Opinión

Por Guillermo García Realpe*. -El sur del país, es una de las regiones más lindas y con la mayor riqueza hídrica y ambiental de Colombia, pero vive desde hace meses, una oleada de violencia e inseguridad que desde hace mucho tiempo no veíamos con tanta intensidad, particularmente en departamentos como el Cauca y Nariño, pueblos hermanos que comparten además de fronteras, muchas tradiciones sociales y culturales. 

Allí en tiempos del proceso de paz, se respiraba eso: Paz, pero con el cambio de gobierno y su poca voluntad de continuar fortaleciéndolo, fue caldo de cultivo para los violentos que se apoderaron nuevamente de estos territorios, aprovecharon que la Paz se está haciendo trizas, para volver a imponer el miedo y sembrar violencia entre la población. 

Y es que en Cauca y Nariño convergen todos los problemas; delincuencia común, guerrillas, disidencias, paramilitares, pobreza, marginalidad, coca y por ende narcotráfico, el peor de todos y el responsable de la oleada de inseguridad principalmente en poblaciones de la costa pacífica. 

Ese maldito negocio, es el que copta a muchas familias, a muchos de nuestros jóvenes que ante la falta de oportunidades no les queda más salida que aceptar la oferta e internarse en las más inhóspitas selvas donde lo único que pueden ver son cultivos ilícitos. Aquel círculo del mal tiene que detenerse, pero lo complejo del caso es que la única ayuda que ofrece el Estado a las regiones de la otra Colombia cuando se le reclama por inversión social, es enviar pelotones de soldados armados hasta los dientes para tratar de contener lo incontenible y mientras se mantenga esa dinámica será muy difícil hacerle frente a ese poderoso negocio que lo único que deja en nuestras regiones es pobreza, muerte y desolación. 

Cauca y Nariño son escenarios hoy de un baño de sangre generalizado, no sólo con los líderes y lideresas sociales, sino también contra los pueblos indígenas y afros, pero también contra líderes ambientales,  de restitución de tierras y defensores de Derechos Humanos, todos han caído abatidos por las balas asesinas de los violentos que se oponen a que estos territorios tengan autonomía  y vivan en paz. 

En los últimos días en Nariño, por ejemplo, ha sido también uno de los departamentos donde se vive una confrontación generalizada, sobre todo en la cordillera occidental y el piedemonte pacífico que han generado muchos muertos y muchos desplazados. 

Hace poco, como lo denunció la comunidad, hubo el asesinato de por lo menos ocho militantes de la estructura ilegal Steven González y la muerte de su comandante alias “Sábalo”  a manos del ELN, se dice que no hay una cifra oficial, pero sí decenas de muertos en la zona, que es la misma zona del río Patía, en la ruta que comunica al Piedemonte Pacífico, pero también hay frentes de guerra de varias disidencias de las FARC, de las gaitanistas, de la guerrilla unida del Pacífico, de la Oliver Sinisterra, y se anuncia por parte de ciertas disidencias la creación de otro frente de guerra autodenominado “Alfonso Cano”, eso además de los muertos, ha causado el desplazamiento de cientos de familias que han tenido que huir de sus territorios y buscar refugio en las cabeceras municipales de Roberto Payán, Magüí y Chachagüí y esta situación no se ha atendido debidamente por parte de los organismos correspondientes. 

Entonces, mientras el Estado colombiano siga indiferente a estas realidades y mientras los gobiernos sólo les interesen combatir estás grandes tragedias por la vía militar, esto no tendrá fin. Aquí lo que se necesita, además de soldados y de no hacer trizas el proceso de paz, es conocer las regiones a fondo, sintonizarse con las comunidades y articular esfuerzos en lo que ellas reclaman, que son vías en buen estado, infraestructura, proyectos productivos legales y rentables, acceso a salud y buena educación, y desde luego la reconstrucción del tejido social, sólo así las futuras generaciones de esos territorios ya no serán presa de los violentos y del narcotráfico, los grandes culpables de arrebatarle sus sueños.

Bogotá, D. C, 16 de diciembre de 2019

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La semana pasada señalaba al señor Gini como el peligroso agitador extranjero que con su índice de desigualdad estaba desestabilizando el país, y decía además que este índice se había vuelto subversivo porque hoy la desigualdad era mucho más visible, notoria e hiriente.

Un amigo lector rechazó la tesis de que la desigualdad hubiera aumentado porque, de acuerdo con el Dane, entre el 2010 y 2017 mejoró la distribución del ingreso medida con ese índice Gini, que pasó de 56 a 51, y solo el año pasado volvió a subir un punto hasta 52. Lo que olvida mi amigo es que en los años 80 del siglo pasado el índice estaba por debajo de 50, es decir que con el esfuerzo de esta última década solo hemos corregido parcialmente los desastrosos efectos de la apertura neoliberal.

Sin embargo, aunque el Gini haya bajado un poco o se mantenga igual, sigue siendo cierto que la desigualdad ha aumentado. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción? Muy sencillo: el Gini mide la desigualdad relativa que puede no haber cambiado, mientras que lo que la gente siente y sufre en carne propia es la desigualdad absoluta que si ha aumentado.

Una sencilla aritmética ilustra esta realidad. Hoy en Colombia el 1% más rico de la población se queda con, el 20% del ingreso, y el 1% más pobre solo con el 0.1%, es decir, que los más ricos ganan 200 veces más que lo que reciben los más pobres. Como hace 30 años esta diferencia era similar, entonces la distribución porcentual de ingreso no ha cambiado y el Gini se debe mantener en los mismos niveles.

Pero la conclusión es muy diferente cuando se miran los pesos en el bolsillo de cada grupo y no los porcentajes. A partir de las cifras del Dane se puede estimar que en 1994 el ingreso anual per capita del 1% más rico era $144 millones de hoy, es decir unos $12 millones mensuales. El del 1% más pobre era 200 veces menos, $720.000 anuales o $60.000 mensuales.

En el 2018 el ingreso anual de los más ricos había aumentado a $250 millones (unos $20.8 millones al mes), y el de los más pobres llegó a $1.25 millones al año (un poco más de $100.000 al mes). En porcentajes los ingresos de los dos grupos aumentaron el mismo 72% y la desigualdad relativa se mantuvo igual (el más rico sigue ganando 200 veces más).

Como el mercado no se compra con porcentajes sino con pesos, lo que ve la gente es la diferencia entre lo que puede comprar con los pesos que recibe, y esta desigualdad si aumentó mucho.

En efecto, en 1994 el más rico recibía $144.1 millones más que el más pobre, diferencia que se incrementó a $248.5 millones en 2018. El pobre sigue sin poder comprar la canasta familiar mínima mientras que el rico ha aumentado su capacidad de gasto y consumo de bienes de lujo y suntuarios. Por eso algunos pueden pagar $600 millones por un carro o $10 millones por un palco para un concierto y otros no tienen para una bolsa de leche.

Cali 15 de diciembre de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- La Ley de financiamiento primero y la reforma tributaria que la suple ahora no se contentan con mantener las onerosas gabelas impositivas a las grandes empresas, que siguen vigentes y que no son pocas, sino que, las amplía generosamente. Las exclusiones, deducciones, exenciones y descuentos tributarios en vigor, 229 según el inventario de la DIAN, las cuales, según la misma le abren un boquete al fisco nacional del orden de los $60 billones anuales. Con razón, después tantas reformas tributarias, el recaudo apenas sí pasó de 4.1% del PIB en 2000 a 5.3% en 2016. Y lo más preocupante, por no decir alarmante, es que dichos beneficios fueron blindados a través de los contratos de estabilidad jurídica, amparados en la Ley 963 de 2005.

Con la reforma tributaria 2.0 que se debate, con mensaje de urgencia, en el Congreso de la República, se le da otra vuelta de tuerca a un sistema impositivo regresivo y profundiza la inequidad. Y no es para menos, toda vez que el costo fiscal del cúmulo de nuevos beneficios tributarios contemplados en la misma supera los $9 billones. Entre las nuevas gabelas tributarias se cuentan: la reducción de la tarifa del impuesto de renta corporativo desde el 33% al 30% en 2022 y cada punto porcentual representa $1.2 billones, descuento del IVA a la importación de equipos y maquinaria, con un costo aproximado $6.5 billones. A ello se le vienen a sumar los 3 días sin IVAy la devolución del IVA a los más pobres. Así las cosas, nos parece demasiado optimista el cálculo del Ministro Carrasquilla según el cual con esta reforma se recaudará $11.4 billones más.

Huelga decir que para la aprobación tanto estas gabelas impositivas como las que se otorgaron en el pasado, siempre se adujo que tienen como motivación principal el mayor crecimiento de la economía y la generación de empleo. Sin embargo, aunque el Gobierno se ufana porque la economía está creciendo por encima del promedio de la región, no se puede perder de vista que el crecimiento potencial del PIB pasó del 4.8% en 2012 al 3.5% en 2018 y lo que es peor en los últimos cuatro años el débil crecimiento del PIB ha estado muy por debajo de este menguado crecimiento potencial.

Pero, el otro caballito de batalla sobre el cual se ha venido cabalgando para sustentar la decisión de dar más beneficios a las grandes empresas, es que de esta manera se incentiva la generación de más empleo, objetivo este que no sólo no se ha venido cumpliendo sino que la tasa promedio de empleo volvió a los dos dígitos hasta alcanzar el 10.2% en el mes de septiembre de este año, la más alta tasa de desocupación para este mes desde 2010. Recordemos que, según el Observatorio del Mercado de trabajo y la Seguridad social de la Universidad Externado, en el trimestre abril – junio de este año se perdieron 360 mil empleos y en el siguiente trimestre, julio – septiembre, se perdieron 475 mil más.

Bogotá, diciembre 14 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por José F. Lafaurie*.-En el debate contra el Esmad, el Gobierno fue acusado por “honorables” representantes de asesino, por la infortunada muerte de un joven que hacía parte de los disturbios, pero no se les oyó ninguna condena a los vándalos que dieron pie a la participación del Escuadrón, ni contra los organizadores de protestas “pacíficas” que saben que no lo serán; ni expresiones de solidaridad con los policías heridos y muertos.

Otros honorables se sumaron a los líderes del paro en su amenaza extorsiva al Gobierno y, sin pelos en la lengua, vociferaron que mientras no se desmonte el Esmad, “el paro sigue”; y no faltaron los que, traicionando su misión constitucional de generar, a través de las leyes, los cambios que necesita el país, le exigieron al Gobierno “negociar” con los líderes del paro.

Negociar qué; ¿que tienen para poner sobre la mesa?; ni siquiera propuestas, solo la amenaza de la movilización. La exigencia misma de negociar es extorsiva y los trece puntos no lo son menos. Pero “la negociación”, por su aroma a democracia, se volvió obsesiva para muchos medios y formadores de opinión, sin reparar en la intención extorsiva de los líderes del paro, como en la eliminación del Esmad. “Si el Gobierno no negocia, el paro sigue”. Me dio grima la insistencia de la presentadora de un noticiero en preguntarle a Diego Molano por qué, si era tan sencillo -para ella-, el Gobierno no aceptaba negociar en lugar de dialogar.

No quiso entender que la democracia tiene al legislativo como mecanismo de representatividad y los gobiernos, por mandato constitucional, planes de desarrollo, y que esos planes se pueden modificar a partir del diálogo, como ha ofrecido con generosidad el presidente Duque, pero no bajo la amenaza extorsiva.

En el Senado, en el debate sobre la Ley de Crecimiento, la amenaza de Petro fue expresa: la movilización “pasará al año que viene y escalará”, mientras que, al igual que Robledo, no ahorraba irrespeto y menosprecio -su estilo- hacia los Ministros de Hacienda y Trabajo.  Ellos tienen la verdad; ellos saben cómo se maneja un país; si en Bogotá lo demostraron con lujo.

En reciente entrevista, el presidente Piñera insistió en que lo de Chile fue una ola de violencia "sistemática, profesional". Una multitud espontánea no quema siete estaciones del metro en forma simultánea y con eficiencia de explosivista, para arremeter luego contra 36 supermercados y un hospital. Por eso decretó Estado de Emergencia, decisión que produjo la caída de su ministro estrella y le podrá acarrear una acusación ante el Congreso, como ya recomendó una comisión dominada por la izquierda.

Movilización permanente que produce caos y destruye riqueza, vándalos que salen de la nada, exigencias extorsivas y muchas imposibles, censura de ministros, bloqueo parlamentario, llamado al odio y la lucha de clases, desconocimiento taimado de los avances sociales  y del compromiso del gobierno, y trabajo mediático que utiliza a ingenuos y a malintencionados intereses políticos.

Aunque Petro se burle para esconder su complicidad, se trata de un libreto para desestabilizar dos países que se convirtieron en muro de contención del Socialismo Bolivariano y, en nuestro caso, de un Gobierno que decidió luchar contra el narcotráfico que financia ese régimen y también la “violencia sistemática, profesional” que denuncia Piñera.

Mientras tanto, el chafarote de la vecindad anuncia sin recato su satisfacción porque el Plan del Foro de Sao Paulo se cumple a cabalidad, pero como no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que el que no quiere oír, seguimos andando, ciegos y sordos, hacia el abismo.

Bogotá, D. C, 14 de diciembre de 2019

*Presidente de FEDEGAN

Por Jairo Gómez*.- Se acerca la navidad, el fin de año, el año nuevo, acontecimientos que mueven la fibra de las familias, de los amigos, incluso de la solidaridad, pero pocos se dan cuenta de que detrás de estos hechos subyace un calvario del cual el país no es consciente: la desdicha de cientos de miles de contratistas (familias) que a través de OPS (Órdenes de Prestación de Servicios), impotentes, comienzan a parir una tragedia que afecta directamente sus ingresos, con la terrible consecuencia de pasar dos y hasta tres meses en el asfalto, mientras las obligaciones no dan espera y te carcomen como la pus. 

Todos los años es igual y lograr llegar a fin de mes es una hecatombe: no hay con qué pagar el arriendo, el colegio de los hijos, la matrícula, la pensión, la salud o ese tumbadero que se llama EPS; los alimentos se esfuman y las relaciones familiares se fracturan. Este es un legado que nos dejó Álvaro Uribe Vélez con su nociva reforma laboral cuando se inventó el modelo de las OPS con el argumento de flexibilizar el trabajo para darle más gabelas a los empresarios con el compromiso de generar empleo. No ocurrió ni lo uno ni lo otro y volvió la noche día para no pagar horas extras. 

Decía por estos día el presidente Duque que “hoy los debates no son tanto entre izquierda y derecha, sino entre demagogos y pedagogos”. Expresión que le cae como anillo al dedo a su mentor que por las épocas que decidió inventarse las OPS nos dejó en manos de los poco pedagogos empresarios y sometió a la mayoría de los colombianos a los políticos demagogos auspiciadores del clientelismo más denigrante, humillante e inconsecuente con el derecho universal a un trabajo digno. Resultado: creció la informalidad y el rebusque se convirtió en el método más práctico para sobrevivir.

Esa es la tragedia del contratista (OPS): termina el año y el contrato se acabó. No hay derecho a vacaciones y el dinero del último ingreso guárdelo para subsistir de dos a tres meses. Amárrese el cinturón. Coma mierda y eructe pollo. Enero y febrero en la calle. Entonces viene el calvario que hay que acompañar con una buena dosis de estoicismo porque comienza el viacrucis: dele paso a la mansedumbre, no se empute y péguese a la cola del político, el gran proveedor de empleos; de eso depende lograr un contrato del cual deberá compartir un porcentaje de los ingresos pactados; ¡ah! y no se le olvide, hay que abonar esfuerzos para ayudar a la consecución de votos al demagogo que te hizo el favor.

Superada esa etapa, la de la humillación, la del despojo de la dignidad y la sumisión a unos intereses corruptos, le espera el purgatorio llamado Estado, representado en el papá Gobierno. Este, regularmente en manos de desalmados gobernantes, con su desmesurado pragmatismo le interpelará para decirle: señor contratista, si su contrato vale $8.289.000 pesos, debe pagar: El 29% para su seguridad social (salud y pensión) que se liquida del 40% de sus honorarios: $963.000 pesos; 10% de retención en la fuente: $829.000 pesos; y el 1% de ICA: $82.900 pesos. Y por ser régimen común o retenedor del IVA debe pagar al gobierno 19%, es decir, $1.571.900 pesos. En plata blanca su ingreso mensual se reduce en términos reales a 4.850.000 pesos. Esto quiere decir que el Gobierno le quitó en impuestos directos $3.439.000 pesos. Sin sumarle algunas estampillas y el pago de la póliza de seguros. Así lo contempla la Reforma Tributaria del Gobierno Duque.

Los trabajadores colombianos independientes (OPS) se cuentan por millones; haga usted los cálculos, o preguntémosle a la calle, en su mayoría jóvenes, que entendieron lo que hacen con sus padres y no quieren que se repita con ellos. 

Esa es la tragedia del contratista, del trabajador marginal que no tiene prestaciones sociales, tampoco primas técnicas ni de vacaciones y mucho menos bonificaciones especiales; una realidad que le tocará sufrir por esa infranqueable distancia entre las expectativas y los hechos.

Bogotá, D. C, 11 de diciembre de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Por Guillermo García Realpe.-Por estos días en el Congreso de la República se da tramite a muy importantes iniciativas, pero también proyectos de ley muy polémicos como la reforma tributaria y la mal llamada “Ley Arias”, esta última no es otra cosa que una ley de impunidad para cerca de 700 políticos condenados por diferentes motivos, especialmente por delitos de corrupción y que tendrían, como la reforma tributaria, gabelas para salir airosos.

Ahora bien, insistir en estos tiempos tan convulsionados del país, en la aprobación de la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria es desafiar a las más grandes movilizaciones históricas de Colombia. Sin duda, es un salto al vacío, es ser ajeno a la protesta social nunca antes vista, salvó la ya sucedida en 1977, pero el Gobierno Nacional parece ciego, sordo y mudo y sigue empeñado en no atender las justas reclamaciones del pueblo colombiano.

Ya en reuniones pasadas de la bancada liberal del senado, muchos hicimos observaciones a ese proyecto de ley de reforma tributaria, a eso no hay que llamarla de otra manera, con eufemismos de ley de crecimiento o de ley de financiamiento, es una reforma tributaria honda y bironda de más de 130 artículos que modifica el estatuto tributario.

Ya la Corte Constitucional había modulado el fallo que tumbó la anterior ley, este año operó las determinaciones del contenido del nuevo proyecto y no hubo factor de crecimiento, no hubo incidencia en el crecimiento en la economía colombiana, salvó el sector financiero que fue el único que obtuvo millonarios dividendos. Segundo, no hubo empleo y ahí están las estadísticas del disparo en los índices de desempleo en Colombia. Por ejemplo, en el trimestre de abril a junio se destruyeron 350 mil empleos y en el siguiente de julio a septiembre, 450 mil empleos. Sin duda, un desastre supremamente lamentable.

Nos están tratando de vender una reforma tributaria justa y equitativa, pero no es así, porque en temas de equidad, de redistribución, en temas de empleo no es cierto que el meollo central de esta reforma tributaria, que es perdonarles 9 billones de pesos a los ricos y al gran empresariado en Colombia tenga influencia en el crecimiento del empleo y la economía nacional y de formular equidad en los colombianos, ya lo vimos y las cifras lo corroboran, es una fórmula errónea.

En la ponencia aprobada en este primer debate por las comisiones económicas de Cámara y Senado, se incluyen medidas para avanzar en la disminución de la desigualdad como la devolución del IVA a 2,8 millones de hogares vulnerables, incentivos para contratar jóvenes en su primer empleo y la reducción de los aportes a salud que hacen los pensionados que reciben una mesada de 1 salario mínimo, es decir, se les va a reducir gradualmente los aportes a salud del 12% al 4%. En principio, el próximo año se reducirá al 8% y en 2022 al 4%. Esa sin duda, es una buena medida que celebramos, pero en términos generales está iniciativa es nociva para el país y sobre todo para el colombiano promedio.

Ahora, el descuento del IVA en los bienes de capital nos dicen que no se trata de una ‘gabela’ para los ricos, sino para abaratar los costos de producción que tienen los empresarios, desde el más pequeño al más grande, ¡mentira! en Colombia hay 229 gabelas impositivas tanto de exenciones, exclusiones, beneficios tributarios y agregarle algo más, que no producen ni empleo ni crecimiento, pues es absolutamente irracional en la parte administrativa, en la parte de ingresos y también en la parte social.

Lo cierto es que ya esta iniciativa superó sus primeros debates en las comisiones conjuntas económicas y hay que mirar qué posición se asume, sobre todo al interior del liberalismo. Porque en este momento,  se convierte la reforma tributaria en un desafío a los ciudadanos colombianos que han planteado desde el 21 de noviembre grandes interrogantes alrededor de la reforma tributaria y de otros temas nacionales. Yo pienso que, por lo menos es inoportuno que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional sigan impulsando una reforma tributaria cuando hay tantas insatisfacciones nacionales a todos los niveles y uno de los puntos centrales es el de la reforma tributaria.

En segundo lugar, otro desafío del Gobierno Nacional para la sociedad colombiana es el trámite de la “ley Arias” que ya superó el primero de cuatro debates, eso va a seguir haciendo roncha en el país, es un mal mensaje, ese proyecto de ley estatutaria lo que da a entender es que, un sector del Congreso de la Republica no está luchando contra la corrupción, yo pienso es que esa ley va a favorecer a mucha gente condenada por éste flagelo tan detestable por los colombianos

Los políticos condenados, y con pérdida de investidura, podrían recuperar sus derechos políticos alegando el derecho a la igualdad, porque no pueden darle la oportunidad en el tema penal a quienes fueron condenados y a quienes con una sanción administrativa prácticamente sufrieron la misma sanción.

Por eso, a estos dos proyectos que desafían la voluntad de la mayoría de los colombianos les diré no, y mi posición se mantendrá firme hasta el final.

Bogotá, D. C, 10 de diciembre de 2019

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Juan Camilo Restrepo*.- Con habilidad que no puede desconocerse, el gobierno logró que los ponentes de la ley de financiamiento le echaran a última hora una capa de “barniz social” a la ley que discute el Congreso sobre asuntos tributarios.

En efecto, se introdujo una norma que había sido desechada anteriormente por virtud de la cual se devolverá el IVA pagado por el 20% más pobre de los contribuyentes; se desmonta gradualmente la contribución de los pensionados para salud que ganen menos de un salario mínimo del 12% al 4%; se establecen los tres días al año sin IVA; y se otorgan algunas ventajas a quienes generen empleos juveniles.

Este es el barniz. Ante la emergencia social que estamos viviendo no le quedó mal al gobierno la maniobra de retoque. Pero, desde luego, esa capa de barniz social aplicada a última hora y de urgencia no le quita al conjunto de las normas tributarias que se discuten su condición de ser intrínsecamente regresivas.

La devolución del IVA es efectista. Pero entraña un complejo montaje administrativo para hacerla realidad. En efecto, se calcula mediante la encuesta de hogares del Dane cuál es el pago promedio de IVA de una familia pobre en Colombia y ese monto se le devuelve a sus cuentas (si es que las tienen) a través del Sisbén o de familias en acción. O de un patrón similar. Teóricamente es factible hacer esa maniobra pero técnica y administrativamente es algo supremamente complejo. Y muy costoso: $2 billones.

La reducción que será gradual del aporte de pensionados de menores ingresos para salud ya estaba anunciada y en rigor no entraña ninguna novedad. Fuera de representar un costo también inmenso para el fisco.

Y lo de los tres días sin IVA, iniciativa del centro democrático que el propio gobierno había desechado en el pasado, suscita más preguntas que respuestas: ¿en realidad sí reactivará el comercio? Si alguien tenía pensado hacer alguna compra simplemente se va a esperar hasta el día sin IVA para hacerla. Lo cual asegura el costo para el fisco aunque no necesariamente una reactivación del comercio. Para esto último ya existen los viernes negros o las promociones de fin de año.

Pero la reforma tributaria que contra el tiempo estudia el Congreso sigue siendo intrínsecamente regresiva a pesar de la mano de barniz social que ha recibido. Según información que se ha dado en los últimos días, las solas gabelas que contiene y mantiene la ley de financiamiento valen la friolera de 9 billones de pesos. En balance es una ley mucho más amable y generosa con los ricos que con los pobres. Con un altísimo costo fiscal que ya preocupa a entidades como Fedesarrollo.

Con ciertas medidas que incluye el proyecto de ley se parte del supuesto (costosísimo por lo demás) que algunas de estas gabelas están reactivando la economía y la inversión. Como es el caso de la eliminación del IVA para cualquier importación de bienes de capital.

Un estudio reciente de la revista Dinero demostró, por ejemplo, que el aumento de la inversión que se ha dado en el último año se debe principalmente a la importación de equipo rodante de las grandes municipalidades, principalmente Bogotá con sus buses eléctricos. Importaciones que de todas maneras se hubieran hecho con o sin la gabela de la exclusión del IVA para estas adquisiciones.

El Chile se llegó recientemente a un acuerdo político para financiar los costos de las medidas adoptadas por el gobierno Piñera para atender el clamor social (principalmente la ampliación del pilar solidario del sistema pensional en beneficio de los más pobres), mediante un incremento de los impuestos que deberán pagar los contribuyentes más acaudalados.

En Colombia parece que vamos a contravía: para apaciguar la tensión social de los últimos días estamos aplicando de urgencia una capa de barniz social sobre la agrietada estructura de la equidad tributaria. Y al mismo tiempo estamos reduciendo impuestos y aumentando las gabelas en provecho de los más ricos.

Bogotá, D. C, 9 de diciembre de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como es bien sabido, el año anterior el Gobierno nacional presentó al Congreso de la República para su trámite el proyecto de ley de “financiamiento” que, como lo calificaron el ex ministro Guillermo Perry Rubio y el Presidente de ANIF Sergio Clavijo, era más bien de desfinanciamiento. Y no les faltaba razón, pues lejos de arbitrarle mayores recursos al fisco la misma erosiona la base impositiva otorgando con largueza a las grandes empresas gabelas adicionales a las otorgadas con antelación.

El contenido de este proyecto de ley lo delataba, pues de lo que se trataba era de aprobar la 16ª reforma tributaria de los últimos 28 años. Pero, por aprobarla en volandas al cierre de las sesiones del Congreso en diciembre pasado se saltaron a la torera la norma prescrita en la Ley 5ª de 1992, que reglamenta su funcionamiento, así como los debates de los  proyectos. Por esta razón y al considerar viciado el procedimiento que se siguió en su trámite la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad. No obstante, en aras de no generar un traumatismo mayor, la Corte moduló su fallo, extendiendo la vigencia de dicha Ley 1943 de 2018 hasta el 31 de diciembre de este año, fecha esta en la que expirará, dando pábulo para que se tramitara nuevamente.

El Ministro de Hacienda y Crédito público Alberto Carrasquilla anunció entonces que presentaría de nuevo a la consideración del Congreso de la República el mismo texto y le pidió a este que no le cambiara ni una coma, es decir que el Congreso se abstuviera de debatirlo, cuando precisamente la Corte Constitucional tumbó la Ley porque en su último debate en  la plenaria del Senado no fue debatida. Esta vez el Ministro Carrasquilla llamó sin ambages las cosas por su nombre, esto dijo: "acabamos de radicar el proyecto de reforma tributaria, esperamos con mucho entusiasmo que se inicien los debates para que rápidamente podamos tener una ley de tributación en línea con lo que se aprobó el año pasado".

Como carta de presentación de esta reforma tributaria 2.0 y para salvar las apariencias se habla de una Ley de crecimiento, para engañar incautos, cuando la verdadera finalidad de la misma es asegurarle a las grandes empresas los beneficios logrados por ellas en la Ley a la que se procura extender su vigencia más allá del 1º de enero de 2020. En ello se parece la una a la otra como una gota de agua a otra gota de agua. Lo más preocupante es que esta reforma es de la misma estirpe de las anteriores, que no han contribuido a la redistribución ni a la equidad en la medida que acentúa el carácter regresivo del Estatuto tributario. A ello han contribuido el aumento sucesivo del IVA, impuesto indirecto y regresivo por excelencia, que pasó del 3% como tarifa general en 1963 al 19% que se decretó en la reforma tributaria de 2016 y la proliferación de gabelas tributarias a favor del capital.

No hay que llamarse a sorpresa, entonces, cuando la Comisión de expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria concluye que “el sistema tributario no es progresivo o equitativo verticalmente, pues quienes tienen mayor capacidad de pagar impuestos no aportan relativamente más que aquellos con menores posibilidades”. Ello contraría lo dispuesto por la Constitución Política en su artículo 363, que consagró los principios de equidad, eficiencia y progresividad que deben caracterizar el Estatuto tributario. Y la desigualdad es uno de los factores que más está contribuyendo, sirviendo de catalizador, al descontento y a la inconformidad que se viene poniendo de manifiesto con la eclosión de la conflictividad social.

Este proyecto no se contenta con mantener las onerosas gabelas impositivas a las grandes empresas, que siguen vigentes y que no son pocas, sino que las amplía generosamente. Las exclusiones, deducciones, exenciones y descuentos tributarios en vigor, 229 según el inventario de la DIAN, las cuales, según reporte de la misma al Ministerio de Hacienda para el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2018, le abren un boquete al fisco nacional del orden de los $60 billones anuales, de los cuales $13 billones corresponden a impuesto de renta. Con razón, después tantas reformas tributarias, una cada 18 meses, el recaudo apenas sí pasó de 4.1% del PIB en 2000 a 5.3% en 2016. Y lo más preocupante, por no decir alarmante, que dichos beneficios fueron blindados a través de los contratos de estabilidad jurídica, amparados en la Ley 963 de 2005.

Con la reforma que se debate, con mensaje de urgencia, en el Congreso de la República, se le da otra vuelta de tuerca a un sistema impositivo regresivo y profundiza la inequidad. Y no es para menos, toda vez que el costo fiscal del cúmulo de nuevos beneficios tributarios contemplados en la misma supera los $9 billones. A estos beneficios tributarios se vienen a sumar los introducidos a última hora en la ponencia en respuesta al paro del 21 – N, cuyo costo fiscal se estima en $3 billones más. Así las cosas, nos parece demasiado optimista el cálculo del Ministro Carrasquilla según el cual con esta reforma tributaria 2.0 se recaudará el año entrante $11.4 billones más, cuando el recaudo esperado con la que se está refrendando a duras penas era de $7.3 billones(¡!).

Bogotá, diciembre 7 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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Por Mauricio Cabrera Galvis.*- Cuando en Colombia llevamos más de dos semanas de manifestaciones sociales, paros, marchas, cacelorazos y hasta conciertos sinfónicos de protesta, sigue la discusión sobre si esta explosión social sin antecedentes es un fenómeno con motivaciones puramente domésticas, o si detrás de ella hay manos extranjeras, por ejemplo infiltrados del Foro de Sao Paulo, que promueven las protestas tanto en Chile como en Colombia.

En general no soy amigo de las teorías conspirativas, pero en este caso sí creo posible que haya un agitador extranjero, muy peligroso por cierto, por la capacidad de influencia que tiene no solo en Latinoamérica, sino en otras latitudes donde también ha inducido protestas.

No pretendo reclamar ningún crédito por desenmascarar a este alborotador profesional, pues su nombre ya se hizo público en un mensaje que se volvió viral en las redes sociales: “No demoran en decir que el promotor del paro es un extranjero de apellido Gini, quien con su índice desestabiliza el país”.

Corrado Gini fue un estadístico italiano que murió en 1965 y que desarrolló un índice para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos y la riqueza. El índice va de 1 a 100, y el valor de Uno corresponde a la perfecta distribución donde todos tienen por igual, mientras que 100 representa la desigualdad total donde una persona es la dueña de todo.

Este índice se ha vuelto subversivo por dos razones: primera, porque en casi todo el mundo viene creciendo, pues la desigualdad se ha agudizado desde que se implantaron las políticas neoliberales desde los años 80 del siglo pasado. Colombia tiene una mayor concentración del ingreso que hace 60 años, y hoy tiene un índice de 53 que, si bien disminuyó un poquito en el segundo gobierno de Santos, sigue siendo el peor de Suramérica, que es la región más desigual del mundo. En materia de distribución de la riqueza los índices son casi obscenos: 88 en la propiedad de la tierra y 97 en la de los depósitos bancarios.

La segunda razón es que, más allá de índices que pueden ser desconocidos por la mayoría de la población, lo cierto es que la gente hoy ve, vive y siente más la desigualdad, por la rápida difusión de las noticias y las redes sociales. Antaño un campesino, seguramente analfabeto, sabía que los patrones se vestían mejor, tenían carro y que en la casa de la hacienda había nevera y no tenían que cocinar con leña, pero hasta ahí llegaba su percepción de la desigualdad.

En Colombia o en Chile, la pobreza puede haber disminuido, pero la desigualdad no solo ha aumentado sino que es más visible, más hiriente, más injuriosa. Gini mide esa desigualdad y por su culpa millones salen a la calle a protestar.

Cali 8 de diciembre de 2019

*Filósofo y Economista.Consultor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera.- Aunque se haya convertido en lugar común a fuerza de repetirlo como letanía sin consecuencias, es una verdad de a puño que, en una sociedad normal, la educación es el motor de movilidad social y, también, factor de cambio entre la eterna condición de país “en desarrollo” y la deseable de país “desarrollado”.

Ahora bien, la referencia a una “sociedad normal” se debe a que la nuestra no lo es, principalmente por la maldición del narcotráfico, que ha trastocado profundamente sus valores, lo cual, más allá de la acción de las autoridades contra el delito, no ha logrado ser neutralizado como y donde se debe: con la educación y en la escuela.

Llegamos entonces al tema de la educación: su cobertura, infraestructura y, sobre todo, su calidad, asuntos en los que, así falte mucho, es mucho lo que se ha avanzado, aunque pretenda negarlo Fecode, el sindicato que, literalmente, ha “secuestrado” la educación y, en su incapacidad para mirarse el ombligo, insiste en que la calidad es apenas un problema presupuestal, dejando a un lado la altura moral y la solvencia profesional del “maestro”, es decir, su propia importancia. En 2017, Hong Kong “invirtió” en educación el 3,3% del PIB y Japón el 3,6%, mientras Colombia, a juzgar por los pobres resultados en las pruebas PISA, “gastó” el 4,6%. No todo es dinero.

No es un secreto la orientación izquierdista de Fecode, su alineación política con Petro y, claro, su papel protagónico en el paro, pues Fecode no solo hace parte de la CUT con el 50% de sus afiliados, según se lee en su página oficial, sino que ejerce una influencia natural sobre el estudiantado. Es decir, Fecode es el principal instrumento de Petro para cumplir su amenaza de movilización permanente en un paro que, según el titular de un diario capitalino, “nadie logra explicar”.

¿Por qué marchan Fecode y los estudiantes, si ya obtuvieron con su propio paro un incremento histórico en el presupuesto para educación? Los más de 44 billones para 2020 no solucionarán todo, porque probablemente la deuda histórica no se podrá saldar en un año ni en un cuatrienio, pero esa decisión responsable del Gobierno es una señal de compromiso que, de hecho, marcó el final del paro estudiantil y de Fecode. Entonces, ¿por qué vuelven a marchar?, ¿por qué los insultos al presidente que les cumplió?, ¿por qué las arengas de “Fuera Duque”?

¿Por qué Fecode se pronuncia contra ¡el holding financiero!, la ley que garantiza sus propios recursos y once temas más que poco o nada tienen que ver con educación? ¿Por qué su presidente evade la respuesta de hasta cuándo las movilizaciones y evita comentar sobre los perjuicios a la economía y al ciudadano de a pie?

No le importa. Su consigna y su mandado es otro: desestabilizar; y ahora, para blindarse, se victimiza. Da grima; los educadores de Colombia ya no educan…, adoctrinan; apenas callan cuando Petro invita a los estudiantes de secundaria a abandonar las aulas y salir a marchar. ¡Irresponsable!

Los educadores, que evalúan a nuestros hijos pero no se dejan evaluar; primeros responsables de convertir la educación en círculo virtuoso para sus educandos y para la sociedad; los que deberían atajar en la escuela la degradación de los valores; los encargados de construir sociedad, han caído en el círculo vicioso de la agitación política y el odio de clases que la destruyen; están distraídos en la revuelta callejera, dizque pacífica, como si no fuera violento atacar el derecho a la movilización y al trabajo de sus compatriotas. En esas están.

Bogotá, D. C, 7 de diciembre de 2019

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie