianos y se puede obtener un mayor recaudo en la medida en que los que más tengan contribuyan más. A ello contribuiría también el combate sin tregua, sin esguinces y sin contemplaciones a la evasión y a la elusión tributaria, la cual, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se estima en niveles cercanos al 30% del recaudo total, una verdadera tronera. Esta es de tal magnitud que el costo fiscal de la evasión en la última década, que alcanzaría la suma de los $365.000 millones, equivalente a 24 veces de lo que costará la primera línea del Metro de Bogotá (¡!).

En lo que hace relación a los tributos territoriales, el país está en mora de revisar, ajustar y actualizar el Estatuto tributario territorial. Como lo dijo el ex constituyente Carlos Rodado Noriega, “en nuestro país no se ha optado por una descentralización fiscal genuina, es decir, aquella que les permitiría a los gobiernos subnacionales recaudar sus propios impuestos para financiar sus gastos, sino que el énfasis se ha colocado en una descentralización espuria, en la que el gobierno central recauda los impuestos más importantes y dinámicos y luego transfiere una porción de ellos a los entes territoriales que tienen la obligación de ejecutar un libreto prediseñado. Al supeditar la autonomía local a los recursos del nivel central se mantiene prácticamente inmodificado el modelo centralista que ha prevalecido desde la colonia”.

Es de destacar que en el transcurso de los últimos 29 años (1990 – 2019) se han aprobado 17 reformas tributarias, todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación y en ninguna de ellas se previó un mayor recaudo en favor de las entidades territoriales. Ello explica la enorme e irritante concentración del recaudo de impuestos en Colombia, de tal suerte que mientras de cada $100 que se recaudan la Nación se queda con $83.50 (¡!), los 1.103 municipios participan con $11.90 y los 32 departamentos con sólo $4.6 (¡!).

No hay derecho para tanta concentración de los recursos en un país en donde la Constitución política consagra los principios de la descentralización y la autonomía territorial. Enhorabuena, la Ley 1943 de 2018 le ordenó al Gobierno Nacional integrar una Comisión de expertos para presentarle al Congreso de la República una propuesta de reforma del Estatuto tributario territorial. Esta será la oportunidad para balancear las cargas entre Nación y territorios. Esta iniciativa es tanto más urgente como pertinente, ahora que la afectación a las finanzas de las entidades territoriales se les ha infligido tan duro golpe, sin que se vislumbre una mejora en el recaudo en el corto ni el mediano plazo. 

Cota, mayo 30 de 2020

Expresidente del Congreso, Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Durante cuatro semanas he opinado sobre las distorsiones del Crédito Agropecuario, que desvirtúan su misión de “fomento” a la producción rural, tan necesario y urgente, no solo por la importancia estratégica del sector para la seguridad alimentaria y por sus proyecciones exportadoras, sino por su alta vulnerabilidad en el entorno de abandono, ilegalidad, violencia y pobreza en el campo colombiano.

Concluyo este ciclo con un tema que, a pesar de su importancia, ha sido relegado por la política pública agropecuaria, dejándoselo, cuando mucho, a la generosidad filantrópica de la cooperación, ni siquiera de las grandes instituciones multilaterales, sino de una variopinta gama de ONG internacionales. Me refiero a LA ASOCIATIVIDAD.

La política pública debería responder a una realidad evidente y sobrediagnosticada. ¿Por qué se asocia un productor rural? Porque es pequeño, porque compra insumos “de a poquitos” y muy costosos, porque no tiene acceso al mercado y su esfuerzo se lo queda un intermediario. ¿Para qué se asocia? Para comprar insumos baratos, para tener garantía de compra de su producto a buen precio, para que le den crédito y asistencia técnica; en suma, para no sentirse tan pequeño, ni tan solo, ni tan desprotegido.

Esa realidad tiene cifras: 11 millones de colombianos viven en el campo y el 38 % son pobres. De algo más de 2 millones de productores rurales, 1,5 millones son pequeños. El Censo Agropecuario de 2014 encontró que, de 2,7 millones de unidades productivas, menos del 10 % tenía acceso al crédito y solo el 16 % construcciones, maquinaria y asistencia técnica.

Pero a pesar de la alarmante necesidad de los pequeños por asociarse para dejar de serlo, asociarse no es fácil, es costoso, no hay una entidad visible del Estado que promueva la asociatividad rural, que haría más fácil, entre otras cosas, un verdadero Programa Nacional de Asistencia Técnica.

La política pública, sin embargo, no favorece esa necesidad. Para la muestra un botón: De los 19,24 billones de crédito Finagro en 2019, solo el 13 % llegó a pequeños productores, y si alguien piensa que así fue porque existe una política para incentivar la asociatividad a partir del crédito de fomento, pues se equivoca, porque en el mismo año solo se aprobaron ¡13 créditos! para pequeñas asociaciones por 20 mil millones; un porcentaje que no registra mi calculadora.

¿Por qué las pequeñas asociaciones, que las hay muchas, no llegan a Finagro y prefieren opciones como las cooperativas de ahorro y crédito? Porque si asociarse no es fácil, conseguir un crédito “asociativo” lo es menos, pues tampoco son del gusto de los intermediarios del crédito Finagro y los trámites son dispendiosos, a lo que se suma que la garantía solidaria de los asociados, además de sobregarantizar el crédito, es una amenaza para el precario patrimonio de un pequeño productor.

Sobra decir que ese aparente desconocimiento de la realidad no está desconectado del debate demagógico sobre la tierra y del “negacionismo” de la dramática situación de minifundio rural y de pobreza.

Según el IGAC hay 48,5 millones de hectáreas de propietarios privados, y según catastro 4,4 millones de predios rurales, para un promedio de 11 hectáreas por predio. ¡Cuál latifundio! Claro que hay producción empresarial que sobrepasa ese promedio, para fortuna de la seguridad alimentaria, el empleo rural y las posibilidades exportadoras, pero lo que predomina es la producción minifundista, enaltecida con intereses populistas, pero sufrida por el que la sufre.

A ese pequeño productor que no quiere serlo, porque nadie quiere ser pobre, hay que ayudarle a superar la pobreza a través de asociatividad como política de Estado.

Bogotá, D. C, 31 de mayo de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortíz*.- Colombia, al igual que otros países del mundo utilizaban la calle para expresar sus descontentos, cuando una alucinante corona irrumpió al iniciarse el 2020.

Coronavirus recibió la más apabullante y monstruosa divulgación, montada en diminuto y grasiento germen que ha convertido al mundo, en universal prisión.

Parte de los dueños aprovecharon al infinito para ocultar culpas, errores, abusos y corrupción y apoderarse de la mal repartida riqueza; de lo visible y lo invisible. El resto, los hidalgos benefactores de bata blanca, confinados junto con la generalidad del ser humano, se dedicaron a buscar en los tubos de ensayo y sus cuerpos como conejillos de indias, una contra segura y tranquilizante.

Colombia y el mundo entero quieren impedir la hecatombe final. Lo que por años habían edificado puede cambiar hasta de nombre. Lo están experimentando, lo ven pasar. Hoy solo el sol aparece gratuitamente, pero se les niega a los niños y a los viejos.

Los cultores del turismo, para poner un ejemplo bien preocupante, ven como se arruina esa actividad, al igual que inmensas inversiones y abundante empleo.

Colombia es uno de los países de esta parte del mundo, en donde empezaba a florecer. Se trabajaba activamente en fortalecer la llamada industria sin chimeneas. Sitios, infraestructura y servicios han sido abandonados por quienes organizan la reactivación del país en la poscovid.

Contabilizan más de dos meses de parálisis, sin crédito amigable, sin apoyo gubernamental, tratando de mantener empleo, infraestructura y experiencia, con la esperanza de un despertar que ven cada vez más lejano.

Colombia había logrado que la paz firmada por el Nobel Santos atrajera abundantes turistas y visitantes que querían apreciar este fascinante proceso, atenuado ahora por modificaciones a los acuerdos, petardos y asesinato de líderes.

Los líderes de la industria turística luchan más que nunca por sostenerla y fortalecer la atrayente paz.

Tenemos magníficos alojamientos, excelentes restaurantes, transporte envidiable. Pero la angustiosa pausa, producto del covid-19, la falta de atención por parte de quienes programan la reapertura, la angustia financiera, ausencia de apoyo oficial, caja para compromisos laborales, suspensión de vuelos internacionales, tienen en vilo al sector que genera parte importante de las divisas que requiere nuestro país para superar la crisis económica que dejará la pandemia.

Ante la ausencia de un Estado protector, nace el ¨trapo rojo¨, al que urge atender, antes que reaparezcan calles y cacerolazos, con todas sus secuelas y sin coronavirus.

BLANCO: Carrera séptima sin Transmilenio.

NEGRO: Los ¨cambios de fondo a la paz¨, que anuncia mindefensa.

Bogotá, D. C, 30 de mayo de 2020

*Periodista, Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.- No hay duda acerca de la existencia de un virus que en la sociedad colombiana, viene minando a los que, hasta hace poco, eran los postulados básicos del Derecho. Afortunadamente, no es un virus mortal; se ataca mediante la educación -que es la vacuna- en las facultades de Derecho y en los medios académicos, y puede haber muchos recuperados.

¿En qué consiste el virus y de dónde proviene? Es un mal que afecta a muchos abogados -no a los juristas-, y que a veces -no siempre- contagia a jueces y magistrados. Consiste en la complicación de los conceptos jurídicos, so pretexto de novedosas interpretaciones, generalmente para conseguir ciertos efectos prácticos, o con el propósito de eludir una responsabilidad, hasta lograr su desfiguración o desaparición. Y proviene de las falencias en la formación de los abogados; del abandono de materias antes insustituibles como la filosofía, en especial la lógica y la teoría del conocimiento; del desprecio hacia la historia en general y hacia la del Derecho; de la falta de lectura; de carencias en la función docente, muchas veces incapaz de formar el criterio jurídico del estudiante; en la deficiente formación moral y ética de muchos abogados. No son pocos los que se gradúan y comienzan a ejercer convencidos del malévolo concepto según el cual “el fin justifica los medios”, lo que conduce necesariamente a la corrupción, que no falta en muchos despachos judiciales y administrativos.

Por eso, no es difícil encontrar -inclusive en altos tribunales- providencias carentes de todo fundamento jurídico, en que se acude a la supuesta “interpretación” del Derecho cuando en realidad se plasma la argumentación que más conviene a la finalidad buscada. Así, dentro de la facilista tendencia de la actual Corte Constitucional a no tramitar o fallar sino las acciones de inconstitucionalidad que se quiere, resulta muy cómodo -para no llenarse de trabajo, y puesto que el fin justifica los medios- inadmitir la solicitud del ciudadano o dictar fallo inhibitorio –por ineptitud sustancial-, alegando -con subjetivo criterio- que la demanda no es clara, específica, pertinente, subsistente, eficiente o suficiente (arbitrarios conceptos que no están en norma alguna, ni en la Constitución ni en la ley), lo que lleva en la práctica a la “tecnificación” de algo tan sencillo que estuviera al alcance de cualquier ciudadano. Flagrante violación del derecho político; inadmisible distorsión de la acción pública y de las atribuciones del tribunal obligado a guardar la Constitución.

En el seno de la sociedad, principios cardinales del Derecho, como, por ejemplo, la presunción de inocencia -nadie puede ser condenado sino por el tribunal judicial competente, mediante sentencia, previa garantía de defensa, prueba y debido proceso-, son desconocidos por muchos, y resultan pisoteados mediante las modernas modalidades de comunicación que, lejos de lo que ocurre, deberían ser usadas con criterio razonable y respetuoso de la dignidad humana.

El concepto de interpretación del Derecho se ha desvirtuado por completo, y se lo ha sustituido por la creencia de que a una norma jurídica -inclusive a la propia Constitución- se le puede hacer decir lo que se desee que diga. No lo que consagra. Sin seguir las exigencias de la hermenéutica, otro concepto que parece haberse evaporado.

Bogotá, D. C, 29 de mayo de2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- En el mundo estamos afrontando la grave pandemia del coronavirus que inició en Asia y se ha venido trasladando a los demás continentes del mundo.

Es importante tener en cuenta que en Asía y Europa el coronavirus llegó, en el primer caso, cerca de cinco meses antes y en el otro, tres meses antes que en el continente americano, lo que hace que lo más grave de la denominada curva de infección está por llegarnos en los próximos 20 o 30 días. Pero de las cifras analizadas en el caso colombiano, gracias a las medidas tomadas por el Gobierno y respetadas por la ciudadanía, no ha llegado el virus con la fuerza que habría podido llegar; caso contrario es lo que ha venido sucediendo en los Estados Unidos, Brasil y México.

No podemos descuidarnos y debemos tener ‘conciencia’ que en manos de cada cual está tomar las acciones aconsejadas por el Gobierno, como las de usar las protecciones indicadas y tener el cuidado de mantener la distancia prudente entre las personas, el lavado de manos y la desinfección posible.

La apertura paso a paso de las distintas áreas de la economía es esencial para poder dinamizarla y así hacer menos dura la situación financiara de las empresas, el empleo perdido y el futuro de nuestro desarrollo. Sin esta apertura de las distintas áreas económicas, estaríamos expuestos a la quiebra de muchas empresas y a profundizar el hueco fiscal, lo que nos pondría en circunstancias muy graves para nuestro futuro, más aún, cuando el Gobierno tendrá que seguir tomando medidas de salvamento económico, tanto a las familias como a las empresas colombianas que están en serias dificultades como consecuencia del coronavirus.

La incertidumbre que hoy tenemos en las distintas actividades y decisiones empresariales es muy grande. No es para menos. Nadie en el mundo hasta hoy ha podido descubrir una respuesta clara y eficiente para poder combatir el coronavirus y tampoco tenemos, hasta ahora, el descubrimiento de una vacuna que permita dar una solución real a esta pandemia. Por tanto, no sabemos hasta cuándo tendremos en el mundo este virus, lo que hace que todos nos tengamos que acostumbrar a vivir con él y paralelamente recuperar el positivismo y optimismo

La incertidumbre se volvió un elemento tan grave o más que el mismo coronavirus.

Los países después de esta pandemia vivida no estarán en las mismas condiciones de crecimiento y desarrollo con la velocidad que veníamos; si analizamos el tema político, tenemos que tener cuidado que surjan ideas populistas y líderes demagogos traten de aprovechar los acontecimientos que estamos viviendo, en provecho de sus ideas y sus propios intereses.

Todo lo vivido también nos ha dado una serie de lecciones que no debemos olvidar. Ejemplo de ello son la protección que debemos dar a nuestra naturaleza, el cuidado del medio ambiente, la buena y equitativa distribución de nuestra riqueza e ingresos, la adecuada infraestructura y buena atención a la salud de todos los seres humanos, la sólida educación que debemos darle a todos, la recuperación de los valores (tanto éticos como de costumbres morales), la pronta y adecuada justicia, la guerra total a la corrupción, el crecimiento y desarrollo con equidad y el respeto por la libertad de expresión en el marco de un Estado de derecho. Todas ellas son el camino que debemos construir y defender.

En un próximo artículo me propongo reflexionar lo que pondría ser el nuevo contrato social.

Bogotá, D. C, 27 de mayo de 2020

*Excomisionado de Paz

Por Clara López*.- El diario clandestino de Víctor Klemperer, filólogo judío que sobrevivió al nazismo por la valentía de su mujer, refiere desde la experiencia lo que denominó el lenguaje del Tercer Reich, LTI, por su sigla latina Lingua Tertii Imperii. Para describirlo, reformula capítulo tras capítulo el verso de Friedrich Schiller: “El lenguaje que escribe y piensa por uno”. En línea con los propagandistas de todos los tiempos, aspiraban a convertir el lenguaje en un mandato sobre el pensamiento, especialmente, el pensamiento crítico.

Al ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, se le atribuye la frase de que una mentira repetida suficientes veces se convierte en verdad. Es el más profundo deseo de quienes pretenden reescribir la historia, negar metódicamente las posiciones que se desprenden de sus actos o rechazar realidades científicamente comprobadas. En Colombia, tenemos nuestra versión criolla -tal vez alguno conoce el LTI – pues al igual que en la Alemania del Tercer Reich, han pretendido resignificar palabras que definen en su excepcionalidad la nobleza de personas como Atanasio Girardot, Policarpa Salavarrieta, José Antonio Galán o Manuela Beltrán.

Me refiero a las palabras “héroe” y “víctima”. Habíamos aprendido que héroe o heroína nombraba a una persona de valores extraordinarios y proezas de destacable valentía y sacrificio. En la literatura clásica esa denominación se reserva para personas fuera de lo común, ejemplos a emular y admirar. Desde el gobierno del expresidente Uribe, la palabra “héroe”, víctima de la hipérbole, ha sido trivializada al extremo de que toda persona, por el solo hecho de portar el uniforme de la fuerza pública, se convierte automáticamente en merecedor de esa distinción, independientemente de sus cualidades y ejecutorias.

Según esta novel acepción propia de la neolengua orwelliana, Colombia, país singular, cuenta con no menos de quinientos mil héroes. Claro que hay héroes entre ellos, pero ¿cómo distinguirlos si todos lo son? También hay villanos como quienes cometieron las desapariciones forzadas con fines de homicidio que la prensa bautizó con otro eufemismo, “falsos positivos”, que mimetiza la degradación a que descendieron sus autores.

No es inocente la atribución generalizada de “héroe” a toda una categoría de personas pues ha servido para inmunizar del escrutinio ciudadano a la institución en su conjunto. Inoculados por su condición de “héroes de la patria”, muchos oficiales y las propias fuerzas armadas se convirtieron en intocables.

El resultado es manifiestamente adverso. Cuando el gobierno de Colombia fue invitado a la Otan, se le exigió adelantar una operación limpieza que tomó la forma de la Operación Bastón, inexplicablemente suspendida cuando tomó el mando la cúpula militar del Gobierno Duque. Lo que aquí se tapaba con la versión lingüística de la táctica del avestruz, allá se conocía por el elevado número de escándalos sin consecuencias. Tan es así que lo que descubrió esa operación de contrainteligencia salió a la luz por cuenta de la revista Semana y no de los órganos de control responsables, que tenían engavetadas las denuncias de corrupción.

La extensión y gravedad de los señalamientos va desde beneficios indebidos en la contratación, venta de información y salvoconductos a los grupos armados ilegales, el seguimiento y hostigamiento de líderes de la oposición, magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y hasta denunciantes dentro de las mismas filas, en hechos que involucran a no menos de 16 generales y 250 oficiales más.

La palabra víctima va por el mismo camino. Se ha vuelto muy común escuchar que “todos somos víctimas” para invisibilizar a las verdaderas víctimas y hasta para justificar nombrar en la Dirección de Víctimas al hijo de alias Jorge 40 quien se autocalifica de “víctima” y atribuye a su padre el calificativo de “prisionero político”, con lo cual cohonesta sus múltiples crímenes.

Efectivamente, “con el lenguaje que piensa y escribe por uno”, buscan cambiar la percepción de la realidad a través de la tergiversación del sentido de las palabras en contravía de la fuerza de los hechos. Pero cómo sostenía Abraham Lincoln: "Se puede engañar a algunas personas todo el tiempo, y toda la gente parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

Bogotá, D. C, 27 de mayo de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo.